Y seguirán diciendo que hay hambre y pobreza porque los recursos son escasos.
Según el informe del observatorio Hunger Watch, que lleva por título "El Hambre Estacional" y que ha sido publicado por Acción contra el Hambre, tratar a los 19 millones de niños que padecen desnutrición aguda grave en el mundo no costaría más de 3.049 millones de euros, una cifra que incluye el tratamiento nutricional completo de cada enfermo y la producción local de alimento terapéutico necesario, el denominado Ready To Use Therapeutic Food (RUTF).
Por otro lado, y calculando por lo bajo, se estima que el plan de rescate de Estados Unidos más el de recapitalización de entidades de crédito en Europa pueden tener un coste final de 2 billones de dólares. Por lo tanto, si dividimos esos 2 billones entre los 3.049 millones anteriores y lo multiplicamos por los 19 millones de personas cuya desnutrición se alivia con esta última cantidad, resulta que con el dinero que se ha puesto a disposición de los bancos se podría evitar el hambre de ¡¡¡más de 12.400 millones de personas!!!!
Y seguirán diciendo que hay hambre y pobreza porque los recursos son escasos.
Juan Torres López es catedrático de Economía de la Universidad de Málaga. Su web personal: http://www.juantorreslopez.com
COMO SE DEFIENDEN EN LA VILLA 31 POR LAS CONSTRUCCIONES
Polémica en altura
Aclaran que trabajan levantando torres. Y que saben cómo hacer sus casas. Esta semana se hicieron oír con un corte de la Illia. Aquí explican cómo construyen y por qué critican a Macri.
Por Emilio Ruchansky
Son miles de albañiles que parten de madrugada, como a las 5, y van a pie desde las vías del ferrocarril San Martín hasta al centro de la ciudad para construir nuevos rascacielos, como el Chateau Puerto Madero de 47 pisos. Tienen años de oficio pero no terminaron de construir sus propias casas en la Villa 31 Bis, donde tuvieron que instalarse hace poco tiempo, después de “caerse del sistema”, dirá uno de ellos, por el aumento indiscriminado de los alquileres o porque el sueldo no alcanza para otra cosa. Construyen departamentos cuyo metro cuadrado ronda entre los dos y cuatro mil dólares. Y de repente el ingeniero Mauricio Macri afirma que sus casas son “precarias”, que conviene demolerlas porque se pueden caer. Son miles de albañiles que no comparten la preocupación del jefe de Gobierno y que además se sienten insultados.
“¡O qué se piensa Macri! ¿Qué a mí me gusta vivir acá?”, contesta frente a su casa Darío Baez, ubicada entre la Terminal de Micros y las vías cercadas con rejas y alambres de púa. “Si se hubiera preocupado por nosotros, no estaríamos acá. Primero. Segundo: la única opción que había, que hubo, que hay, es meterse en una villa. Tercero: si me voy de Buenos Aires pierdo mi trabajo”, enumera Baez, que hace poco dejó la construcción “para afuera” y se convirtió en el encargado de un restaurante en Palermo.
A mediados de los ’90 se vino de Puerto Iguazú, Misiones, porque había “buen trabajo” en Capital pero se le complicó todo. Hace cuatro años su sueldo se estancó y el alquiler de su departamento en Boedo subió de 350 a 600, luego pasó a 800 y se clavó en 1000. El ganaba 1500 y no alcanzaba con las changas de su mujer para alimentar a sus tres chicos. Ahora está terminando los cuartos del primer piso donde vivirán otros familiares que vienen desde Misiones y el segundo donde planea dormir con su mujer y sus tres hijos. La planta baja es la cocina-comedor que todos comparten, con horno a gas, cerámicos, mesadas, paredes revocadas y pintadas. El frente es de ladrillo común, “mucho mejor que el ladrillo hueco”, y la casa se sostiene con tirantes de concreto sobre los que se posan planchas de telgopor con hormigón encima.
Puso lo mejor que consiguió en un villa donde todo se recicla, hasta las viejas puertas tijera de los ascensores, que se cambiaron por ley y que en la Bis tienen cerradura. Las casas más nuevas también están armadas con lo que cirujean los cartoneros y venden al público: chapas, maderas, plásticos. Hay pilas de cemento y arena en las calles de barro. “Esto está creciendo mucho”, dice Baez. “La mayoría son gente que viene de las casas que desalojó el gobierno en Capital, muchísima gente”, agrega Giovanna Montes, la mujer designada por la delegada Mónica Bustamante para acompañar al cronista de PáginaI12. En los pasillos reina la tranquilidad. Un cabo se da el gusto de vigilar el asado, preparado en un parrilla fija al lado del destacamento policial que está bajo la autopista Illia.
Ella también es nueva y se queja de lo difícil que se puso la situación entre los de la Bis y los viejos residentes de la Villa 31. “Nos cuesta mucho conseguir luz y agua, a veces no te lo prestan o quieren que te vayas porque no podés construir tu casa –reconoce–. Nosotros queremos pagar por los servicios, pero nadie los ofrece. Para los viejos es más fácil porque la casa es de ellos o porque tienen piezas para alquilarles a otros.” La única solución que la dejaría conforme es la urbanización de ambas villas, sería más barato que “echar a la gente, demoler y construir”.
Su rancho se lo regateó a unos cartoneros por cuatro mil pesos y pelea a diario con los antiguos punteros para conseguir planes del Estado. Mucha gente que hoy tomó nuevos terrenos ya alquilaba dentro de la propia villa. La mudanza no parece fruto del ánimo expansionista, sino de los tiempos de crisis. O al menos, eso confirma esta mujer oriunda de Cochabamba que también asegura que “Macri dividió al barrio porque hay gente que recibe subsidios y gente a la que le ofrecen irse a vivir a algún lugar de la Patagonia”. De hecho, Enzo Pagani, el diputado del PRO que negocia con los vecinos, hizo dos mesas de trabajo bien separadas: una para la Villa 31 y otra para la Bis. Mónica Bustamante define la estrategia con un refrán: “A río revuelto, ganancia de pescadores”.
El siguiente albañil también se apellida Báez, pero no es familiar de Darío. Su nombre es Lucas, tiene un cuerpo enorme, manos enormes y enormes modales. Está construyendo una casa de tres pisos en la Bis. “Acá no hay humedad de cimientos”, bromea. “Me parece rara la preocupación de Macri –sigue–, somos todos villeros los que hacemos las casas de ellos, cómo no vamos a hacer bien nuestras casas. Es más, nuestras casas están mejor hechas que las de ellos. Ves ese techo: tiene chapón fenólico, sale 180 pesos el metro cuadrado. ¿Sabés cómo queda? Un lujo. Ni en pedo lo vas a ver en los departamentos del centro.”
Lucas Báez arma un presupuesto a pedido PáginaI12. Una casa de cuatro cuartos en la Bis, con baño compartido, cuesta ocho mil pesos de mano de obra y quince mil en total con materiales incluidos. Trabaja con vigas de acero, pilares de hormigón y hierros. Casi no hay techos sostenidos con tirantes de madera. “Estas casas son eternas”, remata. Su papá se instaló en el ’74 y todavía no terminaron su propio hogar. Cuando sobra plata, la invierten ahí. Pero nunca sobra. Las construcciones en la villa las cobra “por tanto”. En el resto de la Capital gana más porque cobra por día. A metros de él, el dueño de una Toyota Hilux de patente paraguaya le baja el volumen a la música de la camioneta con un control remoto.
“Acá hay peones, albañiles, oficiales, capataces, maestros mayores de obra”, distingue Báez. Las construcciones “dependen del filo”, pero tienen buenos cimientos, de hasta un metro para abajo y en algunas hay balcones. Afuera trabajan desde las 7 hasta las 18, en negro y mayormente en el nuevo barrio de Puerto Madero. La mayoría de los albañiles tiene tonada guaraní o del altiplano. Si los echan de la villa, esos edificios nunca se van a terminar. “A menos que estén pensando en sacarnos de acá cuando los terminemos”, piensa en voz alta el joven.
Para ahorrar material, todas las casas que tienen más de una planta evitan las escaleras de cemento. Instalan escaleras caracol de acero. Uno de los argumentos centrales dados por el macrismo a la jueza Cecilia de Negre es que las casas de la 31 y la Bis son de más de tres pisos y que “no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad edilicia”. Días después, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, admitió que buscan “detener el crecimiento”.
Los materiales para edificar siguen entrando a la villa, pese a que uno de los corralones fue clausurado días atrás. Entre todos los asentamientos de Capital Federal, coincidieron los consultados, la 31 y la Bis son los más tranquilos. “Sí, hay drogas, pero si la policía viniera y nos pidiera las direcciones de los dealers se las daríamos con gusto, igual los policías no necesitan saberlo. Si ellos van y vienen a las casas de los narcos para pedirles plata”, explica otro vecino.
Nadie piensa en que exista la sola posibilidad de erradicación. “Sería masacre porque vamos a dar pelea”, anuncia Baez. Inquebrantable, el albañil misionero repasa todo lo que intentó antes de instalarse en la Bis. Pidió un crédito pero lo máximo que consiguió fueron 10 mil pesos, buscó más trabajo o algo más barato para alquilar y no encontró. “Era salir a robar o venirme acá. Soy como todos mis vecinos: gente que se cayó del sistema”, reflexiona. En un momento, mientras explica que la cantidad de habitantes supera los 40 mil oficiales, tiene un acto fallido y dice “presos” en vez de “personas”. La confusión sucede en el mismo momento en que se plantea que no hay espacio físico para reubicar a los habitantes de las villas en la Capital. Y pide disculpas por andar dándoles ideas a los que quieren echarlo.
Los señalados
El ciclo se cumplió de nuevo. Después de la muerte del ingeniero Barrenechea, las acusaciones volvieron a apuntar a la villa de San Isidro. Sus habitantes se quejan de los prejuicios y dicen que la inseguridad la padecen ellos. Aquí, una recorrida en el barrio y los testimonios de sus vecinos.
Por Carlos Rodríguez
–Son malvivientes –sentencia Inodoro Pereyra en alusión a los indígenas.
–Delincuentes –corrige Don Sosa, un estanciero con aires blumgberianos que siempre anda pidiendo cárcel para el cacique Lloriqueo.
–No, malvivientes. Viven mal –replica Inodoro.
La historieta del maestro Carlos Fontanarrosa podría aplicarse hoy a la realidad de las 15 mil personas que viven en La Cava, estigmatizadas como presuntas responsables del último rebrote de “inseguridad”, a partir del asesinato, en la zona residencial de San Isidro, del ingeniero Ricardo Barrenechea. Primero el intendente local, Gustavo Posse, y luego el propio gobernador bonaerense, Daniel Scioli, señalaron a La Cava, y a las villas en general, como el foco generador del conflicto. “Es muy grave que un gobernador diga lo que dijo Scioli. Acá, todos saben que el 99 por ciento de la gente es honesta y trabajadora. Delito hay en todas partes y además, está probado que nadie de La Cava tuvo que ver en el caso del ingeniero.”
Tolentino Domínguez, de la Comisión de Tierra y Vivienda de La Cava, junto con su hijo Maximiliano, y con Hugo “Cholo” Abreu, un viejo vecino del barrio, acompañan a PáginaI12 en una recorrida donde tratan de demostrar que no son “todos delincuentes”, como insinúan algunos medios de prensa, y que por el contrario “viven mal” como consecuencia de interminables planes de vivienda que, desde el año 1974, vienen realizándose en cuentagotas. “Hoy La Cava se parece a Irak”, define Cholo mientras muestra los escombros de las viejas casas de la villa, derribadas por doquier luego de la inauguración –siempre parcial– del último plan de viviendas (ver nota aparte).
Un repartidor de soda cruza una parte del barrio y saluda a Cholo, que comenta: “A este chico lo robaban mucho. Yo le aconsejé que contratara como acompañante a un pibe del barrio. Me hizo caso y ahora no lo roban más”. Anécdotas de un barrio que, desde el 2003, tiene un cerco formado por uniformes. Primero la Prefectura, luego la Gendarmería, ejercen un control permanente de “prevención del delito”, que muchas veces incomoda a los habitantes honestos de La Cava. “A mis hijos, los gendarmes los vuelven locos. Los revisan a toda hora y eso que saben que con ellos no pasa nada. Todos saben dónde está la droga, dónde están los que roban, pero la Gendarmería y antes la Prefectura nos tratan a todos como si fuéramos ladrones. Ellos no están acá para cuidarnos, están acá para cuidar a los de afuera del ‘peligro’ que nosotros representamos. Eso no es justo. Mi familia nunca le robó nada a nadie”, se queja Alicia cuando se cruza con PáginaI12 en uno de los pasillos de La Cava.
Pablo Miño, de 23 años, nació y vive en el barrio, donde sus padres se afincaron desde hace más de cuatro décadas. “Es injusto que nos acusen de ser los responsables de la inseguridad. Los que no estamos seguros somos nosotros: no podemos tener viviendas dignas, cuando vamos a buscar trabajo nos discriminan porque somos de La Cava. Sólo se habla de las cosas malas que nosotros, supuestamente, hacemos, pero hay cosas buenas que nadie quiere ver.” Pablo trabaja para la Fundación Desarrollo a Través del Deporte y es el responsable del equipo femenino de handball Unión y Amistad de San Isidro (UASI), que hace una semana estuvo en Puerto Madero jugando un partido con chicas del Colegio Nacional de Buenos Aires.
Estudiante de psicología social en un instituto de Villa Urquiza que depende de la Escuela de Pichon Rivière, Pablo Miño dice que los que concurren al espacio deportivo –cerca de 300 pibes de entre 8 y 18 años–- “merecen que les den una oportunidad y están peleando para ello. No es justo que nos estigmaticen. Nosotros sabemos que hay problema con las drogas y con el delito, pero eso ocurre en todos lados, no sólo en La Cava. Lo que pasa es que no-sotros estamos mucho más indefensos. Con los pibes estamos haciendo un trabajo de acercamiento, de comprensión con los chicos de otros barrios, sin importar la condición social, para tratar de cruzar algunas barreras que parecen inaccesibles.”
Pablo dice que otros jóvenes de su misma edad que terminaron el secundario “están pensando en seguir carreras como psicología social o educación física. Están tratando de romper el paradigma de ser habitantes de La Cava. La discriminación que sufrimos es muy fuerte”. Como parte del plan de “acercamiento” con otros barrios y realidades sociales, el 12 y el 13 de diciembre se hará un encuentro de “actitud deportiva”. Participarán equipos de fútbol y hockey de clubes como River Plate o el San Isidro Club (SIC), y también de algunas provincias, entre ellas Jujuy.
El arquitecto Ezequiel Zapiola, que en 2005 había presentado un proyecto de viviendas para La Cava, asegura que en lugar de “estigmatizar a esta gente, habría que hacer algo por su seguridad”. Zapiola, que también hizo la recorrida, comentó el deplorable estado de la inmensa mayoría de las viviendas del barrio, las viejas y las nuevas. María Flores tiene cinco chicos. Hace una semana se mudó a una vivienda “provisoria”, hasta que le entreguen la definitiva. Las “provisorias” están construidas con ladrillones de concreto y techos de chapa, recubiertos por dentro con un nylon que –dicen los vecinos– “es tan inflamable como el techo de Cromañón”. A una semana de la inauguración, la casa tiene humedad en el piso y en las paredes. En el baño, el grifo de la ducha está instalado sobre la pared a dos metros de altura. María tiene que pararse en un banquito para abrir el paso del agua.
Susana Díaz vive en una casa “definitiva”, con sólo dos habitaciones cuando, al menos, precisa tres. La familia está compuesta por 14 personas. “Durante la noche todos soñamos lo mismo porque dormimos amontonados –ironiza Susana–. ¡A ver si le dicen al intendente (por Gustavo Posse) que se ponga las pilas y que ponga más empeño en solucionar los problemas del barrio! ¡Que venga a dar la cara en vez de acusarnos para la inseguridad!” Una mujer a la que todos conocen como La Chaca pasa a los gritos por otro de los pasillos al advertir la presencia de este diario.
Gisella Silva es una madre joven cuyo hijo Yair Ezequiel, de 2 años y cinco meses, estuvo internado con neumonía y bronquiolitis. “La intendencia (que es la que se encarga de entregar las nuevas viviendas) nos había prometido que íbamos a ser los primeros en mudarnos, por la enfermedad del nene. Mi papá hace 50 años que vive en La Cava. Hay vecinos con tres o cuatro años (de residencia) que ya se mudaron y nosotros seguimos esperando.” Los que están en las viviendas nuevas se quejan por la falta de espacio respecto de las viejas casas, las típicas de la villa. Los que están en las “provisorias” están que trinan porque todo es “demasiado provisorio” y los que siguen en las casas antiguas penan porque muchas de ellas, luego de soportar la entrada de camiones, topadoras y operarios, han sufrido golpes en su estructura y corren serio peligro de derrumbe.
Pablo Báez vive con su mujer y sus dos hijos, de 10 años y de 18 neses, en una casa sobre la que se está cayendo de a poco un árbol enorme, que fue removido en sus raíces por las topadoras. “Se la pasan hablando de la inseguridad, pero los que no estamos seguros somos nosotros.” Báez sostiene que están “en riesgo habitacional porque esto se nos puede caer encima de la cabeza y nosotros tenemos dos pibes. Además, ni siquiera les importa que nuestra familia tenga un antecedente trágico: a una hermana mía, de 13 años, se le cayó un árbol encima y la mató. En la Municipalidad me dijeron que iban a arreglar todo, pero todo sigue igual”.
El Cholo Abreu muestra las montañas de escombros producidas por las viejas casas que fueron tiradas abajo una vez que sus dueños fueron llevados a las nuevas. “En vez de despejar todo un sector de casas, para luego limpiar la zona y poder construir allí las nuevas viviendas, han hecho traslados y derrumbes aislados. ¿Cómo van a hacer para cumplir con el plan previsto, si cada casa derrumbada está rodeada por cuatro o cinco que siguen habitadas? ¿Quién fue el genio que ideó un plan que no puede seguir adelante de ninguna manera?”
Los únicos que no se quejan, en La Cava, son los que viven sobre unas tres cuadras, de riguroso asfalto, en la calle Río Bamba. Los vecinos lo llaman “el barrio privado de La Cava”. Allí viven familias que siempre estuvieron en la villa, pero el aspecto de las casas, todas de material, con tejados, altillos y lujos inéditos en la zona, hacen pensar en un “trasplante” que llegó de algún rincón residencial de Belgrano. También sorprenden los autos, todos cero kilómetro, que pueblan esas tres cuadras. “¡Esto es La Cava, eh!”, advierte con un tono de sorna El Cholo. Nadie acierta a saber cuál es la profesión de esos vecinos. La única certeza es que tienen buena relación con la intendencia, que en tiempo record les hizo asfaltar las tres cuadras, mientras el resto de los vecinos espera, desde hace años, que por lo menos se abran las calles
Entre escombros de la Bagdad porteña
Adjudican viviendas a familias de la Villa 3, pero al demoler sus casillas arrasan con las de los vecinos. Son 250 familias sin techo.
Más de 250 familias del barrio Fátima de Villa 3 –Villa Soldati– viven desde hace un mes en condiciones habitacionales deplorables, debido a la demolición de alrededor de medio centenar de viviendas con el objetivo de urbanizar la zona. “En noviembre de 2007 comienza una operatoria del Instituto de la Vivienda (IVC), para realizar un proyecto de uso público en el tercio central de la manzana 5. Las familias que vivían en el lugar serían las beneficiarias de 340 viviendas, que fueron construidas a estrenar. Pero, a medida que se fueron adjudicando las viviendas, empezaron a derrumbar las viejas casillas”, sostuvo Cecilia Calderón, abogada de la Asociación Civil por la Hermandad y la Justicia (ACIJ), una de las entidades que apoyan los reclamos de los vecinos. Al demoler las viviendas, arrasaron con medianeras dejando a los vecinos que aún permanecerán mitad en la Villa 3, mitad en Kosovo. Además, cerca de 50 familias residentes en el espacio del proyecto no lograron aún que el gobierno porteño les adjudique una nueva vivienda, y corren el serio riesgo de ser mudados a Bagdad.
No es Bagdad, es la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el espacio se asemeja a una zona de conflicto bélico. Los estrechos pasillos que describen la vulnerable geografía de la Villa 3 hace un mes empezaron a ensancharse producto de demoliciones realizadas por el gobierno porteño. Los hijos de Verónica, una vecina del barrio, parecen acostumbrados a jugar sobre los escombros, los vidrios y la basura que están desparramados por doquier. “Es un desastre. Las paredes de mi casa, por ejemplo, están por derrumbarse, se mueven todo el tiempo, como si fueran una hoja”, aseguró con tristeza Verónica, una de las supuestas beneficiarias del plan, que aún no fue mudada. Las canillas rotas por los derrumbes gotean formando enormes charcos sobre los escombros, donde perros, moscas y algunos niños se refrescan del calor. “Con las demoliciones hay el doble de bichos que los que teníamos antes. Las ratas y las cucarachas son gigantes. También el olor de las cloacas tapadas dan ganas de vomitar y, si llega a llover, las pestes y el agua nos van a tapar.”
Además de la precariedad edilicia e higiénica en la cual sobreviven los vecinos, en el barrio Fátima se padecen otras penurias. “En tu casa te pueden entrar ladrones por arriba, por el costado, por todos lados, porque cuando a una familia se le da la vivienda nueva inmediatamente le destruyen la casa vieja, y no les importa el agujero que te dejan y la gente que se te mete por ahí”, sostiene Elsa, que perdió parte del techo de su casa cuando demolieron la casilla que estaba arriba. Según Nercio, uno de los primeros integrantes de la villa desde su (re)construcción en los ’80, “también mucha gente está perdiendo el trabajo, porque si te vas mucho tiempo, te roban lo poco que tenés”.
La manzana se encuentra plagada de precarias viviendas, que a primera vista parecería que recién empiezan a construirlas. Sin embargo, son casas que han sido demolidas en parte o que se han visto afectadas por la destrucción total de la vivienda lindera. Hay habitaciones derrumbadas en medio de casas que están aún en pie, casillas con tres paredes porque se demolió la medianera que compartía con casas vecinas, cables eléctricos tirados y canillas rotas dentro y fuera de las viviendas. Sin embargo, la terrible situación habitacional del barrio podría haberse evitado. Según Calderón, “es terrible que los trabajos de derrumbe los esté haciendo gente que no está capacitada para eso. Son vecinos del barrio y no hay ningún tipo de coordinación, monitoreo o presencia de ninguno de los organismos responsables de este procedimiento”.
Por otro lado, la situación habitacional de los vecinos de la Villa 3 es todavía más angustiante. El viernes 31 de octubre, el Instituto de la Vivienda dio por finalizada la operatoria de inscripción para los beneficiarios de los nuevos departamentos. Natalia Belmont, otra de las abogadas que desde la organización civil Enlace Cual Derecho intenta mejorar las condiciones de los habitantes del barrio, aseguró que los vecinos se enteraron del cierre de las inscripciones “cuando fuimos nosotras a llevarles a las autoridades del IVC una lista con las familias que todavía están sin vivienda, pero que ya han salido adjudicadas como beneficiarias. Nadie les informó a los vecinos y lo peor es que la gente que está sin solución habitacional ya no puede hacer nada”. Para colmo, según lo relatado por los vecinos y luego confirmado por Belmont, “otro dato importante es que se cierra la operatoria habiendo 120 departamentos nuevos que todavía no se adjudicaron. O sea, se les cierra la posibilidad de solución a las familias que aún no tienen viviendas, habiendo departamentos sin adjudicar”. En definitiva, Elsa es quien mejor describe el panorama actual del proceso de urbanización porteño realizado en la Villa 3: “Mucho censo, mucho recibo de sueldo, declaraciones juradas y ahora nos quedamos bajo los escombros”.
Informe: Mariana Seghezzo.
