lunes, 10 de noviembre de 2008

- Scioli echó a la subsecretaria de Niñez y Adolescencia -


Scioli echó a la subsecretaria de Niñez y Adolescencia

El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, decidió separar a la funcionaria del ministerio de Desarrollo Social que lanzó duras críticas contra la política oficial de Minoridad y que llegó a calificar de "catastrófica" la situación del área.

Voceros oficiales de la cartera confirmaron que la subsecretaria de Niñez y Adolescencia de ese ministerio, Martha Arriola, "ya no forma parte del equipo de trabajo desde el viernes, día en se decidió su separación del cargo".

En forma oficial, se explicó que los motivos de la decisión radican en que la funcionaria "no estaba conforme con la política oficial con respecto a temas de minoridad, que no sólo tienen que ver con los proyectos de baja en la edad de imputabilidad".

En declaraciones a los medios, Arriola arremetió duro contra la política oficial del área que conducía hasta la semana pasada, y criticó con aspereza los desempeños de los ministros de Seguridad, Carlos Stornelli, y de Salud, Claudio Zin.

"La inseguridad que vivimos no se resuelve criminalizando a los chicos", dijo Arriola con respecto al proyecto oficial que promueve el gobernador Scioli para bajar la edad de imputabilidad de los menores. Arriola fue más allá y denunció que se tomaron medidas de traslado y liberación de menores, sin la correspondiente autorización judicial.

"Por esas y otras declaraciones formuladas en privado y que llegaron a oídos del gobernador, es que se decidió el viernes pasado su separación", explicaron voceros oficiales.

En rigor, detallaron, la separación de Arriola se había decidido el viernes, "aunque se postergó por unos días para mantenerla a resguardo y tratar de tener una salida decorosa".

Por su parte, Zin calificó los dichos de Arriola de "una tontería y un disparate" que reflejan "la ignorancia y el desconocimiento" de la funcionaria.

Zin dijo además que le gustaría "mostrar los testimonios escritos de la gente que está siendo atendida y la familia que es contenida, cada vez que llega algún adolescente descompensado por alguna sobredosis".

"Esta señora debe hablar de otra provincia, seguramente viaja mucho y ha visto cosas que pasan en otros lugares del mundo, porque acá, en Buenos Aires, nosotros estamos trabajando en materia de las adicciones desde el primer día de mi gestión", disparó Zin.

El titular de la cartera sanitaria defendió su gestión al remarcar que el viernes pasado, en el marco de una reunión con directores de hospitales, presentó un manual de procedimiento "para que todo el mundo haga lo mismo cuando haya que atender un tema de esta naturaleza".

¿De qué estamos hablando?

Por Martha Arriola *

Nació el 2 de junio de 1990. Cuando comenzaba la década del vendaval neoliberal. El 11 de diciembre de 1996 un juez dispone su internación junto a sus seis hermanos. Edades de los chicos: entre dos y nueve años, aproximadamente. El informe de un psicólogo del entonces Consejo del Menor y la Familia da cuenta que los chicos están bajo crisis de angustia porque, según su relato, fueron abandonados por la mamá y no saben por qué. Hay varios informes y movimientos. Uno, del 3 de febrero de 1997 refiere que él “vive en una villa de emergencia. La madre en el día de la fecha solicita la intervención a causa de malos tratos del padre. Presenta lesiones en la espalda y quemaduras de cigarrillo”. Los hermanitos pasan por distintos institutos. Su primera “fuga” fue el 2 de julio de 1997, acaba de cumplir 7 años. Al día siguiente se solicita al jefe de Policía su captura. El 18 de julio es capturado, junto a otro chico fugado, y se los interna en otro Hogar. Se fuga. Desde 1997 a 1999, se produce una serie de fugas, capturas, traslados. El 3 de marzo de 1999, el Equipo Técnico del Registro realiza un informe donde señala: “En la entrevista se muestra totalmente reactivo, no responde preguntas y amenaza con fugarse. Usa los crayones y hace un dibujo. Parece un niño inteligente, que agrede y transgrede todo el tiempo, con una evidente ambientación callejera. Alcanza a decir que quiere estar con sus hermanos...”. Se fuga. El 6 de noviembre de 1999, la Policía solicita al director de Admisión de Menores, por disposición del Tribunal de Menores que lo aloje en algún instituto, se le “instruyen actuaciones por infracción al Artículo 10, Ley 10.067”. El 15 de noviembre de 1999, se informa al Tribunal su fuga. Termina la década.

El 12 de junio de 2000, se dispone nuevamente su internación. La historia se repite.

El 9 de febrero de 2001, poco antes de que el país se derrumbase con el terremoto de diciembre, se produce un informe profesional del Tribunal: “10 años, internado desde 8/2/2001 por trastornos adaptativos”. “Lúcido, coherente, colaborador. Antecedentes de consumo de cocaína y marihuana. Personal de enfermería refiere: hiperquinético, agresivo y no acepta límites”. Por el informe también podemos saber la medicación que le suministran: “Tegretol 200 mg (3c), Rivotril 2 mg (3c) y Nozinam 25 mg (1 y medio c)”. Recibió, además, Etumina, Fenergan, Ampliactil. El diagnóstico: enfermo mental, reviste forma clínica de trastorno adaptativo. Debe permanecer internado. Va y viene, a través de distintas disposiciones, de clínicas a institutos. El 18 de octubre de 2002, el Tribunal dispone su internación en un instituto “teniendo especial consideración a que padece patología adictiva al pegamento”. Vuelven las fugas y recapturas. Para el 2003, ya se dispone su internación en un instituto cerrado. Tiene 13 años. Ha pasado de lo “asistencial” a lo “penal” sin que se diera cuenta casi. Se basan en la conducta delictiva que ha comenzado a manifestar. Tentativa de robo calificado. “Dada peligrosidad para sí y para terceros, cantidad de hechos delictivos, gravedad de los mismos y reiteradas fugas de institutos y centros de contención”.

El 31 de julio de 2006, se realiza una interconsulta psiquiátrica: “Se considera al joven débil mental, en estado agudo –enuresis y encopresis—, que intentó suicidarse con una sábana”. Tiene 16 años.

De esto estamos hablando.

* Subsecretaria de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense.

ENTREVISTA A MARTHA ARRIOLA,

SUBSECRETARIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA BONAERENSE

“De los pibes se habla recién cuando delinquen”

No está de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad. Pero, además, asegura que el debate debe centrarse en cómo rescatar a los pibes de la marginalidad en la que los abandona el Estado. “Los violentamos –dice–. Después delinquen y nos rasgamos las vestiduras.”

Por Horacio Cecchi

“Empezamos a hablar de los pibes cuando el pibe aparece armado y comete un delito, y mientras tanto tenemos cientos de miles de pibes en una situación crítica y tenemos que ir por ellos, no cuando la situación se transformó en una situación punible, porque ahí ya perdimos el partido.” Que lo diga un funcionario a la fecha es una marca diferencial. Pero si es un funcionario del gobierno bonaerense, es como decir que marcha contra la corriente política. En realidad, Martha Arriola, subsecretaria de Niñez y Adolescencia de la provincia, marcha en dirección de los derechos del niño, que hoy no es poco, cuando la respuesta política más fácil a los reclamos de mayor seguridad es cargar el peso sobre los hombros de los adolescentes. Durante una entrevista exclusiva concedida a PáginaI12, Arriola aseguró que “de los pibes nadie habla, los violentamos desde chicos, y nos acordamos de ellos cuando ya están armados y cometen un delito, y entonces nos rasgamos las vestiduras”.

–¿Qué opina del debate por la edad de imputabilidad? Es el propio gobernador Daniel Scioli el que lo saca a relucir.

–En primer lugar es una muy buena actitud de un gobernante hacerles frente a los problemas que más golpean, preocupan, inquietan, es una situacion compleja, y hacerle frente me parece una actitud importante. Lo que también entiendo es que la sociedad argentina se debate en estos temas porque está impactada, son temas que dividen posiciones, incluso juristas prestigiosos hablan de la baja de la edad de imputabilidad en un debido proceso, mientras otra parte de la comunidad planteamos que el tema es mucho más profundo, que no se trata de bajar la edad de imputabilidad sino de trabajar para recuperar una vida digna. En ese sentido llevamos un debate que el mismo gobernador invita a discutir. Es interesante ver que en el propio gabinete se repite el debate, y cada uno defiende su posición, y me parece bien porque estamos en una sociedad abierta.

–¿Y cuál es su posición en ese debate dentro del gabinete?

–Como subsecretaria de Niñez y Adolescencia tengo que defender los intereses de los pibes; velar y proteger el pleno cumplimiento de sus derechos. Tenemos una ley muy importante, la 13.298, que es la ley marco, el sistema de promoción y protección de los derechos de los pibes que plantea la intervención de todas las áreas para hacerle frente al problema de educación, de salud, prevé la creación de servicios zonales... Avanzamos mucho en la consolidación del sistema, aun con escasos recursos.

–¿Cuál es el presupuesto?

–Es uno de los problemas que enfrenta la aplicación de la ley. Lo burocrático. El área tiene el 12,7 por ciento del presupuesto del Ministerio. De cada 100 pesos, 12,7 son para Niñez y Adolescencia.

–¿En números redondos?

–Son 190 millones anuales para cumplir con la ley de promoción, para hacer frente a los servicios zonales, que son equipos multidisciplinarios que trabajan en cada una de las 25 regiones en que se divide la provincia. Nosotros hasta ahora pudimos organizar 20.

–¿Y cuál es la función de los servicios zonales?

–Si un pibe tiene problemas de violencia en su familia y necesita de un acompañamiento de un equipo para generar nuevas condiciones de vida para ese niño y su familia, interviene el equipo zonal, acordando su trabajo con los servicios locales. Cada municipio que hace su adhesión explícita a la ley 13.298, se hace responsable de armar una estructura en el territorio del municipio para tener en cada barrio un servicio que articule con el servicio zonal, para trabajar todas las causas que antes eran judicializables. La gran novedad que trae la 13.298 es que no judicializa más la pobreza.

–¿En qué consiste el servicio?

–Un grupo integrado por un psicólogo, un abogado, un trabajador social, a veces un médico, que va recibiendo los problemas en el barrio, y empieza un tratamiento, un abordaje con la familia y el pibe. Problemas de adicciones, problemas vinculados a la pobreza, a la deserción escolar. Pero si no hay distintas estrategias, no pasa de ser un servicio que asiste pero no es de restitución de derechos. Propusimos en cada barrio la organización de mesas de niñez y adolescencia integradas por asociaciones barriales, referentes de la unidad sanitaria y la escuela, o sea el Estado. Esa mesa trabaja generando un diagnóstico de situación en el barrio. La subsecretaría brinda la capacitación en el barrio. Entonces aparecen problemas como los pibes que hacen esquina, que no van más a la escuela, los adolescentes que se sienten excluidos, y que poco a poco tienen necesidad de un peso para el baile, su ropa, y muchas veces en estas situaciones de exclusión, de ausencia del Estado, de desamparo, se pasa rápidamente al primer delito. Esta situación es recibida por esas mesas. Es una de las situaciones más críticas. Qué hace el Estado, qué hace la subsecretaría: diseñamos el Programa de Integración Comunitaria. Propone ir al encuentro de los pibes por medio de tutores que son sus referentes adultos en el barrio. Porque la primera situación quebrada en esos pibes que hacen esquina es que no tienen referencias adultas confiables.

–¿Cómo es eso?

–Por los servicios zonales que hicieron un diagnóstico, sabemos que este año se asistieron más de 80 mil casos, y los tres motivos predominantes fueron maltrato infantil, abuso sexual infantil, y negligencia de los adultos en el tratamiento de los pibes.

–Como para que confíen en los adultos...

–Pero siempre hay algún adulto que tiene diálogo con ellos. Entonces el trabajo es ir a buscar a ese referente, que será uno de los tutores; otro tutor tendrá un perfil sociolaboral y el otro, socioeducativo. El Estado provee becas para los tutores y para los chicos, que incluye que ellos mismos generen un proyecto deportivo o lo que sea, con un monto de hasta cinco mil pesos que provee el Estado para desarrollar ese proyecto. La clave del programa es que hay que restituir la imagen del adulto. Los pibes están hechos bolsa, como dice el ministro Arroyo, después de años de neoliberalismo, generaciones que fueron sacadas del contrato social. Hay que ir al rescate de los pibes, con adultos que entiendan sus códigos.

–¿Pero cómo avanzar en este marco de hostilidad?

–El núcleo del asunto es que la subsecretaría tiene que tener un instituto autárquico, que pueda disponer de su propio presupuesto y que pueda distribuir los empleados que ahora están burocráticamente concentrados. Se cambió la ley, pero no la estructura de un Estado burocrático que como está no puede dar respuestas rápidas. Creo que ahí hemos fallado, porque no logramos imponer la noción de la magnitud del problema y lo que se impuso es la mirada desde la lectura de la seguridad. Por eso, quiero decir que entramos en el tema de los pibes mal. Entramos por la arista del delito, entonces planteamos como primera respuesta la baja en la edad de imputabilidad. Mal. Con qué liviandad el jefe de policía Daniel Salcedo sale a decir que los chicos cometen 1 millón de delitos por año, cuando en la provincia, en total, incluidos los adultos, los delitos rondan los 300 mil. Cómo puede ser que se equivoque en dos ceros.

–¿Es un error?

–Bueno, Salcedo después salió a rectificarse, pero la bomba de tiempo ya está plantada. Porque cuando un alto jefe de seguridad suelta estos datos, a nosotros se nos llenan inmediatamente de emergencias los servicios, porque es como una señal que se baja y la policía parece que actúa con más fiereza, levanta pibes, se genera como una alarma y si el problema de inseguridad está en los pibes hay que ir por ellos.

–El viernes la Corte bonaerense sacó una acordada crítica al gobierno.

–Nos pega y en parte tiene razón y en parte no. Rescatemos a los pibes antes de que delincan, pero mientras, los que ya cometieron un delito que se responsabilicen, que aprendan que se deben responsabilizar, pero con su debido proceso. La ley habla de las medidas alternativas que deben cumplirse en centros bajo la tutela de equipos. Pero de 120 equipos que era el piso de este año, apenas designaron 39. Entonces la Corte dice que el Ejecutivo no tiene lo que tiene que tener.

–¿Y en qué no tiene razón?

–Había situaciones de chicos presos y sin dictarles prisión preventiva desde hacía tres años. La situación es ilegal. Nos reunimos con los jueces, pedimos que se definiera la situación. Algunas jurisdicciones aceptaron y dictaron las preventivas o liberaron. Otras no. En los casos de inactividad judicial, trasladamos a los chicos a los centros específicos bajo la tutela de los equipos. Y los jueces que no se movían pusieron el grito en el cielo.