Argentina: Un equivocado veto presidencial
Muy poca trascendencia, más allá de los ámbitos vinculados a su contenido, tuvo el veto aplicado por la Presidenta de la Nación al proyecto de ley sobre protección a glaciares y ambientes periglaciares, iniciativa que había tenido la aprobación unánime en ambas cámaras del Congreso y que volverá a Diputados para su tratamiento con vistas a una aprobación o rechazo definitivo.
La resolución de la jefa de gobierno ha causado un marcado disgusto en las entidades que entienden en el estudio del tema y en aquellas que procuran que nuestro país avance en el uso racional de nuestros recursos naturales, ya que el proyecto de ley garantizaba el inventario, monitoreo y protección de los campos glaciares de la Argentina, que son muchos e importantes.
La ley vetada tenía como puntos fundamentales
- "la creación de un Inventario Nacional de Glaciares, por el cual debían individualizarse todos los glaciares y geoformas periglaciales que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo periódico".
- Además establecía la prohibición de que "en los glaciares y su entorno se realicen actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance:
- a) la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen;
- b) la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica;
- c) la exploración y explotación minera o petrolífera, incluyendo en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial saturado en hielo y
- d) la instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales".
El veto presidencial hizo hincapié en lo contradictorio del texto con la legislación vigente, sin embargo quienes defienden el proyecto señalaron que, por el contrario, la ley vetada es aclaratoria y complementaria de los instrumentos jurídicos existentes, dando base firme al desarrollo sustentable que se persigue en materia de recursos naturales.
El texto del veto abunda en conceptos discutibles: afectación del desarrollo económico, impedimento de obras de infraestructura, problemas limítrofes, etc. Conociendo los poderosos intereses económicos que están en juego, es inevitable vincular esta sorprendente decisión de vetar una norma que buscaba amparar sitios de interés ambiental y reservorios inapreciables de agua dulce con una maniobra de esas mega-corporaciones multinacionales.
El tema, y lo sugestivo del veto, no pueden dejar de relacionarse con lo que ocurre en Chile, donde una trasnacional minera propuso fragmentar y "trasladar" -aunque parezca descabellado, es así- un glaciar que alimenta a uno de los ríos económicamente más productivos del país, el Elki. Esta formidable e impredecible agresión a la naturaleza obedece, obviamente, a la existencia de un filón metalífero por debajo de la masa de hielo.
Ya han empezado a conocerse los severos problemas ambientales que la gran minería está provocando en muchos puntos del país. Hasta ahora el poder público no ha tomado las medidas consecuentes a la gravedad de lo que ocurre. El caso de la ley vetada podría estar advirtiendo que no hay límite para las desmedidas ambiciones en la materia, pero también -y esto el gobierno debería considerarlo- la posibilidad de un marcado desprestigio político ante una medida impopular y nada clara.
(*) Arquitecta, editora del informativo semanal "El Grano de Arena" de ATTAC Internacional.
Rebanadas de Realidad - Buenos Aires, 20/11/08.-
Hace unos días en ocasión de la muerte de un, por su fortuna, “prestigioso” mega empresario chileno me sorprendió leer en su obituario la mención de sus frecuentes elogios a la codicia a la que según él mismo debía sus millonarios éxitos, condición a la que por lo tanto consideraba motor del desarrollo y del progreso.
Del desarrollo y del progreso obviamente personales si tal puede considerarse la acumulación de lucro y de riquezas, conceptualmente tan distantes de lo que humanamente deberíamos entender por progreso y desarrollo.
Pero por lo visto no se trata de un caso excepcional sino que efectivamente esta, por lo general inconfesa condición, reconocida, asumida y elogiada por el mencionado empresario atraviesa hoy en día todos o casi todos los emprendimientos, especialmente mineros del globo, dejando a su paso terrible secuelas de destrucción, de muerte y de miseria.
Casi al mismo tiempo el periódico chileno comentaba dos noticias similares: tanto en aquel país como en la Argentina se congelaba en un caso y se vetaba en el otro leyes similares destinadas a proteger las más importantes fuentes de agua potable de ambos países, los glaciares y ventisqueros que constituyen las reservas hídricas más valiosas de la región.
Y en ambos casos la razón de este despropósito se basaba, por lo menos en los considerandos del veto a la ley argentina, en la intención de evitar que esa protección repercutiera “negativamente en el desarrollo económico y en las inversiones que se llevan a cabo” en las provincias en que existen emprendimientos mineros.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Pascua Lama- Veladero, ubicado a ambos lados del límite argentino-chileno en que se están realizando precisamente actividades que según la ley vetada pueden “afectar a los glaciares tales como: la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de obras de arquitectura o infraestructura (exceptuando a las de investigación científica), la explotación minera o petrolífera, y la instalación de industrias o de desarrollo de obras industriales”. Sin mencionar la difundida amenaza de desplazarlos de su lugar de origen lo que de por sí constituiría uno de los más graves atentados ecológicos jamás realizados o lo que es peor un verdadero ecocidio.
Los glaciares son como ríos de hielo que se forman debido a la acumulación y al propio peso de la nieve durante períodos prolongados en condiciones de frío extremo y en consecuencia solo pueden encontrarse en Groenlandia, en las tierras australes de nuestro continente o en las cumbres más altas y constituyen los más importantes reservorios de agua dulce del planeta uno de los recursos más escasos y seguramente más disputados del futuro. Sin embargo no solo se hallan amenazados por el calentamiento global sino que son objeto del menosprecio más absoluto por parte de los gobernantes que tienen el deber de preservarlos para responder a las necesidades de la gente para privilegiar en cambio el interés y la codicia de las transnacionales mineras que no solamente se llevan nuestros metales a precio vil sino que comprometen el futuro de todas las poblaciones de la región, actuales y futuras.
Ciertamente es hora de preguntarse ¿de qué desarrollo, de qué progreso nos están hablando?
De exigir definiciones ¿a qué llamamos desarrollo? ¿a qué progreso? Cuando la situación se vuelva irreversible será demasiado tarde.
Sida, obesidad, diabetes, dependencia química, suicidio, desnutrición son algunas de las aflicciones que enfrentan los pueblos indígenas en la actualidad. Atropellados por el "progreso económico y tecnológico", los aborígenes las padecen cada día que pasa en tierras americanas. Con el objetivo de revelar cómo el progreso está afectando a los indígenas, Survival International presentó en el mes pasado, el informe "El progreso puede matar: cómo el desarrollo impuesto sobre pueblos indígenas destruye su salud".
En el documento de 61 páginas, Survival International resalta que el "progreso" está poco cuestionado en la actualidad, siendo simplemente encarado como una ventaja para todos los pueblos. Sin embargo, lo que se ha observado es que la imposición del desarrollo ya destruyó y todavía destruye a muchos pueblos indígenas. Según el informe, para los indígenas, la imposición del progreso nunca les trae una vida larga y feliz, sino una existencia corta y desoladora, con la muerte como única escapatoria.
"El progreso impuesto ha destruido a muchos pueblos y amenaza a muchos más. Unos lo saben y deciden mantenerse aislados. Otros tienen una relación más estrecha con los foráneos; algunos reciben atención sanitaria destinada a mitigar la devastación a la que se enfrentan. Como una paradoja mortal, la asistencia sanitaria "moderna" disponible para los indígenas nunca es suficiente -ni siquiera en los países ricos- para contrarrestar los efectos de las enfermedades introducidas y la devastación generada por la pérdida de sus tierras", se destaca en el documento.
Sin embargo, el estudio no niega las ganancias obtenidas por la ciencia, ni defiende una visión romántica que evoca una mítica edad de oro. Además, no es estar en contra de los cambios, pues todas las sociedades cambian constantemente. Pero recuerda que a pesar de que los pueblos indígenas que viven en sus propias tierras son pobres en términos monetarios, su calidad de vida y salud es, con frecuencia, visiblemente mejor que la de muchos de sus compatriotas: "Las estadísticas muestran que cuando se los fuerza a abandonar sus tierras, su salud y su bienestar se deterioran, y las tasas de depresión, adicción y suicidio se disparan".
Los números comprueban el posicionamiento del estudio. Para los aborígenes australianos, el progreso significó desplazamientos, empobrecimiento y la destrucción de las comunidades. La esperanza de vida de los indígenas entre 17 y 20 años es menor que la del resto de los australianos. En comparación con los australianos, los indígenas tienen seis veces más probabilidad de morir en edad infantil y por infarto, ocho veces más probabilidad de morir por infección pulmonar o cardiaca y 22 veces más probabilidad de morir de diabetes.
El índice de suicidios entre los innu es de más de 180 por 100.000, que comparado con la tasa de 12 por 100.000 del resto de Canadá es significativo.
Entre enero y octubre del año pasado, 16 niños guaraníes menores de nueve años murieron en la comunidad Japora por desnutrición en Mato Grosso, Brasil. Los guaraníes tienen una de las tasas de suicidio más altas del mundo: 1% de su población se suicidó entre 1985 y 2000.
Más de un tercio de la población parakaná (Brasil) murió como consecuencia de una epidemia después de tener contacto con otras personas. En 1971, esfuerzos del gobierno brasilero para el establecimiento de "contacto amistoso" con indígenas introdujeron la gonorrea entre los parakaná. Funcionarios gubernamentales infectaron a 35 mujeres indígenas; algunos de sus hijos nacieron ciegos.
El estudio puede encontrarse en: www.survival.es/elprogresopuedematar
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
Comunicado del Foro de Pensamiento y Construcción Social
sobre el veto presidencial a la ley de protección de los glaciares
21 de noviembre de 2008
Con la sanción, el 22 de octubre de 2008, de la "Ley de Presupuestos mínimos ambientales de Protección de los glaciares y ambiente periglacial" (ley 26.418), Argentina iba a disponer de un primer instrumento para cumplir con su deber de cuidar nuestras fuentes de agua dulce. Pero el 10 de noviembre de 2008, con el decreto 1837/2008,
El texto de esta ley, elaborado con el asesoramiento del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), disponía dos medidas principales: la creación de un Inventario Nacional de Glaciares, y la prohibición de la exploración y explotación minera o petrolífera en los glaciares y en el ambiente periglacial saturado en hielo. Por lo tanto, la ley impedía la realización del mega-proyecto binacional Pascua-Lama, en la frontera argentino-chilena en la zona de San Juan. Detrás de este proyecto minero de una inversión inicial de 1500 millones de dólares, está la poderosa multinacional Barrick Gold.
Este veto muestra que el gobierno elige privilegiar los grandes intereses económicos sobre la vida del pueblo. La presidenta no toma en cuenta el contexto internacional actual, de una preocupante escasez del agua; este recurso, además de ser fundamental para la vida, se está volviendo unos de los recursos estratégicos más importantes. En Argentina, todavía el 20% de la población rural no tiene acceso a una fuente mejorada de agua potable[1]
. Esta situación contrasta de manera inadmisible con el uso irracional de este recurso por algunas empresas, como Minera Alumbrera Ltd, que consume alrededor de 100 millones de litros de agua diarios con el permiso de las autoridades públicas. En lugar de proteger nuestro medio ambiente, la decisión presidencial es continuar provocando daños irreversibles.
Además, los argumentos presidenciales son inadmisibles. Como lo reconoce la propia Presidenta en los fundamentos de su decreto, ese veto es producto de las presiones de los gobernadores de las provincias mineras, como José Luis Gioja de San Juan, y de
En primera instancia, esa ley fue aprobada por unanimidad en
La vida no se negocia, recordamos el reclamo permanente de las Asambleas de ciudadanos autoconvocados: "el agua vale más que el oro". Al lobby de las poderosas multinacionales mineras y de los gobernadores mineros, tenemos que oponer la unión del pueblo, y exigir a nuestros representantes que actúen con coherencia y responsabilidad, defendiendo el derecho a la vida y a vivir en un ambiente sano.
Bienes naturales y modelo productivo; San Juan minero de aguas turbias
Ciudadanos organizados por la protección del medio ambiente, siguen dando batalla contra este despojo de recursos naturales y enriquecimiento de unos pocos en perjuicio de todos. La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) sanjuanina es una activa militante contra estas políticas de saqueo y expoliación que llevan adelante empresas trasnacionales con el visto bueno del poder político.
Para que no se crea que la explotación minera es un hecho consumado con la complicidad de todos los sanjuaninos, militantes de diversas organizaciones populares en defensa del medio ambiente resisten el saqueo y denuncian la contaminación.
No aparecen en ningún medio y no es casualidad, de eso se encarga el monopolio de medios que maneja la gestión del gobernador José Luis Gioja. El ninguneo.
Pero es imposible tapar el sol con las manos, y el tiempo dará la razón a quienes concientes de que hay que defender la tierra para las futuras generaciones, marchan contra este vaciamiento organizado.
Algunos datos
La minería a cielo abierto en el país es sinónimo de saqueo. En el caso particular de esta provincia para entender cuales son "los grandes beneficios" que dejan estas empresas, no hace falta bucear muy profundo, algunos datos y conceptos así lo revelan:
- Las empresas mineras contribuyen sólo migajas al Estado Provincial (comparado con lo que se llevan), con escasas retenciones, sin impuestos, y múltiples beneficios impositivos.
- Las regalías que aportan estos capitales (en su mayoría canadienses, estadounidenses y británicos), alcanzan el 3%. En otros países superan el 35 por ciento.
- Gozan de reintegros por las exportaciones, se les solventa combustible y energía eléctrica subsidiada.
- A cambio de esos "beneficios" realizan donaciones, financiación de pequeñas obras, auspicios de eventos, todo marketing.
- Hablando de permisividades, en San Juan estas empresas tienen la venia oficialista para empapelar la ciudad con carteleria que los señala como poseedores de normas ISO en el cuidado de medio ambiente, toda una ironía.
- Estas explotaciones en Argentina configuran una entrega, pues el Estado en sus diversas formas es cómplice de esta extracción indiscriminada de recursos naturales no renovables de valiosa importancia geoestratégica.
- La mano de obra ocupada (que no supera los mil puestos de trabajo), representa un ínfimo porcentual en el índice general de ocupación.
- No sólo se extrae el oro, también lucran con explotación de otros valiosísimos minerales. Y sigue la lista.
Resistiendo esta fabulosa transferencia de recursos, compañeros y compañeras pertenecientes al "Movimiento No a la Mina", "Ongamira Despierta", entre otros que se reúnen todos los martes en las plazas principales de la ciudad de San Juan, se plantaron este 20 de noviembre frente a la Legislatura Provincial y el Frente Cívico, para mantener vivo el rechazo, el repudio, para seguir manifestando que no queremos ser espectadores de este saqueo, para señalar a los responsables de un futuro San Juan contaminado.
Concientizar a la ciudadanía sobre las irreversibles consecuencias de esta actividad contra natura, es el mas digno de los objetivos. Así lo revela el mensaje: "Si a la vida, al agua pura, a la tierra; no a la minería contaminante del aire, el oro es solo un negocio para las empresas mineras; la responsabilidad es del Estado que permite que consuman y agoten nuestra fuentes de agua matando nuestras economías regionales; las mineras ya derritieron Toro 1, Toro 2 y Esperanza, Ley de Protección de Glaciares Ya".
Estos ciudadanos quieren, queremos, dejar a nuestros hijos una provincia con un medio ambiente sano con ese elemento vital que naturalmente fluye del reservorio natural cordillerano (fuente de vida para este Valle de Tulum), no esa imagen gris matizada por socavones, áreas muertas, flora y fauna desvastada.
Cabe consignar que la CTA San Juan es una cotidiana participante en la construcción de este movimiento de resistencia generalizada al saqueo de la explotación minera a cielo ambiente que contamina el agua y el medio ambiente y está volando a diestra y siniestra la cordillera.
Ley de glaciares
Esta ley (vetada por la presidenta Cristina Fernández), dejó al desnudo los peligros de la explotación minera.
Fue lamentable la situación vivida en estos días por los legisladores nacionales por San Juan. Casi se convierten, sin quererlo, en artífices de la defensa del agua y el medio ambiente, al votar recientemente a favor de la Ley de Protección de Glaciares. Luego vino la rectificación lógica, los representantes del pueblo sorprendidos en su buena fe "no se habían dado cuenta que esta norma entorpecía obras conjuntas con el vecino país de Chile".
El gobernador sanjuanino, señalado como el principal interesado en presionar a la Presidenta de la Nación para que vetara esta ley, tuvo que salir a justificar y excusar a sus legisladores. Pues lo más grave no era precisamente el riesgo que corrían esas "obras publicas" con el vecino país, sino que la Ley de Glaciares (aprobada por diputados y senadores), establecía claramente la necesidad de: "… preservar los glaciares y su ambiente, como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua, acompañada de un punto crucial: la estricta prohibición de "la exploración y explotación minera o petrolífera" en la zona de las fuentes de agua congelada,… mas clarito, le echamos agua.
Este episodio desnudó el peligro real que corre nuestro medio ambiente por la explotación minera contaminante. En ese contexto el Jefe de Gabinete, Sergio Massa, admitió que "gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación con lo dispuesto por la norma sancionada" porque afectaría inversiones y puestos de trabajo.
El único recelo de estos gobernadores es que tienen en sus provincias millonarios emprendimientos mineros como el de Veladero-Pascua Lama.
