Otras voces desde el campo profundo
Movimientos campesinos de Santiago del Estero y Córdoba difundieron comunicados en los que critican a las entidades agrarias que realizan el paro, así como las políticas oficiales que impulsaron la extensión del monocultivo sojero y la concentración de la propiedad rural.
No producen soja mediante siembra directa, no son el campo que se ve en las mega-exposiciones, ni están representados por las "entidades rurales". Denuncian el saqueo de recursos naturales, la concentración de la tierra y el éxodo del campo. Son miles de familias que viven de lo que producen y resisten los desalojos de los pobladores autóctonos y el desmonte permanente.
En los últimos años, paralelamente a la tala y la expansión de la frontera agrícola de la mano del "desierto verde" sojero, surgieron en el interior del país organizaciones compuestas por familias del campo que no viajan en camionetas de lujo. En los trece días que lleva el "paro del campo", sus voces casi no aparecieron en los medios, y pareciera ser que para muchos los "pequeños productores" son aquellos que poseen un mínimo de 300 hectáreas.
Estos movimientos campesinos de base, que representan a comunidades del “campo profundo”, muestran un punto de vista diferente a los escuchados durante el lockout rural.
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (MOCASE-VC) tomó distancia del “paro del campo” impulsado por la Sociedad Rural y la Federación Agraria Argentina. Para ellos, estas cámaras empresarias rurales “reproducen el modelo de saqueo y contaminación tanto de la tierra, los territorios, como así también de su mentirosa pretensión de representar las luchas más genuinas de los movimientos campesinos en Argentina”.
“El doble discurso de los dirigentes de la FAA, los ha llevado a un callejón sin salida. Sus prácticas reproducen el modelo de saqueo y contaminación tanto de la tierra, los territorios, como así también de su mentirosa pretensión de representar las luchas más genuinas de los movimientos campesinos en Argentina. Este modelo neoliberal, de saqueo y contaminación, reproducen nuevas formas de colonización y genocidio. ¿Qué hicieron estas entidades cuando en la etapa menemista del neoliberalismo más salvaje desaparecían más de 200 unidades familiares de producción agraria?”, interroga un documento difundido por el MOCASE, organización que representa a familias que han debido unirse para enfrentar el despojo de tierras utilizadas ancestralmente.
“¿Qué han hecho y hacen esas entidades agropecuarias ante los asesinatos, cárceles, persecuciones, torturas y enfrentamiento con paramilitares y topadoras que sufren hoy miles y miles de familias de pueblos originarios y campesinos? Dicen hacer el paro por el No a las retenciones y No a la desaparición de los pequeños y medianos productores, pero algunos empresarios y productores que han contratado matones para desalojar pequeños y medianos productores son miembros de esas entidades”, denuncian los campesinos santiagueños.
Lejos de oponerse a las retenciones, el MOCASE-VC propone que las mismas sirvar para preparar “el proyecto de una Reforma Agraria Integral con Soberanía Alimentaria. Estaticemos las exportaciones, que no queden más en manos de las grandes corporaciones transnacionales”.
Desde la Córdoba olvidada
“Las organizaciones ruralistas (FAA, CRA, CARTEZ, SRA) de Córdoba se paran desde una posición de representación del sector rural hasta con la intención de llegar a un juego maniqueo en la dualidad campo-ciudad. Ellos hablan de un campo de trabajo, de esfuerzo, de productividad, de alimento, que vendría a sustentar el consumismo urbano centrado en el usufructo de los servicios y del confort. Ahora bien, en ese análisis, que es precisamente el que ha generado la discusión en los medios de comunicación, se está negando la verdadera y profunda realidad de la situación actual: la del campo profundo y, si se quiere, de la ciudad marginada” , señala por su parte el texto difundido por el Movimiento Campesino de Córdoba .
“En definitiva las sociedades ruralistas pretenden llevar este juego de reclamos y discursos a un duelo entre el gobierno y ellos, intentando poner al ´común de la gente´ de su lado y con esa intención niegan la existencia del verdadero reclamo que debe emerger desde la sociedad".
"En ese juego la FAA se atribuye la representación de los pequeños productores. Entonces, si un productor de 300 hectáreas de soja es pequeño, ¿qué tipo de productor es aquel que tiene 30 cabras o un sembradío colectivo de ajos y cebolla? Es más, ese mismo eje de análisis nos lleva cometer errores conceptuales que también son el sustento discursivo de este paro. Los pequeños productores de la FAA no producen alimentos en beneficio del pueblo, producen forrajes para la especulación en el mercado externo”, denuncia el MCC.
“Al margen de este y de todos los paros y acciones que realice la alianza sojera, que por una lado despotrica contra el gobierno y por el otro le pide planes, programas y cargos, es necesario que se replantee una discusión más profunda sobre el campo y las ciudades. Y justamente, que en esa discusión lo negado y lo marginado, también sean de la partida”, concluye el comunicado de la organización campesina cordobesa.
Golpes, disparos y detenciones para los campesinos santiagueños
Guardias privados y efectivos de infantería reprimieron a familias campesinas para sacarlas de sus tierras. Entre las víctimas hubo un anciano hemipléjico. El Mocase denuncia una escalada represiva.
Monte santiagueño. Madrugada. Rancho campesino. Silencio y tranquilidad. Hasta que cuarenta efectivos de infantería, con pasamontañas, chaleco antibalas y armas largas patean la precaria puerta, se abalanzan sobre un anciano hemipléjico de 69 años, lo esposan, interrogan a punta de fusil y detienen. Al hijo le atan las manos a la espalda, boca abajo lo arrastran por el piso, indagan y amenazan hasta que un ataque de epilepsia lo deja al borde del desmayo. A la hija, que dormía al momento del allanamiento, le arrojan gasoil sobre la cama, amenazan incendiarla y es levantada a fuerza de insultos y empujones. El hecho, con formas propias de la dictadura militar, ocurrió el viernes 2 en Santiago del Estero, a 290 kilómetros de la capital provincial, y el “delito” del anciano, Domingo Leguizamón, fue resistir que un abogado lo expulse de su tierra ancestral. Estuvo seis días incomunicado, y desde entonces con prisión domiciliaria acusado de usurpar la tierra donde siempre vivió. Desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), donde milita la familia atacada, denuncian que “el actual gobierno provincial, y el sistema judicial, actúan coordinados según los intereses de empresarios sojeros, que quieren hacerse de las tierras de las familias”.
Domingo Leguizamón tiene 18 hijos, más de treinta nietos, medio cuerpo paralizado por una hemiplejia y un bastón con el que se ayuda para caminar. Nació, se crió y vive en el paraje El Calderón-Lote 5, a 60 kilómetros de la ciudad de Quimilí, pleno monte santiagueño. Integra la comunidad indígena Guaycurú y cuenta con 400 hectáreas, de donde obtiene leña y cría animales. Su parcela cuenta con una particularidad: está rodeada de sembradíos de soja, que desde hace tiempo pretenden avanzar sobre el bosque nativo que preserva Leguizamón.
En agosto último, el abogado Carlos Alberto Gozal irrumpió en el campo con quince guardias armados y comenzó a alambrar. Amenazaron a la familia Leguizamón, le mataron sus animales e inutilizaron el pozo de agua comunitario (le arrojaron combustible y basura).
“Don Legui”, como todos llaman al hombre, realizó dos denuncias, el 20 y 29 de agosto, por usurpación de propiedad, amenazas de muerte y daños. Pero el juez de la Cuarta Nominación, Ramón Antonio Tarchini Saavedra, no ordenó ninguna medida en defensa de los campesinos. Luego de dos meses de inacción judicial, el viernes 26 de octubre, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero organizó la retoma del campo: centenares de familias organizadas llegaron hasta el lugar, desarmaron a los guardias privados y desalambraron las hectáreas ocupadas por el abogado Gozal, quien denunció a Domingo Leguizamón por “usurpación”.
Con inusual rapidez, el juez de la Tercera Nominación, Jorge Salomón, ordenó la detención del anciano y ancestral dueño del campo –con el violento operativo mediante–, pidió el encarcelamiento de quince integrantes del Mocase y el allanamiento de la sede de la organización (en Quimilí), donde funciona una radio comunitaria, una cooperativa de trabajo y una escuela campesina. Leguizamón estuvo detenido e incomunicado durante seis días. Y el juez Salomón aún persigue a los restantes campesinos.
“Es algo insólito. Hay un fallo judicial que reconoce la propiedad a Don Legui. Además, la Justicia no reaccionó ante las dos denuncias contra Gozal y los paramilitares. No hubo una sola acción del juez Tarchini Saavedra. Y, para peor, el otro juez (Jorge Salomón) persigue y detiene a las víctimas en lugar del usurpador. Esta represión, con Gerardo Zamora como gobernador, es volver a la época del juarismo (Carlos Juárez gobernó la provincia durante cinco décadas, durante las cuales el campesinado santiagueño sufrió duras agresiones)”, denunciaron desde el Mocase.
Este diario intentó hablar con ambos jueces, pero no estaban en sus despachos. También intentó comunicarse con el ministro de Justicia de Santiago, Ricardo Daives, pero no respondió los continuos llamados. Desde el Mocase explicaron que Daives es cuñado del juez Jorge Salomón, el que ordenó la detención de los campesinos y que mantuvo incomunicado durante seis días al anciano hemipléjico. Además, en los tribunales santiagueños explicaron que la rápida reacción del juez Salomón tiene un motivo concreto: la “Agencia de Seguridad La Estrella”, a quien responden los guardias armados que invadieron las hectáreas en conflicto y que luego fueron echados por el Mocase, pertenecería a un primo suyo, también de nombre Jorge Salomón. El teléfono celular de la empresa, único número comercial, estuvo apagado durante todo el día.
Dos semanas atrás, en la localidad de Tintina, la represión tuvo formas similares: un grupo de guardias armados atacó a la comunidad indígena Lule-Vilela de Tres Leones, golpeó a hombres y mujeres, realizó disparos a las piernas, amenazó de muerte y exigió que abandonan sus históricas parcelas. El mismo día, 30 de septiembre, irrumpieron en la radio comunitaria del Mocase, golpearon al comunicador José Tévez y le gatillaron con un revólver en la cabeza. “Dejate de joder con los derechos campesinos. Vas a terminar muerto”, le advirtieron. La organización identificó a los agresores y presentó denuncias. Pero el juez Abelardo Basbus no tomó ninguna medida. Los parapoliciales siguen libres.
“Nuestras denuncias nunca avanzan. Los jueces trabajan para los empresarios sojeros”, resumieron desde el Mocase. Domingo Leguizamón, de hablar lento pero firme, fue concreto: “Para el pobre no hay justicia. Pero no nos dejaremos correr de nuestra tierra”.
Un modelo agropecuario
Desde el Mocase explicaron que desde la década del 90, con la fiebre de la soja, la provincia vive una oleada de desalojos, con “complicidad política y judicial”. Según evaluaciones de la organización, con los agrocombustibles (que implica la obtención de nafta a partir de oleaginosas, idea impulsada por empresas multinacionales y Estados Unidos) se multiplicarán los intentos de usurpaciones y los desmontes. Santiago del Estero, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente, encabeza la lista de provincias que más desmontan: 515.228 hectáreas en los últimos cuatro años, lo que significa un 71,61 por ciento más que entre 1998 y 2002. Y sólo con las familias que participan en el Mocase, existen tres millones de hectáreas en conflicto.
Desde el Movimiento Campesino Indígena, integrado por el Mocase y organizaciones de otras seis provincias, remarcan que “el principal problema no es la falta de titularización de las tierras ancestrales, sino el modelo agropecuario, origen de los desalojos, la represión, contaminación ambiental y degradación de los suelos”. Denuncian la imposición de un modelo basado en la exportación y la producción intensiva, de altos insumos y que cada vez produce mayor concentración. En Argentina, según el último censo agropecuario, el diez por ciento de las denominadas “explotaciones agropecuarias” más grandes concentran el 78 por ciento de las tierras, mientras que el 60 por ciento de las fincas más pequeñas se reparte apenas el cinco por ciento de la superficie cultivable del país.
EL MOVIMIENTO NACIONAL CAMPESINO INDIGENA, EL OTRO AGRO DE LA ARGENTINA
“En el campo se está produciendo un saqueo”
No producen soja, no son “el campo” de los agronegocios ni de las grandes estancias. Relacionan la dictadura militar con su actual denuncia por los saqueo de recursos naturales, la concentración de la tierra y el éxodo del campo. Son quince mil familias de siete provincias que viven de lo que producen, resisten desalojos y toman fincas improductivas. Hoy, cientos de ellos marcharán con sus reclamos por la ciudad de Buenos Aires.
desde Quimilí, Santiago del Estero
Quimilí, en el centro de Santiago del Estero, es un pueblo tranquilo, de casas bajas y ranchos humildes. Transformado en la última década en región sojera, de agronegocios y con extensos latifundios, cuenta con una justificada particularidad que deviene de la lucha y lo hace epicentro de cientos de visitantes al año: allí se encuentra una de las históricas centrales del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina). Luego de trece horas de micro desde Buenos Aires, en la rotonda de entrada a la ciudad, se dejan ver un tinglado (la cooperativa metalúrgica de la organización), una rectangular y extensa casa rural (con galerías en sus cuatro lados, habitaciones y salón abierto para las asambleas) y una antena de 52 metros: la FM del Monte, una de las radios comunitarias de la organización. Es día de reunión del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), conformado por 15.000 familias de siete provincias. Una veintena de delegados debaten la problemática campesina en la sede del Mocase y acaban de designar a tres de ellos para que sean, sólo para esta entrevista, la voz del Movimiento: Ramiro Fresneda (Movimiento Campesino de Córdoba), Ariel Méndez (Red Puna, Jujuy) y Diego Montón (Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza). En el patio de tierra, plena tarde santiagueña, se arma la ronda: sillas de madera, mate recién armado y un grabador que es mirado con recelo.
–Existe una gran variedad de organizaciones que se autodenominan “el campo” de Argentina. ¿Qué es el Movimiento Nacional Campesino Indígena y qué lo diferencia de otras organizaciones?
Diego Montón: –Para entender qué nos diferencia, primero habría que explicar que el Movimiento viene de un largo proceso de lucha, intercambio, discusiones. No es algo que nació ayer de la nada. No surge de que un día se juntaron en una pieza diez delegados y fundaron el Movimiento. Han sido muchos años de caminar juntos para conformar lo que hoy es el Movimiento. Los cimientos son las distintas familias y comunidades de las provincias: Jujuy, Salta, Mendoza, Santiago del Estero, Misiones, Córdoba y un trabajo bien interesante en Buenos Aires, con sectores marginados, con la idea de la vuelta al campo, con el horizonte de volver a un campo poblado por los sectores populares. Estos cimientos son organizaciones de base que luchan por sus territorios, ya sea resistiendo desalojos o retomando tierras. Otros ejes fuertes: la lucha por el agua, que sea un bien social, y por todos los recursos naturales. Ahí entra la defensa de los bosques, contra la desertificación, contra las mineras, contra las pasteras; como cuestiones muy simbólicas donde el capital nacional y transnacional está depredando los bienes naturales, atenta contra la comunidad y el ambiente.
Ramiro Fresneda: –Nos hemos ido encontrando en las prácticas concretas, en lo que tiene que ver con fortalecer los lazos solidarios, los lazos participativos, la misma forma de ver y de mostrar que los sectores populares podemos pensar y actuar sobre nuestro propio destino. Tiene que ver con una forma de entender la cuestión, que como población rural tenemos el derecho de buscar otro camino, que no sea el camino del desierto verde de soja, no una forma de producción sin campesinos, no la tierra como una mercancía. Nada de eso, para nosotros la tierra es un bien natural que nos pertenece a todos.
Ariel Méndez: –El Movimiento recoge la historia de sentimientos, memoria que queda latente en el corazón de los campesinos, la dignidad, el sentimiento de libertad, de la necesidad de quererse, vincularse con otros y que no puede ser que unos nos dominen a otros. Acá también estuvieron y están presentes rastros que estaban guardados en viejos y viejas del monte por el hecho de las luchas anteriores, del mestizaje, pueblos indígenas. Gente de mucha lucha y mucha resistencia. Había un rastro latente que los dominadores no habían asesinado del todo. Y de por sí el hombre del campo tiene el sentimiento de libertad, de que no quiere trabajar con patrón, ser peón rural. El campesino es una familia de una característica particular: yo vivo de mi propia producción. Y además no recurre al consumo, el consumismo, no entra a la racionalidad mercantil, con su gran cuota de consumo inventado.
–¿Por qué suelen remarcar que los diferencia la forma de organizarse?
D. M.: –Un principio que se da desde la práctica misma: estamos convencidos de que ninguna estructura, ya sea de gobierno o cualquier organización ajena al territorio, será la que salve a las comunidades que están sufriendo las consecuencias del modelo. Serán las mismas comunidades organizadas las que pueden y deben hacerle frente para avanzar en otro modelo de desarrollo. Desde la práctica misma hemos visto cómo avanzan las comunidades una vez que se organizan, han logrado recuperar territorios, han logrado formas de comercialización justas, han recuperado sistemas de salud ancestrales y lo han vinculado con la medicina oficial. Organizadas, las comunidades van haciendo su propia historia.
A. M.: –De las organizaciones que componen el Movimiento, cada una tiene su dinámica propia y se aborda para trabajar sobre una problemática integral: salud, educación, género, derechos humanos, producción, comercialización, jóvenes. Y cada organización tiene distintas áreas de trabajo para abordar en el territorio de forma integral. Y esto se trabaja igual a nivel nacional. Además, hay una conciencia de las bases, que deciden su propio destino, creo que eso nos diferencia de muchas organizaciones: no hay una estructura piramidal que decide. Los mandatos van de abajo hacia arriba, con dificultades, hay que reconocerlo, pero con una verdadera democracia de base.
–En el día a día ¿cómo se toman las decisiones?
R. F.: –Hay una gran autonomía de cada comunidad y organización, con su dinámica, sus tiempos y su democracia de base. A ninguna comunidad el Movimiento Nacional puede decirle qué tiene que hacer. Los lineamientos los decide la propia comunidad después de muchas instancias colectivas. Nunca un compañero va a decidir para dónde vamos. Todo está relacionado a los procesos de discusión colectivos que nacen de las comunidades y que van subiendo a nivel provincial y nacional. De ahí hay equipos de compañeros que van implementando eso que se decidió. Muchas veces el Movimiento pareciera ser un poco más lento, pero porque las líneas de acción se dan siempre luego de un proceso de debate en las comunidades, encuentros, reuniones, es bastante dinámico y por eso lleva tiempo. No hay un estatuto, no hay presidentes. Hay delegados que van rotando.
–El Estado Nacional tiene superávit y se exporta como pocas veces. Desde los sectores tradicionales del campo igualmente se reclaman mejoras. ¿Cómo evalúa el Movimiento la situación actual del campo?
D. M.: –Está claro que nosotros no somos parte de ese “campo” con cosechas record y superávit, ese “campo” de empresarios y ricachones de entidades tradicionales que nunca han metido las manos en la tierra y que explotan a nuestros compañeros. Aclarado eso, en el campo se está produciendo un saqueo, por el modelo económico en sus diferentes expresiones: sea la soja, sean las mineras, sean las pasteras. Tiene que ver con modelos productivos que extraen aquí para subsidiar a los países del primer mundo. Y también están los capitales nacionales, como para no echarle toda la culpa al de afuera. El peso de sostener esa injusticia recae sobre las comunidades campesinas e indígenas, sea malvendiendo su producción porque no le queda otra o siendo mano de obra explotada de esos grandes productores. Y la forma de vida se deteriora cada vez más, produce cada vez más expulsión del campo y crecen las ciudades con sus barrios miseria.
R. F.: –El peor daño es la invasión de nuestros territorios por el monocultivo, sea de soja o pino, y las mineras y el agua. Estoy convencido de que así como hoy nadie puede discutir el genocidio de la dictadura, en 30 años va a pasar lo mismo con el tema del saqueo de los recursos naturales.
–¿Qué tipo de modelo plantea el Movimiento?
A. M.: –El Movimiento trabaja sobre la soberanía alimentaria, y se lo reclamamos al Estado argentino: la posibilidad de que el país tenga su propio proyecto alimentario y no que vengan las multinacionales a imponernos qué debemos producir. Romper con la división internacional del trabajo, Argentina no más como productor de granos y materia prima. ¿Por qué? ¿Por qué Latinoamérica tiene que producir sólo granos y carnes para el primer mundo? Nosotros decidamos qué y cómo producir. Y eso no significa que no sigamos produciendo carne o granos.
–Los sectores tradicionales del campo sostienen que la soberanía alimentaria es imposible a nivel nacional.
D. M.: –Eso es mentira. La soberanía alimentaria entiende que para que un pueblo sea soberano debe poder tomar las decisiones que lo afectan, decidir entre todos qué necesitamos comer y poner el territorio en función de eso. Esto es democracia pura, y la democracia real no es imposible. Pero desde hace tiempo pasa que el Estado toma esas decisiones a favor de la rentabilidad de las empresas. Y la rentabilidad sólo mide cuánto dinero puedo sacar de un lugar. En cambio el modelo campesino indígena no es tan cuantitativo sino que tiene que ver con lo que produzco, que yo cuido eso porque vivo de lo que produzco. Las comunidades tienen derecho a decidir qué comida sana quieren comer, de qué quieren vivir, qué producción diversificada desean. Tratamos de hacerlo todos los días, a nivel local, y creemos que puede haber un modelo nacional de ese tipo.
R. F.: –Otra de las cosas que más nos separan del modelo actual es la relación que las comunidades tienen con el territorio. Para los campesinos indígenas el territorio, el agua, la tierra, no son una mercancía. Los políticos, las empresas y la Justicia lo ven como mercancía y propiedad privada, pero para nosotros es una historia, una cultura, nuestros ancestros, no es una mercancía. De ahí la lucha tan fuerte por estos bienes, no es algo discursivo, tiene que ver con defender una forma de vida que sentimos propia. Y luchar por eso es luchar por mantener mi forma de vida, la de mi viejo y mi abuelo.
–¿Qué política proponen para la problemática de tierras?
R. F.: –Hay que crear un espacio amplio y plural donde se ponga en discusión la cuestión de la tierra. Eso no lo hace ningún gobierno. Lo que hacen son políticas compensatorias, asistencialista, banco de tierras para que les tiren algunas pocas tierras a los campesinos o indígenas. Nosotros creemos que se tiene que debatir un proyecto de ley, que redactamos con las comunidades, y que tenga varias etapas: moratoria al desalojo de campesinos e indígenas y revisar lo que se vendió. Luego una redistribución y un plan de mediano plazo para lograr la permanencia y producción en esas tierras. Pero no hay voluntad política de hacer algo así porque ellos saben que la frontera agropecuaria avanza, con títulos truchos y con capital financiero, que tiene un poder de acción que no se detiene. Los guasos tienen de todo: vehículos, radios, topadoras. Entonces la disputa hoy no es con la Sociedad Rural, aunque estamos en veredas opuestas, sí con las grandes empresas de agronegocios. Nuestra idea es que la tierra se reciba colectivamente, nada individual. Esto garantizará que no se venderá al mejor postor sojero.
D. M.: –Nosotros creemos que la reforma agraria la estamos haciendo, como dicen el MST, en la medida en que hay millones de hectáreas de donde no nos han corrido. Nos han desalojado pero hemos vuelto a tomar el campo, por el simple ejercicio del derecho. No hemos esperado que un juez nos devuelva la tierra. Nosotros nos hemos organizado, hemos ido y hasta hemos desarmado a los paramilitares y retomado la tierra. Además estamos haciendo un trabajo silencioso para que se pueda volver a la tierra y hacer tomas de predios y latifundios improductivos o especulativos.
–Desde distintos sectores políticos y económicos se impulsan los agrocombustibles. La mayoría de las organizaciones del campo acompañan esa nueva tendencia. ¿Por qué el MNCI los rechaza?
D. M.: –Nosotros creemos que será una nueva herramienta para que nuestra región subsidie a los países del primer mundo. Los agrocombustibles serán tan nefastos como la soja, las pasteras o los yacimientos mineros a cielo abierto. Una vez más, desde el exterior impulsan un modelo energético que beneficie al primer mundo y todos nosotros pagaremos los costos: pérdida de territorios, pérdida de bienes naturales y de trabajo. Además habrá mayor concentración de tierra, agua, renta y poder. Claro: también habrá más pobreza y destierro campesino.
A. M.: –La mayor producción de agrocombustibles encarecerá los alimentos, pondrá en peligro la soberanía alimentaria y agravará el problema del hambre en el mundo. Con la cantidad de cereales que se necesitan para llenar el tanque de una camioneta se puede alimentar una familia por mucho tiempo.
–Los impulsores del agrocombustible aseguran que es menos contaminante que los derivados del petróleo.
R. F.: –Esa es otra gran mentira. Se impulsará aún más el monocultivo y el uso de agroquímicos, con lo que se degradarán mucho más los suelos y el resultado ambiental ya comienza siendo negativo. Además, en la creación de este tipo de combustible hay que tener en cuenta todo el proceso de producción y todos los costos, y ahí se nota claramente que se miente sobre la contribución que el etanol hace en materia ambiental, ya que la mayor parte de esa “energía producida” se consume durante el cultivo y procesado (riego, maquinaria y transporte) de la materia prima. Hasta puede resultar un saldo negativo de energía.
D. M.: –Las industrias y gobiernos del Norte necesitan que la producción sea en los países del Sur, en parte porque no disponen de tierra o no quieren usarla para esto, y porque asumen que en esos países los problemas ambientales son obviados por gobiernos que hablan de “inversión” extranjera y de promover la agricultura intensiva de exportación. Con los agrocombustibles habría que hacer una pregunta muy simple: ¿usar los alimentos para llenar millones de autos o para millones de estómagos?
–¿Cómo es la relación con el gobierno nacional?
D. M.: –El andamiaje para que todo este modelo avance comenzó con la dictadura militar y Menem lo perfeccionó. Y el actual gobierno no ha tomado medidas que reviertan la situación. Continúan las mineras, continúan las pasteras y sojeras y no hay nada que parezca que vaya a modificarla. En el discurso, vemos que alguna gente del Gobierno tiene coincidencias con lo que nosotros decimos, pero la mayoría de las veces es sólo discursivo. Y ellos saben que con los discursos no se resuelven los problemas, sí con las acciones concretas. En lo concreto de hoy, pensamos que en la actualidad con la correlación de fuerzas existente es difícil avanzar más, pensamos que nuestro problema está más en las masas populares que en el Estado, ya que organizaciones de masa autónomas y conscientes son las que pueden transformar el modelo. Aclarado eso, reconocemos que el actual gobierno ha avanzado en la política de derechos humanos y en acercar algunos programas a las organizaciones, pero no podemos dejar de señalar que el pueblo sigue siendo explotado, los recursos naturales, saqueados y la riqueza prácticamente sin repartir.
¿POR QUE EL MOVIMIENTO CAMPESINO INDIGENA?
Territorio, trabajo y justicia
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) comenzó a funcionar como tal hace dos años, pero lo antecede una década de trabajo conjunto y formación de sus bases. Compuesto de 15.000 familias de siete provincias (Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, Salta, Jujuy, Misiones y Buenos Aires), las familias viven en pequeñas parcelas donde se alimentan de lo que siembran y cosechan con sus manos. Muy esquivos a la prensa –ésta es la primera entrevista que otorgan como Movimiento–, cuentan con diferentes articulaciones a nivel continental; los Sin Tierra (MST) de Brasil y los zapatistas mexicanos son referentes en su lucha por los derechos campesinos e indígenas. Los encuentros de delegados, como el que fue marco de esta entrevista, se realizan periódicamente y en diferentes lugares del país. Asisten delegados con mandato de las comunidades: no deciden (aunque hay excepciones) y volverán a sus pueblos con nuevas preguntas a resolver en asambleas. Informan la situación de cada región, posibles líneas de acción, abordan la situación del país, la articulación a nivel nacional y latinoamericano, trabajan sobre una ley de desarrollo rural integral, los bienes naturales y, también, la última novedad impulsada desde el Norte: los agrocombustibles (no los llaman “biocombustibles”, explican que esa palabra hace referencia a la vida y el término le queda grande a la idea impulsada por Estados Unidas).
En el Movimiento Nacional hay referentes (“Sería hipócrita no reconocerlo”, advierte uno de los fundadores del Mocase), y tratan de equilibrar ese peso con capacitaciones y formación, tanto en derechos sociales como políticos. Además, hacen eje en los procesos participativos, asambleas, áreas de trabajo y comisiones, centrales zonales y plenarios por organización, rotación de delegados que cumplen mandatos comunitarios y rechazan la existencia de presidentes o secretarios generales. “No es algo perfecto ni mucho menos. Nos mandamos muchas cagadas. Suena lindo tratar de decidir entre todos, pero cuesta y mucho”, se sincera Diego Montón, integrante del Movimiento Nacional, y recuerda tres puntos centrales de la organización: “Territorio, trabajo y justicia”.
Resistirá
Nelly Veliz es la presidenta del Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero, una organización que lleva más de 15 años resistiendo los desalojos de los pobladores autóctonos y el desmonte permanente de una tierra que también ha sido copada por la soja y que cada vez se parece más a un desierto verde. Retrato de una mujer que desafía al sol y también a las topadoras.
Por Silvia Marchant, desde Santiago del Estero
La camioneta salió a las 8 en punto de la capital de Santiago del Estero por la ruta nacional Nº 64, abriendo bosques de quebrachos y algarrobos, rumbo a Guampacha, un pueblo ubicado a 68 kilómetros de la ciudad. Cuando ya el paisaje comenzaba a perderse entre sierras, Nelly Veliz, la presidenta del Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (Mocase), señaló al chofer que debía girar hacia la derecha. El vehículo se sumergió por un camino de tierra ávida de lluvia y su presencia indicó a los campesinos de la zona que era día de reunión.
En Guampacha vive la presidenta del Mocase, una organización que desde 1989 nuclea a campesinos de diversas zonas de Santiago del Estero que se unieron para defender sus tierras y para resistir cuando algún empresario o latifundista los quiere desalojar de sus campos, “ostentando títulos de propiedad que la mayoría de las veces son falsos”, acusa Veliz.
Silvia también vive en Guampacha. “Mi abuelita vivía aquí, murió hace poco, a los 115 años, pobrecita. Mire si alguien va a venir a decirme que estas tierras no son mías”, pregunta la mujer. “Pero no se crean que yo tengo miedo, a mí nadie me va a sacar de acá”, advierte Silvia, que aprieta entre sus manos un trozo de delantal de cocina color blanco.
El año pasado, los habitantes de Guampacha instalaron una carpa para resistir las advertencias de un empresario santafesino que “amenazaba con desalojar a todo el pueblo esgrimiendo que las tierras eran de él”. La resistencia duró meses. En la carpa los campesinos pasaron días y noches en medio de las altas temperaturas santiagueñas. Festejaron Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, nada los hizo abandonar el lugar. Un grupo de jóvenes abogadas decidió ayudar al movimiento. Pronto saldría a la luz que un grupo de policías de la zona había actuado en complicidad con el empresario. “Por eso, ninguno de nosotros sabíamos cómo de la noche a la mañana estos policías que viven en el pueblo se habían hecho de autos y casas lujosas”, murmura Veliz.
Los empresarios recurren a muchos artilugios para desalojar a los campesinos de sus tierras: queman viviendas y cosechas, intimidan a las familias, roban animales, destruyen con topadoras lo que encuentran a su paso, entre otros atropellos. “Muchas veces los que dicen ser dueños llegan con personal policial y los campesinos se inhiben, y como ven a la policía piensan que tienen que obedecer. Pero no es así. Por eso, nosotros hablamos con la gente y les explicamos que no deben abandonar sus tierras bajo ningún aspecto. Si hay alguien que dice ser dueño, un empresario o el que fuere, tiene que iniciar un juicio y presentar los papeles. Es la Justicia la que tiene que determinar. Sin embargo, la Justicia en Santiago ya todos sabemos cómo es. Pero no hay que perder las esperanzas”, sostiene una de las abogadas del Mocase, Silvia Corbalán.
Corbalán y otros abogados de Santiago del Estero conformaron hace un mes la asociación Práctica Alternativa del Derecho (Prade) para ayudar a los campesinos y darle un tinte social a la Justicia. Ellos intervinieron en la defensa de los campesinos de los departamentos de Copo y Pellegrini, pueblos cuyo remate se encuentra en suspenso hace más de un mes.
El vehículo que transporta a Veliz deja atrás la figura de Silvia y su familia, que se pierden entre la estela de tierra que produce la camioneta al pasar. En medio de una extensa aridez donde sobreviven quebrachos, algarrobos, tunas, cabras y ganado vacuno, aparece la casa de Rosario, frente al destacamento policial, la escuela y el registro civil. Su hija, María de los Angeles, participa de los cursos de capacitación para campesinos que realiza el Mocase. “La idea es que los jóvenes sepan qué tienen que hacer si alguien llega a sus campos y los amenaza con sacarlos a la fuerza del lugar”, señala Veliz.
Los cursos se efectúan en el obispado de la provincia, en el marco de la Mesa de Tierra de la provincia, una de las iniciativas que llevó adelante el ex obispo Juan Carlos Maccarone a favor de los campesinos. “Maccarone llegó al puesto de obispo apenas falleció en un accidente muy dudoso el ex obispo Gerardo Sueldo –recuerda Veliz–. Maccarone continuó con la misma línea de Sueldo, quien venía trabajando con y para el pueblo, sobre todo del campesinado. Estaba comprometido con la causa social. Nos duele y repudiamos lo que han hecho con Maccarone y también con Sueldo. Hay muchos que no quieren que el pueblo piense y pelee por sus derechos. Se ha ido Juárez, pero quedan los juarecitos.”
Al amplio patio de la casa de Rosario fueron llegando los campesinos. Algunos llegaron caminando, otros en bicicleta. En la reunión hablaron sobre la situación de las tierras de Guampacha. En esta región que se extiende por 11.500 kilómetros, los predios son comunitarios y los animales no encuentran cercos a la hora de pastorear. Los que sí ponen cercos son algunos vecinos que no hace mucho llegaron al lugar, derribaron el monte virgen y se dedican a cultivar soja. Cuando alguna cabra pasa a esos campos, a los campesinos les es difícil recuperarlas. Las cabras pueden morir, ser vendidas o, en el mejor de los casos, si el dueño quiere recuperarlas debe pagar veinte pesos. El monocultivo de soja que creció a pasos acelerados en la Argentina y gran parte de Latinoamérica es una de las razones por las que los campesinos, que en su mayoría no poseen títulos de propiedad, son despojados de sus tierras.
Por ahora, la situación de Guampacha está tranquila. Los campesinos hacen frente a dos juicios, uno penal y otro civil. Pero todavía viven en sus tierras. La reunión del Mocase en Guampacha terminó al mediodía. Pero todavía estaba pendiente el encuentro con la gente de Guasayán, a 20 kilómetros del lugar. Nelly se despidió y se subió a la camioneta de Bienaventurados los Pobres (BePe), una organización que también da capacitación a los campesinos y que ofreció el vehículo para realizar el viaje; el chofer, un ingeniero de BePe oriundo de Catamarca; la otra acompañante, Juana Barrientos, una ingeniera de origen campesino que estuvo a punto de perder sus tierras en El Remanso, al sur de la ciudad de Santiago.
Para llegar a Guasayán hay que subir una sierra. Una vez en lo alto, las sierras se multiplican. Y no muy lejos está el límite con Catamarca. El camino se vuelve sinuoso. La cita es en la casa de Nina de Ledesma. Nina ceba mate, convida leche de cabra con arroz y toma la posta del encuentro. Leyó para los presentes un artículo publicado en la revista conservadora La Columna, de Santiago (que en su tapa defenestra al sacerdote Jorge Lamberti por la labor social a favor de los pobres de esa provincia), donde explicaban que en Guasayán “no hay problema de tierras”.
“La situación de los campesinos en Santiago del Estero no da para más –asegura Veliz–. Tenemos gente detenida. Lo que pensamos es qué les estamos dejando a nuestros hijos. Todos los campesinos plantean la misma situación. Hay muchos proyectos. ¿La gente qué hace sin tierra? Y ¿si no tiene seguridad? Porque en cualquier momento llega una empresa que dice ser dueña y arrasa todo con la topadora. El Gobierno no puede tapar con un gran sombrero esta situación.” Por eso, el Mocase realizará el 9 de septiembre una marcha hacia la Casa de Gobierno provincial.
La jornada de reuniones llegó a su fin, Veliz emprende el regreso junto a los ingenieros de BePe y esta cronista. Todos vieron esa camioneta que entró al lugar. Era de color blanco y se detuvo al costado del camino. Tres hombres con escopetas bajaron de ese vehículo. “Es gente de otros sitios que llega, mata y faena a nuestros animales. Eso era algo que hacía Musita Azar. En Santiago existen muchas carnicerías clandestinas que crecen con la carne de nuestros animalitos.”
¿Qué culpa tiene el tomate?
Casi cinco mil personas llegadas de los puntos más distantes del país marcharon, al inicio de la primavera, por la ciudad para reclamar por la tierra, su tierra, amenazada por un modelo productivo que la agota, la contamina y la parcela, acorralando a los animales y entubando el agua que debería ser comunitaria. Las mujeres son mayoría en este movimiento campesino e indígena; aquí, sus historias, sus luchas y su propuesta para la producción de alimentos.
En los primeros días de la primavera, alrededor de cinco mil personas de diferentes provincias dejaron de caminar por sus fértiles pagos para ir a Buenos Aires a conocer y escrachar las fachadas de esos implacables edificios espejados de nombres corporativos donde se asientan las oficinas de quienes en sus tierras los quieren sacar a punta de rifle. Es que para estas gentes del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) el territorio es mucho más que un pedazo de tierra: es espacio de vida, salud, educación, género, producción, organización y lucha. Estos campesinos y campesinas no sólo reclaman por espacio de pertenencia sino que se enfrentan a un modelo de agronegocios que hace que el tomate esté cada vez más excluido de la comida cotidiana del resto del país.
Muchas de las historias que entrelazan las comunidades a las organizaciones locales y luego al movimiento nacional tienen un origen en común: algunas madres, otras hijas, otras hermanas que empezaron a ir a las reuniones preocupadas por lo que vivían día a día, y después sumaron al resto de la familia, la mayoría de las veces más que numerosa.
Olga González tiene 39 años, es de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) de Mendoza y recuerda que, en su organización, las primeras en juntarse fueron las mujeres. “Una vez, viniendo de la escuela, me fui para una reunión con las chicas que iban a un encuentro de campesinos. Escuché que conversaban sobre la comercialización de los productos, sobre cómo hacían para trabajar. No me animaba a hablar. Pero vino una y me dijo: ‘Si te interesa, juntá familias por allá en tu casa y hacemos una reunión’, me dijeron. Así empezamos a venir nosotras, a ir ellas, y se integraron otras también. Al principio fueron todas mujeres, y después se fueron sumando las familias completas. Participar de las reuniones es lo más lindo. En los grupos de base discutimos qué es lo que se está trabajando”, dice una que ya no sólo escucha sino que ahora habla y decide.
Para todos y todas, todo
Nidia González tiene 23 años y desde hace tres que ingresó a la UST del departamento de Lavalle. Detrás de ella vinieron sus padres, hermanos y sobrinos. “Somos de la comunidad huarpe Laguna del Rosario y estamos conformados en comunidades indígenas. Vivimos ahí desde siempre y creemos que esas tierras nos corresponden por preexistencia”, asegura. Cada una de las 120 familias que integran esta organización tiene su “puesto”, un espacio donde está ubicada la vivienda y el resto de terreno abierto donde se crían los animales. “En nuestro campo no hay alambrados ni límites ni nada, es todo para todos. Si los animales se pasan para el otro lado, está todo bien y así lo queremos. Pero el gobierno quiere reconocernos un pedacito de tierra y que nos quedemos ahí. No entienden que es el mismo terreno que es de todos”, explica con paciencia. Históricamente los campesinos han poseído la tierra en forma comunitaria en campos abiertos y por eso exigen al Estado que así lo reconozca. Pero en el sistema jurídico no figura la propiedad comunitaria de la tierra, ausencia legal que ahora es reivindicación de este movimiento.
Según los cálculos del MNCI, el 82 por ciento de los productores, ya sean familias campesinas o trabajadores rurales, ocupan sólo el 13 por ciento de la tierra, mientras que el cuatro por ciento de las denominadas explotaciones agropecuarias son propietarias del 65 por ciento del total de la tierra utilizada para la producción. La consecuencia de la concentración de la tierra en pocas manos es la expulsión de las familias campesinas a través de métodos violentos y engaños.
A partir de las resistencias de las comunidades a dejar su lugar de pertenencia, muchas de las veces los campesinos y campesinas terminan siendo imputados. Ese es el caso de Ramona, una santiagueña de 27 años que habla hasta por los codos y que ya cuenta varias causas en su historial jurídico. Hace tres años que ingresó al Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero - Vía Campesina), y ahora toda su familia pertenece al movimiento, “hasta mi nena de cinco años”, aclara. “La mayoría de los casos de Santiago son iguales. Les muestran plata a la gente y les hacen firmar papeles que son más truchos que ellos. Si les decís que no y si no estás preparado, se vienen con policías y todo. A mi casa vino la Infantería en febrero del año pasado. Encerraron a toda mi familia durante diez días y fuimos con todo el movimiento para sacarlos. Todos quedamos con causas judiciales abiertas”, recuerda Ramona.
Las empresas que desean expandir su influencia en Santiago del Estero son Madera Dura del Norte, que se calcula que posee unas 156 mil hectáreas dentro del departamento santiagueño de Alberdi, y Conexa SA, que en departamento Copo ya suma 75 mil hectáreas, donde compite por el espacio contra 900 familias campesinas.
Rosa Córdoba tiene 33 años y vive en el paraje La Armonía, del departamento de Copo, y también es del Mocase. “Estoy organizada ya desde hace tres años. Todo empezó en un fin de año, cuando circulaban comentarios de que andaban dando vueltas los terratenientes que iban a usurpar las tierras. Golpeamos las puertas de jueces, policías, políticos: todas estaban cerradas. Un día una amiga nos dijo que había una organización que estaba en Quimilí, que defendía las tierras y asesoraban a la gente. Los llamamos y empezamos la lucha. Estar en la lucha significa defender nuestros derechos, nuestra posesión de la tierra. Mi tarea no es sencilla, crío chanchos, gallinas, todas las tareas... hay que baldear. Vivimos en comunidad, nadie dice ‘esto es mío’. Los animales van para todos lados, compartimos la tierra, por eso luchamos: no a los alambrados, no a las topadoras y no a los desmontes”, sintetiza.
Foto: Juana GhersaConsumo popular ¿para quien?
A la hora de organizar la producción en el campo, los rígidos roles familiares fueron cuestionados. Dentro de las instancias de formación y aprendizaje del MNCI se desarrollan talleres de género para que las tareas sean intercambiables. “En Santiago los hombres eran muy machistas —cuenta Ramona, de la comunidad de base Sol de Mayo—, y todavía hay algunito. Pero les hemos puesto las riendas. Ahora las mujeres hablamos y nos respetan las decisiones que tomamos, somos partícipes de la producción, en las fábricas de dulces, los tejidos, el comercio. Algunas esquilan, hacen el hilado y lo pintan con raíces naturales. Otras cuidan las vacas, chivas, chanchos, gallinas. Son saberes ancestrales que tenemos las mujeres como forma de producir. Y ahora las tareas son en conjunto, antes estaban separadas. Antes los hombres que se dedicaban ‘al poste’, que es traer madera del monte para los postes, venían a la casa y tenían todo servido; ahora no, van asumiendo otros roles. Todo esto es debido a los talleres de género. Te ayuda a crecer, a que no haya egoísmo ni centralismo en la organización, que todos seamos partícipes”, explica.
La producción campesina contempla el autoconsumo de las familias primero y la comercialización de los excedentes después. Lo mismo proponen a nivel nacional: primero alimentar en forma sana y suficiente a todo el país a través de la utilización de métodos de producción no extractivos que permitan la regeneración de los nutrientes de la tierra, y las exportaciones, sólo si sobra. Según denuncian estas mujeres, “el modelo de agronegocios actual considera como única forma de producir en el campo las leyes del libre mercado”. Ellas y sus familias fueron desplazadas, y sus producciones, orientadas al consumo popular y basadas en el trabajo familiar y la explotación comunitaria, quedaron arrinconadas.
Olga González, jefa de una familia de 13 miembros, tiene puesto de cabras. Pero cuando era chica, antes de que empezara a escasear el agua, sus padres sabían sembrar y cosechar el maíz, la papa, tomate, porotos. “Ahora es imposible porque no hay agua. Y las tierras son muy buenas, pero el agua va tan canalizada que no llega, es agua perdida porque no sabemos dónde va a dar. Nos prometieron que iba a venir el río no sé cuántas veces ya”, se queja con su voz aguda.
Pedagogia de la esperanza
Las compañeras de Ramona la cargan porque no puede parar de hablar. Ella es maestra y ahora está haciendo la tecnicatura en Agroecología de la Universidad Campesina del Mocase, carrera avalada por el Ministerio de Educación de la provincia y de la Nación, y explica las diferencias con la educación formal. “Hice el profesorado de docente y veía mucha discriminación, tanto con nosotros como alumnos y después cuando íbamos a hacer las prácticas con la escuela, como con los mismos chicos. Los del campo nos sentíamos discriminados en comparación con los chicos del pueblo. Veía que esos chicos, cuanto más los maltratabas, más rebeldes se ponían, buscaban cariño y no lo encontraban, eso me dolía. Acá, en la Universidad Campesina, juntamos los saberes ancestrales que vienen de generación en generación con los contenidos técnicos que se dan en las universidades. Esta carrera es una herramienta para la organización y para todos nosotros.”
Patricia es compañera de estudio de Ramona, tiene 21 años, es de la comunidad Santa Clara y es la fotógrafa de su comunidad. Tiene una nena de seis, terminó el secundario y empezó la carrera para agroecóloga. “Lo bueno es que la teoría y la práctica van juntas. Vemos desde Matemática, Anatomía y fisiología animal hasta Historia latinoamericana. De lo que cada uno sabe de sus antepasados, lo que nos fueron contando nuestros viejos, lo vamos aportando entre todos”, relata.
Rosa es tímida pero firme al hablar. Cuenta que estaba estudiando enfermería y ahora se pasó a agroecología. “Se nota mucho la diferencia, porque en la educación tradicional leés y leés pero no lográs imaginarte la realidad. Y ahora esta tecnicatura me encanta, mientras aprendemos vamos produciendo.”
Rosa también participa como enfermera campesina del área de salud del movimiento donde se busca recuperar los saberes populares referidos a las plantas, hierbas y yuyos medicinales enmarcados en un sistema de cuidado de la salud, que implica prácticas culturales y de alimentación sana.
Ramona sigue hablando: “Tenemos que sentirnos felices de vivir como vivimos, a veces nos llaman ‘los campesinos’ despectivamente. Pero tenemos que defender lo que tenemos, que es invalorable. Eso hace que seamos una comunidad: la unión, la fortaleza y las ganas de defender los derechos, el lugar donde vivimos”.
