En un punto intermedio entre el argumento político y el acto fallido, dijo el senador por Córdoba Urquía en la ya célebre sesión del último miércoles: “Tenemos que lograr compatibilizar una Argentina que produce alimentos para 400 millones de personas en el mundo y que tiene 40 millones de habitantes. No tenemos que estropear la gran torta que tenemos hoy para cuidar el mercado interno. A éste debemos cuidarlo y darles de comer a todos los argentinos, pero lo vamos a hacer cuando la torta sea más grande. Si achicamos la torta, todo va a ser más difícil”.
Ironías de la política, el empresario aceitero debe su elección como senador a uno de los muchos despropósitos cometidos por el gobierno nacional, con influencia principal del ministro De Vido, en las elecciones del año pasado en Córdoba. Pero más allá de eso, la frase ilumina un aspecto que suele quedar en las sombras para buena parte de los análisis del conflicto agrario.
Por Edgardo Mocca
El golpe en etapa de maduración
OPINION
Por Rubén Dri *
Hay un sagrado temor a decir las cosas por su nombre. No se puede decir “corporaciones agrarias”, sino “campo”, que es la palabra correcta. No se puede decir que quienes han desabastecido al país y han empleado la violencia contra todos los opositores atentan contra la democracia, porque el “campo” es democrático; no se puede decir que llevan un proceso golpista que ya se encuentra en su última fase, porque ello sería ser llevado de las narices por un presidente chantajista.
Bueno, hay que ser claro. El sometimiento del Estado a las corporaciones, que eso y no otra cosa es el golpe, está en su última fase. Por supuesto que quienes han votado con la Sociedad Rural, eso no sólo no lo pueden ver, sino que no existe ni nunca existió. Han simulado que se debatía nada más que las retenciones, proponiendo retenciones segmentadas, cuando desde hace mucho ése no era, ni es, ni nunca fue el problema, sino que siempre fue y sigue siendo eminentemente político.
El núcleo del problema siempre fue si el Estado ha de regir la política nacional y, en consecuencia, ha de intervenir en el mercado, o si son las grandes corporaciones las que han de ser rectoras sin límites.
En una palabra, si se vuelve al más agresivo neoliberalismo o si éste será por lo menos atemperado mediante intervenciones del Estado.
Esta denominada “nueva derecha”, que es la de siempre, la que lideró todos los golpes de Estado, pero con métodos nuevos, es por esencia golpista o, para decirlo con palabras que no hieran tanto los castos oídos de tantos ciudadanos democráticos, siempre fue, es y será alérgica a todo lo que sea respeto por las instituciones democráticas.
En ese sentido se comete un error cuando se la piensa en términos electorales y se teme, por ejemplo, que arrasen en las próximas elecciones legislativas. Se ignora, o se pretende ignorar, que a esa derecha, la de la Sociedad Rural y demás corporaciones denominadas eufemísticamente “el campo”, no les preocupan las elecciones. Por otra parte, los candidatos que podrían tener son realmente impresentables.
No les interesan las elecciones, porque no es allí donde se disputa el poder. Ellas lo disputan en serio y saben cómo ejercerlo y lo están haciendo a la vista de todos. Si hay que cortar rutas, las cortan; si hay que desabastecer, lo hacen; si hay que agredir a quienes ven como contrarios lo hacen. Tienen todos los grandes medios de comunicación a su disposición. Nunca les va a faltar un Joaquín Morales Solá o un Mariano Grondona.
No tienen que esforzarse en organizar un partido político. Cuando necesiten intervenir en el Poder Legislativo nunca les faltarán candidatos dispuestos a seguir sus instrucciones. Siempre habrá un Cobos esperando las órdenes necesarias.
* Filósofo, profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
Borrador de balance
OPINION
Por Eduardo Grüner y León Rozitchner
Ensayemos, telegráficamente:
1
El movimiento de la “derecha campestre” (incluyendo sus socios secretos de las grandes industrias multinacionales del agrobusiness, de los más concentrados medios de comunicación, etc.) no discutió principalmente las retenciones ni los cambios que pudiera votar el Congreso. Discutió la lógica social de las futuras rentas y, en esa vía, el poder político. Desde el principio, un conglomerado de corporaciones privadas con mezquinos intereses particulares se arrogó una estrategia de “doble poder”, actuando con la soberbia autoritaria de un “Estado dentro del Estado”: cortando rutas, requisando transportes, decidiendo quién comía y quién no en el país, creando desabastecimiento y contribuyendo a la inflación, poniendo en cuestión las instituciones mientras blandían cínicamente la “Constitución”, “escrachando”, “caceroleando” y agrediendo a todo aquel que osara discutirlos (incluyendo diputados y senadores legítimamente electos, nos gusten o no), fantaseando con la destitución del Gobierno, engañando a la población con mitos absurdos y anacrónicos como la oposición entre la Capital y el Interior, el falso “federalismo” (cuando las capitales de la renta especulativa de la soja y afines no están en Buenos Aires, Santa Fe o Entre Ríos, sino en las bolsas de Nueva York, Tokio, Londres o Hong Kong). Y, para colmo, apropiándose de paso de los símbolos de la “patria” y “ninguneando” con un lenguaje repugnantemente racista y clasista a los “negros”. Todo esto es absolutamente intolerable para cualquier sociedad que quiera conservar, ya no digamos su racionalidad democrática, sino su dignidad. Contra esto había que posicionarse sin equívocos.
2
Esto fue posible porque la derecha campestre “olió” que se precipitaba el gran debate nacional por la redistribución. Néstor había cumplido la etapa de acumulación, y mucha gente sintió que ahora correspondía la de “reparto”. No fue así. El gobierno K no tuvo siquiera un plan “nacionalburgués” alternativo al modelo de acumulación heredado de la catástrofe del 2001/2002. Eso, que hubiera sido perfectamente posible sin “sacar los pies del plato” (tenían el dinero, los votos y la legitimidad), le hizo perder base social de sustentación. La medida aislada de la 125 le dio a la derecha el pretexto perfecto para anticiparse a una posible demanda social más amplia, y pelear por que la lógica de la distribución de la renta se armara bajo su “agenda”. El Gobierno quedó desconcertado ante la desproporción de la reacción de aquellos que imaginaba, al menos en parte, como sus “socios”. El Gobierno –se piense lo que se piense de algunos tímidos ensayos de reforma en aspectos parciales– no tocó las estructuras profundas del poder económico (e incluso, en algunos casos, montó sobre ellas su proyecto de acumulación): ni la especulación financiera, ni el regresivo sistema impositivo, ni la desnacionalización energética y minera, ni las grandes multinacionales agroindustriales, ni los oligopolios de comercialización, ni las licencias leoninas de los medios de comunicación, ni por supuesto la nueva “patria sojera”. ¿Por qué, pues, le hicieron todo esto? Justamente, porque estas inconsistencias lo debilitaron. Y la derecha argentina no está acostumbrada a “negociar” con gobiernos débiles, sino a voltearlos o, al menos, volverlos irrelevantes. Súmense a esto las complicaciones de los recientes meses en la situación latinoamericana, y de América del Sur en particular –y muy en especial la feroz ofensiva secesionis-ta/oligárquica en la vecina Bolivia– y la mesa está servida.
3
Tiene que quedar perfectamente claro que la derecha “campestre” es, sea o no “nueva”, la base terrenal de la derecha. Ningún arbolito especulativo sobre los “pequeños y mediados productores”, el rol patético de la FAA (patético, pero perfectamente comprensible: son socios en el mismo negocio) y de ciertas izquierdas despistadas, de la pequeña burguesía urbana, o lo que fuere, puede tapar el bosque de cuál fue la verdadera orientación hegemónica del movimiento. Los ideólogos son los mismos que estuvieron detrás de todos los golpes de Estado, incluido, y sobre todo, el último, que provocó 30.000 desaparecidos. No había argumento, por más bizantino que fuera, que justificara a ninguna persona “de bien” estar de ese lado. Mucho menos cuando el objetivo último, como ya ha quedado perfectamente establecido, era la deslegitimación del Estado (con este o con cualquier otro gobierno) para intervenir en la economía y regular la distribución de la riqueza. No fue, por supuesto, un movimiento “contrarrevolucionario”, porque no había ninguna revolución en marcha. Pero es un movimiento profundamente reaccionario, una ofensiva de clase contra la mayoría de la sociedad, y en particular contra los sectores más desprotegidos y necesitados. Se trataba de arrancar de raíz todo potencial debate social sobre el “modelo” de país, que esta crisis podía muy bien haber desatado, y que es necesario y urgente que se desate.
4
Por lo tanto, era equivocado, a nuestro modesto juicio, decir que aquí se trataba de elegir entre “lo que hay” y “lo peor”. Era igualmente equivocado (no) elegir porque “ni los unos ni los otros, sino todo lo contrario”. Era irresponsable, en medio de una crisis que podía terminar –y terminó– muy mal, lavarse las manos. Posicionarse claramente contra la derecha campestre no era un acto en defensa del Gobierno: era un acto en defensa propia, y de la sociedad argentina. Y era una apuesta a que los sectores populares, en el curso de una práctica de democracia de masas activa, pusiera en debate público la cuestión radical del “modelo de país”, exigiéndole también al Gobierno una definición clara. Nada de esto se pudo hacer antes de que ganara la derecha, en primer lugar porque la autodebilitación del Gobierno (que estaba incapacitado para darse una política de ruptura seria con sus compromisos previos) le entregó a la derecha todas las armas de la movilización de masas, incluidos los medios; en segundo lugar, por la propia fragmentación del campo popular, que impidió la elaboración de una política de autonomía crítica que enfrentara, masivamente y en la calle, la agresión de la derecha, y al mismo tiempo le exigiera al Gobierno un cambio de rumbo. Es a estos factores, y no al voto de Cobos (un pobre oportunista que no tiene suficiente imaginación para “traicionar” a nadie), a los que hay que atribuir la “derrota”, que no es la del Gobierno tanto como la de una (por ahora perdida) oportunidad de poner en radical discusión un proyecto social de nación sobre la recuperación de sus bases materiales.
5
Sin duda, hay un antes y un después. Con el triunfo de la derecha campestre se han dado las condiciones para producir el sentido común de que “los que mandan” son las corporaciones privadas y no las autoridades políticas electas. Insistamos: eso no es un problema sólo para este gobierno, sino para toda la sociedad, se sienta o no representada por el Gobierno. Es un retroceso gigantesco, del cual se tardará mucho tiempo en recuperarse. El discurso neoliberal de la “patria” agroexportadora –con todas sus consecuencias económicas, políticas y sociales, y ahora encima con “base de masas”– volverá a reinar sin competencia seria sobre el fondo del terror que circula ahora en el “carril exclusivo” de la economía. Las palabras que creíamos haber recuperado –“política”, “redistribución”, “justicia social” y ni qué hablar de “lucha de clases”– volverán a intentar licuarse en la jerga aparentemente anodina de una “psicología” economicista que disfraza los intereses locales y globales del verdadero poder. Sin embargo, los cuatro meses en que volvieron a circular no pueden haber sido totalmente en vano, no pueden no haber dejado su sedimento. Habrá que recomenzar la “batalla cultural” (y la social, y la política) desde otro lugar. Abriendo el espacio de una terrenalidad nueva en el cuerpo de cada argentino.
Hoy un juramento...mañana una traición...
El Gobierno reclamará a los exportadores 1763 millones de dólares y estudia una reforma a la ley de granos, que permitió la elusión fiscal. CFK rechazó las renuncias de Alberto Fernández y De Vido. El primer cambio de gabinete sería la designación en Agricultura del presidente del INTA, ingeniero Carlos Cheppi. ¿Qué futuro le aguarda a un gobierno derrotado en el Congreso? La cadena de inconsistencias que culminó con el insólito voto de Cobos.
Por Horacio Verbitsky
El Poder Ejecutivo comenzará esta semana procedimientos administrativos tendientes a recuperar 1763 millones de dólares que los exportadores de maíz, trigo, soja y girasol en granos, pellets, aceite y harina vendieron pagando una alícuota inferior a la vigente, entre ellos la Aceitera General Deheza, del senador justicialista cordobés Roberto Urquía, Cargill, Bunge, Nidera, Vicentín, Noble, ADM y la Asociación de Cooperativas Argentinas. La suma exacta del reclamo la determinarán la AFIP y la Aduana, a partir del cálculo en toneladas que realizó la ONCCA. En algún caso el procedimiento administrativo podría ser también el prolegómeno de denuncias penales por evasión y apropiación indebida de tributos, como el que la AFIP ya impulsó contra uno de los dirigentes de la Sociedad Rural que encabezaron los cortes en la provincia de Buenos Aires, René Ducret.
Declaraciones sin respaldo
En todos los casos, el procedimiento para esta elusión impositiva consistió en registrar operaciones por adelantado, anticipándose a los aumentos en las alícuotas. Para ello bastaba una declaración jurada. Esta maniobra, permitida por la ley de granos, permitía congelar el precio y la alícuota al día del registro y una resolución de la Secretaría de Agricultura otorgaba un plazo de 365 días al exportador para concretar la operación con aquellos valores. Sólo los granos y sus subproductos están exceptuados de pagar al nivel y al precio del día de la exportación. En abril, al asumir como presidente de la Oficina de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), a la que se asignó el control de las declaraciones juradas, Ricardo Echegaray redujo ese plazo de 365 a 45 días y dio comienzo una investigación sobre los hechos anteriores, que culminó esta semana. Desde el 1º de noviembre de 2007 versiones de prensa dejaron saber que las retenciones se aumentarían del 27 al 35 por ciento y Agricultura dejó abierto el registro. El incremento se formalizó el 9 de noviembre. En la semana previa se registraron 26,5 millones de toneladas, con la alícuota anterior. A raíz de ello el diputado demoprogresista Rafael Martínez Raymonda presentó un proyecto de ley que su Cámara aprobó, estableciendo que además de la declaración jurada sería necesario acreditar la tenencia o adquisición de los granos y que quienes no pudieran hacerlo deberían pagar en forma retroactiva, “el mayor nivel de derechos de exportación”, es decir con la alícuota y al precio vigente al momento de la exportación y no a los del registro. Por iniciativa del senador cordobés Roberto Urquía, la cámara revisora lo convirtió en “la mayor alícuota de derechos de exportación”, es decir con la nueva alícuota de retenciones pero al precio del día del registro. El Secretario de Agricultura Javier de Urquiza nunca reglamentó la ley que lo convertía en autoridad de aplicación. Recién el 13 de mayo, por decreto presidencial, la ley fue reglamentada y esas competencias asignadas a Echegaray. La investigación de la ONCCA cerrada el 14 de julio analizó la actividad de 57 empresas, que en 1316 declaraciones juradas registraron ventas futuras por 24,5 millones de toneladas. Para ello cotejó las cifras de esas declaraciones con las que informan a la ONCCA los productores y acopiadores cuando realizan las ventas. De este modo detectó que el 89 por ciento de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior no estaba respaldado por la tenencia o adquisición de granos. Esto equivale a un 85 por ciento de las exportaciones de soja, girasol, maíz y trigo, o sea 22,5 millones de toneladas. Además, las declaraciones juradas decían que las operaciones anotadas correspondían a granos de la cosecha 2007-2008, que todavía no se había levantado. La elusión continuó después del 11 de marzo.
Los grandes
Estas son algunas de las grandes exportadoras que deberán enfrentar el reclamo:
- Cargill declaró sin tenerlas ni haberlas adquirido 4 millones de toneladas de soja y 22.500 de girasol (en ambos casos a granel y pellets), 25.000 toneladas de maíz, 120.000 de aceite de girasol y 436.000 de aceite de soja.
- Aceitera General Deheza, la empresa de Urquía, 54.500 toneladas de girasol, 11.000 de aceite de girasol, 381.000 de aceite de soja y 1.325.000 de harina de soja.
- Bunge, 2.400.000 toneladas de soja y 625.000 de aceite de soja.
- Nidera, 985.000 toneladas de soja, 105.000 de girasol y 116.000 de aceite de girasol.
- Vicentín, 370.000 toneladas de soja, 92.000 de girasol, 125.000 de aceite de girasol, 160.000 de aceite de soja y 602.000 de harina de soja.
- Noble 853.000 toneladas de soja.
- ADM, 820.000 toneladas de soja.
- La Asociación de Cooperativas Argentinas, 675.000 toneladas de soja, 65.000 de maíz y 107.000 de aceite de soja.
- Oleaginosa Moreno, 435.000 toneladas de soja, 105.000 de girasol, 191.000 de aceite de girasol y 41.500 de harina de soja.
Un caso especial es el de Luis Ducret y Compañía, quien figura con mil toneladas de girasol y 2000 de trigo. La AFIP ya había denunciado a este comisionista y consignatario mayorista por evasión tributaria calificada de IVA e impuesto a las ganancias por casi 11 millones de pesos y por apropiación indebida de tributos por 6,5 millones. Su vicepresidente, René Horacio Ducret, es también presidente de la Sociedad Rural de Baradero. La semana próxima será indagado por el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzzo junto con el presidente de la Sociedad Rural de San Pedro, Raul Plácido Victores, por la organización de los cortes de rutas y las quemazones en San Pedro junto a Mario Llambías y Eduardo Buzzi, entre otros.
Una solución de fondo, que el gobierno tuvo en consideración en el primer mes del conflicto y que quedó postergada por la dinámica de los acontecimientos es la reforma de la ley de granos. La propuesta consiste en congelar tanto el precio como la alícuota el día del registro, con la condición de que el exportador pague la retención correspondiente en el momento de anotar la operación. De este modo, productores y exportadores podrán cubrirse mediante el mercado de futuros pero esa timba no ocurrirá a expensas del Estado.
La mañana siguiente
El tema de discusión al día siguiente de la derrota en el Senado fue si es posible gobernar la Argentina cuando se ha perdido la mayoría en el Congreso y se afilan las hachas de la guerra para cobrar las audacias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en muy diversos campos. Un argumento postuló que de ahora en más sólo sería posible seguir acumulando derrotas o resignarse al rol de facilitador institucional de los intereses económicos más poderosos, y que mejor sería apurar el desenlace para ahorrarse esas opciones vergonzosas. Las versiones sobre una hipotética renuncia presidencial salieron de la residencia de Olivos y fueron amainando con las horas. En tal improbable hipótesis debería convocarse a nuevas elecciones, ya que el vicepresidente sólo se hace cargo si la acefalía se produce después de la mitad del mandato. Ya nada será igual, se regocijan las cámaras patronales, los políticos de la oposición y los medios que los acompañan como la sombra al cuerpo. El argumento opuesto replica que, como le pasó a Lula en Brasil, sólo se ha perdido una votación, por un margen muy estrecho y que ni siquiera hay que dar por perdidos en forma definitiva a todos quienes contribuyeron a ese resultado. Ni la legitimidad institucional ni la fortaleza política del gobierno habrían sido afectadas. A este razonamiento se suman otros, de ética y de conveniencia: abandonar el gobierno y la presidencia partidaria desencadenaría una crisis institucional muy negativa para el país y desampararía a las personas y los sectores que, dentro y fuera del PJ, se jugaron por el proyecto kirchnerista. Además, si la derecha se hiciera cargo del gobierno recibiría una sólida situación económica y favorables condiciones internacionales. Esto le permitiría capitalizar los logros de la gestión kirchnerista, controlar la inflación con un típico ajuste liberal sobre los más débiles y cargar en la cuenta de Kirchner y CFK todos los problemas que subsistieran, con el viejo truco de la pesada herencia.
En la presentación de lo sucedido también se destacan dos visiones contrapuestas. Una describe un desafío épico a intereses poderosos que tienen una historia perversa, como la oligarquía pampeana, y que aliados con los principales medios de comunicación mostraron capacidad de veto sobre una política balbuceante pero progresiva. La otra sostiene que sólo con una gran incompetencia es posible dilapidar un enorme capital político en pocos meses. A primera vista parecen lecturas tan excluyentes como si provinieran de países distintos. Pero en una consideración más cuidadosa es posible armonizarlas. La síntesis sería que no se contó con la calidad técnica y las alianzas políticas imprescindibles para desafiar a una coalición de semejante poderío.
El último eslabón
Cargar las tintas sobre el insólito voto del vicepresidente Julio Cobos contra el proyecto de la presidente con la que hace pocos meses integró la fórmula de la Concertación es la respuesta más fácil frente a la derrota crucial que el gobierno sufrió en el Senado. El mendocino fue apenas el último eslabón de una larga cadena de inconsistencias, que arranca con el texto de la propia resolución 125, continúa con las sucesivas modificaciones que se le introdujeron y culmina con el tratamiento legislativo. Esto incluye la relación del secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, con su correligionario radical Cobos, el provocativo paso del secretario de Comercio Guillermo Moreno por el Congreso y la penosa actitud de muchos senadores oficialistas. Uno de los especialistas enviados por el Poder Ejecutivo para ilustrarlos sobre los aspectos técnicos del proyecto en debate se quejó por la escasa concentración que prestaron a sus explicaciones y la cantidad de papelitos que le pasaron con pedidos de favores para empresas de sus provincias. Urquiza fue compañero de colegio de Néstor Kirchner, quien le tiene confianza personal. Ello no impedirá que sea la primera baja del gabinete, reemplazado por el presidente del INTA, ingeniero Carlos Cheppi. Julio De Vido y Alberto Fernández fueron los primeros ministros en poner sus renuncias a disposición de la presidente quien, en todos los contactos que ha tenido con miembros de su gabinete les dijo que siguieran trabajando normalmente, por lo que no parece que asomen otros cambios en el horizonte. La estabilidad de Moreno y Ricardo Jaime fue conseguida por los reclamos de Clarín, La Nación y la Unión Industrial para su relevo.
Conflicto de intereses
Dos senadores kirchneristas prepararon un informe sobre varios de sus colegas a los que vinculan con el cultivo e industrialización de la soja, lo que afectaría su independencia de criterio: los justicialistas Urquía, Juan Carlos Romero, Sonia Escudero y Carlos Reutemann y el radical Gerardo Morales. Urquía es gran productor, transportista, molinero, aceitero, portuario y comercializador. En comparación con él, Reutemann puede presentarse como un pequeño productor. El jujeño Morales desmintió la información, difundida por fuentes del radicalismo transversal, según la cual canalizaría inversiones en un fondo de siembra de Santiago del Estero a través de su hermano Freddy. Morales dijo que no produce soja, ni en forma directa ni a través de otra persona, y que así consta en la declaración jurada que presentó en cumplimiento de la ley de ética pública. “Si fuera productor lo diría y estaría orgulloso de serlo”, sostuvo. Si se lee con atención, no niega que su hermano tenga inversiones en esa actividad. El nombre que llamó la atención en la lista porque nunca había sido mencionado es el de la senadora Escudero. Está casada con el empresario, productor rural y ex senador australiano Kenneth Warren Reed. El libro La Tierra, editado por la Federación Agraria en 2005, sostiene que un consorcio australiano compró 42.000 hectáreas en Salta. Escudero estaba en Australia, de donde regresó justo a tiempo para la sesión decisiva del Senado. La impugnación señala que esos senadores violarían la ley de ética pública al oponerse a un proyecto de ley que hubiera mermado sus ingresos. Ese conflicto de intereses colocaría en un botón del tablero su propia conveniencia y en el otro la del resto de la sociedad. Una vez que los dos senadores pusieron todos esos elementos a su disposición, el presidente del bloque oficialista, Miguel Pichetto, les pidió que no los utilizaran durante el debate, sino que se los dejaran a él, por si debía recurrir a ellos “como último recurso”. Después de la votación de la madrugada del jueves no quedan dudas de que ese extremo se produjo. Sin embargo, las carpetas con los datos sobre estos senadores no fueron abiertas por Pichetto.
Esta actitud es coherente con el contenido de su discurso, cuyo principal argumento no fue el interés del proyecto oficial para la sociedad sino un reclamo a los padrinos menores de una famiglia. Dijo que “no se trata de un debate de intereses, sino de poder”. Dirigiéndose en forma explícita al vicepresidente Julio Cobos y a los ex gobernadores justicialistas Reutemann, Romero, Rubén Marín, Adolfo Rodríguez Saa y Carlos Menem les rogó que no hicieran lo que no les hubiera gustado que les hicieran a ellos. También apeló a una supuesta ley no escrita del peronismo, al que describió como una jauría que siempre sigue al lobo más fuerte. Ni siquiera se privó de entrar en asuntos personales, como su renuncia a la candidatura a gobernador de Río Negro a favor de la Concertación con la UCR. Mientras Cobos fundamentaba su voto sin precedentes, Pichetto se revolvía en la banca y lloraba, acaso por su liderazgo en el bloque. Su autodefensa llegó al punto de atribuir esa fragmentación a la presidente CFK, cuando recordó que hace pocos meses el bloque tenía los 2/3 del cuerpo. “¿Qué pasó con los que la apoyaban cuando tenía el 80 por ciento de popularidad?”, preguntó, sin completar la frase. De este modo, el jefe de la bancada se sirvió de la presidente como fusible, un problema que se repite con algunos miembros del gabinete.
De ahora en más
El día de la votación, Cristina viajó a Resistencia para la inauguración de un nuevo aeropuerto y manifestó sus primeras reacciones. Dijo que
“nunca nos hemos traicionado” y que su camino irrenunciable es representar los intereses de los que menos tienen, para reconstruir una Argentina más integrada y con menos pobreza y que para eso “hay que tocar intereses”. Cuando escuchó la marcha peronista dijo que la acompañaron quienes “pertenecen a otros partidos, y han defeccionado algunos que pertenecen al nuestro”. En una alusión a los actos del 16 de junio y el 15 de julio dijo que había comprobado “que distintos argentinos, con distintas historias, con distintas identidades, son capaces de unirse tras un proyecto común y caminar juntos”. En la reunión con los intelectuales Kirchner dijo que Cristina le había pedido que asumiera la conducción justicialista. Eso es necesario pero insuficiente, señala ella ahora. En el encuentro con los familiares de la AMIA y en el almuerzo con el presidente de Lituania reivindicó la política de castigo a los crímenes del terrorismo de Estado. En el decreto que ordena limitar la resolución 125 (cuya redacción le pertenece, con algunos agregados y precisiones de Carlos Zannini) insistió en el objetivo de lograr la igualdad de oportunidades y una mejor distribución del ingreso y defendió el uso de las retenciones móviles para estabilizar los precios internos de los alimentos en un contexto de precios internacionales en alza. También objetó el “violento lock out, que inició una escalada de cortes de rutas, desabastecimiento, encarecimiento de alimentos, coacciones, amenazas, agresiones verbales y físicas” y anunció que las dejaba sin efecto para que instituciones exentas de presiones las discutan en democracia y pluralidad. Evaluó que el debate fue un ejercicio democrático al interior de las instituciones, pero objetó las agresiones y presiones ejercidas sobre los legisladores y sus familias, que limitan la calidad institucional. Esta es una alusión al vicepresidente Cobos. La tarde del miércoles, cuando las previsiones indicaban que el gobierno contaría con 37 votos contra 35, Cobos declaró al canal América que si le tocaba desempatar lo haría a favor del gobierno. A las 4 de la madrugada, cuando las “presiones imperceptibles” que refiere el decreto presidencial habían nivelado la cuenta, Cobos habló con el jefe de gabinete y le dijo que “mis hijas están llorando en el despacho. Dicen que si voto por la afirmativa no van a poder caminar por la calle”. Por eso habló de la familia para justificar su voto. En el encuentro en Olivos para agradecer a los diputados y senadores justicialistas y aliados que votaron el proyecto oficial CFK dijo que estaba orgullosa porque por primera vez en el Congreso se discutieron intereses de los grandes capitales y no se construyeron mayorías con la Banelco. “Perdimos la votación pero ganamos como proyecto porque hubo una fuerza política que actuó por convicción, cuando en otras décadas sólo había voces solitarias como la mía”. También les dijo que cuando se habla de distribuir el ingreso hay que preguntar el ingreso de quién, porque todos quieren aumentarle el sueldo a los maestros, construir viviendas o dar un subsidio a cada hijo, pero pocos se hacen cargo de que obtener los recursos para eso implica afectar a quienes más tienen y aguantar su reacción. Entre los asistentes estaba el senador misionero Eduardo Enrique Torres, un ingeniero agrónomo electo por el Frente Renovador, quien en la madrugada del sábado pronunció uno de los mejores discursos de la sesión. Dijo que había escuchado poner como ejemplo de política agropecuaria a Brasil, que es uno de los países más desiguales del mundo, y recordó que en la comisión de trabajo agrario las
cuatro entidades de la Mesa de Enlace se opusieron a la jornada de ocho horas, al premio por terminar la escuela y a la entrega de ropa de trabajo para los peones. “Siempre votaron en contra de la mejora de las condiciones de trabajo agrario. Entonces, la intención de imitar un modelo de mala distribución del ingreso que favorece la concentración deja de llamarme la atención.”
Fuimos tan felices
Si la derrota esta vez no fue huérfana, la victoria tuvo demasiados padres. Después del alumbramiento, comienzan a mirarse de otro modo. Mario Llambías ofreció su primera conferencia de prensa sin la compañía de sus trillizos desde que empezó la confrontación. Tampoco lo acompañaban, como en el palco de Palermo, la extraña amalgama que forman la Virgen de Itatí y las banderas rojas del maoísmo y el trotskysmo. Dijo que la Mesa de Enlace no había cortado rutas, realizado un lock out ni desabastecido y atribuyó a la 125 la desaceleración económica motivada por la rebelión que él acaudilló. También dijo que los abogados del grupo estaban estudiando el decreto presidencial y la posibilidad de reclamo judicial por lo pagado entre el 11 de marzo y el viernes 18 de julio. No será sencillo que lo hagan, porque los abogados contratados por la Sociedad Rural dejaron pasar el plazo legal para apelar según la ley de procedimiento administrativo. En tres reuniones realizadas en el Jockey Club se cruzaron recriminaciones por esta omisión que les impedirá definir una estrategia jurídica y llegar con rapidez a la Corte Suprema de Justicia. Por eso debieron llamar a cada productor a presentar su propio recurso, lo cual podría provocar un embotellamiento judicial como con el corralito. Otra paradoja es que Buzzi consiguió su objetivo de voltear la 125, pero ahora en sus propias filas comienzan a preguntarle cuál fue la ganancia para los productores que la integran, ya que con las retenciones móviles también cayeron las compensaciones que el Estado estaba dispuesto a pagar a los productores de hasta 1.500 toneladas de soja, por tonelada y por distancia. Luciano Miguens declara exultante que ha terminado el conflicto, pero Buzzi se propone continuar la agitación por los beneficios que rechazó cuando el gobierno los ofrecía. Claro que ahora que los grandes propietarios han llegado al clímax deseado, los medios comienzan a interrogar a Buzzi como a un común mortal. Un periodista le recordó que él había pedido la suspensión de la 125 y otro que había dicho que las compensaciones no servían porque el Estado no las pagaba. Buzzi lo negó y atribuyó esa afirmación a Alfredo De Angeli. En la primera conferencia de la Mesa de Enlace posterior al voto del Senado, Miguens dijo que en esta “nueva instancia el campo tiene que tener presencia en el Parlamento”. Ante una pregunta aclaró: “Debemos tener gente en el Parlamento que integre las listas de los partidos”. La fiesta terminó y cada uno vuelve a ser cada cual. Los asesores de Miguens son más discretos que Claudio Lozano, pero más eficaces.
El liceísta
Por Horacio Verbitsky
Como gobernador de Mendoza, Julio Cobos favoreció al grupo Vilas-Manzano-De Narváez, al que lo acercó su asesor Leopoldo Moreau, que además de medios gestiona una distribuidora de electricidad. La legislatura había sancionado una ley de marco regulatorio de servicios públicos que el grupo resistía. Manzano dijo que no había que preocuparse demasiado porque podía arreglarse en el decreto reglamentario. Consiguió más: Cobos nunca reglamentó la ley. La situación horrenda en las cárceles mendocinas produjo una categórica condena del Sistema Interamericano de derechos humanos y su política de mano dura sólo pudo ser moderada por la intervención de organismos defensores de los derechos humanos provinciales y nacionales. Siempre cortejó a todos los poderes fácticos. Muy vinculado con la Iglesia Católica, jamás se perdió una celebración de las Fuerzas Armadas y con frecuencia se traslada en aviones de la Marina. En 2006 se puso al frente de la protesta de los padres de alumnos de los liceos militares por el plan de reforma educativa de la ministra Nilda Garré y consiguió que Kirchner lo desactivara. Lo único que no le asiste al gobierno es razón para sorprenderse por su voto.
EL PAIS › LAS MEDIDAS QUE ESTUDIA EL GOBIERNO Y LOS CAMBIOS QUE YA QUEDARON DESCARTADOS
Los primeros pasos del día después
Para recuperar la iniciativa después del tropezón en el Senado se pueden adelantar medidas salariales e impositivas que iban en el Acuerdo por el Bicentenario. Se desmienten cambios de gabinete, pero no de segundas líneas.
Cómo empezar a repechar la cuesta es lo que se está evaluando por estas horas en la cúpula del Gobierno. Seguramente hoy en Olivos, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su gente más cercana hayan mitigado en parte el dolor que les causó la decisión del jueves del Senado al rechazar las retenciones móviles, empezarán a gestarse ideas para retomar la iniciativa política, que en los últimos cuatro meses estuvo restringida al conflicto con los empresarios del campo. El decisivo voto en contra del vicepresidente Julio César Cobos fue un golpe muy duro de asimilar para el oficialismo y por eso, según dijo una muy alta fuente del Gobierno a PáginaI12, “hay que esperar que la situación decante para actuar con la cabeza fría”. Con esto el funcionario explicaba por qué no hubo hasta hoy decisiones firmes para iniciar la avanzada política.
El Gobierno no tenía un plan de contingencia para el caso de que el Senado votara en contra. Hasta el miércoles parecía imposible que se dieran vuelta a último momento dos senadores más (la riojana Teresita Quintela, quien el martes a la noche le había asegurado a la Presidenta que votaría a favor, y el santiagueño Emilio Rached, que también había confirmado su fidelidad) y que tuviera que decidir Cobos. Es como si al Gobierno lo hubiera afectado un cataclismo de la naturaleza imposible de pronosticar.
Pese al panorama de desconcierto que se veía claramente el jueves a la mañana en la mayoría de los funcionarios, la Presidenta tuvo el temple de seguir con su actividad habitual en medio de rumores descabellados sobre su posible renuncia. Ese día recibió a autoridades de la AMIA y después viajó a Chaco a inaugurar el aeropuerto de Resistencia, donde envió un mensaje elíptico a quienes la habían traicionado. Pero sobre todo, tuvo los reflejos para decidir la inmediata derogación del decreto 125 sobre las retenciones móviles, que había disparado más de cuatro meses de conflicto con las cámaras agropecuarias. La medida fue anunciada al día siguiente, horas antes de otra acción meditada: convocar a Olivos a todos los diputados y senadores que habían votado el proyecto oficial para agradecerles, sin la presencia de su esposo Néstor Kirchner, que había viajado a Río Gallegos para asistir al velorio de un viejo amigo que había sido su testigo de bodas.
El Gobierno tenía en carpeta una serie de medidas para anunciar en el futuro inmediato, muchas de las cuales estaban destinadas a ser incluidas en el Acuerdo del Bicentenario. Habrá que ver si siguen teniendo el mismo destino, o si elige alguna de ellas para anunciarlas antes del macroacuerdo con las fuerzas económicas y sociales. Es probable que algunas sean comunicadas más rápidamente, porque si bien el Acuerdo es un proyecto que sigue en pie, va a demorar un tiempo en ponerse en marcha, según confió un ministro a PáginaI12. La razón de esa espera es que en el acuerdo necesariamente deben estar incluidas las cámaras agropecuarias, porque aunque estén los bancos, el comercio, la industria y la construcción, el pacto estaría rengo sin ellas. Pero a la vez hay que esperar que las brasas que ardieron durante cuatro meses se conviertan en cenizas, para poder sentarse a una mesa sin riesgo de que se reaviven.
La propuesta del Gobierno para el Acuerdo contiene pautas para sostener el crecimiento y mejorar la redistribución de la riqueza, con la inflación contenida sin necesidad de enfriar la economía. Todo esto traducido en compromisos concretos con cada sector y con objetivos y plazos de cumplimiento puntuales.
Pero hay otras medidas, pensadas originariamente para ese acuerdo, que bien podrían ser anunciadas con antelación. Una es el establecimiento de un régimen de movilidad para las jubilaciones, tal como viene exigiéndole al Gobierno la Corte Suprema. La idea sobre la que están trabajando los técnicos es elaborar una fórmula que incluya el costo de vida de acuerdo a los índices del Indec, pero que lo supere. Otra podría ser la eliminación de la tablita ideada por José Luis Machinea durante la gestión de Fernando de la Rúa para excluir del pago del impuesto a las Ganancias a un buen número de los trabajadores que ahora tributan. De ese modo se dejaría de lado el reajuste de la base no imponible cada vez que los gremios acuerdan aumentos en paritarias, lo que conlleva a que un vasto sector de empleados comiencen a pagar ganancias y se les licue ese incremento. También está en los planes convocar al Consejo del Salario para que se discuta un aumento del salario mínimo. Una posibilidad es que se fije en los 1200 pesos.
Al margen de las medidas, una de las incógnitas es si esta nueva etapa del Gobierno incluirá una renovación del gabinete. Por ahora, pese a las permanentes versiones, en las cercanías de la Presidenta se asegura que no hay nada de eso. Pero cuando se pregunta si podría haber cambios en las segundas líneas, aparece la incógnita. Y cuando se habla de segundas líneas el nombre que destella es el del secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
¿Tuvo sentido el conflicto?
Por Edgardo Mocca
En un punto intermedio entre el argumento político y el acto fallido, dijo el senador por Córdoba Urquía en la ya célebre sesión del último miércoles: “Tenemos que lograr compatibilizar una Argentina que produce alimentos para 400 millones de personas en el mundo y que tiene 40 millones de habitantes. No tenemos que estropear la gran torta que tenemos hoy para cuidar el mercado interno. A éste debemos cuidarlo y darles de comer a todos los argentinos, pero lo vamos a hacer cuando la torta sea más grande. Si achicamos la torta, todo va a ser más difícil”.
Ironías de la política, el empresario aceitero debe su elección como senador a uno de los muchos despropósitos cometidos por el gobierno nacional, con influencia principal del ministro De Vido, en las elecciones del año pasado en Córdoba. Pero más allá de eso, la frase ilumina un aspecto que suele quedar en las sombras para buena parte de los análisis del conflicto agrario.
Se trata de una dimensión prioritaria para cualquier balance sobre este dramático episodio político que pretenda elaborarse desde una perspectiva progresista. ¿Hubo en el país durante estos cuatro últimos meses un conflicto político alrededor de ideas sobre el futuro del país?, ¿o todo fue un malentendido producto de errores del Gobierno?
La narrativa predominante se inclina abiertamente por la segunda interpretación. Nos dice que la sociedad rechazó masivamente a un gobierno que traspasó los límites de la legalidad institucional; asegura que la violencia y el atropello contra la democracia estuvieron enteramente del lado del Gobierno. Desde otros sectores, incluso entre quienes comparten buena parte del rumbo del país a partir de 2003, se procede a relativizar la importancia de lo que estaba en juego y a concentrar el análisis en la torpeza política y la precariedad comunicativa oficialista. En este último caso, el más interesante para el objeto de este comentario, se parte de la base de hechos incuestionables: ¿quién podría razonablemente hacer una defensa de las armas, la estrategia y los soldados que terminaron librando la “batalla cultural” enunciada oportunamente por la Presidenta? Todo depende, debe insistirse, en el modo en que se colocan las prioridades para el análisis.
Si el conflicto no tiene sustancia estratégica, si la larga y encarnizada puja que vivimos no compromete para nada el horizonte de país en el que queremos vivir, si todo consistió en un ejercicio cesarista de voluntad política sin límites, entonces debe interpretarse el drama como un ataque de locura colectiva circunstancial y pasajero. Hemos estado peleando porque somos así, pasionales e irreflexivos, porque a algunos les gusta vivir en el pasado, porque no entendemos el mundo en el que vivimos...
Pero repasamos las imágenes del miércoles, revisamos las actas de la sesión y, por lo menos, estamos obligados a dudar de esa mirada. Estuvo en discusión el significado del federalismo, se debatió sobre la relación entre crecimiento económico y justicia social, apareció muy nítida la controversia sobre el rumbo del país en el crítico contexto mundial. Por fin, pudimos escuchar cómo se ponían en cuestión algunos supuestos mediáticos que se constituyeron en verdades sagradas durante ciento veinte días. Por ejemplo, el hecho de que si determinada provincia o municipio aporta más al fisco de lo que recibe de éste, estamos ante un caso de “robo” por la política. Pudimos ver cómo se ponía en tela de juicio el concepto de federalismo asociado a la idea de “devolución” de lo que cada provincia o localidad produce; lo hizo el senador entrerriano Ríos en una muy interesante intervención. Quedó flotando la sensación de que la “oportunidad que nos da el mundo” es traducida por algunos como la oportunidad de subirnos a la burbuja financiera de la soja, alentar que unos pocos empresarios obtengan fabulosas ganancias y esperar que la riqueza derrame hacia abajo en la forma de una economía análoga a algunos emiratos árabes. ¿Qué otra cosa debería entenderse de la frase de Urquía con que comienza esta nota?
Se discutía, dicen algunos, por unos pocos millones de dólares. Nada es menos seguro. Lo que estaba en juego era la autoridad de un gobierno recién electo para intervenir en el reparto de una renta extraordinaria. La iniciativa gubernamental fue interpretada como un toque de alerta, como un desafío a un sector al que no es posible desafiar. Claro es que el modo en que fueron tomadas las medidas y hasta su contenido mismo, en tanto no diferenciaron originalmente a segmentos muy diversos de los productores, facilitaron la constitución de una coalición social muy amplia y con un gran componente de clases medias rurales y urbanas en pueblos y ciudades del interior. Pero el núcleo central y estratégico del conflicto es ese 20 por ciento de los productores que exporta el 80 por ciento de la soja y que no se engaña en absoluto respecto de cuál es el rumbo económico por el que está luchando.
Está claro, sin embargo, que el análisis no puede quedarse ahí. La política no es, como predica el paleomarxismo, una superestructura pasiva y cristalizada que refleja las relaciones de producción. La propia formulación presidencial en relación con una batalla cultural tiene resonancias gramscianas; pero sus consecuencias no fueron asumidas. Todo el discurso oficialista estuvo basado sobre la idea de que había un adversario (para algunos, un enemigo) ya constituido e irrevocable. En auxilio de esa lectura se utilizó al pasado, no en clave de explicación o de advertencia sino de anatema contra toda opinión crítica. Una batalla por el sentido común de las mayorías no puede librarse así. Si tengo problemas de relación política con las clases medias no puedo elegir a Luis D’Elía para que las persuada; si necesito fortalecer y ensanchar la coalición política de apoyo no puedo servirme del relato histórico –ciertamente sesgado y muy poco autocrítico– del diputado Kunkel, para arrojar a la cara de los críticos el recuerdo de escenas oscuras o dudosas de su pasado político. Esa idea de la política es pregramsciana. Desconoce que los actores políticos y sociales no son entes “naturales” ni puramente económicos; los construye la palabra política, están hechos de pasiones y razones antiguas y actuales. La política democrática, especialmente incluida la que propugna transformaciones sociales con un sentido de justicia, presupone un grado de optimismo: la idea de que se puede convencer, se puede transformar al adversario en aliado, o por lo menos en neutral.
Claro que la “batalla cultural” no se libraba solamente en el terreno de una medida económica, la de las retenciones móviles. En un país con la inflación absolutamente controlada y con mediciones de precios confiables, por ejemplo, difícilmente el lockout agrario hubiera podido desarrollar la espiral por la que transitó. Los medios de comunicación pueden potenciar el mal humor –lo que de hecho hicieron, actuando con marcada parcialidad–. No pueden inventarlo. Y así es la política en democracia. Tiene sujetos sociales resistentes al cambio y dispuestos, como en este caso, a desarrollar métodos salvajes e ilegales de confrontación, como el corte de rutas, el desabastecimiento y las agresiones de los últimos días a diputados, senadores y sus familias, todo lo cual fue generando un clima de desestabilización política muy manifiesto. La cuestión, para alguien que quiere hacer cambios en democracia, no es claudicar ante ellos ni quejarse de ellos, sino aislarlos de las mayorías para poder avanzar.
Un encarnizado conflicto político-social, sumado a sus propios errores, ha puesto al gobierno de Cristina Kirchner en una dura encrucijada. Todo depende ahora de la lectura de los acontecimientos. Puede existir la peligrosa tentación de reincidir en el repertorio de la política heroica; autopercibirse como un elenco transformador incomprendido o saboteado por los que no quieren que nada cambie. Englobar bajo ese rótulo a todos los que tienen opiniones críticas y oposiciones a determinadas políticas públicas. Es el camino del aislamiento, adornado por la poesía de la revolución traicionada.
No es el propósito de esta nota redactar “consejos” a quien dirige por voluntad popular el país. Desde una perspectiva mucho más modesta, es posible formular una hipótesis: más que las medidas o las iniciativas que se impulsen, lo central de un esfuerzo de recomposición política estará en la percepción de la nueva realidad. Si se parte de la compatibilidad entre el impulso sin claudicaciones de un rumbo de cambios y la promoción del diálogo y la convocatoria amplia y generosa para dar base de grandes mayorías a un proyecto estratégico de país, se puede transformar una dura derrota en una rica lección política hacia el futuro.
Julio Cobos, Anna Karenina y la crisis del 2001
OPINION
Por José Natanson
En las que tal vez sean las primeras líneas más famosas de la literatura universal, Leon Tolstoi escribió: “Las familias felices son todas iguales; las familias infelices lo son cada una a su manera”.
Desde el punto de vista institucional, la larga crisis del campo y su desenlace de la semana pasada admiten dos lecturas. La primera es única y luminosa, como las familias felices de Tolstoi, y ha sido generosamente propagada en los últimos días por los Jedis de la República, los periodistas simples y los intelectuales conversos estilo Aguinis: al rechazar el proyecto de ley de retenciones móviles, el Congreso dio una inusual muestra de independencia y autonomía, avanzó en la división de poderes propia de una democracia republicana y confirmó que las presiones del gobierno no alcanzaron para que los senadores dejaran de lado su mandato fundamental (representar a sus provincias) por sus intereses secundarios (alinearse con su partido).
La segunda visión, más intrincada y oscura, descansa en la idea de que la crisis del campo es una herencia no querida del estallido del 2001, un efecto a destiempo del desmoronamiento institucional que estalló en aquel diciembre. Si la larga disputa resulta por momentos incomprensible, con palabras desmesuradas y comportamientos excéntricos –etimológicamente, fuera del centro—, ponerla en perspectiva tal vez ayude a entenderla mejor.
Comienzo por el principio. La Resolución 125 se anunció de manera sorpresiva, sin un mínimo contacto previo con los gobernadores de las provincias relacionadas, los legisladores ni, por supuesto, las cámaras sectoriales. Sus responsables no anticiparon, tal vez ni siquiera consideraron, la reacción de los sectores afectados. La falta de mediaciones se hizo evidente. Después, el escaso protagonismo de quienes en teoría son los encargados primarios del tema –el secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, y el ministro de Economía, Carlos Fernández– reveló la escasa talla de muchos funcionarios de rango medio o incluso alto, un subproducto de la concentración de poder en el núcleo duro del Gobierno que es, a su vez, un subproducto del clima de emergencia en el que Kirchner llegó a la Casa Rosada: aunque hoy pocos lo recuerdan, Kirchner asumió en un contexto de debilidad, con el 22 por ciento de los votos y un aparato prestado. El decisionismo que tanto se le critica hoy era un reclamo social casi unánime en la etapa postcrisis, que definió genéticamente el estilo de gobernar del presidente. Como cualquier buen piscoanalizado sabe bien, nada más difícil que cambiarse a uno mismo.
El comportamiento de las organizaciones agrarias también se explica en buena medida como un reflejo atenuado y tardío de la crisis. Alfredo de Angeli, su verdadero líder, debería ser cuestionado no por la forma rústica en la que se expresa –reflejo gorila que habla más de quien lo pronuncia que del propio De Angeli– sino por su destructiva posición a lo largo del conflicto. Que, por otra parte, no es la primera vez que adopta, como demuestra su olvidado protagonismo en el corte del puente internacional con Uruguay. En ambas ocasiones, el gobierno decidió no reprimir con violencia en base a la intuición de que esto generaría un rechazo social abrumador y una crisis de final imprevisible. Sensata o no, la autoprivación del ejercicio de la fuerza para disolver asambleas supuestamente expresivas de la voluntad popular es un efecto del sangriento final del gobierno de De la Rúa, que ha hecho que la coerción legítima permanezca en manos del Estado, pero sólo como amenaza. Y también lo es la propensión a la acción directa de los sectores medios, ahorristas, ambientalistas o chacareros, cuyo origen puede rastrearse –una vez más– en los cacerolazos de diciembre.
Pero De Angeli es sólo el emergente del caos interno de la Federación Agraria, una organización centenaria con una historia densa y una estructura de despliegue prácticamente nacional que ha sido incapaz de exhibir una actitud no ya constructiva, sino al menos consensuada. Y que se ha dejado llevar por las ínfulas de su estrella mediática y por la astucia, mucho más coherente con sus intereses, de la Sociedad Rural y la CRA. Lo mismo con la mayoría de los líderes opositores, cuyos comportamientos de los últimos días los han ubicado al filo de los posicionamientos anti-sistema.
Los asombrosos sucesos de la semana pasada confirman esta tendencia. El desgajamiento de los bloques oficialistas puede leerse como una muestra de independencia de los legisladores pero también como una expresión de la falta de organicidad de los partidos políticos y de la sobreexposición de sus integrantes a los humores cambiantes de la opinión pública, algo que ya había ocurrido cuando votaron proyectos con efectos claramente negativos, como las modificaciones al Código Penal impuestas por Juan Carlos Blumberg.
Finalmente, la misma perspectiva ayuda a entender el voto contra natura de Julio Cobos. Los traidores existen, en la Biblia y en la vida. Pero las personas actúan por lo que quieren y también, a menudo más decisivamente, por lo que en verdad son: Cobos nunca dejó de ser un radical del interior, cuya inclusión en la fórmula presidencial no fue tanto el resultado de una sintonía profunda con los K como una urgencia derivada de la necesidad de encontrar un lugar en el mundo luego de la descomposición de la UCR.
Las tendencias históricas a menudo pasan desapercibidas. El 2001 marcó el estallido institucional de la Argentina, pero también el fin de un esquema económico dominante, la muerte del partido más tradicional de todos y el ocaso de muchos liderazgos. Fue, también, el inicio de ciertas tendencias de cultura política que prevalecen hasta hoy, desde el recurso de la acción directa hasta el endiosamiento de los métodos de la asamblea. Dejó marcas psicológicas en nuestros gobernantes, algunas interesantes –muchos le perdieron el miedo al FMI– y otras más dudosas, como el terror exagerado al cacerolazo y el seguidismo mediático. Identificar estas tendencias y situarlas dentro de un proceso más amplio es tarea de los historiadores y no de los periodistas, pero de todos modos resulta notable la superficialidad de algunos análisis. La de la semana pasada fue una crisis muy grave, pero menos trágica que el romance entre Anna Karenina y el conde Vronsky. En la instantaneidad televisiva de hoy, el 2001 pasó hace una eternidad. Pero ocurrió hace siete años. No es tanto tiempo.
La resaca del Senado
Por Mario Wainfeld
El pampeano Rubén Marín oteó el horizonte fugitivo y decidió poner un huevo en cada canasta. El votaría contra el proyecto oficial, su colega comprovinciana Silvia Gallego lo haría a favor. “Uno de cada lado, lo hacemos por La Pampa”, sintetizó cuando la aleccionaba. Leyó un panorama parejo en el que bien valía la pena una pseudodivisión que no existía. El pragmatismo da para todo, hasta para jugar a dos puntas.
La tripleta salteña en la Cámara alta es un guiso, producto de la estrategia electoral urdida por Néstor Kirchner. La gobernación fue disputada por un delfín del entonces gobernador Juan Carlos Romero y por el actual mandatario Juan Manuel Urtubey. Ambos fueron “sublemas” de la candidata presidencial, recibiendo apoyos dispares desde la Casa Rosada. Para reforzar su tropa, El Chango Urtubey pactó con el Partido Renovador salteño, conjunción de dinosaurios, reliquia del procesismo que tiene un caudal de adhesiones pasable. Le concedió, entre otras variables, la designación del segundo senador, que entró al lograrse mayoría. Se llama Juan Agustín Pérez Alsina –adivinen cómo votó–. Las alquimias que hicieron florecer cien colectoras, maquinadas para apuntalar el voto a Cristina Fernández subordinando (o subestimando) formas más complejas de construcción política pagaron bien en octubre (en Salta o en Río Negro por ejemplo) y generaron daños colaterales diferidos.
Carlos Reutemann y Roberto Urquía votaron con la billetera. No fueron sujetos pasivos de la chequera ajena, sino paladines de las propias. Sus cajas registradoras dirán cuánto lucraron al ganar... ni soñaron con plantear conflicto de intereses. Parte de su guita estaba en juego, si tuvieran decoro debieron excusarse de votar. Es una vergüencita, pero el oficialismo no puede poner el grito en el cielo. Son gentes de su tropa. Entrambos, cabe hacer una distinción a favor de Lole. Su senaduría expresa acumulación propia de capital político, que viene de tiempo atrás. Urquía es un engendro urdido por el kirchnerismo, precisamente por su condición de plutócrata. Y no era una figura menor, era una gran esperanza calva de la Rosada (con perspectivas de ligas mayores) antes de que recurrentes torpezas de la dupla Juan Carlos Mazzón-Ricardo Jaime hicieran puré al FPV en Córdoba en conjunción con el inefable Juan Schiaretti.
También hubo compañeros senadores enfadados por malos tratos, desatenciones o proyectos cajoneados desde el centro del poder. Un operador K de Diputados que sudó la gota gorda con los divergentes piloteados por Felipe Solá comentaba que sus regateos siempre iban precedidos por agravios acumulados y elaboraba una utopía retrospectiva: “con algunos cafés, unos asados, unas audiencias y más gente conteniendo nos hubiéramos ahorrado muchas rebeldías”.
La derrota en el Senado fue el hilván final de una seguidilla de desaciertos tácticos, de carencias políticas, de un pobre desempeño a la hora de sumar. Eso fue lo nodal. Quedar en manos de Julio César Cleto Cobos era testimonio de falencias sucesivas. Esas salvedades cargan en la mochila del oficialismo, como también haber sumado a ese dirigente a sus huestes.
Este prólogo necesario no absuelve a Cobos, ubica su movida irresponsable en un contexto previo, muy adverso al Gobierno.
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“Cleto” no se traduce al inglés: La crónica nativa registra votaciones similares a la de la madrugada del jueves. Las más cercanas –Déficit cero en tiempos de Fernando de la Rúa, derogación de parte de la ley de Subversión Económica cuando gobernaba Eduardo Duhalde– fueron decididas por el presidente del cuerpo a favor del oficialismo. El vicepresidente no es un legislador, integra el equipo de gobierno y es un absurdo en términos políticos que contradiga la política que dirige el único titular del Poder Ejecutivo, el Presidente.
No hablamos de folclore criollo. En una excelente nota publicada ayer en este diario, Marcelo Justo comenta que en el sólido régimen parlamentario británico “si un miembro del gabinete no está de acuerdo con una ley o una política gubernamental, renuncia”. Y refrescaba el ejemplo de Robin Cook, quien renunció a su cargo de líder de la Cámara de los Comunes cuando disintió con la invasión a Irak alentada por Tony Blair. El inglés –Borges al menos lo decía así– suele ser una lengua más certera, menos dada a los circunloquios y a la sinonimia que el castellano: esa regla de oro se llama “responsabilidad colectiva”.
Es una cuestión de honorabilidad, remata el querido colega Justo desde Londres, no hace falta obrar contra las convicciones. Pero en el honor político –susurra este cronista de cabotaje– lo colectivo prima sobre lo individual.
Ese punto de vista no está de moda en la Argentina. La política no es leída como acción colegiada definida y potenciada por la pertenencia común. Es narrada como una saga de hechos personales, de talantes, de estilos. Un modo más de vaciarla o de derechizarla, según venga el viento. No vaya a creer usted que los ingleses son seres exóticos que se rigen por criterios institucionales superados por el nuevo huésped en el Olimpo electrónico en el que todavía pasta Alfredo de Angeli. Echemos una mirada al régimen presidencialista de Estados Unidos. El blog Saber Derecho repasó en Wikipedia la historia de los desempates resueltos por el vice, que ahí también los hay. Hubo 244 casos, la nómina no está completa, pero aparentemente –consigna el jurista Gustavo Arballo– no existió uno solo en que alguien procediera como Cobos. Al Gore y Cheney dirimieron cuatro leyes cada uno, no quedaron perplejos como el Cleto. No hicieron lo que “sentían”, como diría algún personaje de Juana Molina y enaltecen tantos analistas de la realidad: jugaron en equipo, como cuadra a quien integra una organización seria, no sólo las políticas.
Empachado del triunfo del vicepresidente, quien entró en Mendoza al modo en que lo hacían otros Césares en la Roma imperial, el lector puede suponer que referenciamos sistemas políticos primitivos, de democracias incipientes. O que evocamos políticos carentes de piné... Permítale al cronista pensar distinto, en términos sistémicos, de jerarquía y pertenencia.
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De la agonía al éxtasis: Contrito se mostró Cobos en su larga alocución en la madrugada. Habló de un país dividido, que le dolía, y de una decisión difícil. Sugirió que era imperfecta, pidió un cuarto intermedio que era un simulacro porque no había intentado operarlo antes, en las largas horas en que se conocía la inminencia de su cuarto de hora mediático.
Al día siguiente, su actitud fue otra, la del hombre providencial que inventó la gotita y recauchutó lo irreparable. Partió en gira proselitista a su provincia, se hizo notar en todos los pueblos en que sabía sería aplaudido, abrió su casa a la prensa. Explicó que no renunciará y que logró tantos votos como la Presidenta. Textualmente, es una obviedad. Constitucionalmente, su rol es segundón, no ejerce el Poder Ejecutivo salvo como excepción. Si lo que quiso decir es que su representatividad es igual a Cristina Kirchner (todo vale en estas pampas, cuando la tele confiere ese rol a un piquetero millonario) o no entiende nada o fabula.
Cobos anticipó un pedido de perdón por si se equivocaba. Sería consistente con ese gesto de contrición que controlara su ambición que se le nota demasiado, ante tempus.
También sugirió ser juzgado por su trayectoria y no por un solo trance. Tiene razón, aunque le costará reparar su primera acción relevante. La jugada que realizó fue muy grande y muy equivocada. Y es del caso resaltar que se cambia de camiseta durante el partido por segunda vez en cuestión de meses, un detalle que afea su imagen de repúblico solitario.
Dado que su conducta es legal, el entuerto debe cerrar acá, aunque seguramente su relación con la Presidenta quede dañada para siempre. Una torpeza institucional es un mal trago, una crisis empeoraría las cosas. La primera línea del Gobierno tiene por delante demasiadas tareas para ocuparse, debería relegar su tirria a un segundo plano.
Cristina Kirchner lo criticó en público en Chaco y en las dos reuniones que tuvo el viernes con ministros y legisladores. Pero fue más enfática con los peronistas que dejaron de garpe el proyecto oficial.
Los efectos de ese desafío pluricolor (en el que resucitaron momias del radicalismo y del peronismo) se medirán con el tiempo.
Cobos se puso al frente de la carrera entre dirigentes opositores en pos del liderazgo “del campo”. Recibió plácemes personalizados, mientras los ruralistas impedían que Elisa Carrió se subiera al palco para salir en la foto del festejo. Pero ese maratón recién empieza. La sobreexposición del vicepresidente, tan gozosa por ahora, puede granjearle muchos reproches (y zancadillas) de sus competidores dentro del espectro opositor.
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Una derrota del Gobierno, una herramienta válida invalidada. Saldo de una etapa con desmesuras y con logros democráticos. La caja de herramientas del Gobierno, necesaria y no suficiente. El modelo en discusión. Alegato contra el perfil bajo. Y apuntes sobre cómo cambiar sin defeccionar.
Por Mario Wainfeld
Lo sucedido en estos meses, trillado en tantas crónicas, acumula datos paradójicos (si se sobrevuelan) o dialécticos (si se los mira bien). Veamos.
El conflicto detonó conductas intolerantes y violentas. Las hubo desde ambas facciones pero las más brutales las cometió el sector ruralista. Medidas de fuerza ilimitadas e insolidarias, desabastecimiento incluido, en el comienzo. Agresiones e intimidaciones a legisladores, en el cierre. Del lado del Gobierno hubo algunos hechos de violencia física y una permanente exaltación verbal, que llevó a Néstor Kirchner a infortunadas alusiones a “grupos de tareas” en su discurso del supermartes.
En contrapeso, la violencia contra las personas tuvo un tope acordado tácitamente. El Gobierno, fiel a sí mismo, renunció a la represión salvo en la paródica detención de Alfredo De Angeli, uno de sus más infortunados goles en contra. La cuestión se zanjó en el Parlamento por una sensata, sí que tardía, decisión de la presidenta Cristina. Hubo trámites turbulentos pero se debatió de lo lindo. En los días previos a la sesión final del Senado todos se comprometieron a acatar el veredicto institucional. Fue el oficialismo quien debió honrar su palabra y lo hizo, derogando la Resolución 125.
Movilizaciones multitudinarias sacudieron una modorra de años. El martes coincidieron en la misma ciudad, a pocas cuadras. El ejercicio democrático primó sobre los excesos verbales y las chicanas.
El saldo habla de una sociedad encendida, politizada y vital. También de un gobierno que, más allá de su retórica ardiente, ejercitó autocontención, respetó las libertades públicas (sus adversarios y los medios les dijeron de todo), llevó el conflicto a un ámbito institucional y acató su determinación.
En términos de gobernabilidad progresista el resultado es acre, trasciende a las retenciones móviles. Ha sido un triunfo de las fuerzas conservadoras que buscan limitar la acción estatal.
El oficialismo recibió el revés más duro en cinco años y prima la interpretación que llegó al (buscó el) desenlace frontal desguarnecido y con poco tino. Le birlaron las retenciones móviles, una herramienta válida como reconocieron incluso varios legisladores que le bajaron el pulgar. En el maremoto, renunció un ministro de Economía, se le encabritaron gobernadores y dirigentes peronistas. Un nuevo sujeto político-social le disputó, con ventaja, el espacio público. Quedó enfrascado en un tema único, lo propuso como una disputa de suma cero, la perdió. Está muy por debajo de su elevada posición de diciembre.
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El primer paso, de manual, es “hacer agenda”, superando la era del tema único, dar vuelta la soja. Recobrar iniciativa, generar políticas públicas congruentes con el discurso reparador y redistribucionista. Un haz de acciones está en la caja de herramientas, atrancado y demorado. Aumentos en las jubilaciones, en las asignaciones familiares, en los salarios de los empleados públicos. El Consejo del Salario, como es rutina desde hace años, será convocado para dentro de un par de semanas y elevará el salario mínimo. La ley de Movilidad de las jubilaciones debe ser activada.
Se trata de acciones habituales, salvo la última, instada por los fallos Badaro I y II de la Corte Suprema. Airearán al oficialismo, interpelarán a sectores acallados por la grita sectorial vigente desde marzo. Son necesarios, serán funcionales, airearán, no serán bastante.
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Ocurre que Cristina Kirchner debe revisar su primera versión respecto de la díada continuidad/cambio que fue matriz de su llegada. El oficialismo, tras cabildear en la campaña, optó claramente por la primera variable y se quedó corto. Poca rotación en el Gabinete, pocas caras nuevas, poca innovación en políticas públicas.
El conflicto con “el campo” le adelantó drásticamente los tiempos. Fue la reacción de una parcialidad, pero cifró un cuadro más vasto. El acicate recurrente a la confrontación activó reacciones políticas que estaban en gateras y que, menos incentivadas, podrían haberse demorado y llegado en fila india.
La sociedad ha cambiado. La sustentabilidad económica genera requerimientos nuevos y más fogosos, nada disciplina tanto como la malaria. Ultimamente, se puso de moda un proverbio: “Toda crisis encierra una oportunidad. En la Argentina es al revés, la oportunidad genera una crisis”. El ingenio del autor se va perdiendo con la repetición. Pero, además, la supuesta incongruencia no existe, más bien es una obviedad. Las oportunidades engendran crisis de reparto, de apropiación y de liderazgos. Si hay una olla enorme llena de tuco, hasta el más pequeño quiere mojar su pancito. El crecimiento excita ambiciones políticas y económicas. Nadie se quiere quedar afuera, nadie quiere quedar abajo. Muchos tienen más fuerzas para lidiar.
El resurgimiento del poder político no fue monopolizado por la Casa Rosada, también “derramó” sobre otros actores. Gobernadores e intendentes que en 2003 temblaban por su pervivencia, fueron revalidados y afrontan situaciones más desahogadas. Otros gobernantes, de nueva camada, están en ascenso, como Hermes Binner y Mauricio Macri. Es una constelación más requirente, a fuerza de más legitimada. Y más pretenciosa porque tiene menos miedo al porvenir.
En ese cuadro, el modelo centralizado de Néstor Kirchner (que fue mucho más consentido de lo que se cuenta porque era la única tabla de salvación posible) terminó su ciclo. La construcción de poder exige acciones colegiadas, acumulación de consensos, intercambio de información, pactos cotidianos.
El manejo oficial del conflicto con el “campo” incita a cien contrafactuales. El cronista propone algunos, como mera muestra. ¿Qué hubiera pasado si la Concertación Plural hubiera tenido un lugar, desde luego ceñido a su tamaño, en el esquema del gobierno? ¿Qué hubiera pasado si Kirchner hubiera habilitado en paralelo una mesa de acción política con sus principales dirigentes, articulando durante este atroz semestre? ¿Cómo hubiera discurrido todo si el Consejo Federal Agropecuario se hubiera reunido regularmente involucrando a los gobernadores en las soluciones y recibiendo flujos de data permanente? ¿Y si, de entrada, se coparticipaba con algún rebusque parte del aumento recaudatorio? No se alega que esas jugadas eran panaceas pero se sugiere un rumbo inexplorado.
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El “campo” no se deja describir con categorías de veinte años atrás. La clase trabajadora, tampoco. Las desigualdades regionales clásicas sobreviven pero se complican. Hoy por hoy, el conurbano bonaerense sea tal vez el territorio más inviable del país o, cuanto menos, está en el pelotón más desdichado.
El “modelo” económico de Néstor Kirchner tuvo eficacia para salir del fondo del pozo. Tuvo una virtud que quizá se le retacea desde tiendas ajenas: usó el consumo y la generación de empleo como motor de la economía y de la recuperación del consenso. La legitimación ascendente de Kirchner fue pari passu con la recuperación de la autoestima de muchos argentinos, que en una sociedad capitalista tiene mucho que ver con laburar y consumir. Pero el “modelo” generó contraindicaciones (concentración de la riqueza, crecimiento “silvestre” que detonó fenómenos como la sojización) y dificultades para transgredir ciertos cercos que encierran a pobres o trabajadores con empleos de baja calidad.
Salirse de esa traba exige una mirada de mediano plazo, que preserve los objetivos de hoy pero ponga bajo sospecha a varios de sus instrumentos que no suenan tan afinados como en 2005.
Urge una discusión sobre el mediano plazo, alejada del simplismo egoísta y anacrónico del modelo agroexportador que flameó en el discurso de las corporaciones del campo y los dirigentes políticos que se les aferraron como a una tabla de salvación. Pero tampoco valdrá empacarse en negar las contradicciones que anidan en un “modelo” simple y con contraindicaciones flagrantes hijo de la emergencia que ya fue. O que se metamorfoseó.
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La expresión “perfil bajo” no es redonda, como es habitual en las que son traducciones literales de otro idioma. Desde el segundo tramo de la gestión de Néstor Kirchner, el oficialismo ha incrementado el número de funcionarios no ya de “perfil bajo” sino inocuos o grises. Le faltan figuras que agreguen masa crítica, que puedan trascender el Palacio y tener palabra con peso en la opinión pública. Gentes con capacidad de innovar, de polemizar en el ágora, de representar las ideas fuerza del oficialismo y de sumarle otras nuevas. El ejemplo de Javier de Urquiza, que dejó vacante de facto su cargo en momentos cruciales, es un ejemplo extremo sin ser atípico. El hombre está de salida, debe ser el primero de una renovación de elencos que oxigene, genere expectativas, proponga un cambio de pantalla. Como lo cortés no quita lo valiente, también debería tenerse en mira reforzar la relación con los que acompañaron al oficialismo en la lid.
El oficialismo no debe rasgarse las vestiduras ni dar señales de flaqueza. Pero sí debe ofrendar a la sociedad (no a sus adversarios, como creen varios dirigentes oficialistas que confunden consecuencia con obstinación) gestos que comprueben que está dispuesto a mejorar, a recobrar el liderazgo, a hacerse cargo de sus errores y de las necesidades colectivas que siguen siendo enormes.
Una derrota al comienzo de un mandato no es irreversible ni tampoco una nimiedad. Raúl Alfonsín la sufrió con la ley Mucci y pudo remontar la cuesta en 1984 y 1985 con su prédica refundacional democrática y el Juicio a las Juntas. Mantuvo primacía hasta 1986, ganó las elecciones parlamentarias de 1985. Mantuvo poder de convocatoria masiva hasta Semana Santa, en 1987. Luego cayó, pero no fue por el knock down de la ley Mucci, en el primer round.
Bill Clinton comenzó jugado a la reforma sanitaria de Hillary (esa mujer ha de ser mufa), trastrabilló dos años. Levantó luego, fue reelecto y el único taita demócrata en años.
Por cierto, son asiduos los casos en los que un mal comienzo anticipa un mal final. Pero nada está sellado, menos para en una coyuntura de solvencia económica, con un gobierno que pasó como nada una crisis financiera internacional de aquellas y que bancó de pie embates desmesurados de corporaciones muy validadas por los medios.
La virtualidad existe pero depende de respuestas que no han integrado el código genético del kirchnerismo. Hacerse cargo de errores importantes, revisar parte de su instrumental, imaginar formas nuevas de articulación política, trabajar con un Parlamento indócil y gobernadores ariscos.
Una parte del desafío es, notablemente, algo que sí pensaron los Kirchner: la etapa de Cristina debería ser diferente, más institucional, más sofisticada, más atenta al largo plazo que la del actual presidente del PJ. Claro que avizorarlo es una cosa y rearmarlo muy otra, pero hay tiempo, voluntad, amén de recursos económicos y políticos.
Con casi todo el plazo de su mandato por delante, a año y medio de las elecciones, le cabe a la Presidenta relanzar su gobierno, tras haber retrocedido varios casilleros. Es tiempo de cambiar para continuar, de registrar qué pasó para seguir adelante sin traicionar sus premisas.
Cambiar para continuar
Una derrota del Gobierno, una herramienta válida invalidada. Saldo de una etapa con desmesuras y con logros democráticos. La caja de herramientas del Gobierno, necesaria y no suficiente. El modelo en discusión. Alegato contra el perfil bajo. Y apuntes sobre cómo cambiar sin defeccionar.
Por Mario Wainfeld
Lo sucedido en estos meses, trillado en tantas crónicas, acumula datos paradójicos (si se sobrevuelan) o dialécticos (si se los mira bien). Veamos.
El conflicto detonó conductas intolerantes y violentas. Las hubo desde ambas facciones pero las más brutales las cometió el sector ruralista. Medidas de fuerza ilimitadas e insolidarias, desabastecimiento incluido, en el comienzo. Agresiones e intimidaciones a legisladores, en el cierre. Del lado del Gobierno hubo algunos hechos de violencia física y una permanente exaltación verbal, que llevó a Néstor Kirchner a infortunadas alusiones a “grupos de tareas” en su discurso del supermartes.
En contrapeso, la violencia contra las personas tuvo un tope acordado tácitamente. El Gobierno, fiel a sí mismo, renunció a la represión salvo en la paródica detención de Alfredo De Angeli, uno de sus más infortunados goles en contra. La cuestión se zanjó en el Parlamento por una sensata, sí que tardía, decisión de la presidenta Cristina. Hubo trámites turbulentos pero se debatió de lo lindo. En los días previos a la sesión final del Senado todos se comprometieron a acatar el veredicto institucional. Fue el oficialismo quien debió honrar su palabra y lo hizo, derogando la Resolución 125.
Movilizaciones multitudinarias sacudieron una modorra de años. El martes coincidieron en la misma ciudad, a pocas cuadras. El ejercicio democrático primó sobre los excesos verbales y las chicanas.
El saldo habla de una sociedad encendida, politizada y vital. También de un gobierno que, más allá de su retórica ardiente, ejercitó autocontención, respetó las libertades públicas (sus adversarios y los medios les dijeron de todo), llevó el conflicto a un ámbito institucional y acató su determinación.
En términos de gobernabilidad progresista el resultado es acre, trasciende a las retenciones móviles. Ha sido un triunfo de las fuerzas conservadoras que buscan limitar la acción estatal.
El oficialismo recibió el revés más duro en cinco años y prima la interpretación que llegó al (buscó el) desenlace frontal desguarnecido y con poco tino. Le birlaron las retenciones móviles, una herramienta válida como reconocieron incluso varios legisladores que le bajaron el pulgar. En el maremoto, renunció un ministro de Economía, se le encabritaron gobernadores y dirigentes peronistas. Un nuevo sujeto político-social le disputó, con ventaja, el espacio público. Quedó enfrascado en un tema único, lo propuso como una disputa de suma cero, la perdió. Está muy por debajo de su elevada posición de diciembre.
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El primer paso, de manual, es “hacer agenda”, superando la era del tema único, dar vuelta la soja. Recobrar iniciativa, generar políticas públicas congruentes con el discurso reparador y redistribucionista. Un haz de acciones está en la caja de herramientas, atrancado y demorado. Aumentos en las jubilaciones, en las asignaciones familiares, en los salarios de los empleados públicos. El Consejo del Salario, como es rutina desde hace años, será convocado para dentro de un par de semanas y elevará el salario mínimo. La ley de Movilidad de las jubilaciones debe ser activada.
Se trata de acciones habituales, salvo la última, instada por los fallos Badaro I y II de la Corte Suprema. Airearán al oficialismo, interpelarán a sectores acallados por la grita sectorial vigente desde marzo. Son necesarios, serán funcionales, airearán, no serán bastante.
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Ocurre que Cristina Kirchner debe revisar su primera versión respecto de la díada continuidad/cambio que fue matriz de su llegada. El oficialismo, tras cabildear en la campaña, optó claramente por la primera variable y se quedó corto. Poca rotación en el Gabinete, pocas caras nuevas, poca innovación en políticas públicas.
El conflicto con “el campo” le adelantó drásticamente los tiempos. Fue la reacción de una parcialidad, pero cifró un cuadro más vasto. El acicate recurrente a la confrontación activó reacciones políticas que estaban en gateras y que, menos incentivadas, podrían haberse demorado y llegado en fila india.
La sociedad ha cambiado. La sustentabilidad económica genera requerimientos nuevos y más fogosos, nada disciplina tanto como la malaria. Ultimamente, se puso de moda un proverbio: “Toda crisis encierra una oportunidad. En la Argentina es al revés, la oportunidad genera una crisis”. El ingenio del autor se va perdiendo con la repetición. Pero, además, la supuesta incongruencia no existe, más bien es una obviedad. Las oportunidades engendran crisis de reparto, de apropiación y de liderazgos. Si hay una olla enorme llena de tuco, hasta el más pequeño quiere mojar su pancito. El crecimiento excita ambiciones políticas y económicas. Nadie se quiere quedar afuera, nadie quiere quedar abajo. Muchos tienen más fuerzas para lidiar.
El resurgimiento del poder político no fue monopolizado por la Casa Rosada, también “derramó” sobre otros actores. Gobernadores e intendentes que en 2003 temblaban por su pervivencia, fueron revalidados y afrontan situaciones más desahogadas. Otros gobernantes, de nueva camada, están en ascenso, como Hermes Binner y Mauricio Macri. Es una constelación más requirente, a fuerza de más legitimada. Y más pretenciosa porque tiene menos miedo al porvenir.
En ese cuadro, el modelo centralizado de Néstor Kirchner (que fue mucho más consentido de lo que se cuenta porque era la única tabla de salvación posible) terminó su ciclo. La construcción de poder exige acciones colegiadas, acumulación de consensos, intercambio de información, pactos cotidianos.
El manejo oficial del conflicto con el “campo” incita a cien contrafactuales. El cronista propone algunos, como mera muestra. ¿Qué hubiera pasado si la Concertación Plural hubiera tenido un lugar, desde luego ceñido a su tamaño, en el esquema del gobierno? ¿Qué hubiera pasado si Kirchner hubiera habilitado en paralelo una mesa de acción política con sus principales dirigentes, articulando durante este atroz semestre? ¿Cómo hubiera discurrido todo si el Consejo Federal Agropecuario se hubiera reunido regularmente involucrando a los gobernadores en las soluciones y recibiendo flujos de data permanente? ¿Y si, de entrada, se coparticipaba con algún rebusque parte del aumento recaudatorio? No se alega que esas jugadas eran panaceas pero se sugiere un rumbo inexplorado.
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El “campo” no se deja describir con categorías de veinte años atrás. La clase trabajadora, tampoco. Las desigualdades regionales clásicas sobreviven pero se complican. Hoy por hoy, el conurbano bonaerense sea tal vez el territorio más inviable del país o, cuanto menos, está en el pelotón más desdichado.
El “modelo” económico de Néstor Kirchner tuvo eficacia para salir del fondo del pozo. Tuvo una virtud que quizá se le retacea desde tiendas ajenas: usó el consumo y la generación de empleo como motor de la economía y de la recuperación del consenso. La legitimación ascendente de Kirchner fue pari passu con la recuperación de la autoestima de muchos argentinos, que en una sociedad capitalista tiene mucho que ver con laburar y consumir. Pero el “modelo” generó contraindicaciones (concentración de la riqueza, crecimiento “silvestre” que detonó fenómenos como la sojización) y dificultades para transgredir ciertos cercos que encierran a pobres o trabajadores con empleos de baja calidad.
Salirse de esa traba exige una mirada de mediano plazo, que preserve los objetivos de hoy pero ponga bajo sospecha a varios de sus instrumentos que no suenan tan afinados como en 2005.
Urge una discusión sobre el mediano plazo, alejada del simplismo egoísta y anacrónico del modelo agroexportador que flameó en el discurso de las corporaciones del campo y los dirigentes políticos que se les aferraron como a una tabla de salvación. Pero tampoco valdrá empacarse en negar las contradicciones que anidan en un “modelo” simple y con contraindicaciones flagrantes hijo de la emergencia que ya fue. O que se metamorfoseó.
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La expresión “perfil bajo” no es redonda, como es habitual en las que son traducciones literales de otro idioma. Desde el segundo tramo de la gestión de Néstor Kirchner, el oficialismo ha incrementado el número de funcionarios no ya de “perfil bajo” sino inocuos o grises. Le faltan figuras que agreguen masa crítica, que puedan trascender el Palacio y tener palabra con peso en la opinión pública. Gentes con capacidad de innovar, de polemizar en el ágora, de representar las ideas fuerza del oficialismo y de sumarle otras nuevas. El ejemplo de Javier de Urquiza, que dejó vacante de facto su cargo en momentos cruciales, es un ejemplo extremo sin ser atípico. El hombre está de salida, debe ser el primero de una renovación de elencos que oxigene, genere expectativas, proponga un cambio de pantalla. Como lo cortés no quita lo valiente, también debería tenerse en mira reforzar la relación con los que acompañaron al oficialismo en la lid.
El oficialismo no debe rasgarse las vestiduras ni dar señales de flaqueza. Pero sí debe ofrendar a la sociedad (no a sus adversarios, como creen varios dirigentes oficialistas que confunden consecuencia con obstinación) gestos que comprueben que está dispuesto a mejorar, a recobrar el liderazgo, a hacerse cargo de sus errores y de las necesidades colectivas que siguen siendo enormes.
Una derrota al comienzo de un mandato no es irreversible ni tampoco una nimiedad. Raúl Alfonsín la sufrió con la ley Mucci y pudo remontar la cuesta en 1984 y 1985 con su prédica refundacional democrática y el Juicio a las Juntas. Mantuvo primacía hasta 1986, ganó las elecciones parlamentarias de 1985. Mantuvo poder de convocatoria masiva hasta Semana Santa, en 1987. Luego cayó, pero no fue por el knock down de la ley Mucci, en el primer round.
Bill Clinton comenzó jugado a la reforma sanitaria de Hillary (esa mujer ha de ser mufa), trastrabilló dos años. Levantó luego, fue reelecto y el único taita demócrata en años.
Por cierto, son asiduos los casos en los que un mal comienzo anticipa un mal final. Pero nada está sellado, menos para en una coyuntura de solvencia económica, con un gobierno que pasó como nada una crisis financiera internacional de aquellas y que bancó de pie embates desmesurados de corporaciones muy validadas por los medios.
La virtualidad existe pero depende de respuestas que no han integrado el código genético del kirchnerismo. Hacerse cargo de errores importantes, revisar parte de su instrumental, imaginar formas nuevas de articulación política, trabajar con un Parlamento indócil y gobernadores ariscos.
Una parte del desafío es, notablemente, algo que sí pensaron los Kirchner: la etapa de Cristina debería ser diferente, más institucional, más sofisticada, más atenta al largo plazo que la del actual presidente del PJ. Claro que avizorarlo es una cosa y rearmarlo muy otra, pero hay tiempo, voluntad, amén de recursos económicos y políticos.
Con casi todo el plazo de su mandato por delante, a año y medio de las elecciones, le cabe a la Presidenta relanzar su gobierno, tras haber retrocedido varios casilleros. Es tiempo de cambiar para continuar, de registrar qué pasó para seguir adelante sin traicionar sus premisas.
