La Biblioteca Paco Urondo presenta una serie de reflexiones, trabajos, puntos de vistas, críticas, serenas y fundadas, para comprender "la crisis 125"

INFORME ESPECIAL

LA ECONOMÍA

DESPUÉS DEL EXTENSO CONFLICTO

CON UN SECTOR DEL CAMPO

Cómo sigue

Por Roberto Navarro

Los argumentos del Gobierno para justificar la ahora derogada Resolución 125 que implementó las retenciones móviles fueron para desacoplar los precios internos de la suba de los commodities a nivel internacional, redistribuir los ingresos producidos por ese incremento y evitar el aumento de la sojización del campo. Caída la resolución, si no se toman medidas alternativas, resulta factible que al subir el precio neto de exportación de granos también se incrementen los precios de sus derivados: una parte importante de los alimentos. También es probable que más productores elijan sembrar soja en detrimento de otros cultivos. Y, obviamente, el incremento fiscal que el Ejecutivo prometía redistribuir no existirá. Por otra parte, en los más de cuatro meses que duró el conflicto disminuyeron los depósitos bancarios privados, se redujeron las líneas de crédito disponibles, subieron las tasas de interés, bajaron las reservas, retrocedió la paridad cambiaria, se contrajo el consumo y, fundamentalmente, hubo un fuerte cambio en la expectativas de los agentes económicos y, principalmente, de los consumidores. A eso se suma una dinámica de alza de precios que venía desde principios de 2007. Cash consultó a seis economistas con distintos enfoques sobre lo que viene luego del conflicto con el sector del campo privilegiado. Las tres preguntas puntuales fueron:

1. ¿Con qué nuevo esquema se debería reemplazar la resolución 125?

2. ¿Qué medidas económicas habría que implementar en la actual coyuntura?

3. ¿Cuáles deberían ser las medidas a tomar para definir un rumbo en el largo plazo?

Javier Lindenboim
Economista del Plan Fénix

1. Atender la protección de los consumos internos es crucial. Sin embargo, la búsqueda de opciones a la estrategia basada en la Resolución 125 no puede omitir que hasta su aparición existía una intervención estatal fuerte cuyo ejemplo podría verse en los derechos de exportación de la soja, fijados desde noviembre último en 35 por ciento. Es decir, la protección del mercado interno ya existía. Por otra parte, no existen dudas acerca de que las tensiones inflacionarias han precedido al conflicto y, por tanto, enfrentarlas parece que puede concretarse más allá de los mecanismos arancelarios a redefinir. En varios de los proyectos alternativos abundan opciones mejoradoras, cuya aceptación por los sectores rurales debe ser objeto de una nueva deliberación, en la que se ratifique el papel del Estado en la conducción económica.

2. Los inconvenientes del proceso económico no nacieron en este cuatrimestre. Habrá de ser admitido por el Gobierno que la cuestión inflacionaria existe y debe ser atendida de manera sistemática. Claro que ello requiere cambiar drásticamente la convicción de que los indicadores económicos y sociales no sólo pueden manipularse a voluntad sino que el resultado de tal comportamiento es lo que representa a la realidad misma. De allí en más será imperioso un accionar político firme para impedir que los sectores concentrados impongan precios y condiciones monopólicas con fórmulas de efectivo consenso.

3. La devaluación implicó la revitalización de la industria y de muchas otras actividades. El mayor tipo de cambio y la creciente demanda de productos agrícolas dinamizaron no sólo al campo sino a otros sectores como la construcción. Pero en este quinquenio no terminó de definirse en qué dirección se aspira a que se oriente la economía ni sobre qué bases efectivas eso se viabiliza a partir de un cambio en el esquema distributivo. El salario recuperó hasta 2006 parte de lo perdido con la crisis en el “reparto de la torta” pero hay fuertes indicios de que en el último año y medio esa recuperación se ha detenido, lo que se expresaría en una incidencia de la pobreza muy superior a la erróneamente anunciada. La aplicación de los grandes avances en materia de productividad a favor de los trabajadores no ha sido incluida todavía como tema de debate del Consejo del Salario. Un plan plurianual que incluya una profunda reforma fiscal, una sustancial y racional modificación en la política de subsidios, y una efectiva formulación de un plan de obras de infraestructura que excluya propuestas faraónicas y un replanteo a fondo de la política energética, entre otras cuestiones relevantes, requieren acuerdos políticos en serio.

Guillermo Wierzba
Director del Cefid-ar

1. El esquema de retenciones móviles debe ser sostenido. Es la herramienta para una política económica con tipo de cambio competitivo, habiendo un sector que percibe rentas extraordinarias en un contexto de alza de precios internacionales. Uno de los saldos del debate parlamentario fue que distintos proyectos finalizaron con propuestas que, formalmente, reconocían la validez del instrumento. Una cuestión a debatir, para ampliar el consenso con los contenidos medulares del proyecto aprobado por los diputados y rechazado por los senadores, es un reordenamiento de las compensaciones que permita avanzar hacia el objetivo de des-sojización, fomentando la producción agropecuaria diversificada y racional. Un tema no menor surgido en el debate es la evasión fiscal y previsional del sector, siendo una necesidad la intensificación del control tributario. Si este proceso implica una merma en las tasas de las retenciones móviles, deberían acompañarse con medidas de administración de precios que garanticen el desacople de los precios internos respecto de los internacionales, evitando la carestía de los bienes-salario; y de cuotificaciones, cuando sea necesario abastecer el consumo interno.

2. Resulta necesario adoptar una serie de acciones que implican la reafirmación del paradigma productivista. Los objetivos deberían ser el sostenimiento y mejoramiento de la competitividad de la economía y la defensa de los ingresos de los sectores populares. Las acciones a emprenderse apuntarían a sostener el crecimiento, articuladamente con el control de la inflación. Debe evitarse la apreciación cambiaria y revertirse la surgida de las condiciones generadas por el lockout. Habría que motorizar una más audaz política de ingresos mediante un acuerdo de precios y salarios con una inicial recomposición de los ingresos fijos, que recupere las pérdidas originadas en las subas de precios provocadas por los cortes de rutas y el desabastecimiento. La movilidad de las jubilaciones y la asignación universal por hijo son iniciativas a incluir en estos tópicos.

3. Tres temas estructurales resultan clave. Resolver el financiamiento del desarrollo, realizar reformas tributarias progresivas y el planeamiento estratégico sustentado en la definición pública del diseño de largo plazo de la economía. La generación de la institucionalidad para préstamos de inversión con sectores-objetivo priorizados conllevará un crecimiento de la oferta y un aumento de la cantidad y la calidad del empleo. La implementación del impuesto a la renta financiera y un mayor peso en la estructura tributaria de ganancias, patrimonios y rentas en general resultarán decisivos en las políticas de orden distributivo.

Eduardo Luis Curia
Economista

1. La obstinación, respecto de las retenciones móviles, en evitar negociar la moderación de la “pendiente” de la curva de alícuotas de las mismas llevó, prácticamente, a perder la curva misma; o sea, a un instrumento válido en su núcleo. Se trasunta, además, de cara a encarar un nuevo proyecto al respecto, incluido cualquier otro intento de captación expeditiva de recursos, un mayor grado de fatiga colectiva, lo que no cabe dejar de computar.

2. El pensar en una recomposición de las políticas de corto y de largo plazo exige atender a dos condiciones cruciales: a) que con motivo de los acontecimientos recientes y de varios aspectos de arrastre, el margen de maniobra en el plano político de las autoridades se afinó sensiblemente, aunque no se anuló, y, b) que lo que viene gravitando en lo económico, incluso desde antes del conflicto agropecuario –éste sólo agudizó las cosas–, es un notorio deterioro del rumbo afín al modelo competitivo productivo, al que, hoy por hoy, cuesta reconocer. “Recomponer” significaría retomar, con conciencia del lapso transcurrido, el enfoque que ya se debió aplicar antes para la sintonía del modelo. En lo inmediato, urge la ordenación, en su perspectiva, de la política de ingresos, poniendo en caja la absurda puja de precios y salarios en boga, para lo que resta de 2008 –algo inviable sin auxiliar la escasa credibilidad del índice de precios oficial–, proyectándola asimismo para el 2009. Se debe asegurar, también, una mínima consolidación en el frente fiscal para este año, profundizable de cara al 2009. Todo esto significa tomar en serio de una buena vez el tema de la inflación, más allá de secuencias de tipo “serrucho”, como las que parece estamos viviendo, más allá de la tentación ortodoxa de soliviantar las tasas de interés y de postrar el tipo de cambio. Por ende, asumamos al respecto, metas bianuales de inflación, de sesgo descendente.

3. El quid para la visual más larga, si se da por hecho lo anterior, es retomar el eje estratégico –y consolidarlo en las expectativas– del tipo de cambio competitivo sostenible, pilar del gran éxito de estos cinco años, y que ha venido pulverizándose. Hay que tender a una política fáctica de crawling peg, saliendo lo más rápido que sea factible de la morbosa dupla inherente a este tramo, de tasas al alza y de cambio declinante. Con condiciones tanto más arduas que antes, la opción, empero, sigue siendo sencilla: o ratificamos en serio el modelo que respaldó el éxito, sobre todo en los hechos, y así se podrá recuperar aire político, o consumamos el apartamiento del modelo, como no pocos ya lo están reclamando. En ese caso, habrá que atenerse a las nefastas implicancias del asunto.

Ricardo Delgado
Ecolatina

1. El intento por recomponer la caja fiscal a través de una suba en las retenciones a los granos ha fracasado. Ahora, se necesita creatividad para mejorar la posición de las cuentas públicas y fortalecer este pilar básico del modelo. Los derechos de exportación son un instrumento adecuado de política económica, necesario para desacoplar los precios locales de los internacionales, y obviamente también para obtener recursos tributarios. Pero alícuotas que superan el 40 por ciento desalientan la inversión, la variable central a recomponer en esta nueva etapa.

2. La crisis política generada desde marzo con el conflicto agropecuario profundizó el deterioro general de expectativas que venía dándose desde finales de 2007 a partir de una evidente aceleración en la inflación. Esos son los desafíos, obviamente vinculados, de corto plazo: recomponer expectativas (un típico problema keynesiano) y reducir la inflación. Ninguna política económica puede ser consistente si los precios aumentan al 28 por ciento anual. La inflación destruye el poder adquisitivo, enfría la demanda, afecta el empleo y le pega a los pilares centrales del modelo: tipo de cambio real, cuentas fiscales y saldo comercial. Una señal contundente sería la puesta en marcha de un programa integral de estabilización de precios. El plan debe incluir medidas fiscales, monetarias y cambiarias, un nuevo esquema de tarifas e inversiones en servicios públicos y un esquema de coordinación salarial y de ingresos en donde se contemplen cuestiones de productividad.

3. El Gobierno debe retomar de inmediato el curso de la política económica. Es central que se recupere la inversión, y rápido, para que el modelo vuelva a ser productivo y no tan sesgado a los servicios como en los dos últimos años. En la foto, la inversión está en un máximo histórico. Pero esta foto ahora no alcanza: estos niveles de inversión son insuficientes para asegurar un crecimiento de 5 por ciento anual con baja inflación y por largo tiempo. Pero, además, la inversión es la única manera de cerrar la brecha entre oferta y demanda internas, que ha venido creciendo a través del consumo y el gasto público a tasas no sustentables dentro de este esquema en los dos últimos años. La brecha puede cerrarse de dos maneras: enfriando la economía, como sucede ahora, por la inflación, o aumentando la oferta. La deuda con el Club de París debe ser cancelada. Las condiciones están dadas para que seamos una gran factoría de alimentos para el mundo, y no sólo de granos o carnes. Los precios relativos todavía dan margen para que haya inversiones en el procesamiento de alimentos, en biotecnología aplicada al sector, en desarrollo genético.

Rogelio Frigerio
Economía & Regiones

1. La coyuntura macroeconómica de los últimos cien días ha estado signada por la crisis del campo. La discusión por una resolución ministerial que afectaba la rentabilidad de un sector clave se convirtió, mal manejada, en un problema que prácticamente paralizó las decisiones de inversión. En noviembre pasado, con la última medida del saliente gobierno de Néstor Kirchner, el campo ya había digerido el mal trago que representó la suba del 30 por ciento en las retenciones. En lugar de pensar en cómo incentivar la producción para poder responder a la creciente demanda mundial de alimentos, se generó un clima de incertidumbre que, hasta el miércoles, condicionaba fuertemente las decisiones de la próxima cosecha. Todas las políticas que afectan al campo, como las retenciones a las exportaciones agropecuarias, concentran los ingresos en los gobiernos centrales y en las grandes urbes, afectando a las economías regionales y a los pueblos del interior. Hay que dejar a un lado cualquier plan que tenga que ver con un aumento en las retenciones y pensar en cómo producir más.

2. Durante los últimos meses la coyuntura económica y financiera internacional ha cambiado notablemente. La inflación mundial se ha acelerado, mientras que el precio de los commodities en dólares ha subido vigorosamente. Paralelamente, las principales economías del mundo atraviesan momentos muy difíciles. En este marco, pretender compensar la pérdida de competitividad-precio que se produjo en los últimos tiempos mediante devaluaciones nominales del tipo de cambio, lejos de conseguir el resultado buscado, provocaría mas inflación y, por ende, una mayor revaluación del peso. Hoy en día, la manera más efectiva de evitar la erosión de la competitividad real de nuestras exportaciones es abocarse a combatir las causas que provocan el crecimiento sostenido de los precios y ejecutar una política antiinflacionaria más consistente que la actual.

3. La idea original en la concepción del actual modelo económico fue brindar protección a la industria local e incentivos a los exportadores, sosteniendo durante el mayor tiempo posible una moneda devaluada. Mientras tanto, la economía debía generar su propia competitividad sistémica, que permitiría compensar, en el futuro, la inevitable apreciación del peso en una economía en permanente expansión. Sin embargo, luego de cinco años seguidos de crecimiento, es evidente que nuestra economía precisa aún por más tiempo el resguardo de un dólar alto. Sin embargo, como consecuencia de la inflación real que se viene acumulando desde la devaluación, el peso se ha apreciado de manera significativa frente al dólar. Sin duda, además de tender a una inflación razonable, se debe apuntar a dotar de competitividad a la economía más allá del tipo de cambio.

Héctor Walter Valle
Director de FIDE

1. Si el objetivo principal de la política económica es el desarrollo con equidad, la prioridad pasa por mejorar drásticamente la distribución del ingreso. A tal fin, las retenciones constituyen solamente uno entre todos los instrumentos que se pueden adoptar. Pero estamos frente a una buena ocasión para avanzar hacia una reforma tributaria integral, de carácter progresista, que entre otras cosas reimplante el impuesto a la herencia y a las utilidades financieras del sector privado, revise los esquemas de subsidios indiscriminados, ataque la evasión, elimine la práctica de las “declaraciones juradas” y proceda a la revaluación integral de las propiedades rurales en función de los actuales valores de la tierra. Ahora bien, ello no supone archivar el criterio de la movilidad para las retenciones como parte del mismo paquete instrumental. Es necesario combinarlo con una eficiente planificación del uso diferencial de las mismas, por ejemplo, según tipo de producto, tamaño de la explotación, localización geográfica y estímulos derivados hacia la industrialización.

2. Es previsible que durante el tercer trimestre del año se sufran los efectos negativos del lockout. Pero existen condiciones favorables para que el año termine positivamente, recuperándose la fase expansiva tanto en el comercio internacional como el mercado interno. Me atrevo a apostar a que todavía es viable crecer a una tasa cercana al 8 por ciento anual. Para ello es necesario establecer una correlación de precios favorables a la producción, algo que actualmente se haya distorsionado por la revaluación del peso. Ello requiere volver a la vigencia de un tipo de cambio real competitivo, estimular el gasto en los sectores de menores ingresos, por ejemplo una decisión inmediata debe ser la universalización de la asignación por hijo, y fortalecer los planes de inversión pública. Por lo que hace a la privada, la experiencia del Banco Nación esta mostrando que, con condiciones atractivas, las pymes están dispuestas a invertir. Además, deben revisarse los subsidios indiscriminados que benefician a los sectores de mayores ingresos y generar datos estadísticos confiables.

3. Donde mejor le ha ido al Gobierno fue en los espacios en que rompió con las instituciones de los noventa. Esa definición “práctica” permite seleccionar las estrategias y acciones de largo plazo que se encuentran pendientes si queremos un desarrollo con equidad: reforma tributaria; nuevo régimen financiero; plan de inversión pública; política de ingresos sustentable; programa para el desarrollo productivo integral en el marco del Mercosur; diseño de una estrategia a mediano plazo para atender la deuda pública.

Debate y proyecto

Por Andres Musacchio *

La decisión del vicepresidente Julio Cobos significó un duro golpe al proyecto del Poder Ejecutivo. El debate sobre las retenciones móviles sirvió como elemento polarizante y terminó transformándose en “la madre de todas las batallas”. Indudablemente, los opositores supieron aglutinar en esa polarización a todas las manifestaciones contrarias al Gobierno, incluso a aquellas que “técnicamente” deberían apoyar a las retenciones. Un mérito de la oposición facilitada por varios errores del Gobierno que conviene repasar. En primer lugar, fue equivocado presentar una suerte de batalla final por una resolución que admitía retoques sin cuestionar el fondo. La confrontación tan radical le dio a la oposición una bandera que la sacó de la dispersión y el letargo. La cruzada por las retenciones móviles se reveló, finalmente, como un error estratégico que alteró el escenario político de largo plazo.

En segundo lugar, desnudó un problema importante en la estrategia de comunicación. El mensaje oficial pareció mucho menos articulado, profundo y místico que el de “los pobres productores agropecuarios esquilmados por la avidez de políticos mezquinos”. Varios de los principales medios de comunicación estuvieron lejos de tener un papel neutral, pero eso era esperable y la estrategia oficial debió fundarse en ese dato y en mecanismos para contrarrestarlo.

Sin embargo, el problema principal se deriva de haber marcado mal la cancha. Las retenciones tienen una gran incidencia sobre la distribución del ingreso, pero son un tema secundario en la discusión del modelo de país que se configura en el largo plazo. La oposición logró armar un discurso coherente, simplista y de gran penetración: los precios mundiales marcan hoy la ventaja de la producción agrícola; las retenciones empobrecen a los productores; entonces, éstos no invierten ni producen; ergo, no podemos aprovechar la coyuntura mundial favorable y volvemos a perder el tren de especializarnos en lo que el mundo pide, incluso si eso nos cuesta el lomo a 80 pesos. Frente a eso, el Gobierno intentó demostrar que los productores no pierden y que la justicia distributiva necesita de retenciones móviles. Argumentos ciertos, pero que no resultaron convincentes, porque no se anclaban en una explicación explícita del modelo productivo de país que se quiere.

Todo esto hizo opacar los triunfos y apoyos del Gobierno en la contienda. Porque ganó la votación en Diputados, perdió por medio voto en Senadores, movilizó masivamente a la mitad de la población y recibió el apoyo explícito o implícito de trabajadores, industriales y banqueros. Resulta llamativo que haya prevalecido la idea de que “la mitad del país está en contra del proyecto oficial” por sobre la de que “la mitad del país está a favor”, cuestión que tiene, por lo menos, igual peso y contundencia.

El problema principal de las discusiones fue la ausencia de un modelo productivo alternativo, tema que entronca con las debilidades del proyecto oficial de largo plazo. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner enfatizó muy bien en su último discurso en la plaza las debilidades de la vieja Argentina agroexportadora, con sus secuelas de distribución inequitativa de la riqueza, desocupación, derroche y volatilidad. Ese es el punto de partida para la discusión: la Argentina especializada en productos agropecuarios sólo es un país para pocos y para una coyuntura especial. Por eso, lo verdaderamente inteligente es aprovechar los altos precios internacionales para financiar un modelo de desarrollo integrado, construyendo una fuerte base industrial, de servicios y de infraestructura. Ese modelo debió estar en el centro del debate y ése es hoy el principal déficit del Gobierno.

La política de los Kirchner ha tenido una virtud que no puede ser opacada. De una Argentina en el cuarto subsuelo del infierno, pasamos a un país que crece aceleradamente, que genera empleo, que disminuye paulatinamente la pobreza, que tiene herramientas para enfrentar corridas financieras y, luego de muchos años, existe equilibrio fiscal y externo. No es poco. Pero también está claro que falta aún una política estructural de desarrollo. Esas dos caras estuvieron claras en los cuatro meses de controversias.

La pregunta esencial para el debate era cómo transformar la buena coyuntura externa en un impulso hacia el desarrollo. Y eso se logra con políticas estructurales que apunten a objetivos concretos: desarrollo de una infraestructura potente e integral, mercado interno robusto, industria diversificada e innovadora y sector agrícola imbricado en, pero no liderando, el modelo. Políticas activas e integradas en un plan que tenga, entre otros ejes los siguientes: un fuerte desarrollo energético explorando todas las alternativas tradicionales y no tradicionales, comunicaciones “normales” y densas para todo el territorio, integración de las cadenas productivas y de las redes innovativas, canalización masiva del crédito hacia la actividad productiva, fuerte impulso a la investigación y desarrollo, revolución material y conceptual en la educación, reforma tributaria y distribución la riqueza.

En todos los frentes ha habido algunos avances en los últimos años. Incluso, hemos pasado de un país de la especulación financiera a otro de la reconstrucción del trabajo y la producción. Es la mitad de la batalla. Pero logros parciales descoordinados y con varios pasos en falso –como el tren bala– no alcanzan. La concatenación de todos estos aspectos debió ser el eje de la discusión oficial. Paradójicamente, constituye la base de la reconstrucción de la gobernabilidad por parte del Ejecutivo.

Las primeras declaraciones de los activistas del campo es la convocatoria a la discusión de un plan nacional agropecuario. La contraofensiva es la integración de una política agropecuaria en una política de desarrollo consistente. En ella, las retenciones juegan un rol importante pero no principal. Técnicamente, incluso son absolutamente reemplazables por tipos de cambio múltiples con rebajas del IVA y aumentos del Impuesto a las Ganancias. Pero el tema es no fetichizar los instrumentos de política económica sino tener claros los objetivos de largo plazo. Esa es la discusión que debe plantear ahora el Gobierno y hacia allí deben convergir las próximas medidas.

* Director del Centro de Estudios Internacionales y Latinoamericanos. Conicet-UBA.

AGRO - TENSIONES INTERNAS DEL BLOQUE CAMPERO

Contradicciones

El conflicto permitió exponer supuestos ilícitos en la exportación y el cortoplacismo en los arriendos. Puja por el excedente agropecuario al interior del campo.

Por Claudio Scaletta

El componente políticamente correcto de la disputa por la renta sojera agudizada desde el 11 de marzo, el que rezaba que la pelea corporativa de los exportadores era en realidad en defensa de los pequeños productores, trajo algunas “externalidades” positivas. La principal fue reflotar para el debate público aspectos que permanecían invisibles. En particular, la revaloración de que los tironeos por el excedente agropecuario no eran sólo una cuestión entre el campo y el Estado recaudador, relación sintetizada por el cobro de retenciones, sino que también existen tensiones al interior del heterogéneo bloque campero. Que ahora exista un cerrado alineamiento transitorio detrás de la “contradicción principal”, verdadera lección práctica para la lucha política sectorial, no elimina la existencia de las contradicciones internas.

Una de estas contradicciones reside en la relación del productor primario con las firmas altamente concentradas que intermedian las exportaciones. Todavía es temprano para prever el destino final de las investigaciones iniciadas por la revitalizada Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), pero no faltan indicios sobre la opacidad de muchas operaciones de las principales cerealeras, firmas que a su posición dominante en el mercado habrían sumado acciones probablemente ilícitas, como declarar anticipadamente exportaciones para fijar retenciones más bajas sin contar efectivamente con el producto a exportar. Si esto logra comprobarse no se trataría sólo de ilícitos sino también de corrupción, pues la acción presupone, amén de la inocencia del controlador, que las exportadoras contaban con inside information sobre la suba de las alícuotas. Dicho esto al margen del enmarañado procedimiento para calcular las retenciones a pagar.

La segunda externalidad positiva no se vincula a probables ilícitos sino a ciertas lógicas del funcionamiento natural de los mercados libres en economías capitalistas. Como es sabido los capitales van allí donde las tasas de ganancia son más altas. Los precios internacionales de los alimentos hicieron del campo un sector de altísima rentabilidad y, en consecuencia, hacia allí fluyeron los capitales, entre ellos los financieros. Ello se produce en paralelo a otro proceso de largo plazo: el aumento en la escala de la producción como resultado del cambio técnico. En pocas palabras, las superficies necesarias para amortizar las nuevas tecnologías y maquinarias son crecientes. Esto explica también el surgimiento de las pymes de servicios para la producción. Quien, por ejemplo, no tiene las hectáreas suficientes para una sembradora “directa”, contrata el servicio. También ocurre al revés: tener más maquinaria que tierra. Si se combinan estos datos con la existencia de empresarios emprendedores se tiene un cóctel de variantes que explica el fenómeno de los arriendos. Si se dan por ciertas las exposiciones del reciente debate legislativo, los tierras arrendadas ocuparían en la zona núcleo cerca del 70 por ciento de la superficie total. Los rentistas, entonces, serían el nuevo sujeto social preponderante del campo argentino, la contrapartida necesaria del fenómeno de los pools de siembra y fondos de inversión agraria.

El problema es que estas fuerzas del mercado funcionan también con una lógica cortoplacista, lo que da lugar a situaciones de degradación del recurso tierra y al monocultivo del producto más rentable. Al mismo tiempo, por la propia lógica que gobierna todos los sectores de la economía, el proceso juega en contra de los actores más débiles, quienes en el mejor de los casos se ven compelidos a convertirse en pequeños rentistas y en el peor, a quedar fuera del sistema arrasados por el monocultivo y la gran explotación. Para algunos representantes de la dirigencia agraria, esta dinámica podría morigerarse con la intervención puntual del Estado en los contratos de arriendo y, por eso, proponen una nueva “ley de arrendamientos y aparcerías rurales” menos flexible y bajo el control de la Secretaría de Agricultura.

jaius@yahoo.com