martes, 18 de noviembre de 2008

- UNA LARGA Y SINIESTRA PRÁCTICA DE VIOLENCIA HACIA NIÑOS Y ADOLESCENTES DESDE EL PODER DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.-



UNA LARGA Y SINIESTRA PRÁCTICA DE VIOLENCIA HACIA NIÑOS Y ADOLESCENTES DESDE EL PODER DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.-




El lugar alojaba a 16 chicos y trabajaban tres asistentes. El sábado a la noche hallaron a un adolescente muerto en su cuarto. En la madrugada del domingo pasó lo mismo con su mejor amigo. Los dos se habrían suicidado. Dejaron cartas. Los otros 14 pibes fueron reubicados en otros centros



Martes 18 de Noviembre del 2008-

Diario Hoy

Ciudad de La Plata



Dos menores murieron ahorcados en un instituto inaugurado hace 10 días




El lugar alojaba a 16 chicos y trabajaban tres asistentes. El sábado a la noche hallaron a un adolescente muerto en su cuarto. En la madrugada del domingo pasó lo mismo con su mejor amigo. Los dos se habrían suicidado. Dejaron cartas. Los otros 14 pibes fueron reubicados en otros centros

No hay elementos para barajar otra teoría que no sea la del suicidio (en los dos casos), aunque eso no despeja las sospechas de que pudo haber -por lo menos- negligencia de parte de los funcionarios de Niñez y Adolescencia, de la que dependen los institutos.

A la cabeza de esa área estaba Marta Arriola, hasta que cuestionó la idea de bajar la edad de imputabilidad y lo pagó con el puesto.

El 14 de noviembre la reemplazó Cristina Tabolaro, quien ocupó el mismo cargo por casi seis años durante la gestión de Felipe Solá.

La Suprema Corte bonaerense elaboró un informe lapidario sobre la situación de los menores en comisarías entre 2006 y 2007, la última etapa de aquella gestión de Cristina Tabolaro y Felipe Solá: hubo 800 denuncias por maltratos, a las que se sumaron presentaciones judiciales por suicidios de chicos, ingreso de droga en los institutos o deplorables condiciones edilicias, entre otras falencias.

La vilencia permanente e institucionalizada desde el Poder Político de la Provincia de Buenos Aires, viene al menos desde hace 60 años.

Deja que pensar que, inaugurada la democracia, esta violencia no dejó de crecer, y se hizo más terrible desde el 2001 hasta hoy, con un crescendo imparable desde el 2003.

Hoy, casi los mismos artífices de esta violencia, (que resultó severamente repudiada por acordada de la Suprema Corte de Justicia de la Prov. De Buenos Aires tanto en 2006, como a fines del 2007,) están al comando nuevamente de las políticas públicas que mostraron su siniestra crueldad en los últimos 5 años, y que reciben a la nueva (y vieja, al mismo tiempo) Secretaria de Niñez y Adolescencia, Cristina Tabolaro, con dos nuevas muertes (¿suicidios…)

Hace menos de un mes -crimen del ingeniero Ricardo Barrenechea mediante- el gobierno de Daniel Scioli anunció con bombos y platillos su intención de llevar al Congreso la propuesta de bajar la edad de imputabilidad de los menores, de 16 a 14 años. Sobrevinieron marchas y declaraciones de repudios, contramarchas y adhesiones.

Uno de los pibes acusados de aquel homicidio se escapó de un instituto de Menores (lo recapturaron con la ayuda de la familia, que lo entregó) y la polémica se corrió unos grados, aunque siguió girando sobre el mismo eje: qué hacer con los chicos “en conflicto con la ley”, como gustan llamarlos los funcionarios.

En los primeros días de noviembre, el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo anunció la apertura de seis nuevos institutos de tratamiento para ellos, “antes de fin de año”.

El anuncio comenzó a hacerse realidad el jueves 6 de noviembre con la inauguración del Centro de Recepción de La Matanza, que albergó a 16 menores con causas penales.


Diez días después, dos de ellos estaban muertos. Y ayer, ya no quedaba ninguno. “Los 14 restantes fueron reubicados en distintos centros de la Provincia”, se aclaró oficialmente.


¿Qué pasó con esos dos adolescentes de 16 y 17 años? Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo ambos se ahorcaron en los cuartos individuales en los que dormían y dejaron cartas explicando por qué.


De sus historias, de sus vidas, no trascendieron muchos datos. Sólo que uno se llamaba Cristian y el otro Jonathan Ezequiel, que eran de Morón y San Isidro y que estaban acusados de delitos graves, uno, por homicidio, aunque ninguna de las fuentes contactadas por Trama Urbana pudo precisar cuál. Sí se sabe que el que afrontaba estos cargos tenía “tres antecedentes de suicidio” fallidos, hasta que el sábado a la noche intentó y pudo hacerlo.


Después de todo estaba solo, con una sábana a mano y con la única “contención” de tres asistentes de minoridad como único plantel para todo el instituto.

“En el apuro por inaugurarlo, habilitaron ese lugar sin psicólogos, ni asistentes sociales, sin nada”, dijo en estricto off un vocero que recorre este tipo de centros.


La primera muerte, entonces, ocurrió el sábado. La segunda, en la madrugada del domingo. Y allegados a la investigación están convencidos de que ésta fue a consecuencia de aquella.

“Eran muy amigos. Suponemos que el segundo se suicidó al enterarse de lo que había pasado con su compañero”, dijo un vocero oficial que tuvo acceso a las cartas que dejaron los adolescentes.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de La Matanza, donde se hicieron las autopsias. Como las muertes ocurrieron entre el 15 y el 16 de noviembre (con el cambio de guardia) las causas recayeron inicialmente en distintas fiscalías, aunque ayer se unificaron y quedaron en manos del fiscal José Luis Longobardi.

No hay elementos para barajar otra teoría que no sea la del suicidio (en los dos casos), aunque eso no despeja las sospechas de que pudo haber -por lo menos- negligencia de parte de los funcionarios de Niñez y Adolescencia, de la que dependen los institutos. A la cabeza de ese área estaba Marta Arriola, hasta que cuestionó la idea de bajar la edad de imputabilidad y lo pagó con el puesto. El 14 de noviembre la reemplazó Cristina Tabolaro, quien ocupó el mismo cargo por casi seis años durante la gestión de Felipe Solá. La Suprema Corte bonaerense elaboró un informe lapidario sobre la situación de los menores en comisarías entre 2006 y 2007, la última etapa de aquella gestión: hubo 800 denuncias por maltratos, a las que se sumaron presentaciones judiciales por suicidios de chicos, ingreso de droga en los institutos o deplorables condiciones edilicias, entre otras falencias.

Niños en conflicto con la ley ¿Cuál es la política en la Provincia?

Alejandro Blanco se autodefine como sacerdote católico, licenciado en filosofía y docente universitario. Trabaja desde hace varios años en la problemática social vinculado a barrios y sectores marginales del Gran La Plata. La semana pasada dejó su cargo como director de institutos, en la subsecretaría de la Niñez del ministerio de Desarrollo Social bonaerense.

Antes de su retirada, Blanco hizo público un documento en el que no se calla nada y traza un alarmante escenario sobre el tratamiento de los menores en la Provincia. Y dice:


“Durante 10 meses no hemos cesado de hacer señales desde la dirección de institutos hacia las otras dependencias del gobierno, en completa consonancia y con el esfuerzo de la subsecretaria Martha Arriola (foto), y de todos los funcionarios y trabajadores de la subsecretaría de Niñez y Adolescencia, indicando que los recursos para implementar la ley del Niño y la del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, no eran suficientes, y parecía no haber sido previstos desde los otros espacios del ejecutivo, para atender a los chicos en conflicto con la ley penal como sujetos de derecho tal como es la perspectiva de las leyes vigentes.
La ley se propone contemplar al niño en conflicto con la ley como sujeto de derecho. Los chicos que delinquen son chicos y siguen siéndolo, por lo que les cabe las generales de la ley del niño. Es sabido que detrás del niño que vulnera un derecho, que delinque, hay en la gran mayoría de los casos, una historia de vulneración de sus derechos, de violación sistemática, de privación, de carencia integral, de pobreza estructural que se arrastra desde la cuna.
La historia de vulneración que carga el niño que delinque no legitima la vulneración de derechos de los demás, pero le recuerda y le reclama a la sociedad y al estado que existe una deuda previa para con ese niño que ahora ha delinquido. Si este niño ha vulnerado los derechos del prójimo por un acto de delito, la respuesta del Estado y de la sociedad en su conjunto no puede ser la reincidencia en la vulneración de sus derechos como ser humano y como niño. Por lo menos, no ha de ser ésta la respuesta en estado de derecho y bajo un sistema republicano y democrático.
Por estas dos razones, primero porque se le debe a la mayoría de los niños que delinquen el reconocimiento de sus derechos que han sido vulnerados desde su nacimiento, y segundo, porque no se puede pensar a la justicia juvenil como violación de los derechos del niño que delinque, sino como recurso para su reinserción social y como suplencia de las carencias que lo han llevado al delito, por esto se hace necesario pensar en un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil con los recursos suficientes para implementar medidas alternativas a la privación de la libertad, cuando éste sea el caso, o para privar de la libertad ambulatoria a los chicos, como último recurso, tal como lo contempla la ley, si esto se viera necesario.
El problema es que tanto para lo uno como para lo otro, los recursos con los que se cuenta son absolutamente insuficientes. En lo que toca a los institutos para cumplimiento de medidas de privación de la libertad, hemos venido señalando con firmeza esta realidad, sin obtener respuestas. Justamente, si la perspectiva en la que se quiere abordar el tratamiento de los chicos que delinquen, es la que acabamos de indicar según nos marca la ley, es obvio que no se trata sólo de contar con una ‘jaula’ para encerrar al niño que delinquió, sino que es necesario planificar una forma de abordar su personalidad, contar con un equipo de profesionales para poder hacerlo eficazmente, diseñar y utilizar estructuras edilicias acordes a la demanda, capacitar al personal que va a tratar con el adolescente en conflicto con la ley, y en todo momento, considerar a los recursos humanos que se ponen en juego, como ‘educadores’ y no como ‘carceleros’”.

No hay que olvidar que por Ley Provincial recientemente aprobada, y firmada por el gobernador Scioli, en toda la provincia dejan de existir los Institutos de Menores para niños y adolescentes que se encuentran “amparados por el estado” por razones familiares de imposibilidad de contenerlos.- Estos niños y adolescentes constituyen más del 99% de todos los “menores tutelados”, que dejan de ser “tutelados” por que se abolió la llamada “Ley de Patronato”.-

Para cumplir esta nueva Ley, es que se jerarquiza la Secretaría de Niñez y Adolescencia, y se nombra a cargo de la misma a Martha Arriola, quien tuvo una muy larga experiencia con del Dr. Arslanian, conduciendo los Foros de seguridad en toda la Provincia.-

Es notorio y público que el Gobierno de la Provincia tiene la obligación de bajar los recursos a esta Secretaría, para que ésta a su vez, la baje a las distintas intendencias que se tienen que hacer cargo de la contención, ayuda, atención y todo lo que demanden los niños, adolescentes y sus familias, en condición de riesgo afectivo, que suman en total algo así como 440.000 chicos.

Respecto de esta obligación, el Gobierno de Bs.As., no solo no bajó ningún recurso, si no que su proceder semeja más a un boicoteo abierto de la aplicación de la nueva ley, que a una “falta de recursos”.-

Arroyo asume responsabilidad por suicidio en instituto de menores

El lugar alojaba a 16 chicos y trabajaban tres asistentes. El sábado a la noche hallaron a un adolescente muerto en su cuarto. En la madrugada del domingo pasó lo mismo con su mejor amigo. Los dos se habrían suicidado.

El ministro de Desarrollo Social bonaerense, Daniel Arroyo, admitió que Institutos de Menores en la Provincia están “ante una situación de crisis por falta de recursos”. Este argumento resulta pueril e imposible de creer, puesto que este mismo Ministro (y principalmente el gobernador, Scioli), le negaron desde el comienzo de la gestión, y sistemáticamente, presupuesto, que había sido aprobado, a la Gestión de Martha Arriola.-

La sensación de un incremento de la delincuencia juvenil desató una vorágine oficial por encontrar, casi inmediatamente, la solución a un problema de décadas y nació el debate por bajar la edad de imputabilidad.

En el frenesí por atacar el problema, se inauguró un instituto que no estaba en condiciones y a los 10 días dos chicos aparecieron muertos. Se habían suicidado.

Hoy el centro está cerrado y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, reconoce en la provincia los institutos están en crisis por falta de recursos.

En declaraciones radiales el Arroyo aseguró que “nos encontramos ante una situación de crisis en lo que tiene que ver con los Institutos, en el área de los menores. Lo que se plantea ahora, de falta de recursos, lo venimos planteando desde hace tiempo”.

Como ya se informó, dos menores aparecieron muertos el fin de semana en un instituto de La Matanza en el que estaban detenidos. Se trataba de dos amigos a quienes se los encontró ahorcados, uno el sábado y otro el domingo y según se indicó, dejaron cartas explicando los motivos.

En ese plano, Arroyo reconoció incluso que uno de los menores venia con otros casos de “intento de suicidio”, pero enfatizó que a raíz de estos hechos, “hay una investigación interna que estamos llevando adelante nosotros, una investigación de parte de la fiscal y, finalmente, que la totalidad de los menores que estaban alojados en el Instituto de La Matanza -14 chicos-, fueron reubicados en otros institutos”.

Con éste antecedente psiquiátrico en sus manos, el gobierno de Buenos Aires, Arroyo y Cristina Tabolaro, cometen un delito gravísimo de negligencia dolosa, por que internan a este chico, en un instituto donde no tiene la mínima atención, ni psicológica ni médica. Con las consecuencias de muerte que estamos relatando.

La crónica

Hace menos de un mes -crimen del ingeniero Ricardo Barrenechea mediante- el gobierno de Daniel Scioli anunció con bombos y platillos su intención de llevar al Congreso la propuesta de bajar la edad de imputabilidad de los menores, de 16 a 14 años.

Sobrevinieron marchas y declaraciones de repudios, contramarchas y adhesiones.

Uno de los pibes acusados de aquel homicidio se escapó de un instituto de Menores (lo recapturaron con la ayuda de la familia, que lo entregó) y la polémica se corrió unos grados, aunque siguió girando sobre el mismo eje: qué hacer con los chicos “en conflicto con la ley”, como gustan llamarlos los funcionarios.

En los primeros días de noviembre, el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo anunció la apertura de seis nuevos institutos de tratamiento para ellos, “antes de fin de año”.

El anuncio comenzó a hacerse realidad el jueves 6 de noviembre con la inauguración del Centro de Recepción de La Matanza, que albergó a 16 menores con causas penales.

Diez días después, dos de ellos estaban muertos. Y ayer, ya no quedaba ninguno. “Los 14 restantes fueron reubicados en distintos centros de la Provincia”, se aclaró oficialmente.


¿Qué pasó con esos dos adolescentes de 16 y 17 años? Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo ambos se ahorcaron en los cuartos individuales en los que dormían y dejaron cartas explicando por qué.

De sus historias, de sus vidas, no trascendieron muchos datos. Sólo que uno se llamaba Cristian y el otro Jonathan Ezequiel, que eran de Morón y San Isidro y que estaban acusados de delitos graves, uno, por homicidio, aunque ninguna de las fuentes contactadas por Trama Urbana pudo precisar cuál.

Sí se sabe que el que afrontaba estos cargos tenía “tres antecedentes de suicidio” fallidos, hasta que el sábado a la noche intentó y pudo hacerlo.

Después de todo estaba solo, con una sábana a mano y con la única “contención” de tres asistentes de minoridad como único plantel para todo el instituto.

“En el apuro por inaugurarlo, habilitaron ese lugar sin psicólogos, ni asistentes sociales, sin nada”, dijo en estricto off un vocero que recorre este tipo de centros.

La primera muerte, entonces, ocurrió el sábado. La segunda, en la madrugada del domingo. Y allegados a la investigación están convencidos de que ésta fue a consecuencia de aquella. “Eran muy amigos. Suponemos que el segundo se suicidó al enterarse de lo que había pasado con su compañero”, dijo un vocero oficial que tuvo acceso a las cartas que dejaron los adolescentes. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de La Matanza, donde se hicieron las autopsias.

Como las muertes ocurrieron entre el 15 y el 16 de noviembre (con el cambio de guardia) las causas recayeron inicialmente en distintas fiscalías, aunque ayer se unificaron y quedaron en manos del fiscal José Luis Longobardi. No hay elementos para barajar otra teoría que no sea la del suicidio (en los dos casos), aunque eso no despeja las sospechas de que pudo haber -por lo menos- negligencia de parte de los funcionarios de Niñez y Adolescencia, de la que dependen los institutos.

A la cabeza de ese área estaba Marta Arriola, hasta que cuestionó la idea de bajar la edad de imputabilidad y lo pagó con el puesto. El 14 de noviembre la reemplazó Cristina Tabolaro, quien ocupó el mismo cargo por casi seis años durante la gestión de Felipe Solá. La Suprema Corte bonaerense elaboró un informe lapidario sobre la situación de los menores en comisarías entre 2006 y 2007, la última etapa de aquella gestión: hubo 800 denuncias por maltratos, a las que se sumaron presentaciones judiciales por suicidios de chicos, ingreso de droga en los institutos o deplorables condiciones edilicias, entre otras falencias.

Diario Hoy