LA CULTURA DE LA VIOLENCIAMe siento obligado a expresarme en torno al tema de la inseguridad imperante en México, no tanto por suponer que pueda yo ofrecer puntos de vista novedosos, como por la necesidad de agregarme a las opiniones de quienes, desde una mejor atalaya, tienen clara visión del panorama. Lo hago así porque en la selva de las plumas a sueldo y las voces de los levantacejas mediáticos, son pocos los que se salvan de hacer el juego a las cortinas de humo tendidas por el régimen de los oligarcas. Ante la gritería que reclama mayores penalidades para los secuestradores y mayores poderes a las policías, apenas se escuchan las voces que se refieren a las causas efectivas de la violencia. Destaca, desde luego, la de Andrés Manuel que subraya que el verdadero combate a la delincuencia pasa, necesariamente, por la eliminación del modelo económico que sólo ha producido miseria. En esta vertiente, destaco como pieza inmejorable y de obligada lectura, el artículo de Bernardo Bátiz V. titulado "Seguridad y descomposición social" publicado por La Jornada el 18/08/2008 y disponible en su página de Internet. En abono a mi recomendación anoto que el autor es, a no dudarse, una verdadera autoridad en la materia, tanto por su formación académica como por su ejercicio profesional, destacando que sirvió como Procurador General de Justicia del Distrito Federal en el gobierno encabezado por López Obrador. Panista de origen, Bátiz renunció a ese partido cuando, a su juicio y el de muchos otros, se perdieron los principios doctrinarios en el pragmatismo de la búsqueda del poder.
No voy a hacer aquí un resumen del artículo; solamente subrayo su aseveración en el sentido de que la violencia que padecemos es concomitante con el esquema cultural y económico que caracteriza a la sociedad actual, por el que se privilegia el éxito económico como el mayor valor de la persona, y la competitividad como el instrumento idóneo para alcanzarlo. Es el meollo del asunto y apuntaré algunos elementos para ejemplificarlo. Procedo:
1.- La real educación del mexicano medio, la que se da en las calles, en la televisión y en la política, incita a la procuración del dinero a como dé lugar, no como una meta de bienestar honesto, sino como la llave de acceso al prestigio y al poder. Merece respeto, según esta escala de antivalores, quien posee un auto de lujo y del año; quien viste prendas de marca; el que acude a los restoranes caros acompañado de rubias despampanantes; el que vacaciona en las playas o en los esquiaderos de moda internacional; el que dispone del poder de su firma para comprar lo que se antoje, el que habita en una residencia sobreprotegida por mil alarmas en fraccionamientos resguardados. Si careces de tales calificaciones tendrás que zozobrar en el inframundo de la plebe (o la nacada dicen los hijos de los potentados). Si el joven afectado por esta pésima educación no tiene al papá rico que le ponga la mesa para su éxito, se verá muy tentado a emplear métodos menos ortodoxos para logarlo, incluida de manera especial la delincuencia.
2.- En la misma vertiente, la tremenda lápida de frustración que significa la práctica incapacidad para alcanzar ese llamado éxito social, orilla a la juventud a la salida fácil de la enajenación y el consumo de drogas, lo que, a su vez, orilla a la necesidad de delinquir para hacerse de ellas, cuando la mesnada de papá no existe o es insuficiente.
3.- La vertiente política no deja lugar a dudas. Cuando el país es gobernado por alguien que no tuvo empacho en declarar que ganó las elecciones "haiga sido como haiga sido" la lección resulta clara: para triunfar no hace falta convencer sino tener la capacidad de hacer trampas. Me detengo aquí para destacar el hecho de que la voz más escuchada y la imagen más vista es la del Presidente de la República, especialmente en los tiempos actuales de excesiva propaganda mediática que rebasa la presencia de los ídolos de moda, lo que la convierte en la figura de mayor influencia educacional directa, para bien o, como en el caso actual, para mal.
4.- En este estado de cosas, los instrumentos tradicionales de combate al crimen están de antemano vencidos. Las policías están formadas por hombres y mujeres de carne y hueso, sometidos a los mismos incentivos delicuenciales observados en el medio social. Las leyes, por más severas que sean, son aplicadas por simples mortales, igualmente impregnados por la propaganda consumista. Para mayor abundamiento, su jefe nato es un delincuente electoral. No veo cómo pueda exigírseles una actitud heroica en la lucha por la seguridad y la justicia. Las muy honrosas excepciones confirman la regla.
5.- Si, para acabarla de amolar, el modelo económico provoca desempleo, el incentivo al delito se multiplica. No es fácil para un padre de familia hacer frente a las necesidades de la familia, menos aún cuando estas están ordenadas por la cultura consumista.
En conclusión. El combate a la inseguridad por la vía de la represión del estado fracasará rotundamente, en tanto persistan las condiciones culturales y económicas que le dan origen.
La contraofensiva del crimen
Por Gerardo Albarrán de Alba
Desde México, D. F.
Responde el crimen organizado: 28 personas fueron ejecutadas en siete estados a menos de 24 horas de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, firmado por los tres poderes federales y todos los gobernadores, además de empresarios, iglesias y medios de comunicación. 13 de ellos fueron asesinados en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras que en la capital de ese estado se encontraban todos los procuradores generales y presidentes de tribunales superiores de Justicia del país, quienes se comprometieron a realizar procesos judiciales expeditos, persecución efectiva de delitos y castigos justos a criminales.
En sus propias barbas, el crimen organizado colocó seis “narcomantas” en diversas partes de la ciudad de Chihuahua, que ha permanecido los dos últimos días fuertemente custodiada por la reunión de responsables de la persecución de los delitos y de impartir Justicia. En diversas partes de la capital del estado, integrantes de los carteles de Juárez y de Sinaloa colocaron mensajes en los que se culpan mutuamente de la ejecución de 14 personas en una pequeña ciudad del estado hace una semana.
En la impotencia, el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, incluso llegó a pedir a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial la revisión de las garantías y libertades individuales que protege la Constitución y “establezcan límites suficientes para recuperar la cultura de la legalidad”. En este estado, más de 900 personas han sido ejecutadas en lo que va del año. La impunidad es el denominador común de todos estos crímenes, justo una de las razones que llevaron a la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, el jueves pasado.
Posturas como la del gobernador Reyes Baeza alertaron a varias ONG que, además de criticar que ninguna de ellas fue convocada a la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, advirtieron que la nueva estrategia gubernamental contra el crimen organizado prácticamente no contempla el tema de derechos humanos.
En Chihuahua, mientras tanto, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, celebraba los “logros” de la administración de Calderón en 20 meses de ejercer el poder: más de 10 mil rifles de asalto y otras 8 mil armas aseguradas, “suficientes para armar a cualquiera de los ejércitos de las repúblicas centroamericanas”; la confiscación de 9377 vehículos terrestres, 283 aeronaves, 277 millones de dólares en efectivo y 103 millones de pesos mexicanos; 163 delincuentes extraditados, “entre ellos 41 notorios narcotraficantes”, y el decomiso de más de 61 toneladas de cocaína, casi 3 mil toneladas de marihuana y más de 42 toneladas de precursores químicos para metanfetaminas.
En su discurso inaugural de la VIII Reunión Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores y Procuradores Generales de Justicia, Medina Mora no mencionó las denuncias por asesinatos, violaciones y robos cometidos por agentes federales y militares en la cruzada calderonista contra el narcotráfico.
No es gratuito que especialistas y académicos consideraran que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia es una “gran pantalla mediática” que sólo exhibió la incompetencia del sistema nacional de seguridad pública, pues no aporta nada nuevo contra el crimen organizado y el narcotráfico. De hecho, el Acuerdo carece de bases jurídicas, pues el CNSP es solamente un foro político no vinculante para nadie. Los acuerdos y las cosas que ahí se declaran son buenas intenciones y deseos de coordinar, y aunque bueno en el discurso, no transformará a las instituciones, coincidieron académicos.
