La agenda con Latinoamérica
José Luis Rodríguez Zapatero anunció ayer que en su segundo mandato su política hacia América latina se centrará en dos principios: contribuir a la estabilidad política y la cooperación. “Contribuiremos a la estabilidad política para consolidar las democracias y las relaciones entre los distintos países de Latinoamérica”, precisó. En segundo lugar, “la cooperación en el ámbito económico, social y cultural, para hacer más ricos todos los lazos que nos unen, para aprovecharnos tanto los países latinoamericanos como España de ese capital común que es tan poderoso”, añadió Zapatero. El líder socialista, que en abril iniciará su segundo mandato al frente del Ejecutivo (2008-2012), previa investidura en la Cámara, destacó que la prioridad de España es la Unión Europea (UE) y abogó por un mayor protagonismo europeo en política internacional. “Al decir que deseamos una mayor relevancia económica y política de la UE en el concierto internacional, estoy pensando en Latinoamérica”, afirmó Zapatero. El presidente recordó que la UE cuenta con una agenda con Latinoamérica, que tendrá “un momento culminante en cumbre UE-América latina de Lima”.
La pelea por el monopolio
Telefónica de España compró parte de Telecom de Italia, lo que puede reflejarse en Argentina, donde quedaría un monopolio de facto. El Gobierno tiene que decidir si lo bloquea e instaló dos veedores a estudiar la empresa. Su informe puede ser determinante, es crítico del nivel de poder de los españoles y revelador de las peleas internas.
Es la batalla empresaria más importante de los últimos años. El ingreso de Telefónica de España en Telecom Italia generó un terremoto en el mercado local de las telecomunicaciones. Si el Gobierno autoriza la operación en el país, los españoles tendrán participación en su único competidor relevante. La estrategia de los europeos es quitarle trascendencia al hecho al asegurar que la porción accionaria de Telefónica es minoritaria y no implica una toma de control. Sin embargo, el Grupo Werthein, socio local de Telecom, sostiene que la operación provocará un monopolio en el sector. En octubre, el gobierno designó dos veedores dentro de la empresa para evaluar la situación. Página/12 informó el miércoles en exclusiva que los observadores oficiales elevaron su informe final a fines de febrero avalando la posición de Werthein. Ahora este diario revela los detalles de ese documento donde no sólo interesan las conclusiones sino también la descripción de los enfrentamientos novelescos que se están dando dentro de la corporación. Allí se pueden leer los cuestionamientos del vicepresidente, Gerardo Werthein (“La compañía utiliza una metodología igual a la de un gobierno de facto”), la réplica de quienes creen que actúa para la tribuna (“Son agravios para mostrarse ante los veedores”) y hasta un impensado reconocimiento de Carlos Felices, presidente de la corporación, quien sostiene que “la presencia de Telefónica en Telecom Italia puede significar un riesgo”. El informe no es vinculante, pero el Gobierno se podría basar en su contenido para exigirle a Telecom Italia que se desprenda de Telecom Argentina o forzarla a realizar algún tipo de desinversión. En las gateras esperan pesos-pesado como el Grupo Clarín y Telmex, holding del mexicano Carlos Slim Helú, el tercer hombre más rico del planeta, quienes aspiran a incrementar su participación en un mercado que mueve más de 20.000 millones de pesos por año, con perspectivas de un incremento constante en la facturación (ver aparte).
La “intervención”
Los veedores oficiales estuvieron cuatro meses dentro de la empresa, durante los cuales participaron de reuniones de directorio, realizaron entrevistas y consultaron documentación interna para tratar de establecer el impacto que puede generar a nivel local el ingreso de Telefónica en Telecom Italia. El recibimiento que tuvieron no fue el mejor. En la primera reunión de directorio de la que participaron, el presidente de la empresa, Carlos Felices, cuestionó la resolución oficial que los habilitaba a ingresar a la firma por “juzgar imprecisas algunas de las facultades que la misma les asignaba”. Incluso en una de las entrevistas que tuvo con ellos les reconoció que los veía “como dos policías sentados en la mesa de mi casa”. Sin embargo, la decisión oficial no fue apelada.
La primera discusión relevante que presenciaron fue un encuentro informal de directores donde se revisó el proyecto del balance trimestral que se debía presentar ante la Bolsa de Comercio. Los hermanos Gerardo y Adrián Werthein plantearon allí que el documento estaba incompleto y solicitaron advertir sobre el efecto que podía provocar en Telecom Argentina el ingreso de Telefónica de España.
–Nosotros tenemos que informar lo que sabemos, informar fehacientemente para los inversores. La nota debe ser suficientemente explícita. El mayor daño es no exteriorizar lo que se sabe –aseguró Gerardo Werthein.
–La introducción de dicha moción perjudicaría el aspecto comercial y financiero de la compañía, provocando incertidumbre en el mercado –replicó Eduardo Garrido, director nombrado por Telecom Italia. Luego sostuvo que la Comisión de Defensa Europea y Anatel en Brasil, se habían expedido al respecto y consideraba que con eso era suficiente, lo cual no fue aceptado por los Werthein.
–La presencia de Telefónica en Telecom Italia, puede significar un riesgo –reconoció Carlos Felices, presidente de Telecom, también en representación de los italianos.
Según el informe de los veedores, esa sorpresiva respuesta fue “aceptada con beneplácito por Adrián Werthein, quien le contestó que se ponía contento porque luego de tanto tiempo escuchaba de su parte, lo que el Grupo Werthein venía sosteniendo”. Sin embargo, las diferencias no se saldaron.
Pelea por el balance
Una semana después, el 8 de noviembre, tuvo lugar la reunión formal de directorio para definir cómo se reflejaría el desembarco de Telefónica en el balance del tercer trimestre. Allí Gerardo Werthein aseguró que Felices no estaba cumpliendo bien su rol de presidente y volvió a reclamar que se tomen medidas concretas para proteger a la compañía, pues “hasta ahora se estuvo actuando de manera dilatoria”.
–Sus palabras son agraviantes y son hechas para mostrarse ante los veedores (...) hemos actuado por el bien, me siento tranquilo y seguro –le respondió Garrido, quien sostuvo que, mientras la autoridad de aplicación no sancione a Telecom Argentina, resultaba innecesario incluir en las notas al balance todo tipo de mención al tema.
–Vinieron los italianos (refiriéndose a que Telecom Italia envió abogados para redactar las notas adjuntas al balance) y recién cinco minutos antes de la reunión me pasaron la nota. No hay voluntad de trabajar haciendo saber los hechos que afectan o inciden en la compañía. Se utiliza una metodología igual a la de un gobierno de facto –respondió Werthein.
Luego sostuvo que las decisiones de la empresa no las estaba tomando Telecom Argentina sino Telecom Italia y volvió a cuestionar directamente a Felices:
–Muchas cosas me dijiste, que vienen de Italia, y que teníamos que manejarlo.
“Frente a ello, el presidente Felices guardó silencio”, dice el informe de los veedores.
Werthein insistió en remarcar los riesgos que supone el ingreso de Telefónica y cuestionó el informe externo elaborado por el abogado Juan Carlos Cassagne, quien recomendó no notificar la operación ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
–Cassagne fue director de Telefónica. Todo lo que toca intereses de Telefónica tiene un trato distinto. ¿Eso es una práctica transparente para los accionistas? Lo cuestiono profundamente –afirmó.
Luego de varios cruces más, Garrido volvió a remarcar que la operación es externa y no afecta a Telecom Argentina. A los pocos minutos, decidieron votar y los tres directores que representan a Telecom Italia rechazaron incorporar al balance una nota propuesta por Werthein, haciendo valer el voto doble del presidente. En ese momento, Werthein comunicó que se negaba a aprobar el balance en su conjunto y dejó expresado por escrito que consideraba insuficientes las explicaciones que brinda la compañía sobre las implicancias que supone el ingreso de Telefónica. Según su visión, ese vínculo societario le podría generar a la empresa la pérdida de la licencia para operar en el país.
La influencia italiana
Además de presenciar las reuniones de directorio, los veedores entrevistaron a los directivos de la firma en privado. Sus declaraciones sirven para precisar la incidencia que podría tener Telefónica en Telecom Argentina a través de Telecom Italia.
Jorge Gamaleiro, gerente de compras de la firma, les informó a los veedores oficiales que Telecom Italia aporta los precios de referencia de las compras que pueden realizarse y algunos listados de productos sugeridos. Javier Padusek, gerente de innovación tecnológica, reconoció que los italianos tienen intervención en la incorporación de tecnología. El director Eduardo Garrido manifestó que Telecom Italia “no decide cuestiones de inversión en detalle, sino en términos generales”. Mientras que Valerio Cavallo, director de administración, finanzas y control, aseguró que todos los meses Telecom Italia recibe información contable y presupuestaria desde Buenos Aires, algo que resulta obvio dado que es el accionista mayoritario, pero que resquebraja el discurso de supuesta “independencia” de la filial respecto de su casa matriz.
Otro vínculo se da a través de los “expatriados activos”, directivos que trabajan en Telecom Argentina, pero están a sueldo de Telecom Italia. El listado incluye a Cavallo, director de la estratégica unidad de finanzas; Simone Batiferri, director de la unidad de telefonía fija residencial y pyme; y Luca Varvello, director de tecnología informática personal.
El Grupo Pirelli también nombró personal de su confianza mientras controló Telecom Italia. Entre ellos se destacan Oscar Cristianci, director titular; Jorge Firpo, director suplente; Guillermo Gully, director general corporativo; y José María Peña Fernández, director de Abastecimiento, entre otros. Los veedores le preguntaron a Cristianci si creía que Telefónica de España podía llegar a aplicar la misma política de nombramientos ahora que había reemplazado a Pirelli. “Es posible”, aseguró.
Conclusiones
A partir de la información recopilada durante sus cuatro meses de trabajo, los veedores concluyen al final del documento que “la cadena de co-control sobre Telecom Argentina, no termina en Telecom Italia, Olimpia y Telco. Telco, se encuentra a su vez sujeta a la influencia sustancial de Telefónica de España. Tal circunstancia se encuentra, entre otros elementos, corroborada por los especiales derechos que Telefónica de España tiene en Telco, que no los tienen sus restantes socios de la misma”.
Además, en otro fragmento del informe, se sostiene que “aun prescindiendo del co-control que Telco ejerce sobre Telecom Argentina, y la influencia dominante y sustancial de Telefónica de España en Telco, es evidente que la operación de concentración económica en análisis permitirá que una de las compañías, para el caso Telefónica de Argentina, acceda asimétricamente a información sensible y estratégica de su principal competidor en Argentina”. Por último, destacan que “ese dato insoslayable de la realidad económica de los negocios, conllevaría graves riesgos a la libre competencia y provocaría un daño a la economía general y al consumidor por sobre todo, ya que en estas circunstancias, las ganancias de eficiencia no llegarían para beneficio del mismo”.
En el Gobierno afirman que todavía no hay un dictamen oficial sobre el caso. Sin embargo, el costo político que supone convalidar un virtual monopolio en el mercado de las telecomunicaciones no es menor, sobre todo ahora que los propios veedores oficiales certificaron ese riesgo.
QUIENES DISPUTAN ESTE NEGOCIO
La pelea por las redes
La pelea entre el Grupo Werthein y sus socios italianos por el control de Telecom Argentina es sólo la punta del iceberg. Por debajo subyace un enfrentamiento de mayores proporciones que tiene como protagonistas a Telefónica de España, la mexicana Telmex, propiedad del magnate Carlos Slim, y al Grupo Clarín. Estos tres jugadores se están disputando el control de las redes en un escenario de potencial convergencia tecnológica que les permitirá ofrecer telefonía, Internet y televisión. Para ellos los 20.000 millones de pesos que se facturan por año en el mercado de las telecomunicaciones son sólo el punto de partida.
Actualmente, Telefónica es la empresa mejor posicionada porque domina las telecomunicaciones locales y tiene un respaldo financiero extraordinario. Por ese motivo, viene haciendo un fuerte lobby para que el Gobierno le permita ofrecer televisión, servicio que sumado a la telefonía fija, la celular y a Internet conforma el cuádruple play. El Grupo Clarín, principal jugador del mercado de la televisión por cable a través de Cablevisión y Multicanal, hasta ahora frenó con éxito el desembarco español argumentando que la legislación no los habilita. Sus directivos saben que la ventaja financiera de Telefónica les permitiría comprar los mejores contenidos en exclusiva para utilizarlos como una zanahoria y así sacarles los clientes. De hecho, ésa es la estrategia que el propio multimedios utilizó en el pasado para consolidarse en el mercado del cable. Si telefónica se queda con Telecom las esperanzas de Clarín para poder competir en igualdad de condiciones en un escenario desregulado desaparecerían definitivamente, pero si Telecom Italia es obligada a desprenderse de Telecom Argentina y el Grupo Clarín logra poner un pie ahí la situación cambiaría radicalmente.
Telmex también está a la espera, pero su problema no es financiero. El mexicano Carlos Slim tiene los millones suficientes para dar pelea. El problema es que no controla una empresa fuerte donde hacer pie. Su compañía se asoció con Techint a fines de los noventa para participar a través de Techtel en el mercado local, apostando por la desregulación. Luego de la devaluación, el proceso de apertura fue congelado de hecho por los sucesivos gobiernos, pero la firma decidió seguir expandiéndose a la espera de una oportunidad. En julio de 2003 compró CTI a través de América Móvil y en octubre de ese mismo año se quedó con AT&T Latin America. En 2004 amplió su participación en Techtel al 80 por ciento, compró MetroRed y fusionó Techtel, AT&T y MetroRed bajo el nombre Telmex. Su última adquisición la concretó en agosto del año pasado cuando se quedó con la firma Ertach. Sin embargo, desde hace tiempo su objetivo es comprar Telecom para competir de igual a igual con Telefónica, pues las barreras que le imponen a la competencia las dos firmas dominantes hacen muy difícil llegar de otro modo a una posición de liderazgo. La pelea por el control de Telecom representa para Telmex un peligro, pero también una oportunidad. Si Telefónica entra ahí su sueño de competir de igual a igual en Argentina desaparecerá definitivamente, pero si el gobierno obliga a la flamante sociedad de españoles e italianos a desinvertir su esperanza se agiganta.
En el medio de todo este entramado se encuentra el Gobierno, quien deberá definir a quien termina por beneficiar en la pelea por Telecom. Sobre este punto las versiones son múltiples y encontradas. Algunas fuentes sostienen que se inclinará por los Werthein y propiciará la alianza de ese grupo con un jugador fuerte (¿Clarín?, ¿Telmex?), pues los dueños de La Caja no están en condiciones de competir solos en las ligas mayores. La buena relación que tiene el jefe de gabinete, Alberto Fernández, con los Werthein desde que era superintendente de Seguros de la Nación en la década del 90 puede ayudar a que se opte por este camino. De hecho, el gobierno ya se inclinó por ellos en 2003 cuando apoyó su ingreso a Telecom. La otra opción es jugar todas las fichas a Telefónica para que los españoles inviertan fuerte en el país. En este caso, quien tiene mejor relación con los empresarios de la “madre patria” es el ministro de Planificación, Julio De Vido, y su ladero, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. En las próximas semanas se sabrá hacia dónde se inclinó la balanza.
ESPAÑOLAS EN AMÉRICA LATINA
En la actualidad, las empresas multinacionales españolas son líderes en los sectores de los
hidrocarburos, la electricidad, la banca y las telecomunicaciones en América Latina. Tres corporaciones
de nuestro país se encuentran entre las doce mayores transnacionales de la región y dos bancos
españoles son los mayores de la zona. Esta situación se ha producido recientemente y apenas tiene
una década y media de existencia. En este corto período, tanto la economía española como las
economías de los países de América Latina debieron sufrir profundas transformaciones para poder
subirse al tren de los procesos de globalización económica, lo que contribuyó a que las operaciones
de las multinacionales y las sociedades en las que desarrollan sus actividades se vieran asimismo
reconfiguradas.
En América Latina, 225 millones de personas —el 43,9% de la población— viven en la pobreza.
Tras dos décadas de políticas neoliberales, el saldo es desolador: las desigualdades no se han
reducido, existen enormes carencias en educación y sanidad y gran parte de la población no tiene
acceso a los servicios básicos. Asimismo, se observa una preocupante concentración de la riqueza
económica: el 10% más rico de la población latinoamericana concentra el 48% del ingreso, en
tanto el 10% más pobre sólo recibe el 1,6%. En el mundo, solamente el África subsahariana tiene
peores niveles de distribución del ingreso1 .
01.1
El poder de las empresas transnacionales
La intensificación del capitalismo a escala mundial ha traído consigo la redefinición de los actores
que participan en el mercado global. Los estados-nación han ido cediendo parte de su soberanía
y, en paralelo, las compañías multinacionales2 han venido adquiriendo mayor influencia y poder.
Desde que, en el siglo XV, se creó la que fue la primera empresa transnacional —
Médici en Florencia, con 18 sucursales repartidas por Europa— hasta nuestros días, estas grandes
corporaciones han evolucionado mucho3. Las empresas transnacionales, que diversifican y distribuyen
su cadena de producción en distintos países con la perspectiva de producir para el mercado
mundial, acumulan hoy en día una capacidad económica mayor que la de muchos países: Wal-
Mart tiene un volumen de ventas superior al Producto Nacional Bruto de Austria, mientras que
el de ExxonMobil es mayor que el de Argentina y Colombia juntas4.
____________________________________
1 Guillermo P. Perry. et al., Poverty Reduction and Growth: Virtuous and Vicious Circles, Washington, Banco Mundial, 2006.
2 Para que se considere multinacional, una empresa debe tener instalaciones de fabricación o de gestión directa de los servicios en un país
extranjero; no es condición suficiente que distribuya o exporte productos a otros países.
3 Antoni Verger, El sutil poder de las transnacionales, Observatorio de
4 Comparación entre los ingresos de las mayores transnacionales del mundo [“Global
ordenados según su Producto Nacional Bruto [Base de datos en línea del Banco Mundial].
De las cien corporaciones transnacionales con mayores activos en el extranjero, 85 tienen su casa
matriz en Estados Unidos, Japón y
del petróleo, automóvil, farmacia, telecomunicaciones o electrónica5.
Por lo que respecta a las multinacionales españolas, se puede decir que poseen un tamaño mediano
a nivel mundial. Según su volumen de ingresos, entre las 500 mayores transnacionales del planeta
hay nueve de nuestro país: Repsol YPF, Santander, Telefónica, Endesa, Cepsa, BBVA, Altadis, ACS
e Iberdrola. Eso sí, si únicamente se tienen en cuenta los activos en el extranjero, las empresas
españolas suben muchos puestos en la lista: hay tres (Telefónica, Repsol YPF y Endesa) entre las
cincuenta mayores del mundo. Y si hablamos de las grandes corporaciones financieras, la situación
es similar (véase la tabla 1). Por lo tanto, aunque se pueda atribuir a las multinacionales españolas
un tamaño medio en el contexto mundial, su importancia cualitativa es notablemente superior si
el criterio de clasificación atiende a su grado de internacionalización.
01.2
El proceso de internacionalización de las empresas españolas
Un país como España, que hasta finales de los años ochenta era básicamente receptor de
inversiones extranjeras, llegó a convertirse en el mayor inversor en América Latina en los años
1999 y 2000. La profunda metamorfosis que sufrió la economía española en apenas una década
obedeció a la necesidad de incluir al país dentro de las dinámicas de la globalización económica
que se estaban desarrollando.
____________________________________
5 UNCTAD, Informe sobre las inversiones en el mundo 2006, Nueva York y Ginebra, Naciones Unidas, 2006.
Echando la vista atrás, en los sesenta, las inversiones españolas en el extranjero se centraban en
la búsqueda de materias primas, en los sectores de la pesca y alimentación, en la construcción y
en los bancos. En los años sucesivos se fueron produciendo diferentes cambios regulatorios, que
culminaron con la entrada del Estado español en la entonces llamada Comunidad Económica
Europea, en 1986. Bajo la presidencia de Felipe González, el Gobierno puso en marcha un proceso
de liberalización económica para cumplir con los criterios de pertenencia a este nuevo mercado6.
Ya en ese período se produjeron algunas adquisiciones en el extranjero, fundamentalmente en
América Latina y Estados Unidos, si bien hasta 1992 las entradas y salidas de IED (Inversión
Extranjera Directa) fueron sobre todo hacia países de la propia Unión Europea.
A principios de la década de los noventa, momento en el que se encontraban en pleno auge las
políticas neoliberales, tuvieron lugar simultáneamente dos procesos complementarios que
coadyuvaron para situar a las multinacionales españolas como las mayores de América Latina. La
coincidencia temporal de estos dos fenómenos no fue casual, sino que ambos respondieron a una
misma lógica global: la aplicación de las recetas económicas auspiciadas por la ortodoxia neoliberal.
En primer lugar, fue decisiva la puesta en práctica de un nuevo paradigma económico en América
Latina a partir de 1989: el Consenso de Washington7. Entre las medidas propugnadas en él estaban
la privatización de las mayores compañías estatales de la región y la liberalización de los mercados
con el fin de facilitar la entrada a las transnacionales extranjeras. Además, se proponía la reducción
de la intervención gubernamental en la actividad productiva. Siguiendo este ideario, los gobiernos
de la región pusieron en marcha procesos drásticos de liberalización comercial y financiera, de
venta de empresas que eran propiedad del Estado y de fuerte contracción de la inversión pública.
corporaciones transnacionales llegaron a la región y se adueñaron de los servicios públicos, las
empresas estatales y los recursos naturales. En esos años se dio un boom privatizador: entre 1986
y 1999 hubo 396 ventas y transferencias al sector privado en América Latina, lo que supone más
de la mitad del valor de todas las privatizaciones realizadas en los países del Sur en el mundo
entero. Por su relevancia, conviene destacar que el 57% de las privatizaciones en la región tuvieron
lugar en el sector de los servicios públicos8.
Al mismo tiempo, en el Estado español se produjo en esos años una sucesión de fusiones,
reestructuraciones y privatizaciones que hizo que las empresas del país crecieran en tamaño y
capital y pudieran estar en disposición de lanzarse a competir en otros mercados. En este sentido,
el gran impulso a las políticas neoliberales tomó forma con el Tratado de Maastricht y
de Lisboa, que establecieron como objetivo hacer de la economía de
dinámica y competitiva del mundo en tan sólo diez años». La búsqueda de una mayor competitividad
se tradujo en la disminución de la protección a las economías locales y la apertura de los mercados
a las inversiones y multinacionales de otros países europeos, así como en acelerar las privatizaciones
de la mayoría de las empresas públicas, que iniciaron a continuación un proceso de fuerte
concentración empresarial. Las reformas estructurales, que ya se habían implantado con los
____________________________________
6 Ramón Fernández Durán, La compleja construcción de
7 John Williamson (dir.), Latin American Adjustment, How Much has Happened?, Washington, Institute for International Economics, 1990.
8 Ramón Casilda Béjar, La década dorada. Economía e inversiones españolas en América Latina, Madrid, Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Alcalá, 2002.
ejecutivos de Felipe González, se impulsaron aún más bajo la presidencia de José María Aznar,
cuyo Gobierno puso en marcha uno de los mayores programas privatizadores de Europa, en el
que se llegaron a vender casi 50 empresas públicas9.
Telefónica, que pudo disfrutar de una situación de monopolio hasta diciembre de 1998 —en que
se liberalizó definitivamente el sector de las telecomunicaciones—, ya había empezado a comprar
empresas en América Latina antes de culminar su privatización en
incrementó sus inversiones en la región y se convirtió en el líder del mercado de habla hispana:
entre 1990 y 2002, Telefónica destinó 30.500 millones de dólares a la adquisición de otras empresas.
En el sector bancario español, que hasta mediados de los años ochenta fue uno de los más
protegidos del mundo, ya que siete corporaciones se repartían el mercado10, se produjo también
una acelerada sucesión de procesos de concentración, quedando finalmente dos grandes grupos:
el BBVA —resultado de la fusión de los bancos Bilbao y Vizcaya y de la estatal Argentaria— y el
Banco Santander Central Hispano —resultado de la fusión del Central, el Hispano-Americano y
el Santander—, que más tarde adquiriría también el Banesto y dejaría como nombre corporativo
el de Santander. Entre 1997 y 2002, el BBVA invirtió 7.800 millones de dólares en la adquisición
de 34 entidades financieras en América Latina, mientras el Santander gastó 12.300 millones en
la compra de 27 bancos en la región.
____________________________________
9 Mauro F. Guillén, El auge de la empresa multinacional española, Fundación Rafael del Pino, Madrid, Marcial Pons, 2006.
10 Estos siete grandes bancos eran el Banco Español de Crédito (Banesto), el Banco Central, el Banco Hispano Americano, el Banco de
Vizcaya, el Banco de Bilbao, el Banco de Santander y el Banco Popular.
ACTIVOS B
Por lo que respecta al sector energético, Repsol, que había sido creada por el Gobierno español
en 1986 como sucesora del INH11, comenzó su proceso de privatización tres años después y lo
completó en 1997. Por su parte, Gas Natural se empezó a privatizar en 1996 y, en el sector de la
electricidad, las fusiones y reestructuraciones dieron como resultado tres grandes empresas: Endesa
—que se comenzó a privatizar en 1988—, Iberdrola y Unión Fenosa. Con los recursos, el capital
y el conocimiento que habían acumulado, las empresas energéticas no dudaron en echar el resto
en su expansión latinoamericana: Endesa invirtió 8.100 millones de dólares entre 1992 y 1999,
comprando en 1997 el 29% de la empresa estatal chilena de electricidad Enersis, y Repsol adquirió
en 1999 el gigante petrolero argentino Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) por 15.000 millones
de dólares.
fue nada menos que el sexto mayor país inversor del mundo en 1999, año en el que precisamente
concentró el 66% de sus inversiones extranjeras en América Latina (véase el gráfico 1), y el séptimo
en 2000. En definitiva, y siguiendo la terminología empleada en la bibliografía por algunos
economistas, se puede concluir que fue entonces cuando las empresas españolas alcanzaron «la
mayoría de edad», es decir, se hicieron multinacionales.
01.3
Las razones y las preferencias del desembarco
Que el principal destino de la expansión de las multinacionales españolas haya sido América Latina
es consecuencia de motivaciones meramente económicas. El desembarco en esta región respondió
sobre todo a que se buscaban mercados con una competencia prácticamente nula, en los cuales
era mucho más asequible la disponibilidad de recursos y los costes laborales y ambientales se
minimizaban para atraer la inversión. En este sentido, no se sostiene el tópico de que las empresas
españolas eligieron expandirse en América Latina porque había una lengua y una cultura comunes.
La realidad es que la coincidencia temporal de los procesos de cumplimiento de las medidas
neoliberales a ambos lados del océano se lo puso muy fácil. Y es que, tras las fusiones y
privatizaciones, las grandes corporaciones de nuestro país acumularon capital y experiencia para
poder invertir en el extranjero. Excepto Iberia y Telefónica, todas las demás empresas (Unión Fenosa,
Endesa, Repsol, Gas Natural, Iberdrola, BBVA y Santander) pusieron en marcha sus inversiones
después de sufrir ellas mismas los procesos de concentración empresarial.
Otra razón esgrimida por las propias empresas es que la liberalización de los mercados europeos
generó una mayor competencia, con lo que los márgenes de beneficio se redujeron. Por ejemplo,
en el mercado español de la electricidad se bajaron los precios del consumo eléctrico para cumplir
con los criterios de convergencia que exigía la pertenencia a
imprescindible la implantación en nuevos mercados para poder mantener el crecimiento económico.
Además, hay otros argumentos que explicarían el porqué del desembarco en América Latina. La
saturación del mercado interior, donde ya era imposible mantener los niveles de crecimiento, sería
uno de ellos. Asimismo fue importante el hecho de que, en un modelo capitalista, es imprescindible
____________________________________
11 El Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) se creó en el año 1981, con objeto de agrupar las participaciones estatales de las compañías
del sector de los hidrocarburos en el Estado español.
aumentar el volumen de la empresa como una estrategia defensiva ante las amenazas de adquisición
por parte de otras compañías transnacionales.
Estas motivaciones condujeron a la ampliación de horizontes, pero ¿por qué justamente centrarse
tanto en la región latinoamericana? La explicación la proporcionan las propias multinacionales:
según el Servicio de Estudios del BBVA, ganar un punto de cuota de mercado en Alemania en
1999 costaba 2.200 millones de dólares, mientras que la misma cuota suponía un coste de 196
millones de dólares en Argentina o 205 en México12. Es decir, en los años noventa se presentaron
muchas oportunidades de crecer en América Latina y muy pocas en Europa.
La mayor parte de las inversiones españolas se centraron en Brasil y Argentina: estos dos países
fueron el destino del 60% de
y Chile— concentraron el 86% de las inversiones españolas13. En Argentina, las multinacionales
se aprovecharon de que durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-99) se privatizaron más de
60 empresas públicas, con activos superiores a los 60.000 millones de dólares, entre las que se
encontraban la compañía petrolera YPF, la de telefonía Entel y Aerolíneas Argentinas, que fueron
adquiridas por Repsol, Telefónica e Iberia, respectivamente. Por su parte, Colombia ha sido el
quinto país latinoamericano que más IED del Estado español recibió hasta 2006, con el 3% del
total.
Las empresas españolas han mostrado preferencia por invertir en países cuyos gobiernos tienen
discrecionalidad, esto es, no están sujetos a controles de otras instituciones como el parlamento
o el poder judicial. Esta tendencia es especialmente acusada en empresas que antaño eran públicas,
como Telefónica, Repsol y Endesa14. Sin embargo, con este hecho se produce una paradoja porque,
después de efectuar su entrada en el país, las multinacionales requieren un gobierno que sí esté
sujeto a controles externos, para así evitar que se cambien las condiciones que posibilitaron su
implantación.
El grueso de la inversión española se centra en unos pocos sectores. En el período comprendido
entre 1998 y 2001, dos terceras partes se destinaron al sector servicios: el 20% a los servicios
financieros, el 19% a los transportes y telecomunicaciones y el 18% a la energía, petróleo y agua.
Los sectores más importantes en los que invirtieron las multinacionales españolas fueron los de
banca, seguros, energía, telecomunicaciones, transporte y hostelería, esto es, sectores fuertemente
concentrados y regulados, que son los que proporcionan mayores beneficios15. En contra de la
tendencia global que orienta la producción de las transnacionales hacia el mercado mundial, en
este caso se ha tratado de una orientación hacia los servicios destinados al mercado interior. Fueron
operaciones que sólo tuvieron sentido en el marco de los procesos de privatización, desregulación
y apertura al capital extranjero. Por lo tanto, éste ha sido un proceso singular e irrepetible, porque
sólo se puede privatizar las empresas públicas y comprar las compañías locales una vez.
____________________________________
12 William Chislett, La inversión española directa en América Latina: retos y oportunidades, Madrid, Real Instituto Elcano de Estudios
Internacionales y Estratégicos, 2003.
13 Base de datos de
14 Mauro F. Guillén, 2006, op. cit.
15 Ibíd.
01.4
Las multinacionales españolas, líderes de la región
En América Latina, únicamente ocho empresas (BBVA, Santander, Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa,
Gas Natural, Telefónica y Repsol YPF ) monopolizan alrededor del 80% de toda la inversión española
realizada en la región. La facturación de estas ocho multinacionales supone aproximadamente el
20% del PIB del Estado español16. Cuatro de ellas —Telefónica, Repsol YPF, Endesa e Iberdrola—
están entre las 30 empresas más grandes de la zona (véase la tabla 2), y son líderes en sus respectivos
sectores: Repsol YPF es la mayor empresa petrolera de América Latina; Telefónica lidera el sector
de las telecomunicaciones; Endesa domina el mercado de la electricidad y el Santander es el mayor
banco de los que operan en la región.
Para constatar la importancia de las compañías españolas, basta decir que su participación en el
grupo de las mayores empresas transnacionales ha ascendido hasta el 14% en 200517. Además,
____________________________________
16 Juan Manuel Ramírez Cendrero, “Inversiones de las multinacionales españolas en Mercosur”. Boletín OMAL, nº11, diciembre de 2005.
17 CEPAL, La inversión extranjera en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, Naciones Unidas, 2006.
24
%B
hay muchas más empresas multinacionales de menor tamaño que desarrollan sus actividades en
el continente: ENCE, PRISA, Aguas de Barcelona, Mapfre, ACS, FCC, Ferrovial, Acciona, OHL,
Cepsa, Prosegur, Pescanova, Inditex, Abengoa, Alsa, Roca Corporación, Barceló, Sanitas, CAF,
Cintra, RiU y Sol Meliá, entre otras.
Telefónica es ya la segunda empresa transnacional no financiera más fuerte de América Latina,
sólo es superada por General Motors. Por su volumen de ventas en la región, Telefónica duplica
a la mayor multinacional española a nivel mundial, Repsol YPF. Este liderazgo no sorprende si se
observan los espectaculares datos de la compañía: tiene presencia en 19 países del continente
americano, y América Latina supone para la empresa el 41,5% del beneficio total. En definitiva,
la que hace diez años era una empresa estatal ahora se ha consolidado plenamente como una
gran corporación transnacional.
Según su capitalización bursátil, el Santander es el primer banco de España y la décima entidad
financiera del mundo. El Santander consiguió 6.220 millones de euros de beneficios en 2005, una
cifra que nunca antes había logrado ninguna empresa española, lo que supone un aumento del
72,5% respecto al año anterior. El 35% de los beneficios del banco en 2004 provinieron de
América Latina. En la región está presente en 15 países, y desarrolla sus principales actividades
en Brasil, México, Chile, Argentina, Puerto Rico, Venezuela y Colombia.
El BBVA opera en 14 países de América Latina y obtuvo en 2005 un beneficio de 3.806 millones
de euros, un 30,2% más que en el ejercicio anterior. El 45% de su beneficio tiene su origen en
América Latina, mientras que el obtenido en el mercado español representa el 40%. Hasta tal
punto se encuentra asentado en la región que el propio consejero delegado del BBVA, José Ignacio
Goirigolzarri, ha declarado que su entidad es fundamentalmente latinoamericana si se atiende al
origen del beneficio, tendencia que se refleja en su plantilla: 51.370 trabajadores en América,
1.982 en el resto del mundo y 30.765 en España, donde el objetivo es reducirla aún más18.
Endesa se sitúa entre las diez primeras multinacionales de América Latina y es la primera en el
sector de la electricidad en la región. Está presente en Chile, Argentina, Colombia, Perú, Brasil y
en toda Centroamérica. La actividad en estos países le reporta un 31% del beneficio total, el cual
se construye a partir de varias líneas de negocio: la compra de empresas clave del sector, la
subcontratación de las tareas menos rentables y la construcción de megaproyectos. La entrada
en la compañía chilena Enersis, en 1997, le permitió iniciar su andadura privatizadora en toda
América Latina. Actualmente, la expansión internacional de la multinacional, junto con los sucesivos
intentos de absorción por parte de otras grandes corporaciones eléctricas, ha hecho que en la
bolsa de Madrid sus ganancias se hayan incrementado un 80% en los últimos 4 años19.
Iberdrola, la segunda empresa eléctrica española, tuvo un beneficio de 1.382 millones de euros
en 2005, un 15,6% más que el año anterior. La compañía realizó su primera inversión en América
Latina en 1995, con la adquisición de Electropaz y Elfeo en Bolivia, y califica la etapa comprendida
____________________________________
18 Mariano Guindal, “Así se roba al Sur”.
19 Cono Sur Sustentable, Endesa en América Latina: impactos en la matriz energética y la sustentabilidad regional, Santiago de Chile,
2006.
entre 1992 y 1999 como «la apertura de los mercados». En la actualidad, está presente en México
—donde es líder en el sector eléctrico—, Guatemala, Brasil, Bolivia y Chile.
Después de un agitado período de fusiones y alianzas en el mercado eléctrico español, Unión
Fenosa continúa como la tercera compañía eléctrica del país. En el año 2006, obtuvo unos beneficios
operativos que se incrementaron el 41,4% respecto al año anterior20. Opera en once países del
mundo, siete de ellos en América Latina: Panamá, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica,
Nicaragua, México y Colombia. En concreto, una cuarta parte del beneficio que entró en sus arcas
durante ese año se debió a sus actividades en estos dos últimos países. No es de extrañar el origen
latinoamericano de una parte importante de sus ingresos si se tiene en cuenta que, del total de
la potencia que tiene instalada para producir electricidad, el 27,4% procede de fuera de las
fronteras españolas y está prácticamente centrada en esa región. La expansión de la multinacional
eléctrica se ha basado en la apuesta por el control de la cadena integrada del gas —desde su
extracción hasta su comercialización— y la consolidación de sus negocios internacionales. Este
carácter internacional se refleja en que algo más de la mitad de los profesionales de la corporación
prestan sus servicios fuera del Estado español21.
La multinacional española Repsol YPF desarrolla sus actividades en el mundo. Sólo en América
Latina y el Caribe, opera en 14 países. La compañía obtuvo en 2005 un beneficio récord de 3.120
millones de euros, un 29,2% más que el año anterior. En 2006, Repsol ha sido de nuevo la primera
empresa transnacional española por ingresos, a la vez que ocupa el puesto 84 entre las mayores
multinacionales del planeta. En el sector de los hidrocarburos, es la vigésimo primera petrolera
del mundo pero, si descontamos las empresas estatales, es la novena mayor transnacional en esta
actividad22. América Latina es el lugar donde se ha hecho más fuerte: Repsol es el líder del sector
del petróleo y gas en la región. El 95% de sus reservas de hidrocarburos en 2005 y el 88% de
sus resultados de explotación del año 2004 provinieron de América Latina23. La integración de las
actividades de Repsol y de YPF le dio a la empresa resultante un enorme poder de expansión en
América Latina24. Desde entonces, concentró gran parte de su actividad en Argentina, pero también
fue extendiendo sus operaciones por casi todos los países del continente: Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Cuba, Ecuador, Guyana, México, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela.
01.5
Los efectos de las inversiones extranjeras
Toda esta recolonización de América Latina lleva implícita una lista de enormes consecuencias
sociales, ambientales y culturales sobre los pueblos de la región25. Aunque son destacables algunos
casos de otras empresas —como los de la papelera ENCE en Uruguay o la compañía Aguas de
____________________________________
20 Los beneficios globales de Unión Fenosa fueron un 23% inferiores a los del año anterior, porque en 2006 no se realizó ninguna venta
de activos. Y es que el ejercicio de 2005 arrojó un aumento del beneficio del 109,7% gracias a la venta de Auna. Por eso, se han tenido
en cuenta los beneficios operativos, para descontar la influencia de este hecho y poder comparar los datos.
21 Unión Fenosa, Informe Anual, 2006.
22 Según el ranking elaborado por la revista Petroleum Intelligence Weekly en 2006. Esta lista mundial de empresas se confeccionó teniendo
en cuenta la ponderación de varios criterios: reservas, producción, capacidad de refinar, ventas, ingresos, beneficios, activos y empleados.
23 Según cálculos realizados a partir de los informes anuales de Repsol YPF de los años 2005 y 2006.
24 Con la compra de YPF, la producción de hidrocarburos de repsol creció el 169% y sus reservas aumentaron el 364%
25 Miquel Ortega (coord.), La deuda ecológica española. Impactos económicos y sociales de la economía española en el extranjero, Sevilla,
Muñoz Moya Editores, 2005.
Barcelona en Argentina y Colombia—, son las multinacionales españolas de la energía las que
han coleccionado una mayor cantidad de méritos en su currículum. Por ejemplo, Endesa, que ha
sido mundialmente conocida por los impactos originados con su megaproyecto de la presa de
Ralco en el alto Bio Bio, en Chile, cuya construcción supuso un gravísimo impacto ambiental,
social y cultural, y donde varios años de presión de la compañía al gobierno permitieron su puesta
en marcha, con el consiguiente desplazamiento y desarraigo de las comunidades mapuchepehuenche
de su tierra ancestral. Pero quizás sean Repsol YPF26 y Unión Fenosa las transnacionales
españolas que han generado unos mayores efectos negativos, como se verá en el estudio del caso
colombiano.
En general, se ha extendido una mala imagen de las transnacionales extranjeras en la mayor parte
de los países de América Latina. Y, dentro de ellas, se encuentran las españolas por ser las que
tienen una mayor presencia en el continente. En este sentido, en 2004, sólo el 29% de la población
latinoamericana creía que las inversiones foráneas eran beneficiosas para su país, frente a un 35%
que se manifestaba abiertamente en contra27. Las quejas de la población obedecen a que se
responsabiliza a las multinacionales de ser las causantes del expolio y el saqueo de los recursos
naturales, la privatización de los servicios públicos o la desregulación del mercado laboral. Las
protestas han llegado a ser de gran calibre, como por ejemplo en la llamada Guerra del Agua, que
tuvo lugar en Cochabamba (Bolivia) en el año 2000. Allí, la resistencia popular impidió que un
consorcio encabezado por la multinacional Bechtel y la corporación española Abengoa se hiciera
con la compañía local y se privatizara así el servicio de agua de la ciudad.
Por otra parte, se han venido produciendo críticas a las multinacionales porque se les acusa de
ser las únicas beneficiarias de las reformas neoliberales implementadas en la región. Además,
existe la percepción de que las promesas que se hicieron para justificar las medidas de ajuste
estructural no se han hecho realidad. Lejos de contribuir a solucionar las desigualdades, lo que
han hecho las empresas transnacionales es aprovecharse de éstas en su propio beneficio en los
países empobrecidos donde han realizado sus inversiones. Y es que las motivaciones de las
inversiones españolas en América Latina no han respondido a los objetivos de mejorar la cobertura
de las necesidades materiales básicas, sino a la lógica del máximo beneficio económico. En este
sentido, es elocuente comprobar que la pobreza y la indigencia no han descendido en América
Latina en las dos últimas décadas, a pesar de que, supuestamente, la región se ha modernizado
al abrir sus economías a los capitales extranjeros.
Con todo ello, América Latina sigue siendo un lugar preferente para las multinacionales españolas,
por lo que la mayoría de ellas no va a abandonar la zona. A pesar de que las crisis económicas
de principios de este siglo hicieron que disminuyeran sus cuentas de resultados y cotizaciones
bursátiles, las compañías se quedaron en la zona y la mayoría no salió de los países en los que
parecía que la situación se complicaba. Ahora, ha repuntado el crecimiento económico de la región
____________________________________
26 Marc Gavaldà, La recolonización. Repsol en América Latina: invasión y resistencias, Barcelona, Icaria, 2003.
27 Informe del Latinobarómetro del año 2004, citado en: “El regreso al continente latinoamericano”. El País, 14 de marzo de 2006.
y están recogiendo los frutos de su apuesta latinoamericana. Por ello, ya preparan una segunda
oleada de inversiones, que no va a ser de la magnitud de la de finales de los noventa pero sí va
a ser realmente apreciable: hasta 2010, el Banco Santander, Telefónica, Repsol YPF y Endesa
dedicarán, en conjunto, 20.700 millones de euros a realizar inversiones en la región28.
____________________________________
28 “Latinoamérica empieza a lucir en los resultados”. El País Negocios, 12 de noviembre de 2006.
COLOMBIA EN
Con 45 millones de habitantes, Colombia es el tercer país más poblado de América Latina, tras
Brasil y México. Disfruta de una situación estratégica privilegiada para las relaciones comerciales,
puesto que tiene salida al mar por el Océano Atlántico y por el Pacífico, además de ser la llave
para la conexión entre América Central y Sudamérica. Cuenta con diferentes climas y ecosistemas,
y es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo.
Colombia pasa por ser una de las democracias más asentadas de América Latina: sus gobernantes
han sido elegidos democráticamente por sufragio universal y únicamente ha tenido una corta
dictadura militar en los años cincuenta. Sin embargo, el país vive el conflicto social y armado más
antiguo de todo el continente, lo que ha dejado una enorme lista de personas asesinadas y
desaparecidas. A pesar de ello, este hecho no ha sido obstáculo para que tengan lugar las mismas
dinámicas que en el resto de los países latinoamericanos a la hora de poner en marcha las políticas
neoliberales. Eso sí, con un detalle añadido: en Colombia, la inclusión del país en los procesos de
globalización económica se ha llevado a cabo en un contexto de violencia estatal y paraestatal,
del cual las empresas transnacionales no sólo no se han desmarcado, sino que se han aprovechado
para desarrollar sus actividades.
02.1
El conflicto armado
En Colombia, las épocas más duras de violencia están ligadas a los procesos de modernización
económica. Así, haciendo una breve aproximación histórica, se puede decir que en el país se
produjeron dos períodos de violencia contra cualquier forma de expresión social y popular.
La primera etapa, a principios del siglo XX, estuvo caracterizada por un tardío proceso de
industrialización y de integración a las dinámicas del capitalismo, que dio origen al nacimiento del
movimiento obrero en los sectores del banano y del petróleo. Tras la huelga de los trabajadores
bananeros, esta incipiente clase obrera fue masacrada: en 1928, más de 3.000 obreros y sus
familiares fueron asesinados por el ejército para proteger los intereses de la multinacional
estadounidense United Fruit Company. Posteriormente, el asesinato del líder popular Jorge Eliécer
Gaitán, el 9 de abril de 1948, desató una serie de conflictos y revueltas urbanas que se prolongaron
durante la década siguiente: se calcula que en ese período fueron asesinadas y resultaron
desaparecidas unas 300.000 personas, en una guerra civil desatada por los partidos Liberal y
Conservador contra el campesinado minifundista.
La segunda época de violencia se extiende hasta nuestros días. A mediados de los años sesenta
se formaron los principales grupos guerrilleros de la historia de Colombia: en 1964, se crearon
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y, unos meses más tarde, en 1965, salió
a la luz pública el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Además, surgieron el Ejército Popular de
Liberación (EPL),
su parte, la respuesta del Estado fue la de crear los llamados escuadrones de la muerte, con el
objetivo de eliminar del mapa cualquier rastro de rebeldía. La violencia se recrudeció en la segunda
mitad de los ochenta, cuando se produjo el exterminio de
que había surgido en 1985, producto de los acuerdos de paz entre el Gobierno y la guerrilla de
las FARC— que, tras conseguir 14 escaños en el Congreso en 1986, fue desarticulado: más de
3.000 miembros del partido fueron asesinados, entre ellos y ellas varios candidatos presidenciales,
alcaldes, campesinos, activistas y concejales. En la década de los noventa, varias organizaciones
guerrilleras se desarmaron, pero los procesos de paz no fructificaron ni con el ELN ni con las FARC,
por lo que estos grupos han seguido activos hasta la actualidad. La desmovilización más importante
fue la del grupo guerrillero M-19, la cual dio lugar a un proceso constituyente que consagró varios
derechos sociales y políticos en una nueva Constitución en el año 1991.
Pero las causas estructurales que originaron el conflicto social y armado siguen ahí, lo que no ha
impedido que sí se den otros procesos de desmovilización durante el primer gobierno de Álvaro
Uribe. Éste es el caso de los grupos paramilitares, que supuestamente finalizaron su desarme en
2005. Dicha desmovilización, enmarcada en la llamada Ley de Justicia y Paz, mantiene intacto el
poder de estos grupos así como sus propiedades, arrancadas ilegalmente al campesinado o
financiadas con recursos provenientes del narcotráfico. Este proceso es criticado por las organizaciones
de derechos humanos, pues no lleva aparejadas la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación
a las víctimas.
02.2
El terrorismo de Estado
En la actualidad, Colombia es el segundo país del planeta, tras Sudán, con un mayor número de
desplazados internos. Sólo en los últimos veinte años, más de tres millones y medio de colombianos
y colombianas han tenido que abandonar sus lugares de origen29. Año tras año, las cifras de las
violaciones a los derechos humanos en el país son alarmantes: en 2004, 4.000 personas fueron
asesinadas por violencia política y 182 resultaron desaparecidas, mientras que, sólo en el primer
trimestre de 2005, 62.000 personas tuvieron que desplazarse forzadamente, hubo una media de
once homicidios diarios y 2.100 personas salieron del país por amenazas contra su vida.
En las últimas cuatro décadas del siglo XX, las organizaciones nacionales e internacionales de
derechos humanos registraron más de 40.000 casos de crímenes de lesa humanidad: masacres,
torturas, desapariciones, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales30. Defensores de
derechos humanos, personas que luchan por mejorar sus condiciones de vida, sindicalistas, militantes
y dirigentes de las organizaciones sociales, maestras, campesinos, estudiantes... todos han sido
considerados peligrosos para el poder. Como explica Aída Abella, ex presidenta de
Patriótica, «en medio de una democracia, pudieron hacer cosas peores que en una dictadura»31.
____________________________________
29 La cifra de desplazados internos en el período 1985-2006 es de 3.832.257 personas, como queda descrito en: Codhes, Codhes Informa,
nº 69, Bogotá, 2006.
30 Base de datos del proyecto Colombia Nunca Más.
31 Vladimir Carrillo y Tom Kucharz, Colombia: Terrorismo de Estado, Barcelona, Icaria - Paz con Dignidad, 2007.
Es un hecho que las zonas donde se produce el mayor desplazamiento en Colombia coinciden
con aquellas que disponen de recursos estratégicos atractivos para la inversión extranjera32: en el
Putumayo y en Caquetá, que disponen de petróleo; en el Chocó, la región con un mayor índice
de biodiversidad del planeta, donde se está arrasando la selva para cultivar la palma africana para
utilizar su aceite como combustible; en Cali, con el agua; en Arauca y Casanare, con grandes
reservas de petróleo; en el sur de Bolívar, con las minas de oro; en
minas de carbón del país. Todas estas áreas poseen riquezas naturales de gran valor para el
mercado mundial, por lo que no resulta extraño que se encuentren totalmente militarizadas y que
se produzca en ellas la mayoría de las violaciones de los derechos humanos antes relatadas.
Por otra parte, se han fortalecido los grupos armados ilegales que, en sus disputas territoriales,
han disparado las cifras de violencia política (56 homicidios por cada cien mil habitantes), el
desplazamiento forzado, los niveles de impunidad y la emigración al exterior33. Los grupos
paramilitares —que, en los últimos diez años, son responsables de casi el 65% de las violaciones
a los derechos humanos— han contado con la complicidad o el apoyo del Estado. En la actualidad,
las estructuras del paramilitarismo se encuentran en una fase de legitimación de sus organizaciones
sociales y políticas en el marco de un proceso de desmovilización, en el cual mantienen el control
de muchos de los estamentos del Estado a nivel regional y local así como todas sus actividades
económicas, en un área que cubre cerca de dos terceras partes del país34.
El fenómeno de la parapolítica ha saltado a las portadas de los medios de comunicación nacionales
e internacionales a finales de 2006. Y es que, con la incautación de un ordenador propiedad de
Rodrigo Tovar Pupo —alias Jorge 40—, uno de los jefes del Bloque Norte de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC), se ha podido demostrar la asociación entre los grupos paramilitares,
el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y varios miembros de la policía y el ejército
para acabar con la vida de quienes ellos mismos consideraban que tenían vínculos con la insurgencia35.
En ese ordenador se recogía información sobre más de 500 asesinatos cometidos en
Atlántica desde 2005, de los cuales la gran mayoría permanecían impunes36. De momento, el
escándalo de la parapolítica ha salpicado a altos cargos de la administración de Uribe, como la
ministra de Asuntos Exteriores, María Consuelo Araujo —que tuvo que dimitir tras el encarcelamiento
de su hermano y de su padre—, y otros ocho congresistas y gobernadores de
02.3
Las recetas neoliberales
A mediados de la década de los ochenta, se empezaron a poner en marcha una serie de reformas
estructurales de la economía colombiana, enmarcadas dentro del modelo neoliberal. Entre 1990
____________________________________
32 Luis Alfredo Burbano, “Las multinacionales españolas en Colombia”. Boletín OMAL, nº 15, diciembre de 2005.
33 En el transcurso del Gobierno de Álvaro Uribe salieron del país 760.000 personas [”Aumenta éxodo de colombianos”. El Tiempo, 3 de
octubre de 2006].
34 El cobro de un impuesto del 10% a todas las actividades económicas en las regiones que controlan [Semana, 9 de febrero de 2006;
El Tiempo, 29 de septiembre de 2004].
35 “La fuerza para-pública”. Semana, 18 de noviembre de 2006.
36 “El computador de ‘Jorge
37 “Los cinco congresistas capturados por sus nexos con los ‘paras’ son trasladados a la cárcel”. Semana, 15 de febrero de 2007.
y 1994, durante el mandato de César Gaviria y con el lema Bienvenidos al futuro, se introdujeron
profundas reformas en el Estado, sobre todo en los sistemas tributario y arancelario. Así, por
ejemplo, mientras el arancel promedio era del 44% en 1989, en 2000 era del 12%. En esa primera
etapa de reformas se privatizaron muchos de los activos estatales en los sectores de la electricidad,
la banca, el agua y la sanidad.
La aplicación de las recetas neoliberales tenía como objetivo insertar a Colombia en la globalización.
En este sentido, se trataba de internacionalizar su economía para conseguir que el país desempeñara
un nuevo papel en el mercado global, lo cual suponía pasar de tener una economía de
autoabastecimiento a convertirse en un proveedor de materias primas y servicios a nivel internacional,
importando de otras economías más competitivas la mayoría de bienes. El proceso trajo como
resultado la desindustrialización y la crisis del aparato productivo colombiano, y dejó a casi un
millón y medio de personas sin empleo38, mientras el área de campo cultivada se redujo en 700.000
hectáreas y se comenzó a importar unos 8.000 millones de toneladas de alimentos al año.
Además de continuar con la producción clásica del país para la exportación —Colombia sigue
estando entre los tres mayores exportadores de café del planeta—, esta gran transformación de
la economía ha hecho que se haya empezado a promover la producción local de materias primas
básicas para que puedan ser competitivas internacionalmente: frutas, hortalizas, aceite de palma,
cacao y caucho, en el caso del sector agrícola; petróleo y carbón, en el sector energético; así como
maderas y especies exóticas de fauna y flora extraídas de las selvas que todavía existen en el país39.
La reorientación de la economía hacia el mercado exterior ha hecho que, entre 1990 y 2004, las
exportaciones tradicionales hayan crecido el 82% y las no tradicionales el 284%. Dentro de estas
últimas cabe destacar a la industria de las flores, en la que Colombia es el segundo mayor exportador
del mundo, después de Holanda.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del Gobierno colombiano y, especialmente, del ejército de
los Estados Unidos, el más exitoso proceso agroindustrial de exportación en Colombia sigue siendo
el de la cocaína: en 2005, este negocio movió unos ingresos anuales de cerca de 3.000 millones
de dólares, es decir, tuvo la misma magnitud que las divisas provenientes de las exportaciones de
petróleo40. En sintonía con la lógica del libre mercado, el narcotráfico se ha expandido
ininterrumpidamente en los últimos veinte años, llegando a consolidar una estructura horizontal
que funciona en red, sumamente dinámica, adaptable y efectiva, que ha logrado mantener el
suministro constante de drogas hacia Europa y Estados Unidos y abrir nuevos mercados en el Cono
Sur y en Europa del Este.
En paralelo a las pérdidas del sistema productivo, se empezaron a generar grandes beneficios en
el sector bancario y financiero. En la década comprendida entre 1992 y 2002, este sector registró
ganancias netas superiores a los 1.500 millones de dólares41. En la consolidación del poder de las
corporaciones financieras tuvieron mucho que ver tanto los cobros generalizados por todas las
____________________________________
38 Según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), el 43,4% de la población económicamente activa (16,5 millones de personas)
de Colombia está desempleada o subempleada. En 1992, la tasa de desempleo fue del 8,7%, mientras que en 2002 pasó a ser del
16%.
39 Dirección Nacional de Planeación, Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, Bogotá, 2002.
40 Amylkar D. Acosta, “Los dineros calientes”. Indymedia, 6 de febrero de 2006.
41 Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Fusiones y adquisiciones del sector financiero colombiano, 2006.
transacciones bancarias como la concesión —en clara contradicción con los preceptos de la
ideología neoliberal— de subsidios estatales en aquellos casos en los que las corporaciones
financieras registraron pérdidas o se declararon en quiebra por los fraudes cometidos por sus
directivas.
Como consecuencia de todo ello, en menos de un lustro se agravaron los indicadores de empleo,
pobreza y distribución del ingreso, lo que contribuyó a crear el escenario propicio para el
fortalecimiento de los grupos armados irregulares y la intensificación del conflicto armado
colombiano.
02.4
Las inversiones extranjeras en Colombia
A mediados del siglo XX, los países andinos mantenían una actitud muy abierta hacia el capital
extranjero y muchos de ellos no contaban con una legislación específica sobre la materia. Con la
nacionalización de las empresas extractivas —especialmente de hidrocarburos— y de servicios
públicos, el capital foráneo vio restringidas sus áreas de inversión en Colombia y en sus países
vecinos42. El tratamiento que había que dar a
se permitió que cada país del Pacto Andino legislara de forma individual en materia de inversión
extranjera. Cuatro años más tarde, la recién aprobada constitución colombiana dejó el campo
libre para la circulación de capitales, puesto que se eliminó la discriminación entre inversores
nacionales y extranjeros y se introdujeron importantes modificaciones para ir eliminando
progresivamente los obstáculos a la inversión extranjera.
La modernización del país sirvió para promover la llegada de los capitales transnacionales, y tuvo
lugar a través de dos procesos complementarios: las privatizaciones de las empresas públicas y
los cambios legislativos. En esta fase de reformas estructurales se incluía, además de la venta de
los activos del Estado, la liberalización, la desregulación y la apertura comercial. Posteriormente,
con el primer Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006), esta dinámica se vería acentuada con un
segundo paquete de medidas: reforma laboral, modificaciones tributarias y reforma de la seguridad
social. Del grado de cumplimiento del credo neoliberal da fe el propio Banco Mundial, que llegó
a afirmar en 2005 que Colombia era el segundo país del mundo que había tenido más éxito en
implantar reformas para mejorar la atracción de inversiones43. Y es que, según los informes del
organismo de Naciones Unidas que estudia las inversiones mundiales, Colombia es la quinta
economía de América Latina más favorable para
Chile44.
Los grupos económicos que se habían venido consolidando en la segunda mitad del siglo pasado
emprendieron un proceso de internacionalización, mediante fusiones, ventas y articulaciones a
las grandes corporaciones globales. Los carteles del narcotráfico no son las únicas organizaciones
____________________________________
42 CEPAL, La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2002, Santiago de Chile, Naciones Unidas, 2003 .
43 Banco Mundial, Doing business in 2005: Removing obstacles to growth, Washington D.C., 2005.
44 UNCTAD, Informe sobre las inversiones en el mundo 2005, Nueva York y Ginebra, Naciones Unidas, 2005.
económicas internacionalizadas que tuvieron presencia en el país: las empresas transnacionales
—especialmente las de origen norteamericano, británico y español— aparecieron con fuerza en
las actividades extractivas de hidrocarburos y en el sector servicios (finanzas, salud, telecomunicaciones,
medios de comunicación, construcción, turismo y seguros). Además, todas estas inversiones
extranjeras, que se limitaban a la compra de las compañías estatales, no cumplieron con las
expectativas de servir para mejorar la calidad de vida de la población colombiana, puesto que no
crearon nuevos empleos ni generaron un aumento de la capacidad productiva.
El máximo registro de inversión extranjera en Colombia tuvo lugar en el año 1997, cuando se
privatizó
dólares. Después de ese máximo de entrada de inversiones, en los sucesivos años
y se mantuvo estable en torno a los 2.000 millones de dólares anuales. De hecho, cuando el resto
de la región latinoamericana se vio arrastrada por la crisis de Argentina en el año 2001 —que
repercutió en los flujos de entrada de capitales en la mayor parte de los países—, Colombia siguió
registrando los mismos niveles de inversión extranjera45.
Por regiones, entre 1994 y 2003 las inversiones se centraron en la zona del Altiplano y los
Santanderes (73,5%) —ya que la mayor parte de las multinacionales eligen la capital como su
base de operaciones en el país—, seguidas de
Valle del Cauca (10,0%) y el Eje Cafetero (6,1%)46.
En los últimos dos años, las inversiones han aumentado y son equiparables a las que tuvieron lugar
en la segunda mitad de los años noventa, coincidiendo con la apertura y la liberalización económica
del país. Así, en el año 2005 Colombia experimentó un crecimiento récord de las inversiones: con
____________________________________
45 Los flujos de IED en
anuales de media entre 1999 y 2002.
46 Estas cifras corresponden al total de las inversiones sin contar el petróleo. [Banco de
un aumento del 227%, se convirtió en el país de América del Sur donde más había crecido
seguido por Venezuela (95%) y Uruguay (81%)47, y alcanzó el valor de inversión extranjera más
alta de su historia, con 10.192 millones de dólares. Las responsables de este impulso han sido las
grandes compras en el sector industrial, como la adquisición de Bavaria por parte de la multinacional
cervecera SABMiller y la venta de las acciones de
transnacional Phillip Morris. Pero el país no sólo atrajo grandes flujos de IED, sino que también
se convirtió en uno de los más grandes inversores de la región junto con México, Brasil y Chile.
02.5
Del petróleo a los servicios
En los años ochenta, la mayor parte de las inversiones extranjeras que se efectuaban en Colombia
se centraban en el sector de los recursos naturales: entonces, el 63% de
minería y al petróleo. Sin embargo, en la década del auge de la inversión extranjera en el país, la
situación dio un vuelco y, en el período comprendido entre 1996 y 2003, los servicios fueron el
destino del 70% de los flujos de IED en Colombia. Como prueba del cambio del patrón de las
inversiones, sólo hay que observar que, en esos mismos años, únicamente el 5% de la entrada
de capital extranjero tuvo como objetivo los recursos naturales48.
____________________________________
47 UNCTAD, Informe sobre las inversiones en el mundo 2005, Nueva York y Ginebra, Naciones Unidas, 2006.
48 CEPAL, La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2004, Santiago de Chile, Naciones Unidas, 2005.
Las privatizaciones de las empresas públicas de servicios resultaron fundamentales para coadyuvar
en este cambio de tendencia, porque el 57,2% del total de la entrada de inversión extranjera en
el país en 1997 fue gracias a la venta de activos estatales. Además, se puede hacer una distinción
entre los diferentes tipos de servicios: desde 1994 hasta 2004, los servicios financieros acapararon
el 23% de la inversión extranjera y las inversiones en agua, gas y electricidad el 16%. Eso sí, en
realidad, Colombia sólo es un caso particular de una preferencia global, puesto que las corrientes
mundiales de IED han cambiado a favor de los servicios. Por eso, mientras este sector recogía una
cuarta parte del monto mundial de inversiones extranjeras a principios de la década de los setenta,
en 1990 ya representaba casi la mitad y para 2002 había aumentado su participación a cerca del
60% del total.
Actualmente, se está dando de nuevo la vuelta a esta tendencia, y es que cabe destacar el aumento
de la entrada de capitales destinados al sector de los recursos energéticos en los dos últimos años:
en el primer semestre de 2005, las inversiones relacionadas con el petróleo se incrementaron un
134% —con un total de 1.200 millones de dólares—, mientras que en la industria minera la subida
fue del 60% y se llegó a los 2.000 millones. El agotamiento de las reservas de crudo de Colombia
y el consiguiente impulso a la realización de actividades relacionadas con la exploración petrolera
influyeron de forma decisiva en que el sector de los recursos naturales resultase ser el destino del
67% de
02.6
España, el segundo mayor inversor en Colombia
Existe una relación de correspondencia entre los países inversores y los sectores en que éstos
centraron sus esfuerzos en el país. Hasta que no comenzaron a desarrollarse las reformas estructurales
en los noventa, las inversiones que se realizaban en Colombia provenían fundamentalmente de
los Estados Unidos y se dirigían a los sectores del petróleo y las manufacturas. Sin embargo, con
la apertura y la liberalización económica la situación sufrió un cambio y las inversiones europeas
adquirieron una gran importancia. Así, mientras en la primera mitad de la década de 1990
europea significaba un 22,9% del monto total para Colombia, entre 2001 y 2004 pasó a suponer
el 47,1%50. Si se echa un vistazo a la lista de los mayores países que han invertido en Colombia
en la última década (véase para ello la tabla 3), se puede observar cómo Estados Unidos sigue
ocupando la primera posición —con el 16% de
proporcionalmente sus inversiones han ido decreciendo según aumentaban las provenientes de
los países de
inversor europeo, seguida por Holanda y el Reino Unido, ya que sus empresas jugaron un papel
destacado en la transferencia de los activos estatales a manos privadas, sobre todo en los sectores
de la energía eléctrica, la banca y las redes de telefonía. Y otro hecho que resulta destacable es
la gran proporción de capitales que ingresa al país desde diferentes paraísos fiscales, tales como
las Islas Caimán, las Islas Vírgenes y las Bermudas.
____________________________________
49 CEPAL, 2006, op. cit.
50 UNCTAD, Investment Policy Review, Ginebra, Naciones Unidas, 2006.
En 2005, el último año del que se dispone de registros, esta situación se ha modificado ligeramente,
ya que la adquisición de la cervecera colombiana Bavaria —la segunda mayor de Sudamérica—
por parte de la corporación transnacional SABMiller, con sede en Londres, ha hecho que el Reino
Unido pase a ser el segundo país que más inversiones ha realizado en Colombia en la última
década, superando ligeramente a España.
02.7
Las razones para invertir en Colombia
Las grandes compañías transnacionales y los organismos financieros internacionales lo tienen muy
claro: Colombia es actualmente un valor en el que hay que apostar para realizar las inversiones.
Según los analistas extranjeros, existen razones de peso para confiar en la bonanza del país. La
estabilidad macroeconómica es una de ellas, y es que Colombia ha tenido unos niveles de crecimiento
económico (el 5,13% en 2005) por encima del promedio de la región. Además, el hecho de tener
uno de los regímenes laborales más flexibles de América Latina51, así como el haber cumplido con
el pago de la deuda externa cuando otros países latinoamericanos afrontaban una crisis, hacen
que el país sea objeto de confianza para la inversión foránea. Finalmente, otros argumentos que
se utilizan con frecuencia en los documentos oficiales de promoción de las inversiones son la
situación estratégica del país —que dispone de un fácil acceso marítimo a los mercados
____________________________________
51 En Colombia, la jornada laboral diurna extendida desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche permite al empleador contratar
dos turnos de trabajo sin necesidad de pagar horas extras ni recargos nocturnos.
4%
17%
norteamericano, asiático, latinoamericano y europeo—, el que haya firmado tratados de libre
comercio con
EE.UU., y el gozar de preferencias arancelarias tanto con
En cuanto a la regulación de
favorable para la inversión extranjera, que a todos los efectos es tratada igual que la inversión
nacional. Además, para favorecer las exportaciones se pusieron en marcha diez zonas francas52
—que ofrecen beneficios tributarios y en las que no hay impuestos a la importación y exportación53—
cinco zonas económicas especiales de exportación —que proporcionan incentivos cambiarios,
fiscales, aduaneros y laborales— y el Plan Vallejo, que ofrece a las multinacionales exenciones
fiscales y garantías para la comercialización de productos y materias primas.
En definitiva, el índice de apertura del país, que mide el grado de integración comercial en el
mercado global, pasó de un 34% del PIB en 1992 al 41% en 200254 y, sin embargo, a pesar de
la propaganda oficial, la masiva llegada de capitales transnacionales no ha traído de la mano ese
progreso y bienestar que se prometía. De hecho, al comparar el crecimiento de los flujos de IED
con la tasa de desempleo y los niveles de pobreza, se observa que los supuestos beneficios sociales
que llevan asociadas las inversiones extranjeras no aparecen por ningún lado. Así, la tasa de paro
ha crecido —las políticas de reestructuración tras la compra de las empresas públicas por parte
de las multinacionales conllevaron despidos masivos—, el índice de pobreza por ingreso también
ha ido aumentando y Colombia es uno de los países del mundo con mayor desigualdad económica
____________________________________
52 En la actualidad, las zonas francas que existen en Colombia son las diez siguientes: Bogotá, Barranquilla, Pacífico, Quindío, Cúcuta, La
Candelaria, Palmaseca, Rionegro, Santa Marta y Cartagena.
53 Éstas son Buenaventura, Valledupar, Ipiales, Tumaco y Cúcuta.
54 Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial, 2006.
100
N DEL INGRESO [GINI]*
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
entre sus habitantes, como se observa en el aumento del índice de concentración del ingreso
(gráfico 4). Así pues, se constata que los flujos de capitales que mueven las empresas transnacionales
no sólo no sirven para superar el conflicto sino que únicamente contribuyen a ahondarlo.
02.8
La irreal imagen de seguridad
Pero, sin duda, el argumento más repetido por el gobierno colombiano para favorecer las inversiones
es el de la mejora en la seguridad del país. Esta idea se ha transmitido por todo el planeta gracias,
entre otros, a los organismos financieros internacionales, que han difundido esta propaganda
diciendo que Colombia ocupa el primer lugar dentro de los países de la región en términos de
consistencia y transparencia de sus políticas gubernamentales55. Además, según el Instituto Español
para el Comercio Exterior (ICEX), «Colombia ha experimentado una considerable mejoría en todos
los datos relativos a la seguridad, fruto de la denominada política de Seguridad Democrática
impulsada por el recientemente reelegido presidente Álvaro Uribe»56.
El actual presidente de
un segundo mandato en 2006, ofrece sus mayores logros a la opinión pública: reformas impositivas
y de la legislación laboral, reducción del gasto público y reforma del sistema de pensiones. Además,
dado que, según la versión oficial, entre el 1,5% y el 4,5% del PIB del país se pierde a causa del
conflicto armado57, se requiere un constante aumento del gasto militar. Todo con el objetivo a
medio plazo de mejorar la imagen del país de cara a los inversores extranjeros. Y, para profundizar
en esta línea, las previsiones de la política del Gobierno colombiano para el futuro, que se recogen
en
para el transporte de carga, la recuperación de las redes ferroviarias del Atlántico y Pacífico, y el
dragado y habilitación de cinco puertos. Como dice Santiago Montenegro, Director del Departamento
Nacional de Planeación, «
colombiana en una economía abierta capaz de generar un crecimiento importante de las
exportaciones, importaciones y de la inversión»58.
En resumen, el Gobierno colombiano está tratando de proyectar una imagen internacional del
país que sea propicia para la llegada de los capitales extranjeros. En este sentido, no es de extrañar
que el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, sostenga que «la confianza
en nuestra política económica ya ha producido extraordinarios logros, compañías multinacionales
ya establecidas en el país están reinvirtiendo y otras nuevas empiezan a hacerlo para sacar provecho
del enorme potencial»59. Porque la seguridad para las inversiones no está relacionada con la
seguridad para las personas, como podemos ver en los informes que se publican en España:
Colombia fue el país de América Latina con unas mejores perspectivas de negocio para las empresas
españolas en el año 200660. De lo que se trata es de generar la imagen de un país confiable, cosa
____________________________________
55 World Competitiveness Center, World Competitiveness Yearbook, 2006.
56 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), “¿Por qué Colombia?”, 2006.
57 Lucy Amis, Adrian Hodges y Neil Jeffery, Desarrollo, paz y derechos humanos: una agenda para las empresas, Londres y Bogotá,
International Business Leaders Forum (IBLF), 2006.
58 Departamento Nacional de Planeación, Visión Colombia II Centenario: 2019, Bogotá, 2006.
59 Citado en: Proexport, Colombia sorprendente, el lugar para ir, Guía de Inversión extranjera, 2006.
60 Cámaras de Comercio, Perspectivas empresariales para 2006, 2006.
que en gran medida se ha logrado: mientras en 1995
dólares, diez años después ésta superaba los 10.000 millones. Al mismo tiempo que el gobierno
alardea del cumplimiento de los índices macroeconómicos, de la credibilidad de su gestión ante
la opinión pública internacional y de su estrategia para combatir la delincuencia, el Banco Mundial,
el Banco Interamericano de Desarrollo,
Internacional han dado su aval a las reformas y han confirmado que en el período 2003-2006 iban
a otorgar un crédito a Colombia por un valor de 10.300 millones de dólares61.
Sin embargo, en ninguno de estos informes oficiales se hace referencia a los índices de violaciones
de los derechos humanos, que bajo el gobierno de Álvaro Uribe han seguido registrando cifras
escandalosas. Así, en su primer mandato, entre julio de 2002 y junio de 2006, un total de 11.282
personas fueron asesinadas o desaparecieron en Colombia por causas sociopolíticas, lo que significa
una media diaria de 7,8 personas, mientras el promedio de los seis años precedentes era de nueve
personas cada día. En los casos en que se conocen los presuntos autores de los hechos, el Estado
tiene la responsabilidad sobre el 75,2% de las muertes y desapariciones, ya sea por acción directa
de agentes estatales (14,2%, 908 víctimas) o por tolerancia o apoyo a los grupos paramilitares
(61,0%, 3.907 víctimas)62. Además, las detenciones arbitrarias se han convertido en una práctica
generalizada, masiva y sistemática: en relación con las cifras correspondientes a los seis años
precedentes, durante la administración del presidente Uribe el número de personas detenidas
arbitrariamente se incrementó un 240,9%63.
Estos datos desmienten la propaganda oficial y sirven para comprobar que Colombia sigue siendo
uno de los países más peligrosos del mundo, especialmente para quienes defienden un modelo
alternativo de sociedad.
02.9
Las multinacionales en Colombia
La presencia de multinacionales en Colombia no es un fenómeno exclusivo de los últimos años
porque, desde que, a comienzos del siglo pasado, se comenzó a desarrollar el sistema capitalista
en el país, los diferentes gobiernos siempre han buscado a las empresas extranjeras. En los años
veinte, por ejemplo, se desarrolló el enclave petrolero del Magdalena Medio con la compañía de
capital norteamericano Tropical Oil Company y se empezaron a poner en marcha algunos proyectos
de desarrollo agroindustrial por parte de
etapa de inserción de Colombia en la economía mundial se desarrollaron economías de enclave,
se impusieron dinámicas de sobreexplotación de la fuerza de trabajo y también se dio lugar a
procesos de resistencia de los trabajadores, y es que el nacimiento de la clase obrera colombiana
se relaciona con el desarrollo de las corporaciones transnacionales norteamericanas en el Magdalena
y Magdalena Medio64.
____________________________________
61 Proexport, 2006, op.cit.
62 Comisión Colombiana de Juristas, Colombia 2002-2006: Situación de derechos humanos y derecho humanitario, Bogotá, 2007.
63 Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, “Persiste grave situación de derechos humanos y derecho internacional
humanitario en Colombia”. Bogotá, 2006.
Sin embargo, fue a partir de la década de los ochenta cuando se generalizó la presencia de las
empresas multinacionales en el país. A la sombra del modelo de apertura económica, con la política
de privatización de las empresas estatales y la estrategia de fusiones y ventas de las compañías
colombianas para enfrentar la fuerte competencia internacional, se instalaron en el país las
transnacionales españolas (como se detallará más adelante), canadienses (como Cerromatoso),
mexicanas (Cemex), brasileñas (Petrobras) y francesas (Carrefour), por citar sólo algunas y sin
mencionar a las norteamericanas, que fueron las primeras en llegar. Así hasta llegar a la situación
actual, en la que, de las 5.000 mayores empresas del país, 291 son multinacionales y concentran
el 22% del PIB65.
Los negocios empresariales se expanden en Colombia: en 2005, las ventas de las mil compañías
más grandes aumentaron el 16% y sumaron 217 billones de pesos (unos 80.000 millones de
euros), lo que equivale al 76% del PIB, es decir, tres cuartas partes de la producción total del país.
___________________________________
65 “Así comenzó la inversión extranjera”. Semana, 28 de octubre de 2006.
Telefónica
La proporción de empresas transnacionales entre las mayores de Colombia tiende a aumentar con
el paso de los años, mientras la participación estatal se va haciendo cada vez más pequeña: hace
siete años, 20 de las 100 empresas más grandes eran del Estado, mientras este año apenas 14
son de naturaleza pública66. En todo caso, la estatal Ecopetrol67 todavía se mantiene a la cabeza
de la lista de las mayores empresas del país, seguida por una serie de compañías multinacionales
(véase la tabla 4) como ExxonMobil, Comcel, General Motors (GM) y British Petroleum (BP).
Además, cuatro multinacionales españolas —Endesa, Telefónica, Unión Fenosa y Gas Natural—
sitúan a siete de sus filiales entre las 30 primeras transnacionales en Colombia. Pero, si se sumasen
las ventas de cada una de estas subsidiarias y se computasen como un único valor total, se podría
ver cómo Endesa —propietaria de Emgesa y Codensa— es la cuarta mayor corporación transnacional
del país y Unión Fenosa —dueña de Electricaribe, EPSA y Electrocosta— es la novena.
En cuanto a las entidades financieras, es aún más acusada la posición predominante que ocupan
las empresas españolas: el BBVA es el cuarto banco de Colombia por ingresos —el primero si sólo
se tienen en cuenta las corporaciones transnacionales— mientras el Santander ocupa el noveno
lugar.
02.10
Los efectos de las actividades de las multinacionales
El desembarco de las corporaciones multinacionales en Colombia no ha estado exento de graves
impactos sobre las poblaciones locales y el medio ambiente. Petroleras y mineras, agroindustrias,
compañías eléctricas y del sector de la alimentación... muchas de ellas han estado involucradas
____________________________________
66 Esta tendencia decreciente seguirá en este año 2007, cuando se contabilice Telecom como una empresa extranjera y no estatal, y se
concreten algunas de las privatizaciones que están todavía pendientes.
67 Estatal no se sabe por cuánto tiempo más, ya que, en el año 2006, el ejecutivo de Álvaro Uribe anunció la decisión de iniciar la
privatización del 20% de
697.880 104.194
en casos que ponen de manifiesto las relaciones entre las empresas transnacionales y las violaciones
de los derechos humanos. Por ejemplo, compañías agroindustriales como Multifruits, filial de la
multinacional norteamericana Delmonte, que ha desarrollado el cultivo ilegal de banano, caucho
y palma, se ha beneficiado del asentamiento de las estructuras paramilitares en el Chocó y, por
todo ello, tiene responsabilidad en el desplazamiento de más de 2.500 afrocolombianos, así como
en el saqueo de bienes de supervivencia y la utilización de este lugar como centro de diversas
operaciones paramilitares que dejaron 85 víctimas de esta comunidad68. Y también multinacionales
extractivas como Drummond, acusada de utilizar los servicios de militares colombianos para
proteger sus instalaciones y de permitir la libre entrada de conocidos paramilitares a las mismas,
así como de instigar a estos grupos armados para asesinar a tres dirigentes sindicales69. O Anglo
Gold Ashanti que, a través de su filial colombiana Kedahda, opera en el Sur de Bolívar, donde,
mientras ejercía su actividad en el período comprendido entre 1988 y 2006, se ha denunciado la
ejecución extrajudicial de 330 personas y la desaparición de más de cien70.
Siempre ha habido sospechas de que muchas de las empresas transnacionales que operan en
Colombia están involucradas en la financiación de los grupos paramilitares y, en algunas ocasiones,
se ha podido confirmar que efectivamente es así. Tal es el caso de la multinacional bananera
Chiquita Brands —antigua United Fruit Company—, que ha reconocido en marzo de 2007 que
pagó a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia en Córdoba y Urabá, para que
le proporcionaran seguridad en sus operaciones71, y se ha demostrado que, en el año 2001,
transportó 3.000 fusiles AK-47 y cinco millones de proyectiles con destino a esos grupos ilegales72.
Pero los casos que han adquirido mayor relevancia internacional son los de las empresas Nestlé y
Coca-Cola, a quienes se atribuye una responsabilidad directa o indirecta en el asesinato de varios
dirigentes sindicales: en concreto, se acusa a la empresa suiza de la muerte de diez personas y a
la estadounidense de nueve73. Uno de los casos denunciados, por ejemplo, es el del asesinato de
Isidro Segundo Gil, trabajador de Coca-Cola y dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores
de
de 1996 dentro de las instalaciones de la embotelladora de la trasnacional, ubicada en el Urabá
antioqueño. Su esposa fue asesinada dos años después. Y, mientras, los responsables de todas
estas muertes siguen impunes.
Todo esto sin citar ni las consecuencias ambientales ni sobre los pueblos indígenas de la actividad
que han desarrollado, sobre todo, las multinacionales mineras y petroleras.
____________________________________
68 Tribunal Permanente de los Pueblos - Capítulo Colombia, “Sentencia de
69 En 2001, Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita, presidente y vicepresidente del sindicato de la empresa, fueron asesinados por grupos
paramilitares. Unos meses después, Gustavo Soler, quien reemplazó a Locarno, resultó asimismo asesinado. [”A juicio en Alabama”.
Semana, 10 de marzo de 2007; “Oscuridad en la mina”. Semana, 24 de marzo de 2007]
70 Tribunal Permanente de los Pueblos - Capítulo Colombia, “Sentencia de
71 ”Bananera Chiquita Brands buscó aval de Departamento de Justicia de EE.UU. para pagar a ‘paras’”. El Tiempo, 16 de marzo de 2007.
72 Tribunal Permanente de los Pueblos - Capítulo Colombia, “Sentencia de
73 Ibíd.
29
LAS INVERSIONES ESPAÑOLAS EN COLOMBIA
Como se señaló anteriormente, España fue el segundo mayor inversor extranjero en Colombia
en la década en que el país entró en los procesos de globalización. Las inversiones españolas
prácticamente se equipararon a las de la mayor economía del mundo, lo que es muy destacable
si se tiene en cuenta las diferencias de tamaño del PIB de uno y otro país: el de Estados Unidos
es 15 veces el de España. Además, cabe destacar que, entre 1992 y 2001, España aportó el 40%
del total de los 6.600 millones de euros de IED que invirtió
03.1
El desembarco: años y sectores
Las empresas españolas empezaron a tomarse en serio la posibilidad de invertir en Colombia a
partir de 1996, cuando el BBVA adquirió el 40% del Banco Ganadero. En los años posteriores se
produjo el desembarco del resto de grandes compañías: en 1997, Endesa compró
Energía de Bogotá; ese mismo año, Gas Natural se introdujo en el país mediante la compra de la
empresa estatal del mismo nombre y el Banco Santander compró más de la mitad de las acciones
del Banco Comercial Antioqueño; y posteriormente, en 2000, le llegó el turno a Unión Fenosa,
que adquirió las empresas distribuidoras de electricidad de
EPSA. Con la crisis que tuvo lugar en toda América Latina en 2001, las multinacionales españolas
no realizaron grandes compras en Colombia en ese año ni en los sucesivos, sino que se dedicaron
a mantener y consolidar sus capitales en la región. En los últimos años, estas inversiones han vuelto
de nuevo al país con fuerza, ya que el BBVA compró en 2005 el banco Granahorrar, de propiedad
estatal, mientras Telefónica realizó la adquisición de la empresa pública Telecom en el año 2006.
____________________________________
74 William Chislett, 2003, op.cit.
Si se observa la composición de las inversiones españolas por sectores, se puede comprobar que
el grueso se concentra en sólo dos de ellos: la energía (45% del total de
entre 1992 y 2005) y los servicios financieros (43%)75. Mientras tanto, otros sectores, como las
comunicaciones (6%) y la construcción (2%), son minoritarios. Por lo tanto, se pone de manifiesto
que éste no es sino un caso más dentro del comportamiento generalizado de las multinacionales
españolas en la región, esto es, que se trata fundamentalmente de empresas de servicios orientadas
hacia el mercado interno.
03.2
La presencia de las multinacionales españolas
Prácticamente todas las grandes multinacionales españolas tienen negocios en Colombia: Repsol
YPF, Cepsa y Gas Natural en el terreno de los hidrocarburos; Unión Fenosa y Endesa en el sector
de la electricidad; Ferrovial y ACS en el campo de la construcción; BBVA y Santander entre los
bancos más poderosos del país; Telefónica con una posición de fuerza en el sector de la telefonía
fija y móvil; además de otras empresas como Aguas de Barcelona, PRISA, Sanitas, Prosegur y
Mapfre.
La compañía española Aguas de Barcelona (Agbar) —propiedad del grupo francés Suez y de La
Caixa— tiene inversiones en Colombia desde 1995, fecha en la que se creó una empresa mixta
público-privada para prestar los servicios de suministro de agua y saneamiento en la ciudad de
Cartagena y Agbar fue la única que se presentó al concurso. La compañía afirmaba que, en 1999,
más del 90% de la población cartagenera estaba conectada a sus servicios, mientras que un
informe del Banco Mundial de ese mismo año sostenía que «casi un tercio de la población, la
mayor parte en los vecindarios pobres, carece de agua corriente y de servicios básicos de
saneamiento». Básicamente, la compañía no tuvo en cuenta en sus cálculos a quienes no residieran
en la zona del municipio que se considera como urbanizada según la ley76. El resultado ha sido
que, aparte de incumplir su obligación de extender el servicio a los barrios empobrecidos, ha
causado un grave impacto ecológico y sanitario por el vertido de aguas residuales sin tratar a las
lagunas, ciénagas y lagos que son utilizados como fuente de agua en las zonas periféricas, además
de las repercusiones sociales que tendrá el que las tarifas del agua habrán subido un 570% para
el año 201077.
En el sector del agua están presentes asimismo la empresa pública madrileña Canal de Isabel II y
la valenciana Tecvasa, que son copropietarias de la compañía Canal Extensia. A su vez, esta última
es socia mayoritaria del Grupo Empresarial Triple A, que adquirió a Agbar antiguas concesiones
que tenía en Barranquilla, Santa Marta, Soledad y Puerto Colombia78, y consiguió con su gestión
que las tarifas se disparasen y que muchos usuarios no pudieran pagarlas.
____________________________________
75 Registros de inversión extranjera, Departamento Nacional de Planeación, 2006.
76 David Hall y Emanuele Lobina, La privatización del agua en América Latina, Londres, PSIRU, 2002.
77 Tom Kucharz, “El comercio con los servicios y la privatización del agua. Tendencias globales”. Ecologistas en Acción, 2005.
78 María García y Gonzalo Marín, “Una mirada al sector del agua”. Pueblos, nº22, julio de 2006.
En 1996, el BBVA, que entonces aún era el Banco Bilbao Vizcaya, adquirió una participación del
40% en el Banco Ganadero por un valor de 329 millones de dólares. Poco a poco, continuó
incrementando su porcentaje accionarial en la entidad financiera: en 1998 compró otro 15%; en
2000 llevó a cabo una ampliación de capital con la que se convirtió en el propietario del 85,1%
de las acciones; en 2001 realizó una OPA para lograr el control de un 10% adicional, lo que le
llevó a convertirse en uno de los mayores grupos financieros del país. Posteriormente, en 2005
el BBVA se convirtió en el líder del mercado hipotecario colombiano tras la compra del banco
estatal Granahorrar por 423 millones de dólares. Como dice Luis B. Juango Fitero, presidente del
BBVA en Colombia, «los bancos tuvimos un buen año en 2005», y para el futuro pronostica que
«las adquisiciones y fusiones en el sector continuarán y el resultado serán entidades más grandes
y fortalecidas»79.
Por su parte, el Banco Santander compró en 1997 el 60% del Banco Comercial Antioqueño
(Bancoquia) por 151 millones de dólares. Actualmente, el Santander posee el total de su subsidiaria
en Colombia y junto con el BBVA tienen un 11% de los activos del sistema bancario80.
En cuanto a los medios de comunicación, el Grupo PRISA adquirió Caracol Radio en 1999 en
circunstancias peculiares. Julio Mario Santo Domingo, que quería un socio estratégico minoritario,
le había vendido al grupo español el 19% de las acciones de Caracol Radio, pero el contrato de
dicha transacción contenía una cláusula de ajuste de precio por la cual el propietario tenía que
pagar a sus socios en función de los resultados financieros de los tres años posteriores a la firma.
Como esos años coincidieron con la recesión y el ajuste de precio fue tan cuantioso, Santo Domingo
tuvo que entregar la totalidad de la compañía a PRISA para poder cumplir el contrato81. Actualmente,
la empresa es la segunda operadora de radio en Colombia, detrás de RCN.
Por otra parte, Telefónica es el segundo operador de telefonía móvil en Colombia y en el año 2006
adquirió el 50% de la empresa pública Colombia Telecomunicaciones (Telecom), propietaria de
las redes de telefonía fija, por 370 millones de dólares. Dos años antes, Telefónica Móviles había
comprado las operaciones latinoamericanas de la compañía estadounidense Bellsouth, incluidas
la de Colombia, y fusionó todas sus filiales de móviles bajo la marca Movistar. Y, además, desde
el año 2000 ya estaba presente en el país con su filial de atención telefónica, Atento, que tiene
más de 4.500 trabajadores82. Así, si se suman los ingresos de todas las compañías participadas por
Telefónica (Telecom, Movistar, Telefónica Data y Atento), se puede certificar que el grupo español
es el líder absoluto en el sector colombiano de las telecomunicaciones, por delante incluso de
Comcel (propiedad del grupo mexicano Telmex).
Por último, hay otras compañías más pequeñas que se han hecho fuertes en Colombia. Éste es
el caso de Mapfre, que tiene cerca de un millón y medio de clientes, o de la empresa de seguridad
Prosegur, que en febrero de 2007 anunció la compra del 60% de la empresa colombiana Thomas
Greg & Sons, con más de 1.400 empleados, y se situó en el segundo puesto del ramo en el país83.
____________________________________
79 Proexport, 2006, op.cit.
80 Mauro F. Guillén, 2006, op.cit.
81 “Colombia Inc.”. Semana, 28 de febrero de 2005.
82 “1.600 empleos generará la tercera plataforma de Atento Colombia”. Dinero, 12 de abril de 2006.
83 “Prosegur compra la segunda firma de seguridad de Colombia”. Cinco Días, 20 de febrero de 2007.
03.3
Las multinacionales españolas de los hidrocarburos: el caso de Repsol
El primer contrato firmado por Repsol en Colombia data de 1987, cuando adquirió una participación
del 5% en
y no fue hasta ocho años más tarde, en 199985, que empezó a expandir sus actividades en el
departamento de Arauca mediante la compra de las participaciones de la empresa Arco en los
contratos de San Miguel y Capachos. Según la compañía, en 2006 su producción neta en Colombia
____________________________________
84 William Chislett, 2003, op.cit.
85 Registros de inversión extranjera, Departamento Nacional de Planeación, 2006.
fue de 2,1 millones de barriles de petróleo, es decir, 5.845 barriles diarios (el 1,1% del total de
su producción mundial), mientras sus reservas probadas de crudo eran de 5,7 millones de barriles
(el 0,6% del total de sus reservas globales). Así, Repsol posee aproximadamente una participación
del 1,1% en la producción diaria de petróleo de Colombia y, a ese ritmo, sólo tiene para producir
durante tres años y medio. Aunque la compañía ha ampliado su presencia en el país en los últimos
años —asumiendo contratos de evaluación técnica, exploración y explotación tanto en los Llanos
Orientales como en
en el departamento de Arauca.
Si se compara con las áreas contratadas y con las ganancias que tienen otras corporaciones
transnacionales, se puede afirmar que la mayor compañía petrolera de América Latina, Repsol YPF,
no desarrolla una gran actividad en Colombia. Sin embargo, esto es así porque hasta ahora se ha
dedicado fundamentalmente a la exploración —que es el paso previo que necesariamente hay
que dar antes de poder obtener grandes beneficios— y la mayoría de sus operaciones se han
llevado a cabo en el departamento de Arauca, donde está presente en casi todos los bloques
petroleros que cubren la región. Arauca ha sido un caso paradigmático de lo que significan las
actividades de las multinacionales: después de más de veinte años de explotación petrolera, el
departamento ha sido testigo de las consecuencias que la presencia de las empresas Occidental
y Repsol ha tenido sobre el medio ambiente, los pueblos indígenas y los derechos humanos.
En Arauca, la petrolera ha asumido la exploración y explotación de hidrocarburos dentro de los
territorios indígenas u’wa y guahibo, en los que se encuentran preocupantes coincidencias entre
la entrada de la empresa y la aparición de grupos paramilitares. A pesar de que Repsol extrae en
la actualidad una importante cantidad de petróleo, no cuenta con una sede oficial en Colombia.
Por eso, el caso de Repsol en Arauca sirve para poner de manifiesto una paradoja aparente: la
mayor multinacional petrolera de América Latina trabaja en Colombia en la clandestinidad. Así,
la misma compañía que en el Estado español patrocina el motociclismo y el pronóstico del tiempo
y que en sus informes anuales recoge su presencia en el país, opera a través de una subcontrata
en Bogotá y carece de cualquier tipo de logotipo o identificación en sus oficinas y pozos, con lo
que se diría que parece una empresa fantasma. Este hecho evidencia la gran capacidad de
adaptación al medio que poseen las empresas transnacionales. En Arauca, donde más de veinte
años de actividad petrolera apenas han dejado beneficios para la población, Repsol sabe de sobra
que no es bienvenida y que sus operaciones pueden repercutir en daños a su imagen corporativa.
Por eso, mientras perfora nuevos pozos y engorda sus ganancias, opta por no dar la cara. Esto,
que podría resultar paradójico al compararlo con la publicidad que da a sus actividades en otros
países, no es sino otra forma de construir un imaginario paralelo, pero esta vez mediante la técnica
de borrarse del mapa y operar en secreto.
Repsol opera en esta región de tres maneras diferentes pero complementarias: asociada a la
empresa estatal Ecopetrol, en consorcio con la transnacional estadounidense Oxy y en solitario.
En todas las modalidades, la presencia de la multinacional española se caracteriza por beneficiarse,
aunque sea indirectamente, de la persecución a la que somete el ejército a los dirigentes sociales
—combinando las estrategias de judicialización con el encubrimiento de los grupos paramilitares—
y por su poco respeto hacia los pueblos indígenas y el medio ambiente.
TABLA 7 LOS CAMPOS PETROLEROS DE REPSOL YPF EN COLOMBIA [2006]
A La extensión se expresa en hectáreas.
Fuente: Informes anuales de Repsol YPF (de los años
Con la entrada en la participación de la producción de los campos Rondón y Caño Limón, este
último perteneciente a
hasta su agotamiento de un campo ya consolidado. En cambio, con esa misma lógica, no ha hecho
suyos los antecedentes de Occidental como operadora del campo. Esto es, se ha desentendido
de la responsabilidad en crímenes de lesa humanidad al financiar compañías de inteligencia
mercenarias, en el apoyo al ejército norteamericano, en la presión para propiciar la aprobación
del Plan Colombia y en la financiación de unidades militares con un pésimo historial en materia
de derechos humanos.
Desde 2002, año en que Repsol anunció la existencia de petróleo en Capachos, Tame comenzó
a sufrir el auge del paramilitarismo, por lo que se incrementaron los crímenes contra la población
civil y los índices del desplazamiento forzado. Después de que las acciones de los grupos paramilitares
se intensificaran en los dos años siguientes, Repsol comenzó a perforar y a producir petróleo.
Resulta paradójico que, siendo la empresa más importante que opera en el municipio, no se haya
visto afectada por los niveles de violencia que registró la región en la que opera. El silencio de la
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86 Aquí se recoge la información oficial publicada por la compañía en sus informes anuales (del año 2000 al 2007), así como los datos
suministrados por
en cada campo -que es difícil de conseguir porque no hay transparencia en estas informaciones-, lo importante es constatar la participación
de la empresa Repsol en la mayor parte de los campos petroleros de Arauca.
empresa, en relación con los crímenes de lesa humanidad cometidos en Tame en esos años, puede
originar serias dudas sobre una posible complicidad pasiva por lo ocurrido. Porque, después del
clima de terror impuesto por el paramilitarismo, el ejército y las judicializaciones masivas, Repsol
puede entrar a explorar en áreas con potencial petrolero sin encontrar ningún tipo de oposición
social. Y es que el ejercicio sistemático de represión y violencia en la región, que ha incrementado
enormemente el número de casos de violaciones a los derechos humanos en los últimos cuatro
años, ha tenido pocos efectos sobre la capacidad militar de los grupos insurgentes, mientras el
mayor daño lo han sufrido las organizaciones sociales.
Su apuesta por asegurarse nuevas reservas de crudo se ha centrado en unas áreas de exploración
que se superponen con resguardos indígenas u’was y guahibos, a pesar de lo cual no se conoce
ningún pronunciamiento público de la multinacional definiendo su posición sobre la exploración
petrolera en esos territorios. El Estado colombiano se ha encargado de amoldar la normativa para
que la extracción petrolera cuente con menos restricciones y requisitos legales. En este contexto,
Repsol se ha aprovechado de las contradicciones de la legislación para intervenir en los bloques
petroleros de Capachos y Catleya, coincidentes con territorios indígenas. A pesar de la manifiesta
oposición de las comunidades u’was a que se lleve a cabo cualquier tipo de actividad petrolera,
Repsol está asociada con Ecopetrol en el bloque Catleya. En él, donde es la empresa estatal la que
asume la operación, se incluye todo el piedemonte araucano, en el que se asientan las comunidades
indígenas u’wa, por lo que la exploración en esta zona conlleva que se vea afectado su modo de
vida y su cultura. En este caso, Repsol YPF de nuevo es corresponsable de las actividades petroleras
que desarrolla en dichos territorios, contraviniendo los acuerdos internacionales de
ONU, así como sus propias políticas de Responsabilidad Social Corporativa.
Pero Repsol también debería asumir las consecuencias ecológicas relacionadas con la explotación
petrolera en los últimos veinte años al ser copartícipe, junto a Ecopetrol y Oxy, de
Cravo Norte. Repsol forma parte de este consorcio, pero, a pesar de beneficiarse de su producción,
nunca ha asumido la responsabilidad social y ambiental que conlleva. La participación en el segundo
mayor yacimiento petrolero de la historia de Colombia representa un importante beneficio para
la empresa española, pero también una responsabilidad por los pasivos ambientales que dejan sus
operaciones. Impactos entre los que destaca el riesgo de extinción de importantes especies del
ecosistema de Lipa, la pérdida del sustento para cientos de familias pescadoras y la progresiva
desaparición de las comunidades guahibas, cuyo modo de vida estaba unido a la conservación
del medio natural.
Por lo tanto, con la participación de Repsol en los dividendos derivados de la actividad petrolera
en Arauca, la compañía ha adquirido una corresponsabilidad, directa o indirectamente, en el
incremento del conflicto social, político y militar, la destrucción de los ecosistemas de la región y
el acoso a las culturas indígenas. Del mismo modo que otras corporaciones transnacionales
petroleras, ni ha contribuido a aportar soluciones al conflicto armado ni ha aportado su granito
de arena para paliar las desigualdades. De hecho, ha sucedido justamente lo contrario: la situación
se ha agravado en aquellos lugares que disponen de petróleo.
Además, junto a Repsol, en Colombia también están presentes otras dos multinacionales españolas
de los hidrocarburos: Cepsa y Gas Natural. Cepsa, petrolera controlada por el gigante francés Total
y, en menor medida, por el Banco Santander, fundó su filial colombiana en el año 2000 e inició
su actividad en 2001. La compañía firmó un acuerdo con la francesa Hocol para adquirir una
participación del 33,3% en tres bloques de exploración petrolífera situados en el valle superior
del río Magdalena y, en la actualidad, tiene una participación del 15% en un consorcio con la
brasileña Petrobras y Ecopetrol. Además, Cepsa desarrolla trabajos de exploración en el bloque
Espinal Profundo, en el que tiene una participación del 50%, y opera asimismo en el bloque
Torbellino, situado también en el valle superior del río Magdalena, en el que es dueña del 100%87.
A comienzos de 2007, Cepsa, Hocol y Petrobras anunciaron el hallazgo de petróleo en un pozo
situado en una zona rural del departamento de Huila, donde las reservas de crudo podrían llegar
a ser de 41 millones de barriles88.
Por otra parte, Gas Natural adquirió el negocio de la distribución y comercialización del gas en
Bogotá, su área metropolitana y Bucaramanga. Esta multinacional opera en el país a través de sus
subsidiarias Gas Natural del Oriente, Gas Natural Cundiboyacense y Gases de Barrancabermeja.
Tiene más de un millón y medio de clientes y sus ventas aumentaron el 113% en los últimos cinco
años, como consecuencia del incremento de hogares con este servicio y de un mayor número de
vehículos movidos con el gas como combustible. Frente a la estrategia de invisibilidad que ha
seguido Repsol YPF —que, por otra parte, es la principal accionista de la empresa gasista—, Gas
Natural ha desarrollado una amable imagen corporativa en Colombia, patrocinando actos públicos
y eventos culturales. Además, en este mismo sentido, Gas Natural ha registrado en el país un
proyecto de mecanismo de desarrollo limpio (MDL) —el primero de la empresa española y el
primero que se registra en el sector gasista colombiano—, que consiste en la sustitución de
fuel-oil por gas natural en varias plantas industriales de Bogotá y la región de Cundinamarca89.
03.4
Las multinacionales españolas de la electricidad:
el caso de Unión Fenosa
El 93% de la generación hidroeléctrica de Colombia está en manos de cinco empresas (Endesa,
Unión Fenosa, ISAGEN, AES y EPM). De ellas, tres son corporaciones transnacionales, que controlan
prácticamente la mitad de la producción de electricidad del país. El dominio de las empresas
españolas en el mercado de la electricidad en Colombia es abrumador: si se suman los ingresos
de las generadoras y de las distribuidoras, se puede comprobar que Endesa es la mayor transnacional
del sector y Unión Fenosa es la segunda.
Así pues, según sus ventas y la capacidad de generación instalada, Endesa es la primera multinacional
de la electricidad energía en Colombia. Sin embargo, mientras Endesa distribuye electricidad
únicamente en Bogotá y Cundinamarca, que concentran la mayor parte de la actividad comercial
e industrial del país, Unión Fenosa tiene la misma actividad en nueve departamentos y, en gran
medida, vende el servicio eléctrico a una población más empobrecida.
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87 “Cepsa compra el 33,3% de tres bloques petroleros en Colombia”. El País, 5 de febrero de 2006.
88 “Cepsa halla petróleo en el sur de Colombia”. El Tiempo, 16 de febrero de 2007.
89 “Gas Natural registra un proyecto de mecanismo de desarrollo limpio en Colombia”. Noticias de
de 2006.
Endesa posee tres filiales en Colombia, dos dedicadas a la generación (Emgesa y
Hidroeléctrica de Betania) y una encargada de la distribución eléctrica (Codensa). Hasta que llegó
el auge de las privatizaciones,
de la generación, transporte y distribución de electricidad a la capital del país. En 1996, se inició
un plan de reestructuración de la empresa, que fue dividida en tres compañías: la generadora
Emgesa, la distribuidora Codensa y la transportadora EEB. Una vez confirmada la separación de
las actividades, se puso a la venta el 48,5% de las acciones de las dos primeras, y el grupo
transnacional Endesa-Enersis se adjudicó la compra por 2.170 millones de dólares90. Posteriormente,
con la absorción de las actividades de Enersis por parte de Endesa, las dos compañías se integraron
definitivamente bajo el paraguas de la primera corporación transnacional eléctrica española. A
raíz de estas adquisiciones, Endesa se ha consolidado en una posición de liderazgo en el sector
de la electricidad en Colombia: en el año 2005, sus beneficios en el país ascendieron a 209 millones
de euros. Sin embargo, esta bonanza económica contrasta con los efectos negativos de su gestión.
Porque ya desde la privatización se vinieron produciendo algunas maniobras irregulares, como la
eliminación de las acciones de los trabajadores para que no tuvieran la posibilidad de acceder a
las decisiones sobre el proceso. Además, en su plan para hacer rentable el negocio, Endesa pasó
por alto los derechos de los trabajadores y trabajadoras: deterioró el convenio colectivo y 2.000
empleados fueron despedidos o tuvieron que acogerse a un retiro voluntario. Por otra parte, los
usuarios de los barrios empobrecidos denunciaron que se les habían trasladado las inversiones en
la renovación de la infraestructura como un cargo más de la factura91.
Eso sí, de todas las denuncias de la actividad de Endesa en Colombia, quizás la más conocida sea
la que tiene que ver con el impacto ambiental del embalse de Muña, en el departamento de
Cundinamarca. Esta presa, que pertenece a Emgesa, bombea agua del río Bogotá para producir
energía. Pero el río arrastra las aguas residuales de la capital, con lo que el resultado final es que
el embalse se encuentra muy contaminado. Con el fin de evitar la difusión de los malos olores
cercanos a la presa, Emgesa decidió cultivar una planta acuática denominada buchón, lo que no
hizo sino empeorar la situación, ya que favoreció que se incrementara espectacularmente el número
de mosquitos. Así, éstos han llegado a impedir la actividad normal en la zona y han contribuido
a la proliferación de enfermedades entre los habitantes de Sibaté, la población más cercana al
embalse92. Como siempre, mientras
aguas del río Bogotá o la limpieza del mismo y la compañía se niega rotundamente argumentando
que no es su responsabilidad, es la población que vive en la zona la que sufre los problemas
ambientales generados por la contaminación del embalse de Muña.
Por su parte, Unión Fenosa comenzó a desarrollar sus operaciones en Colombia en noviembre de
2000, cuando adquirió la empresa Electrificadora de
del Caribe (Electricaribe), ambas dedicadas a la distribución y comercialización de electricidad. Un
mes más tarde, completó su presencia en el país con la compra de
Pacífico (EPSA), dedicada a la generación, transporte, distribución y comercialización de electricidad.
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90 En realidad, la empresa española Endesa adquirió el 26,4%, mientras las chilenas Enersis y Chilectra se hicieron cargo del 12,5% y el
9,1%, respectivamente.
91 CENSAT, GATS, liberalisation and privatisation of the power sector in Colombia. The Endesa case , Bogotá, noviembre de 2002.
92 David Llistar y Tatiana Roa, “El caso del embalse del Muña: inversión pestilente en manos de Endesa”. Ecología Política, nº 30, Barcelona,
Icaria, diciembre de 2005.
Al principio, las electrificadoras de
se ha terminado: en el año 2006, Electrocosta ha comenzado a generar beneficios. Por el contrario,
EPSA, el otro eje del negocio de Unión Fenosa, siempre fue rentable y le sirvió para sostener el
crecimiento de sus negocios en el país. Por lo tanto, a día de hoy, las actividades económicas de
la multinacional eléctrica española en Colombia se centran en dos zonas –
el Suroccidente– y gozan de muy buena salud: el año pasado sus beneficios por explotación en
el país se incrementaron el 53,9%93.
Una vez que se estableció en Colombia, Unión Fenosa incrementó la flexibilidad laboral, puso en
marcha una reducción de los salarios y eliminó las pensiones contempladas en los convenios
colectivos. Además, contribuyó al debilitamiento de los sindicatos, mediante las ofertas de
prejubilaciones y de privilegios a algunos cargos. Al igual que vienen haciendo tantas corporaciones
transnacionales en otros lugares del mundo, su estrategia ha sido la de externalizar el máximo
número posible de tareas. Así, la subcontratación ha servido para acentuar la precariedad laboral
y para evadir la responsabilidad de la empresa en los accidentes y en los enfrentamientos entre
las cuadrillas y la comunidad, que se han venido produciendo en un contexto de tensión por la
mala calidad del servicio.
Como la prioridad consistía en obtener beneficios en todas y cada una de sus actividades, Unión
Fenosa se sirvió de su posición como única empresa prestadora del servicio eléctrico en
del Caribe. Con la excusa de la existencia de una cultura del no pago —lugar común que esconde
otros motivos muy distintos al cultural para la falta de pago—, se produjo un gran incremento
de las tarifas del consumo de electricidad. El aumento del gasto familiar en los servicios públicos,
desde que se produjo la privatización, ha sido tan elevado que, en el año 2002, una familia
empobrecida del departamento de Atlántico tendría que destinar la mitad de sus ingresos, ya de
por sí bajos, a pagar la factura de la luz a Electricaribe.
____________________________________
93 Unión Fenosa, “Informe de Resultados enero-diciembre de
%
Atlántico, Magdalena,
La poca recaudación de las filiales de Unión Fenosa se debe también al descontento social que
ha generado la mala calidad del servicio eléctrico, que ha dado lugar a un proceso de resistencia
al pago. Y es que la anteposición del beneficio económico a la calidad del servicio se tradujo en
la reposición irregular de contadores, la sobrefacturación o la imposición de multas económicas
por fraude. Además, la reducción de los gastos de las filiales de Unión Fenosa se ha realizado a
través de los cortes masivos de luz como forma de racionamiento, deteriorando así gravemente
los servicios de agua, sanidad y educación. Y en las zonas rurales se ha carecido de cualquier
atención hasta que no han existido fondos públicos que hiciesen rentable la inversión.
Todo ello dio lugar a una serie de protestas ciudadanas que, en 2003, fueron el factor determinante
para que Electrocosta, Electricaribe y las instituciones públicas no tuvieran más remedio que reunirse
en las mesas de concertación. Sin embargo, los acuerdos que ahí se tomaron no fueron ninguna
solución, porque los problemas más graves continuaron existiendo. Además, se produjo una fuerte
atomización de las protestas ciudadanas, fundamentalmente como consecuencia de la ausencia
de cumplimiento de los acuerdos, la connivencia de las instituciones de control con las filiales de
Unión Fenosa y, por último, las amenazas a varias personas que encabezaban las denuncias. En
este sentido, tuvo una importancia central el que
fuerte implantación de la parapolítica: la actuación de los grupos paramilitares ha dejado tras de
sí el asesinato de 27 líderes sociales. Por su parte, la multinacional española, contraviniendo el
compromiso con las personas al que alude en sus informes de Responsabilidad Social Corporativa,
nunca ha denunciado esta situación.
Cuando, en el 2003, se declaró el estado de inviabilidad financiera de las filiales de Unión Fenosa,
la administración tomó una serie de medidas para evitar su quiebra: la capitalización de las empresas
y el incremento de los subsidios al consumo y de las inversiones públicas en la infraestructura.
Precisamente, el aporte de dinero con fondos estatales ha sido el factor clave para la recuperación
económica de la empresa. Es decir, el Estado colombiano ha asumido el peor papel tras la privatización
de las compañías distribuidoras de electricidad de
es el que menos beneficios se lleva de su actividad pero, al mismo tiempo, es el que realiza la mayor
parte de las inversiones para que las compañías generen más ingresos.
Pero, sin duda, la medida que ha terminado de posibilitar la superación de la crisis de Electrocosta
y Electricaribe ha sido la creación de Energía Social. Esta empresa ha llegado, incluso, a ganar un
premio de Responsabilidad Social Corporativa a la innovación porque, según su propia publicidad,
«supone crear una empresa dimensionada en función de las necesidades de los más pobres». Eso
sí, detrás de esa cara amable se encuentra una compañía que deja en manos de la población con
menores recursos económicos la responsabilidad del funcionamiento de un servicio básico. Y,
además, ha servido como un factor de desmovilización social, ya que, a cambio de una remuneración
económica, muchos líderes sociales han pasado a ser la representación de la empresa en el
vecindario. Así, se han producido enfrentamientos en los barrios y se ha extendido una desconfianza
sobre las organizaciones comunitarias. A pesar de que el objetivo declarado de Energía Social es
construir un modelo de gestión sostenible, esta compañía sólo tiene sentido si se sigue prolongando
el sistema de subsidios.
En cuanto a los impactos ambientales de Unión Fenosa, éstos se localizan especialmente en la
región del Suroccidente de Colombia. Allí, las plantas hidroeléctricas de su filial EPSA han ocasionado
un grave deterioro ambiental y social. Como ejemplo, se han analizado dos casos paradigmáticos.
El primero, el de la presa de Bajo Anchicayá, en el que EPSA actuó con negligencia al realizar, el
23 de julio de 2001, un enorme vertido de lodo al río. Actitud negligente por cuanto nunca llegó
a realizar un estudio previo de las posibles consecuencias, ni consultó a las comunidades
afrodescendientes que viven en la zona ni a la autoridad ambiental. Además, Unión Fenosa ha
adquirido una corresponsabilidad por los pasivos ambientales del embalse de Anchicayá, construido
hace más de veinte años. El segundo caso es el de la población afectada por el embalse de Salvajina.
Este embalse inundó el territorio de la población indígena, afrodescendiente y campesina que
habitaba la zona, provocando su desplazamiento. Y, de la misma manera, afectó a la economía
local y modificó las redes de comunicación fluvial. Aunque Unión Fenosa afirma que no tiene nada
que ver con ello porque había iniciado sus operaciones después de la construcción de la presa,
la compañía incluye en su cuenta de resultados lo que ingresa por la generación de la central,
luego debe responder por los efectos negativos que permiten su lucro. Sin embargo, no sólo no
se responsabiliza de sus pasivos ambientales sino que en un futuro cercano puede incrementarlos,
ya que tiene en proyecto el desvío del río Ovejas al embalse de Salvajina, que agravará aún más
la situación de desplazamiento y destrucción del territorio de esta área.
