sábado, 1 de marzo de 2008

IMPUNIDAD PARA LOS NEGOCIOS, PONE EN SITUACIÓN DE DESASTRE ECOLOGICO A LA CORDILLERA Y LA AMAZONIA.

Un ´Tsunami´ recorre la cordillera, dejando a su paso desolación y muerte

por Susana Merino

Resumen: la autora presenta una visión general del desastre
ecológico y humano que las multinacionales mineras han
desatado sobre toda la región andina, desde México hasta
Chile y Argentina, pero también destaca la lucha de
los pueblos contra los emprendimientos mineros.

No se trata en rigor de un fenómeno natural sino del fenómeno más asolador que haya generado la mano del hombre sobre la espina dorsal de los pueblos latinoamericanos.

Desde las montañas mexicanas hasta el extremo sur de nuestra Tierra del Fuego la nueva fiebre del oro y de algunos otros metales, codiciados por la proverbial voracidad del hemisferio norte, está sembrando la destrucción de los territorios y de los pueblos que los habitan.

Un verdadero tsunamiaceptado, tolerado y hasta incentivado por los gobiernos de todos los países andinos y centroamericanos. Basta leer, aunque fuere someramente, las leyes de promoción minera, para descubrir en ellas la más absoluta indiferencia por los predecibles estragos ecológicos y económicos que desde hace ya más de una década vienen desencadenando, y advertir que ningún beneficio les ha sido retaceado a los inversores mineros en detrimento y perjuicio de los habitantes locales.

Ecología y economía están íntimamente emparentadas y no por casualidad. Ambas palabras proceden del griego oikos (casa), es decir que se refieren a la idea de que este planeta que habitamos es el hogar que debemos cuidar y compartir y en consecuencia se trata de conocer (logos) y de administrar (nemein) un patrimonio que hemos heredado de las generaciones precedentes y que debemos preservar para las generaciones futuras.

Sin embargo, nada parece más lejos de una realidad que, trascendiendo el cómplice silencio de los medios, logramos percibir a través de las informaciones que, sorteando las vallas de la información tradicional, nos llegan cotidianamente a través de Internet. Una breve reseña nos permitirá avalar esta afirmación:
Si bien en México la minería tiene una larga historia puesto que las riquezas del subsuelo mexicano fueron uno de los motivos de la conquista en el siglo XVI y la industria minera ha sido también señalada como una de las causas del estallido de la Revolución mexicana en 1910 hoy en día más de 1.500 empresas canadienses tienen una presencia en México y otras 3.100 están dando pasos para realizar en breve su primera transacción en el país.

Los informes de la actual industria minera exigen el debilitamiento de los derechos laborales y el amordazamiento de los movimientos sociales como requisitos para que prosperen sus proyectos mineros tanto en México como en otros lugares. La "estabilidad política" que reclaman las empresas, en su mayoría canadienses, no es la estabilidad social sino que se trata del control con mano dura de los movimientos sociales, de la militarización del campo y del desplazamiento de las comunidades locales como se vienen dando en aquel país para permitir la implementación y la protección de las inversiones corporativas.

En Guatemala los depredadores que enfrentan los pueblos mayas de los departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango, El Quiché, San Marcos, Sololá y Totonicapán son las mismas trasnacionales de la minería a cielo abierto que, con métodos similares, actúan en toda la región centroamericana, pretendiendo extraer oro y plata mediante el método de demoler montañas con explosivos, dejando sin agua a las comarcas, contaminando el suelo, el agua y el aire con el letal cianuro para retirarse luego dejando tras de sí solo desolación y ruinas.

En El Salvador el Ministerio de Economía extendió 28 licencias de exploración a varias empresas extranjeras, entre éstas las canadienses Pacific Rim y Martinique Minerals, que están buscando oro y plata en la zona norte del país. Sin embargo, algunos políticos han hecho escuchar su voz para evitar que esos proyectos prosperen argumentando que la estrechez territorial, la densidad poblacional y la cercanía de los recursos hídricos, son factores que hacen inviable la minería metálica en el país sugiriendo incluso a las comunidades afectadas no vender sus terrenos a la compañías mineras.

En Panamá se denuncian las graves consecuencias ecológicas, sociales, laborales y culturales dejadas en el país por los proyectos de minería que responden a los intereses de lucro de las empresas transnacionales y distorsionan las verdaderas actividades productivas y económicas de las comunidades indígenas. Prueba de ello son la contaminación del río San Félix, de la fauna y la flora, con azufre, cianuro y ácido sulfúrico, además del riesgo para las actividades ganaderas y agrícolas de la región, de la pérdida del uso de enormes cantidades de territorio, como resultado de los depósitos de materiales y tierra extraídos de las minas; dándole carácter nacional a la contaminación sobre una parte importante del territorio, debido a la envergadura de las explotaciones y al reducido tamaño del país.

Según el economista William Hughes, "por muy 'sana' y 'limpia' que sea la tecnología usada, las implicaciones sobre el medio ambiente de este tipo de proyectos son dramáticas, y decir lo contrario es simplemente un engaño".

Hace muy poco tiempo, el pasado julio en Colombia, un Encuentro Nacional Agrominero Interétnico (campesinos, afrocolombianos, indígenas y trabajadores sindicalizados de la minería), procedentes del Sur de Bolívar, Catatumbo (Norte de Santander), Cauca, Nariño, Risaralda, Caldas y Antioquia, se manifestó igualmente en contra de "la legislación minera que el Estado ha venido desarrollando desde 1996, creada bajo la asesoría de abogados y organizaciones al servicio de las transnacionales" denunciando al mismo tiempo que "estas políticas gubernamentales plantean una negación al libre desarrollo, equilibrado y sostenible, en donde la libre disposición de nuestros recursos naturales, es entregada a intereses foráneos".

En Ecuador las actividades de las transnacionales mineras y de las hidroeléctricas privadas están causando una aguda conflictividad social. Amenazan la vida y el ambiente, desplazan comunidades, se apropian de extensos territorios, de las aguas, de la biodiversidad y desequilibran la seguridad y soberanía alimentaría de las poblaciones afectadas.

La explotación minera a gran escala produce un impacto directo en el suelo, flora, fauna y agua. En la fase de prospección y exploración, se abren caminos, se derriban bosques primarios, intervienen maquinarias utilizando combustibles contaminantes. En la explotación se utilizan químicos como el cianuro o el mercurio para separar el oro de otros minerales de la naturaleza, que directamente se depositan en los cursos fluviales y en las napas subterráneas.

En el Perú, tal vez junto a Bolivia el país de mayor tradición minera del continente, su región central se halla tremendamente contaminada: las subcuencas de los ríos San José-Anticona, San Juan, Yauli, Huayhuay, laguna de Huascacocha, lago de Junín de los Reyes o Chinchaycocha; cuenca del río Mantaro, zona agrícola del Valle del Mantaro, etc., especialmente por los relaves, botaderos de desmontes, sedimentos, rebase de las canchas de relaves, agua ácida de las minas, aguas servidas, dispersión de los contaminantes secos por el aire y otros tóxicos, que eliminan sin ningún tratamiento al aire, suelo y a los recursos hídricos, las 17 compañías mineras y la refinería de la Oroya en funciones, y las 67 mineras abandonadas.

En la Oroya, por ejemplo, no solo se detectan en la población niveles de plomo en sangre superiores a los admitidos sino que los ríos como el Mantaro son cloacas de las compañías mineras; se trata de un río muerto en un 100% y profundamente contaminado, especialmente por metales pesados: 4 veces más de lo permitido en cobre y cadmio, en plomo 13 veces más, en hierro más de 30 veces llegando en ciertas épocas del año a más de 160 veces más de lo permitido Con este agua tremendamente contaminada se está irrigando la zona agrícola del Valle, aunque investigadores noruegos y canadienses recomendaron no hacerlo sin previo tratamiento, para no contaminar los alimentos que allí se producen, ni depredar el suelo.

Chile no solo tiene sus propios problemas locales sino que comparte con nuestro país uno de los más ambiciosos y destructivos proyectos del continente. El denominado Pascua-Lama montado sobre los glaciares y las altas cumbres andinas gracias al incalificable Tratado sobre Integración y Complementación Minera, firmado en el año 2000 por los entonces presidentes de Chile y Argentina "destinado a facilitar el desarrollo de diversas actividades en el ámbito económico y, entre ellas, el estímulo a las inversiones recíprocas y a la complementación y coordinación para el desarrollo del sector minero" y a "asegurar el aprovechamiento conjunto de los recursos mineros que se encuentren en las zonas fronterizas de los territorios de ambas Partes, propiciando especialmente la constitución de empresas entre nacionales y sociedades de ambos países y la facilitación del tránsito de los equipamientos, servicios mineros y personal adecuado a través de la frontera común" y que ha desencadenado un atractivo negocio para las transnacionales mineras que allí operan sin limitaciones de ninguna de las partes y que constituyen la peor amenaza a los sistemas socioeconómico-ecológicos cordilleranos.

Afortunadamente son muchas las voces y las comunidades que vienen reclamando con elogiable tenacidad la suspensión de las actividades mineras y aunque sus logros son aún pequeños es de esperar que adquieran fuerza suficiente como para contrarrestar la invasiva intromisión de intereses no solo ajenos, sino diametralmente opuestos a los de su propia existencia.

Detallar las numerosas iniciativas populares argentinas existentes contra los emprendimientos mineros sería demasiado extenso, pero bien merecen ser sujeto de algún futuro análisis. Mencionaré para concluir, que desde hace algún tiempo están proliferando las organizaciones en defensa del Medio Ambiente y contra las Mineras en varios sectores de la sociedad latinoamericana, tales como “Acción Ecológica”, Ecuador; “Centro de Ecología y Pueblos Andinos CEPA”, Oruro, Bolivia; “Confederación de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI”, Perú; “Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA”, Chile; “CENSAT-Agua Viva”, Colombia, los movimientos “No a la Mina”, en Argentina, entre muchas otras. Y finalmente mencionaré que críticos análisis científicos (especialmente eco-química, en ecosistemas biogeográfícos, hidrológicos y geoquímicos) demuestran enfáticamente que el proceso de cianuro para la extracción de oro no puede ser aceptado, por los irreversibles daños que ocasiona al ecosistema. Considerando la economía, la conservación del agua y la protección de la naturaleza, las minas de oro usando cianuro a cielo abierto no están autorizadas por las leyes de Alemania y de la Comunidad Económica Europea. Entre nosotros ¡sí!

* Publicado en “Rebanadas de la Realidad”, 18-12-2007
** Arquitecta argentina. Editora del informativo semanal "El Grano de Arena" de ATTAC Internacional.



Chevron Texaco y el juicio del siglo: La destrucción de la Amazonia

Por Heinz Dieterich

Resumen: artículo del sociólogo europeo
especializado en la problemática política y social de América Latina,
aparecido el 23 de marzo pasado en
Rebelión ,
publicación del pensamiento alternativo de la región.
El tema de la acción antiecológica de la petrolera estadounidense en Ecuador
y el juicio contra la firma, se ha convertido en caso paradigmático
y ejemplo de acción judicial de los pueblos originarios. Este material periodístico ha sido publicado por la lista Reconquista-popular@lists.econ.utah.edu

En el "Juicio del Siglo" , el Frente de Defensa de la Amazonia (FDA) trata de lograr que la transnacional estadounidense Chevron Texaco asuma la responsabilidad por la destrucción ecológica y de vidas humanas que ha causado en la Amazonia ecuatoriana. Cinco organizaciones, seis abogados y miles de afectados y simpatizantes se enfrentan a una de las corporaciones transnacionales más poderosas de la tierra, que se niega a reparar los daños por más de seis mil millones de dólares que ha provocado en la Cuenca alta del Amazonas, entre 1971 y 1992.

Según los abogados de las víctimas, Chevron Texaco ha cometido varios delitos, entre ellos posibles casos penales: 1. lo que la ingeniería forense llama "malas prácticas operativas" ; 2. ha incurrido, según la ley ecuatoriana en "fraude en la remediación" , al actuar con "engaño doloso", sospecha de colusión y premeditación y alevosía; 3. ha incurrido en la utilización dolosa de documentación falsa lo que constituye una figura penal.

LA CRIMINAL NEGLIGENCIA DE CHEVRON TEXACO

Durante sus años de operación en la Amazonia ecuatoriana, la Chevron Texaco explotaba la riqueza petrolera del país con técnicas muy contaminantes , que usaban diferentes tipos de "fosas de tierra" o "piscinas de deshechos" para deshacerse de los contaminantes químicos y residuos petroleros resultantes de las exploraciones y explotaciones.

En este sistema sumamente contaminante, que hace décadas no se usa en Estados Unidos , se vierten los desechos tóxicos de las plataformas de extracción en simples fosas excavadas cerca de la plataforma en el suelo. Según el tamaño de la piscina, el gradiente del agua subterráneo, la permeabilidad del suelo y otras variables, los tóxicos contaminan todo el ecosistema circundante, inclusive entrando por los flujos subacuáticos a los ríos cercanos , que, a su vez, alimentan el Amazonas. Con este sistema la Chevron Texaco se ahorró los gastos de instalar y operar una adecuada Planta de Disposición Final , capaz de tratar los residuos tóxicos de manera ecológica. Los ahorros para la empresa, según los cálculos de los querellantes, ascienden a alrededor de 4 mil millones de dólares .

Un estudio de la empresa ecológica estadounidense, Global Environmental Operations Inc., calificó los diferentes tipos de piscinas usados por la Chevron Texaco en Ecuador, de la siguiente manera:
a. Piscinas de perforación abierta , con varios metros de profundidad que pueden contener petróleo libre, sulfato de bario, fluidos de perforación y residuos de petróleo.
b. Piscinas de producción y de desechos de petróleo abiertas , que pueden contener entre 5% y 40% de aceites libres, desechos de petróleo y otros fluidos y que pueden haber estado en fuego en una o más ocasiones.
c. Piscinas de perforación cubiertas por vegetación con una cubierta de 15 a 30 cm. de grosor, flotando sobre una capa de agua y aceites.
d. Piscinas cerradas mediante el movimiento de suelo que, como resultado, contiene una mezcla de sales, lodo, fluidos de perforación, aceites y tierra.

LA CATÁSTROFE AMBIENTAL Y SUS COSTOS DE REMEDIACIÓN

Los daños ambientales generadas por estas "malas prácticas operativas" de la transnacional en la región amazónica fueron cuantificados por la abogada ambientalista Judith Kimerling en 1991, en el libro Amazon Crude (Petróleo amazónico) , de la siguiente manera:
a. la deforestación de por lo menos un millón de hectáreas en los bosques pluviales del Ecuador,
b. el derramamiento de alrededor de 17 millones de galones de petróleo crudo;
c. la quema de 235 mil millones de pies cúbicos de gas natural de deshecho y,
d. el "vertido intencional" de 19 mil millones de galones de residuo tóxico sin tratamiento, en el ambiente.

Bajo la presión del gobierno ecuatoriano, el consorcio Chevron-Petroecuador accedió en 1992 a realizar una evaluación ambiental de sus operaciones entre 1973 y 1990. La auditoria, realizada por una empresa canadiense escogida por la transnacional , confirmó 93 vertidos en los pozos y 10 en las estaciones para el lapso de tiempo analizado. De 18 muestras de agua, 12 (67 %) sobrepasaron los criterios de calidad de vertido para cloruros; 16 (89 %) sobrepasaron la calidad de vertido para sulfuros, y todos (100 %) sobrepasaron los criterios de calidad de vertido para sólidos suspendidos. La conclusión del estudio fue que las operaciones en los campos petroleros potencialmente "no cumplían con las leyes y reglamentos ecuatorianos" .

La dimensión del desastre causado por la transnacional se refleja en el estudio preliminar "conservador" de la Global Environmental Operations Inc., sobre los costos de limpieza de la catástrofe ecológica:
a. la remediación de las 554 piscinas de lodo, 455 millones de dólares;
b. la remediación de las 73 charcas en las estaciones de separación 183 millones de dólares;
c. la remediación de aguas subterráneas a un total de 627 piscinas , 190 millones de dólares;
d. sedimentos de los ríos, 1.320 millones de dólares;
e. Humedales, 1.800 millones de dólares;
f. limpieza de alrededor de 11.950.000 de metros cúbicos de agua contaminada, 2.026 millones;
g. Infraestructura adicional, 140 millones de dólares.
Costo estimado total: 6.114 millones de dólares.

LA CATÁSTROFE HUMANA

Dos estudios de salud pública, uno realizado bajo los auspicios de una de las instituciones de posgrado más importantes de Europa, la London School of Hygiene and Tropical Medicine ( "Informe Yana Curi" ), y el otro por la Escuela de Salud Pública de la prestigiada Universidad de Harvard, encontraron que los carcinógenos vertidos en las operaciones de la Chevron Texaco desde mediados de los años setenta en el oriente ecuatoriano podrían tener consecuencias devastadores para la población de esta zona de 100 000 km2 de bosque húmedo tropical.

El estudio realizado por investigadores asociados a la Universidad de Harvard en abril de 1993, demostró que los vertidos de agua producidos por la Texaco contenían muy altos niveles de compuestos orgánicos volátiles, así como hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y carcinogénicos. En los Estados Unidos un cáncer en exceso por un millón de habitantes es típicamente considerado como el límite aceptable por exposiciones ambientales. Este estudio concluye que en las regiones muestreadas existe un límite de riesgo entre 12 y 1.000 veces mayor.

Pruebas clínicas en personas que sufren de afecciones cutáneas patológicas encontraron que existía una relación causal firme entre la exposición relacionada al petróleo con la salud adversa. Así mismo, muchos de los defectos de nacimiento, los cánceres, las enfermedades respiratorias y los abortos espontáneos que han sido reportados en la región, pueden ser resultantes de los contaminantes tóxicos vertidos por Chevron Texaco.

El "Informe Yana Curi" , a su vez, establece que en un estudio realizado en la población de San Carlos, la cual contiene más de 30 pozos petroleros construidos por Texaco, los índices de cáncer detectados superaban los índices normales respectivos hasta por 30 veces. Sobre las mujeres de comunidades cercanas a los pozos y estaciones de petróleo afirma que "presentaron un riesgo de abortos espontáneos 2.5 veces más alto, es decir, un 150 % más, que las mujeres que viven en comunidades no contaminadas" .

LA DEMANDA JUDICIAL CONTRA CHEVRON TEXACO

Un encuentro casual entre científicos ecuatorianos y abogados estadounidenses en el área de Nueva York, a inicios de los años noventa, dio motivó para que en 1993 dos despachos de abogados estadounidenses iniciaran una demanda judicial contra Texaco en una Corte Federal de Nueva York, por daños ambientales y daños a personas . Nueve años después, el 16 de agosto del 2002, el juez instructor del caso resolvió que era más conveniente decidir el caso ante una corte ecuatoriana , bajo el argumento de que las pruebas estaban en ese país.

Un año después se inició el caso en la Corte Superior de Nueva Loja , Ecuador, donde avanza lentamente ante el enorme poder legal, mediático y económico que despliega la transnacional. Durante la fase de inspecciones judiciales, Chevron Texaco usó su amplia experiencia en este tipo de conflictos, para evitar que las pruebas científicas de campo indicasen con claridad su responsabilidad causal en el desastre: tratando de imponer sus protocolos técnicos a los abogados de las víctimas; protocolos que están estructurados para derrotar a las víctimas, tergiversando la representatividad de los muestreos, usando la trampa de los promedios y aceptando sólo pruebas de terreno a no más de un metro de fondo, cuando la mayoría de la contaminación se encuentra a mayor profundidad .

Al igual que en el caso de la industria tabacalera, que durante décadas ocultó investigaciones científicas internas que habían demostrado que el fumar causa cáncer, la Texaco ocultó datos respectivos sobre su criminal política antiecológica en el Ecuador. Por ejemplo, un documento interno de la corporación de 1996, demuestra que la transnacional sabía que los niveles del cancerígeno cadmio eran 19 veces superiores a los permitidos por las leyes ecuatorianas, al igual que los cancerígenos plomo, níquel y fenol que fueron encontrados al menos en niveles tres veces superiores a las normas ecuatorianas.

Otros ardides usados por la transnacional son la "inundación" de la corte ecuatoriana con Informes Judiciales de miles de páginas que son irrelevantes para el caso; de ignorar deliberadamente los estándares ecológicos ecuatorianos, utilizando estándares "internacionales" inventados por sus expertos y tratando de culpar a PetroEcuador por los daños causados. Es por eso, que el Frente de Defensa de la Amazonia calificó a los primeros cuatro informes de Chevron Texaco entregados a la Corte a inicios del año, como "lleno de falsedades, carente de argumentos técnicos, tendenciosos, sin respaldo y sin respecto a las normas nacionales" .

30 MIL AFECTADOS POR LA TIRANÍA TRANSNACIONAL

La multimillonaria estrategia mediática y jurídica de la transnacional que -según los abogados de las víctimas obtuvo ganancias estimadas en Ecuador de entre 20 y 30 mil millones de dólares- es dirigida desde Miami por el abogado brasileño Ricardo Reis Veiga, ex vicepresidente de ChevronTexaco para América Latina. Las estratagemas de Reis Vega en el caso posiblemente "violan las regulaciones que gobiernan a las empresas transnacionales en los Estados Unidos" , dice uno de los abogados de los afectados, Stephen Donziger, porque esas regulaciones "requieren que sus ejecutivos digan la verdad" .

Sin embargo, la transnacional se defiende con todo el enorme poder que tiene. Es la segunda compañía de energía integrada más importante de Estados Unidos; tiene 56.000 empleados y 19.000 gasolineras; opera en más de 180 países; sus ventas alcanzaron 143 mil millones de dólares en 2004, casi 8 veces superior al Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador ; sus ganancias en el mismo año fueron de 13.328 millones de dólares. Dentro de las cinco empresas occidentales que dominan el mercado mundial energético, Chevron Texaco es la cuarta en importancia, después de ExxonMobil, Royal Dutch-Shell y British Petroleum-Amoco.

EL ESTADO IMPERIALISTA ES AMIGO DE CHEVRON TEXACO

Tanto poder económico se convierte automáticamente en poder político en una democracia capitalista. Y mucho más en una democracia capitalista como la de Estados Unidos, en la cual las corporaciones energéticas son intocables porque su negocio representa un "interés nacional" vital del sistema, y donde todas las doctrinas presidenciales de este siglo han girado en torno al control estadounidense del petróleo mundial.

De ahí que no sorprende, que Dave O´ Reilly, el presidente de Chevron Texaco, sea un entrañable amigo para George Bush. Durante una visita a Abuja, Nigeria, en julio del 2003, George W. Bush elogió cálidamente a O´Reilly, diciendo que "Dave O´ Reilly entiende la definición de la responsabilidad corporativa. Yo valoro altamente el liderazgo de Dave y Chevron. Su trabajo no solo consiste en hacer ganancias para sus accionistas, su trabajo consiste también en mostrar compasión. Y yo aprecio tu liderazgo, Dave" .

Bush respondió de esa manera a un discurso de O'Reilly, en el cual este decía que "todos estamos aprendiendo a hacer negocios en Africa. Se trata de aceptar responsabilidades económicas y sociales más amplias. a fin de crear un entorno en el cual la gente de Africa puede realizar su potencial y alcanzar la prosperidad" . Bush iba acompañado por la nueva "dama de hierro" del imperialismo occidental, su Asesora de Seguridad Nacional, Condoleeza Rice. Invitar a "Condy" era una buena idea: Rice había sido miembro del Consejo de Directores de la Chevron Texaco durante nueve años, obviamente con tanto éxito y encanto, que la agradecida compañía bautizó a uno de sus supertanqueros petroleros de 130.000 toneladas con su nombre.

Menos entusiastas se encuentran las organizaciones de derechos humanos y la población del Delta del Níger, donde se extrae el petróleo, quienes recuerdan a la praxis de Chevron Texaco en Nigeria más bien como una historia de destrucción ecológica y colaboración con la corrupta y represiva policía de Nigeria, tal como Human Rights Watch ha documentado, y tal como recuerdan las víctimas ecuatorianas de esta empresa "con compasión" .

LA BATALLA FINAL

Este año se decide la batalla judicial en Nueva Loja y la Chevron Texaco hará todo lo posible para no ser condenado a pagar los más de 6 mil millones de dólares en daños ecológicos que ha causado, porque a sus multimillonarios accionistas no les gustaría que la mitad de la ganancia que se robaron en 2004, fuera para las víctimas ecuatorianas, en lugar de parar en sus cuentas bancarias. Están acostumbrados a sacrificar los intereses de la humanidad por sus intereses de ganancia y tratarán de hacerlo nuevamente en este caso, apoyados por Bush y Rice.

Sin embargo, el desastre y su cínica política evasiva ante las víctimas han causado indignación mundial y si se logra aumentar la presión pública, jurídica y política sobre ellos, van a preferir el pago de la reparación al pago del costo político de su imagen corporativa. Esta es la debilidad de Chevron Texaco que hay que aprovechar para derrotarla, en beneficio de sus víctimas en Africa, Indonesia y América Latina