La deuda externa seguirá
impidiendo el desarrollo y
una efectiva reconstrucción
en los países afectados por
el tsunami
El Club de París acordó ayer por la tarde una moratoria de la deuda bilateral de los países afectados por el Tsunami que se quiera acoger a la misma, "hasta que el Banco Mundial y el FMI realicen una evaluación completa de sus necesidades financieras y de reconstrucción". La moratoria anunciada por el Club de París puede suponer un ahorro de hasta 5 mil millones de dólares éste año. Un alivio temporal e insuficiente que se puede acabar con los informes del FMI y del Banco Mundial.
Desde el ODG consideramos que la moratoria anunciada es totalmente insuficiente y queda muy lejos de las demandas de cancelación total de la deuda que se han realizado desde la sociedad civil. Esta moratoria podría durar incluso menos de un año, de manera que en el 2006 los países afectados deberían volver a afrontar los pagos del servicio de la deuda (que fue de más de 60 mil millones de dólares en 2002 según el Banco Mundial) y a la vez seguir asumiendo los costes de la reconstrucción. No podemos olvidar que se trata de países con altos porcentajes de población viviendo bajo el umbral de la pobreza[1] y que deben hacer frente también a las inversiones necesarias para asegurar el bienestar de la población y su acceso a los servicios básicos. Al analizar si un país necesita la cancelación de su deuda no deberíamos detenernos en las cifras económicas y financieras, cómo probablemente hará el FMI, sino tener en cuenta si las necesidades de la población están cubiertas. Según el Banco Asiático para el Desarrollo "aunque el impacto del tsunami sobre las economías de los países pueda ser mínimo", este provocará que hasta 2 millones de personas puedan caer en situación de pobreza[2].
Además, la moratoria anunciada implica tan sólo la deuda bilateral, que supone poco más del 16% de la deuda externa de los países afectados. Ni las instituciones financieras multilaterales (que son acreedoras del 22,4 % de la deuda de estos países) ni el sector privado (acreedor del 61 % de la deuda) parecen dispuestas a cancelar su parte ni a ofrecer ninguna moratoria. Mientras los países donantes han prometido 717 millones de dólares para la reconstrucción, los países afectados deberán hacer frente este mismo año al pago de alrededor de 50.000 millones de dólares de servicio de la deuda multilateral y privada[3].
El Gobierno español reacciona al revés de lo que demandan las ONGDs.
El gobierno español no se ha pronunciado aún sobre la decisión del Club de París, aunque el Ministerio de Economía y Hacienda anunció el pasado 5 de enero que apoyaría una moratoria de la deuda. Según los datos proporcionados por el mismo ministerio la deuda de los países afectados con el Estado español es de 513 millones de euros, y la moratoria anunciada por el Club de París podría suponer un alivio de unos 20 millones de euros. A este alivio se deben sumar las ayudas prometidas de hasta 50 millones de euros con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (mayoritariamente en forma de créditos ligados a la compra de bienes y servicios de empresas españolas) y el coste del envío de tropas a Indonesia.
Si mantiene esta posición, el gobierno español estará haciendo exactamente lo contrario de lo exigido por las ONGDs en lugar de cancelar la deuda, generar más deuda a través de los créditos FAD; en lugar de dar donaciones para cubrir las necesidades de la población afectada, atorgar préstamos ligados a los intereses de las empresas españolas; en lugar de reducir el gasto militar e incrementar
Indonesia: una deuda odiosa que el Gobierno español quiere seguir cobrando
La mayor parte de la deuda con el Estado español es mantenida por Indonesia, el país más afectado por la catástrofe. Según los cálculos del ODG Indonesia tiene una deuda con el Estado español de 488,66 millones de euros, buena parte de la cual proviene de préstamos atorgados a Suharto, que gobernó con mano de hierro de
Otro caso relevante de deuda ilegítima es el de la papelera Indah Kiat en Sumatra, financiada en parte a través de
Ante la evidencia del origen jurídicamente odioso e ilegítimo de la deuda de Indonesia, desde el ODG reclamamos al gobierno español que, no sólo cancele la deuda de los países afectados, sino que disponga las herramientas y los esfuerzos necesarios para realizar auditorias de la deuda externa en estos países, de forma que se esclarezca, de forma pública y transparente, el grado de ilegitimidad de la deuda, así como quien son los responsables de las ilegitimidades y se proceda a reclamar las reparaciones pertinentes.
Iolanda Fresnillo iolanda.fresnillo@debtwatch.org http://www.observatoriodeuda.org Observatorio de
[1] Más de 300 millones de personas vivían en los países afectados en situación de pobreza. El 45,4% de la población en Sri Lanka, el 52 % en Kenia, el 52,4 % en Indonesia, el 59,7 % en Tanzania, el 79,9 % en Bangla Desh o el 82,8 % en
[2] El comunicado del Banco Asiático para el Desarrollo del pasado martes indica que hasta 1 millón de personas en Indonesia, 645.000 en
[3] Cálculo realizado por el ODG según los datos del Banco Mundial (Global Development Finance 2005)
