“RELACIONES PELIGROSAS”
Sobre clases medias, gobierno peronista y movimientos piqueteros
Por Maristella Svampa
Abril de 2004
Agradezco la generosidad de
Pedro Bugani
Recomiendo a los compañeros, leer este texto con la menor cantidad de prejuicios posibles.
Si logran un estado subjetivo como el que les sugiero, podrán comprobar que mucho de lo que expresa la autora en esta investigación del año 2004, hoy comienza a ser una realidad insoslayable.-
El surgimiento de un conjunto de movimientos de desocupados ha sido y es una de las experiencias más ricas y novedosas de
Desde luego, su implantación y reconocimiento en la escena política nacional no fue fácil. En primer lugar, las incipientes organizaciones piqueteras entablaron una relación conflictiva con el gobierno peronista de C.Menem, en muchos casos emergieron de una lucha “cuerpo a cuerpo” contra sus estructuras clienterales locales (entre 1996 y1999); desarrollaron luego un vertiginosa autonomía durante el gobierno de F. De la Rúa, constituyéndose en este período en un verdadero movimiento social organizado
(19992001) ; tuvieron un protagonismo central en las grandes movilizaciones de 2002-2003 y se instalaron como un indiscutible factor de presión para el gobierno provisional de E.Duhalde.
Desde el comienzo, la política del Estado en relación a los movimientos sociales combinó estrategias de negociación y de cooptación, con dosis importantes de represión. Así, la política de contención del conflicto social se desarrolló prioritariamente a través de la distribución de paquetes de planes sociales y ayuda
alimentaria, a cambio del levantamiento de cortes de rutas. Esta, a su vez, fue acompañada por el endurecimiento del contexto represivo, visible en el aumento y pertrechamiento de las fuerzas represivas.
El ejemplo más elocuente fue el de Gendarmería nacional, que pasó del cuidado de las fronteras, al control y represión de los conflictos sociales provinciales. Así, la represión ha venido abarcando desde
pueblos sitiados, asesinatos, hasta la permanente persecusión judicial, que hoy llega a sumar más de 3.000 procesamientos, entre dirigentes y militantes.
Pese a ello, nada parecía frenar el ascenso y reconocimiento social de este nuevo actor, cuya capacidad de autoorganización y movilización iba en aumento, a tal punto, que en julio y septiembre de 2001, poco antes de las célebres jornadas que derrocaron al gobierno de De
Sin embargo, luego de la asunción de N. Kirchner, varias cosas han cambiado.
Pese a que el nuevo gobierno peronista no ha dado muestras de un cambio de rumbo en términos de proyecto socioeconómico, pese a que la pobreza y la desocupación continúan afectando a franjas importantes de la sociedad argentina, las organizaciones
piqueteras han visto fuertemente socavadas su legitimidad y deteriorado sus vínculos con el resto de la sociedad.
En efecto, luego de una ardua contienda política han sido
transitoriamente integradas o controladas por el nuevo gobierno; han sido hostigadas más que nunca por los grandes medios de comunicación, que no vacilaron en realizar una cruzada antipiquetera teñida del sarmientismo más puro y duro; en fin, han sido criticadas y despreciadas no sólo por aquellas clases medias que durante un fugaz período apoyaron parte de sus reclamos, sino también por vastos sectores sociales.
Al aislamiento social que hoy padecen, hay que añadir factores de orden endógeno, propios al espacio que comparten hoy casi unas cuarenta organizaciones piqueteras. Entre ellos, vale la pena mencionar los efectos negativos de lafragmentación organizacional, tanto como la ausencia real de espacios de coordinación innovadores.
Por último, no hay que olvidar, que desde aquellas hoy lejanas jornadas de diciembre de 2001, las organizaciones han mostrado una alta tendencia a la repetición, sobre todo en términos de repertorios de acción y, en determinados sectores, un dogmatismo ideológico acérrimo, que en muchos casos les ha llevado a minimizar la productividad política del peronismo y, por lo tanto, a negar sistemáticamente la posibilidad de un “cierre” de la situación anterior.
En el presente artículo no es mi pretensión abordar todos los tema enunciados más arriba.
Antes bien, me propongo priorizar tres cuestiones:
la primera de ellas se refiere al final de los “tiempos extraordinarios”;
la segunda, a la demanda de normalidad institucional; por último,
la tercera aborda la relación actual entre el gobierno y las organizaciones piqueteras. (2)
1. El fin de los tiempos extraordinarios
El 2002 fue un año a todas luces extraordinario, con toda la carga ambigua del término, pues
La apertura de nuevos espacios, marcados por el cuestionamiento del sistema institucional, por el retorno de la política a las calles, en fin, por la emergencia de nuevas formas autoorganizadas de lo social, hizo de
experiencias de trueque, grupos de ahorristas, cooperativas de cartoneros, fábricas gestionadas por sus trabajadores, colectivos contraculturales y, por supuesto, un arco cada vez más heterogéneo de agrupaciones piqueteras, armaban este novedoso cuadro de las luchas políticas y sociales en la nueva era de la globalización neoliberal.
El carácter urbano de la revuelta impulsó nuevos aires en el abigarrado paisaje social latinoamericano, dominado casi exclusivamente por movimientos de corte indigenis-tacampesino
(México, Bolivia o aún Brasil), tanto como auguró una rápida conexión con los aún incipientes movimientos antiglobalización, visiblemente marcados por la acción directa.
Así, la productividad política de las jornadas de diciembre de 2001 fue enorme.
Los movimientos sociales aparecieron como portadores de la posibilidad de una nueva institucionalidad, generando una inédita expectativa de renovación política. Esto catapultó al centro de la escena politicosocial a las agrupaciones piqueteras, cuya
consistencia y grado de organización, visible en el trabajo comunitario en los barrios, así como en la capacidad de movilización, contrastaba por momentos, con las
dificultades políticas y organizativas del resbaladizo movimiento asambleario, el otro gran protagonista de aquel período extraordinario.
La centralidad del movimiento piquetero se vio trágicamente confirmada en junio de 2002, cuando se concretaron graves hechos de represión en el Puente Pueyrredón, que culminaron con el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteky.
Los hechos son conocidos. El fracaso de la salida represiva obligó al gobierno nacional a llamar a elecciones generales anticipadas. Asimismo, aunque el repudio masivo de la sociedad a la represión no significó una reorientación del gobierno hacia un tratamiento más “legalista” de la “cuestión piquetera”, el caso es que, de ahí en más, nada pareció detener el élan expansivo de las organizaciones piqueteras.
La debilidad del gobierno frente a éstas tomó tal magnitud que la mayor parte de los reclamos delas organizaciones piqueteras era rápidamente coronado por el éxito. Esto se tradujo en mayor cantidad de planes sociales y ayuda alimentaria. Epoca de “engorde”, las organizaciones piqueteras expandieron notoriamente su volumen de adherentes.
Al mismo tiempo, durante 2002, las organizaciones incorporaron militantes de otros sectores sociales, especialmente de las clases medias movilizadas, como producto de los lazos y solidaridades gestados en los nuevo espacios de cruces (desde las asambleas barriales a la fábricas recuperadas –especialmente Brukman).
El proceso reveló una gran afinidad electiva entre los grupos independientes o autónomos (MTD de
grupos movilizados (Barrios de Pie, MTL, MST, entre otros), a excepción del bloque matancero.
Es cierto que la relación con el gobierno no estuvo exenta de tensiones o amenazas de represión (¿cómo olvidar aquel 26 de noviembre, seis meses después de la masacre, en el mismo Puente Pueyrredón, cuando se estuvo a un tris de otra gran represión, a raíz de que la jueza Servini de Cubría había ordenado el cacheo de los manifestantes, como condición de su ingreso a la ciudad?).
Pero la respuesta concesiva del Estado (en sus diferentes jurisdicciones: nación, provincia y ciudad de Buenos Aires), que además solicitaba a los grupos que no divulgaran ante la prensa los
acuerdos realizados, para no deteriorar aún más su credibilidad, fortaleció la convicciónde que el régimen tenía sus días contados.
Una anécdota ilustra a cabalidad esta sensación de triunfo que recorría los ánimos piqueteros: en
estaba “acabado”. Dos fuerzas importantes, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), entonces todavía en el Bloque Piquetero, y el Movimiento Territorial de Liberación (MTL), presentaron una contrapropuesta, que afirmaba que el Gobierno de Duhalde
estaba “debilitado”. (3)
La discusión fue tensa, pero finalmente, la correlación de fuerzas
fue tal, que el Polo Obrero, claramente hegemónico en ese espacio, impuso su lectura y declaró que que el gobierno de Duhalde estaba “acabado”...
Ahora bien, si la expansión de una retórica triunfalista estaba directamente ligada a la capacidad de presión y de movilización en las calles, ésta también encontraba su justificación en el diagnóstico que gran parte del campo militante realizaba de la situación (revolucionaria o pre-revolucionaria, según los grupos). En tanto tal, el diagnóstico apostaba a un nuevo levantamiento insurreccional, que debía completar aquello que las jornadas del 19 y 20 de diciembre habían iniciado.
Así, pese a que las organizaciones piqueteras, salvo excepciones, reconocían que aquel levantamiento de fines de 2001 las había sorprendido y no los había tenido como protagonistas centrales, en su gran mayoría aparecían recorridas por el afán de cierre o de sutura.
Sin embargo, con el correr de los meses, esa percepción intensa de la temporalidad, alimentada por la esperanza de un cambio mayor, se vio comprimida y reducida a una perspectiva más bien cortoplazista, que en numerosos casos fue tiñendo y
sobredeterminando tanto el estilo de construcción como la lógica de acción política.
Esta perspectiva fue ilustrada hasta la paroxismo por ciertos grupos dependientes de los partidos de izquierda, quienes minimizaron la acción territorial en los barrios en pos de la movilización callejera, distorsionando así algunos de los componentes más disrruptivos y originales de las organizaciones piqueteras.
Por otro lado, la debilidad del gobierno de Duhalde frente a las organizaciones piqueteras tuvo un efecto indeseado, que Maquiavelo, gran analista político, nos hubiese anticipado con justeza.
Es cierto que el gobierno era débil y carente de legitimidad. Pero que los planes sociales y la ayuda alimentaria pudieran obtenerse sin grandes costes, por la sola vía de la acción directa (cortes, acampes, bloqueos a edificios públicos y a residencias particulares de los funcionarios), tornó a cualquier grupo en rival poderoso, sin importar que éste fuera grande o minúsculo, de larga trayectoria o de reciente formación.
En la ausencia de reglas que definieran la membrecía y la legitimidad, el espacio piquetero comenzó a expandirse de manera
incontrolada. Pese a que existían importantes espacios de coordinación (la quietud delbloque matancero contrastaba con la permanente movilización del Bloque piquetero), esta estrategia favoreció la fragmentación organizacional, que se hizo a todas luces
efectiva durante el año 2003, cuando todos los grupos, casi sin excepción, sufrieron grandes divisiones.
Por último, la debilidad del gobierno de Duhalde era relativa. La pérdida de poder adquisitivo, luego de la devaluación, fue sin duda enorme y repercutió sobre los sectores más vulnerables. Pero aún así, el país estaba lejos de caer en una espiral hiperinflacionaria, como habían augurado tantos economistas del establishment.
Hacia fin de año, muchos reconocían que la acción de Lavagna, desde el ministerio de Economía, había logrado una importante mejora de los indicadores macroeconómicos.
2. Entre la demanda de
“normalidad institucional”
y el “consignismo”
Podrán aventurarse diferentes hipótesis e interpretaciones sobre lo ocurrido en aquel año extraordinario, marcado por una cierta resonancia entre clases medias movilizadas y sectores populares organizados.
Podrá analizarse una y mil veces la manera en como las asambleas barriales comenzaron a declinar, atrapadas en una lógica de confrontación entre las tendencias autonomistas y las presiones de los partidos de izquierda por hegemonizar el proceso.
Pero lo cierto es que los actores movilizados, asambleístas y piqueteros, no lograron dotar de contenidos precisos a las
demandas de creación de una nueva institucionalidad.
Con el correr de los meses, como ya había sucedido con la consigna “Que se vayan todos”, la apelación “Por un nuevo argentinazo”, fue vaciándose de sentido y cristalizando en una suerte de pulsión
repetitiva.
En el primer aniversario del 19 y el 20 de diciembre no hubo acto unitario, sino dos conmemoraciones de distinto tipo y calibre.
En la mañana del 19 un sector coordinado por distintas asambleas, colectivos contraculturales y agrupaciones estudiantiles, realizó el “piquete urbano”, que consistió en el bloqueo de algunas calles
del microcentro porteño, donde están
Un día más tarde, el 20 de diciembre se realizó una gran movilización que culminó en Plaza de Mayo. Banderas y pañuelos, mayoritariamente piqueteros, colorearon la gran manifestación.
Sintomáticamente, varias columnas de asambleas que concurrieron, no alcanzaron a ocupar la histórica plaza y quedaron apostadas en las calles laterales, desde donde siguieron la reunión multitudinaria.
En el estrado desfilaron casi veinte oradores, todos ellos pertenecientes a diferentes organizaciones piqueteras.
Un comentario viene aquí al caso. Días después, hablando con una periodista, conocedora del tema, evocábamos el semblante de la gente, que iba abandonando el acto. Había en los manifestantes como una expresión de decepción y hasta de tristeza.
Aquí hay que comprender hasta qué punto, a un año de aquellos sucesos, la evocación era algo más que un ritual. En realidad, para los sectores más movilizados el acto contenía la promesa de la repetición. No olvidemos que las consignas lo decían claramente; y más que clamar, anunciaban “un nuevo 19 y
Por ello mismo, aquel primer aniversario marcó menos el clímax, que el límite y el fin de los tiempos extraordinarios.
Todo ello fue anterior a la asunción de Kirchner.
No es casual que poco antes de las elecciones generales, en febrero de 2003, el gobierno realizara una fuerte embestida contra los actores sociales movilizados, que tuvieron por objetivo los
desalojos de espacios recuperados por las asambleas barriales, fábricas gestionadas por los trabajadores (Brukman) y el encarcelamiento de conocidos dirigentes piqueteros del interior del país, pertenecientes a la emblemática UTD de Gral Mosconi.
Como fuera señalado y denunciado por múltiples organizaciones sociales, estas acciones represivas apuntaban tanto a instalar la idea de que las elecciones generales venían a clausurar un ciclo social y político, así como pretendían borrar las “marcas”
visibles de la autoorganización y autogestión de la sociedad.
Pero esta arremetida del gobierno se realizaba en el marco de una indiferencia cada vez mayor de parte de amplios sectores sociales hacia las movilizaciones.
En efecto, desde principios de 2003, el espacio de resonancia abierto entre los movimientos piqueteros y las llamadas clases medias progresistas, comenzó a estrecharse de manera vertiginosa.
En realidad, el año arrancó con una demanda creciente de “normalidad institucional”, ganando las voces incluso de aquellos que unos meses atrás habían acompañado las movilizaciones, exigiendo “que se vayan todos”.
Pese al descrédito de los partidos tradicionales, una suerte de saturación frente a los cortes y manifestaciones callejeras, comenzó a reducir peligrosamente, una vez mas, el umbral de tolerancia hacia las protestas sociales.
El estado de la opinión pública, volátil, pero siempre atento a la ecuación promesa/resultado, estaba cambiando.
Los resultados de la elección presidencial, en abril del pasado año, indicaron un bajo porcentaje de ausentismo y de votos en blanco. Además de ello, dieron cuenta de que aún las bases sociales de aquellas corrientes piqueteras que habían llamado al voto en blanco o “programático”, se habían inclinado por los aquellos candidatos
menos conservadores del peronismo, entre ellos, al actual presidente.
Por último, aquellos partidos de izquierda que, como las diferentes variantes del trotskismo, combinaron el llamado insurreccional con la estrategia electoral, terminaron cosechando uno de los peores resultados de su historia.
En suma, las elecciones presidenciales colocaron un gran interrogante acerca de la “eficacidad” de las intensas movilizaciones de 2002, en su cuestionamiento a la representación política.
Toda gran crisis
está recorrida por
demandas ambivalentes
y hasta contradictorias.
Recordemos que luego de la gran crisis hiperinflacionara, en 1989, una doble demanda recorrió
- por una lado, el llamado populista, que implicaba el pedido de restitución del progreso a las grandes mayorías, por vía de un programa nacional y popular;
- por el otro, el llamado a la ejecutividad y eficacidad, necesarias para enfrentar la crisis e imponer una cierta estabilidad, por encima de sus costos sociales.
Así, Menem construyó una nueva hegemonía que permitió dar cauce a la segunda demanda, sin que le importaran las promesas electorales o la supuesta vocación popular del partido justicialista.
Esto fue avalado por una práctica –más que un discurso- que colocó en el centro la “seducción individualista”, y permitió montar un
modelo de ciudadanía restringido, centrado en la inclusión por el consumo.
Pero lo que resulta claro es que la crisis del lazo social, cuya raíz fue más económica y financiera que estrictamente política, tuvo su corolario en una demanda de estabilidad, que recorrería como mandato irrevocable los años ´90, invistiendo al modelo de
convertibilidad en base y garantía del nuevo pacto social.
La crisis de
También conllevó una demanda doble y contradictoria:
- por un lado,implicó un llamado a la creación de una nueva institucionalidad, que priorizaba la auto -organización de lo social a distancia y en detrimento del mundo institucional;
- por otro lado, trasmitía un llamado a la normalidad, que podía leerse como una demanda de intervención estatal (el regreso del Estado) para garantizar el orden, la ejecutividad y la seguridad amenazados y pervertidos en los últimos años.
La exigencia de normalidad se fue imponiendo como corolario, en un marco de dispersión e invisibilización de los actores movilizados, hasta ir desembocando en una lectura unilateral de lo efectivamente ocurrido.
Pronto, demasiado pronto, algunos olvidarían que el año 2002 fue
- el de la recuperación del protagonismo, a través de las movilizaciones,
- para retener sobre todo el recuerdo del caos y del gran cataclismo.
Así, nuestro año extraordinario logró perder la ambigüedad –y el aura que lo había caracterizado- , para reducirse a un sola y posible lectura, perjudicando notoriamente la percepción de los grupos movilizados.
La asunción de Kirchner coincidió entonces con esta exigencia, encarnando así esa voluntad de retorno a la normalidad, algo así como el afán, la expectativa, de encontrar un principio de estabilidad después del cataclismo vivido.
No es extraño que, frente al déficit de legitimidad con el cual fue ungido (solo el 20% de los votos), se encaminara a articular aspectos de esta demanda (como aparece explicitado en la consigna “Por un país en serio”), todo ello en un clásico estilo personalista, que vuelve
a mostrar la productividad histórica de los giros y conversiones político-ideológicos del peronismo.
Así, la dirección que tomó su gestión lo fue invistiendo de una creciente legitimidad: el descabezamiento de las cúpulas militares, la política de derechos humanos respecto del terrorismo de Estado de los ´70, las primeras y tensas negociaciones con el FMI, en fin, la depuración de la corte suprema de justicia.
En este sentido – a riesgo de ser psicologista,- las acciones de Kirchner, una política y un programa que presenta una productividad política limitada, entre otras cosas porque
no propone una redefinición de las relaciones entre economía y sociedad, colocándose en peligrosa continuidad con los gobiernos anteriores en términos de modelo socioeconómico.
Pero esto no significa que sea exactamente "más de lo mismo", como afirman de manera demasiado rápida ciertos partidos de izquierda, aunque tampoco sea el portador de un proyecto disrruptivo o, en el límite, contrahegemónico, como quieren creer tantos intelectuales y
organizaciones progresistas.
En realidad, hasta dónde el contexto argentino puede tolerar estas ausencia de redefiniciones, es algo que seguramente se verá en los próximos meses.
Es importante de señalar que los“gestos simbólicos” del presidente han conllevando una mejora de la alicaída autoestima nacional.
Hoy muchos argentinos sienten que nuestra imagen en el mundo está cambiando, luego de aquel 2002 extraordinario, en el cual la imagen de los saqueos, de los cacerolazos, de los martillos golpeando el blindex de los bancos, en fin, la de los niños desnutridos,recorrieran el mundo...
Por ello mismo, no es extraño que para todo un conjunto de las clases medias,los actores sociales movilizados, sobre todo los piqueteros –que cuentan con un surplus de alteridad, respecto de otros, ingresaran al dominio de “la anormalidad”, y comenzaran a ser vistos, más como un efecto perverso de una determinada política económica, antes que como la expresión de nuevas formas de
hacer política.
La crisis del modelo de convertibilidad, en diciembre de 2001, hizo posible que vastos sectores sociales comprendieran de golpe, como si fuera una revelación, que la brecha social que se había abierto durante los ´90, era profundamente ilegítima. Este cuestionamiento de la globalización neoliberal, estuvo en la base de la afinidad entre
clases medias y piqueteros, víctimas y principales opositores a la misma.
En la actualidad, la demanda de normalidad, tiende a naturalizar –y por ende,a legitimar nuevamente - la brecha instalada por el modelo neoliberal. A través de ella,se exige a los actores movilizados el silencio y el retorno a la invisibilidad.
En el límite, en nombre de una división entre
“los que trabajan”(para un país en serio)
y “los que no trabajan” (y son asistidos por el Estado),
se les pide que vuelvan al barrio y se resignen a su condición, en tanto
“excluidos” del sistema.
Todo ello aparece en un discurso social y periodístico que ha actualizado una cierta lectura cultural y política, que manifiesta un amplio desprecio por lo plebeyo tanto como acentúa el temor a las “clases peligrosas”.
En fin, el cierre de los tiempos “extraordinarios” tuvo su confirmación con el ascenso de Kirchner al gobierno. La recomposición –aunque relativa, precaria y transitoria del sistema institucional está lejos de dar cuenta de la formación de un
nuevo bloque hegemónico.
La fragmentación no sólo se advierte en el campo de los movimientos sociales, sino también, en el campo del poder, atravesado por serios conflictos de intereses, visibles por ejemplo en las pujas al interior del partido justicialista.
La cuestión que venimos desarrollando es compleja, pues si bien nadie niega la legitimidad de tal reclamo de “normalidad”, éste no es homogéneo en todos los ámbitos.
No es lo mismo exigir “normalidad” en la constitución de
modalidades actuales de la protesta social), o una “normal garantía de seguridad”, frente la expansión del delito (aceptando sin discusión la ocupación de las villas o proponiendo el
endurecimiento de las penas).
Es necesario, en fin, reflexionar acerca de los riesgos y la ambivalencia de los diferentes cruces entre “estado de emergencia social” y demanda de “normalidad”y preguntarse ¿hasta dónde puede llegar un gobierno, y en el límite, una sociedad, en su obsesión por recuperar “un estado de normalidad”?
O dicho de otro modo, ¿Qué es lo que ciertos sectores sociales están dispuestos a consentir a cambio de ello?
3. Movimientos piqueteros y gobierno de Kirchner.
Dimensiones de las relaciones peligrosas.
Todos los gobiernos, sin excepción, en algún momento se orientaron hacia el disciplinamiento del movimiento piquetero, proponiendo una distinción entre una “protesta legítima” y otra “ilegítima”, acudiendo en más de un caso a la judicialización y, en el límite, a la represión de los grupos más movilizados.
Así, entre 1996 y 2002, los sucesivos gobiernos intentaron deslegitimar la protesta piquetera asociándola con un “rebrote” de violencia guerrillera o con supuestos “planes conspirativos” para
derrocar el gobierno.
Pese a ello, estas tentativas tuvieron un alcance limitado y fueron, en muchos casos, desbaratadas por los hechos posteriores y condenadas por gran parte de la sociedad.
El gobierno de Nestor Kirchner se encontró con un movimiento piquetero muy consistente, sobre todo luego de las grandes movilizaciones de 2002, pero también fuertemente heterogéneo y proclive a la fragmentación. Su política consistió en poner en acto, simultáneamente, el abanico de estrategias disponibles para integrar, cooptar y disciplinar al movimiento piquetero.
A poco de cumplirse el primer aniversario de su asunción, podemos afirmar que éstas han sido “exitosas”, tanto en términos de
integración e institucionalización de las corrientes afines, como de aislamiento del resto de las corrientes del movimiento piquetero.
La hipótesis de la integración e institucionalización comenzó a perfilarse como una de las tendencias centrales del actual gobierno, en mucho alimentada tanto por aquellos funcionarios nacionales como por ciertas organizaciones sociales que creen ver en el nuevo presidente la posibilidad de un retorno a las “fuentes históricas” del
justicialismo.
Esa apuesta, que se vincula con las altas expectativas que el presidente despertó en amplios sectores de la población, se apoya también en la existencia de determinados grupos muy cercanos al ideario nacional y popular, al interior del cada vez más diversificado espacio piquetero.
En efecto, la constelación piquetera incluye no solo aquellas visiones contestatarias de neto corte anticapitalista sino también un amplio abanico de organizaciones que reenvía una fuerte matriz populista; todo lo cual vuelve a poner en el tapete, una vez más,
el fuerte peso de la cultura peronista.
Estas organizaciones, de fuerte inspiración populista, que hasta hace poco tiempo mostraban un importante grado de movilización (nos referimos sobre todo a Barrios de Pie, algunos MTD y de manera parcial y siempre contradictoria, a
(4) un tratamiento privilegiado de parte del gobierno nacional, y han sido beneficiadas por algunos de los nuevos programas sociales, entre ellos, el “Plan Arraigo”, que contempla la construcción de viviendas para los miembros de las mismas. (5)
Por otro lado, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Desarrollo social, decidió otorgar una importante cantidad de subsidios a las organizaciones piqueteras, para el desarrollo de emprendimientos productivos. La importancia de esta iniciativa no
es menor, pues si su creación depende de las directivas actuales del Banco Mundial, también es cierto que éste se apoya en un reclamo genuino de ciertas organizaciones.
Así, para algunas agrupaciones que desde el comienzo apostaron fuertemente a la autogestión (entre ellos
que algunos son de ampliación de proyectos preexistentes (por ejemplo, las panaderías comunitarias); otros son proyectos “fabriles” (talleres textiles o fabricación de productos alimenticios) y contemplan la producción de un excedente.
Así, en algunas organizaciones, estos subsidios han generado una profunda discusión acerca de qué hacer con el “excedente” (lo que se hace con “la parte maldita”según G. Bataillle, es lo que diferencia también a una sociedad de otra...). (6)
Por último, a la integración y la negociación hay que sumar la estrategia de control y disciplinamiento, dirigida sobre todo contra los grupos más movilizados, quienes no sólo señalaron que el gobierno de Kirchner representa una continuidad con los anteriores, sino que confiados en el protagonismo que tuvieron durante 2002, tensaron las relaciones y multiplicaron las concentraciones y marchas
.
A su vez, Kirchner se apoyó en el estado de la opinión pública, fuertemente apuntalado por sectores de derecha, a través de los medios de comunicación.
Así, el gobierno nacional apuntó a enfatizar la contraposición entre movilización callejera y “normalidad institucional”, desembocando no sólo en una imagen estigmatizante de las movilizaciones, sino en la denuncia de una democracia cada vez más “acosada” por las agrupaciones piqueteras.
Poco importa si las declaraciones daban cuenta de un vaivén peligroso que iba de la amenaza de judicialización al reconocimiento de las necesidades de los desocupados, del cuestionamiento de la representatividad de las organizaciones a la
afirmación del derecho legítimo a la protesta, de la propuesta de crear una brigada “antipiquetera” a la declaración obsesiva –una y mil veces repetida que el gobierno no reprimirá.
La campaña de invectiva y descalificación verbal tuvo momentos de alto voltaje, primero entre octubre y diciembre de 2003; y luego en febrero de 2004.
Hubo tres puntos de inflexión, que deben ser entendidos como las consecuencias de una política:
Por un lado y más allá de las internas justicialistas, la escalada de violencia verbal creó un contexto de rechazo que favoreció la represión policial llevada a cabo en la ciudad de Neuquén, así como continúa impulsando los sucesivos encarcelamientos de los dirigentes salteños.
En segundo lugar, resulta importante señalar que el gobierno, que había prometido en un principio declarar la nulidad de los procesamientos iniciados por cortes de ruta, una vez entablada la pulseada, prontamente olvidó el proyecto y apostó a la política de
manejarse –en palabras de un alto funcionario político con el “código penal en la mano”.
Más aún, los recientes fallos en contra de Marina Schiffrin, así como el de la Cámara Nacional de Casación, que tipifica como delito el corte de cualquier vía de tránsito, y califica al piquete como “mecanismo primitivo de pseudodefensa de sectores e intereses”, da cuenta de la hostilidad militante que el poder judicial viene
manifestando hacia las nuevas formas de protesta social, minimizando tanto el contexto sociopolítico como la situación de despojo de derechos que viven los individuos.
A fines de febrero de 2004, luego de la ocupación que el MIJD, liderado por R.Castels, realizara en el ministerio de Trabajo, el gobierno nacional cerró una etapa.
En ese sentido, su triunfo en la batalla por deslegitimar las corrientes más movilizadas fue tal que hasta el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, F.Solá, permanentemente jaqueado por los problemas de inseguridad, se dio el lujo de dar de baja a miles de planes sociales que tienen como beneficiarios no solo a los municipios, sino al conjunto de las organizaciones piqueteras.
A manera de cierre, con puntos suspensivos...
El cierre de los tiempos extraordinarios y la apertura de una nueva etapa, puso al descubierto las diferentes matrices ideológicas, así como las concepciones del sujeto político, latentes en las organizaciones piqueteras.
Por un lado, los grupos dependientes de los partidos de izquierda, no sólo han minimizado la productividad política del peronismo triunfante, sino que han llevado hasta el paroxismo y la parodia la imagen de la vanguardia y de la “clase revolucionaria”, como si la construcción de
un nuevo sujeto político fuera el resultado o la emanación de la pura movilización callejera.
Por otro lado, los grupos independientes, sin renunciar a la movilización, han
optado por privilegiar la temporalidad de la problemática barrial, preocupados por la creación de ámbitos y esferas de producción de nuevas relaciones sociales (el “nuevo poder” o el “poder popular”).
Sin embargo, hoy están más dispersos y presentan menos instancias de articulación política.
Por último, la sorpresa del período lo constituyen sin duda los grupos populistas, es decir aquellos en los cuales la nueva coyuntura actualizó la imagen y la nostalgia del “pueblo peronista”.
Esta posición es ilustrada por diversas agrupaciones, que apuestan a la reconstrucción del estado nacional, a partir de la consolidación de un nuevo líder, sostenido y apoyado por un “pueblo” movilizado. (7)
A nivel continental, dicho “proyecto nacional” impulsa la idea de conformar un polo latinoamericano, bajo la figuras de Chávez en Venezuela, Lula en
Brasil, Kirchner en Argentina y, eventualmente, Evo Morales en Bolivia.
Sin duda, esta historia de contiendas continúa abierta y nadie con dos dedos de frente podría afirmar que las organizaciones piqueteras no encontrarán nuevos espacios u oportunidades de canalizar sus reclamos. Sin embargo, lo que resulta claro
es que los desocupados organizados afrontan varios desafíos y dificultades, que no resultan de fácil tratamiento.
Entre éstos, mencionaremos solo cinco:
1. El primero se refiere a la necesidad de producir instancias de coordinación política, que mitiguen los efectos de la fragmentación del espacio piquetero, en un contexto de institucionalización y de rechazo de la población a la movilización.
2. El segundo, alude sobre todo a los movimientos ligados a partidos de izquierda, los cuales deberán repensar el alcance y los efectos políticos nefastos que sus lógicas unidimensionales de acción y construcción, centradas en la sola movilización y confrontación, tienen para el conjunto del movimiento piquetero.
3. El tercer desafío engloba a todos los movimientos, y se refiere a las consecuencias políticas y culturales de la dependencia respecto del Estado, a través de los planes sociales y la institucionalización de la figura del “mediador”, así como a los efectos negativos que ha tenido la banalización del piquete como herramienta de lucha.
4. El cuarto desafío alude a la necesidad de buscar cruces y vínculos con otros sectores, en especial, con los sindicatos y las clases medias; una cuestión a todas luces fundamental en un contexto de creciente aislamiento, y vista la dificultad –histórica que las organizaciones de desocupados tienen para interpelar otros sectores sociales.
5. En fin, el quinto desafío plantea una discusión acerca de cómo poner en marcha los proyectos productivos (lo cual significa definir el alcance de la autogestión), asi como de la necesidad de integrar al modelo de construcción política una lógica relacional que matice los conflictos internos (acentuados por la competencia por los bienes escasos, dependientes del Estado), que desembocan en constantes
divisiones, nunca del todo comprendidas –ni compartidas por las bases de los propios movimientos.
* ¨* *
¿Habrá que considerar acaso que la potencia creativa de estos movimientos ha llegado a un límite, una suerte de techo, de carácter más estructural que coyuntural, lo cual, por lo tanto, compromete severamente los logros obtenidos?;
¿O habrá que pensar que se trata de un impasse transitorio y que, más allá de las dificultades actuales, las organizaciones piqueteras nos seguirán sorprendiendo, pues suelen tener, en tanto movimiento social, un dinamismo y una fuerza innovadora que supera toda
imaginación sociológica?
Quienes acompañamos el proceso de las luchas sociales en nuestro país nos inclinamos por optar por la segunda hipótesis, aunque somos conscientes de que no será desde registros unilaterales que comprenderemos y aportaremos al esclarecimiento de una dinámica social tan compleja, sino más bien desde y a partir de la incorporación de la ambivalencia al análisis, suerte de registro de origen que atraviesa tanto la trama profunda como los avatares más visibles y coyunturales de las organizaciones piqueteras.
NOTAS.
(1)1 Revista El Rodaballo, nro 15, Buenos Aires, invierno de 2004
(2) Quedan pendientes, por razones de espacio, otros temas mayores que hubiera querido abordar aquí: la dependencia en relación con el Estado y el peso de la cultura peronista. Estos temas serán desarrollados en un artículo posterior
(3) Los cánticos del MTR, MTL y otros grupos más pequeños decían: “Si Duhalde está acabado, ¿entonces qué hacemos acá?”
(4) Las referencias al peronismo funcionan, a la manera de un significante flotante (Laclau, Reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, Buenos Aires, Nueva Visión, 2000) como un artefacto cultural que puede ser articulado en sentidos diferentes y aún opuestos. Para el tema, permítasenos reenviar al lector a nuestro libro, escrito en colaboración con S.Pereyra, Entre la ruta y el barrio. Las experiencias de las organizaciones piqueteras, Buenos Aires, Biblos, 2003.
(5) Entre las organizaciones institucionalizadas no incluimos
de Kirchner. Sin embargo, la afinidad ideológica con el programa de Kirchner, ha hecho que esta integración sea mucho más completa.
(6) Aun así, si bien es cierto que estos proyectos pondrán a prueba a las organizaciones respecto de su capacidad de transformación de las prácticas individualistas, también es cierto que todas ellas carecen de experiencia, además de no contar con un seguimiento técnico específico, por parte del gobierno, todo lo cual limita las posibilidades de generar rentabilidad.
(7).- Los sectores piqueteros que adhieren a una matriz populista deberían recordar la historia del peronismo, antes de caer presos de una nueva ilusión. Es así que en su valoración de Kirchner,pecan por exceso, ya que el nuevo proyecto nacional del que ellos hablan implicaría medidas en el plano socioeconómico (no pago de la deuda externa, confrontación con las empresas privatizadas, reapropiación de los recursos naturales, fuertes medidas de redistribución
económica, entre otros), que lejos están de encontrarse entre los objetivos del actual gobierno.
