LA JUSTICIA ARGENTINA, Y SUS ADYACENCIAS...¿ VERGÜENZA O ENTRAMADO POLÍTICO...?
EL FISCAL ANTE CASACION PRESENTO UN RECURSO QUE EVITO QUE FUERAN LIBERADOS LOS REPRESORES
El Tigre y el Cuervo se quedan en la jaula
El argumento central del escrito es que los acusados, una vez libres, podrían frustrar las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad. La última palabra sobre las excarcelaciones la tendrá la Corte Suprema.
Por Victoria Ginzberg
“La resolución pone en serio riesgo a la Nación Argentina de ser sancionada internacionalmente por arriesgar innecesariamente la concreción del debido proceso en causas en las que se ventilan graves violaciones a los derechos humanos”, aseguró el fiscal Raúl Pleé al oponerse ayer a la liberación de los represores que había resuelto la Cámara de Casación. El argumento central de su escrito es que los acusados, una vez libres, podrían frustrar las investigaciones. Esta presentación evitó por el momento que Alfredo “El Cuervo” Astiz y Jorge “El Tigre” Acosta, entre otros procesados por delitos de lesa humanidad, vuelvan a caminar por las calles. Todo indica que, tal como informó Página/12 ayer, la última palabra la tendrá la Corte Suprema.
La decisión de los jueces de la sala II de la Cámara de Casación Guillermo Yacobucci y Luis García (el tercer integrante, Gustavo Mitchell, votó en disidencia) de excarcelar a los miembros de la patota de la ESMA, incluidos Astiz y Acosta, fue paralizada por la presentación de Pleé. El fiscal Ricardo Weschler, que tiene a su cargo las causas de Rosario y Santa Fe, hará lo mismo la semana que viene. Antes de aceptar formalmente la apelación, el tribunal debe dar la posibilidad de opinar a las defensas. Sin embargo, en Comodor Py se descartaba que el caso iría a parar a los despachos de los ministros de la Corte, para que éstos definan si los procesados por asesinatos, desapariciones y torturas durante el terrorismo de Estado deben recuperar la libertad hasta que se lleve a cabo el juicio oral.
Yacobucci y García alegaron que no correspondía extender la prisión preventiva de unos veinte acusados porque habían pasado, en la mayoría de los casos, más de cinco años desde que fueron arrestados y aún no se realizó el juicio oral.
En su escrito, Pleé –un fiscal que no se caracterizó hasta el momento por motorizar este tipo de investigaciones– habló de la “gravedad institucional” del asunto y señaló que la liberación de los represores supondría la posibilidad de frustrar el proceso penal, ya sea por fuga o por el entorpecimiento deliberado de la causa por parte de los acusados. El peligro de que se obstruya la pesquisa es una de las causas que justifica mantener a un imputado preso hasta el juicio.
El fiscal desplegó su argumentación en seis puntos principales:
1
La reticencia a comparecer a juicio. La ley de autoamnistía y los alzamientos militares:
“Es un dato esclarecedor que por diferentes medios, algunos violentos y otros con pretensión de legalidad aparente, las agencias estatales involucradas han intentado impedir la acción de la justicia para el esclarecimiento y sanción de los crímenes de la dictadura”, señaló Pleé. Entre los intentos de los represores por evitar su presencia en tribunales figuran la ley de autoamnistía, sancionada en los últimos días de la dictadura y anulada en los primeros después de la recuperación de la democracia. La Cámara Federal dijo en 2007, al confirmar procesamientos en el expediente vinculado por los crímenes cometidos en la ESMA que “se evidencia que las marchas y contramarchas que tuvo (la causa) son una consecuencia concreta y directa de distintas conductas que llevaron a cabo los imputados en su carácter de las Fuerzas Armadas para entorpecer la posibilidad de ser enjuiciados”.
2
Las solicitudes de extradición y las investigaciones en virtud del principio de justicia universal:
Pleé adujo que resulta indicativo del peligro de fuga el hecho de que muchos de los imputados se hayan evadido anteriormente a la acción de la justicia ante requerimientos judiciales de estados extranjeros en los que se encuentran en investigación los crímenes de lesa humanidad cometidos por los integrantes de la última dictadura militar.
3
Los delitos imputados aún continúan en ejecución:
“Teniendo en cuenta las especiales características de la desaparición forzada, se advierte que no resulta prudente otorgar la libertad a quienes tienen en su poder la posibilidad de mantener la ejecución del delito. La falta de información sobre el destino de las víctimas resulta un elemento constitutivo de esta figura y la libertad de los imputados, con conocimiento presunto sobre tales circunstancias y potencialidad tácita de evitar el descubrimiento de la verdad, contribuiría a mantener ese estado de cosas”, aseguró el fiscal. Detalló, además, que la información y las pruebas que contribuirían a esclarecer con precisión los sucesos (los cuerpos de las víctimas, documentos oficiales) continúan siendo ocultadas y que no puede desvincularse la ausencia de pruebas con el accionar que en su momento desplegaron los imputados, sus cómplices y los demás autores en los delitos del terrorismo de Estado: “Se trata de crímenes cometidos desde el Estado, por una asociación criminal compuesta por un vasto, complejo y poderoso entramado de sistemas delictivos integrado por numerosas personas que, aún hasta hoy, han conseguido permanecer impunes por esos delitos. La construcción de aquella impunidad tiene efectos procesales en las causas en trámite”.
4
Al perpetrarse los crímenes se buscó sistemáticamente el ocultamiento de rastros del delito con la finalidad de lograr la impunidad futura:
En este punto, Pleé recordó que el plan de exterminio de la última dictadura incluía la clandestinidad en sus acciones. Mencionó como ejemplos los alias que usaban los ejecutores, los documentos falsos que se elaboraban en el sótano de la ESMA y la ausencia de documentación oficial. “Esta práctica –agregó– tiene correlato en la cantidad de hechos de amenazas (a víctimas en general, testigos, familiares, integrantes de organismos de derechos humanos, periodistas, jueces y fiscales involucrados en la temática) registrados en los últimos tiempo.” Además, señaló que existen más de cincuenta represores prófugos. “Existen sobradas muestras –concluyó– de la especial capacidad demostrada por los imputados para ocultar y destruir pruebas e intimidar. Lo mismo se observa sobre los medios a su alcance para lograr la impunidad con su fuga.”
5
El interés internacional en el descubrimiento de la verdad y la sanción de crímenes contra la humanidad:
Pleé recordó que pesa sobre el estado argentino un “especial deber de cuidado” sobre la posibilidad de que se entorpezca la investigación pues cuando los tribunales locales reasumieron el juzgamiento de los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado se impidió la acción de otras jurisdicciones interesadas en llevar a los tribunales a los represores argentinos.
6
La ponderación de la pena prevista, las reglas del concurso y la previsión de la pena a aplicar ante la hipótesis de la condena:
El fiscal argumentó que la entidad de la posible condena, que se prevé importante, se convertiría en una tentación mayor para la fuga y el entorpecimiento de la investigación.
En su escrito, Pleé citó un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que incluyó como variables para tener en cuenta en el momento de dictar una prisión preventiva la fundada presunción de culpabilidad del reo, la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena, los valores morales demostrados por la persona, el peligro de reincidencia, la posibilidad de colusión de la investigación y la amenaza de disturbios del orden público que la liberación del acusado podría ocasionar. También mencionó que la demora en la investigación se produjo en parte por las maniobras dilatorias de las defensas y recordó que por recusaciones planteadas por los querellantes la causa ESMA estuvo paralizada cuatro años en la Cámara de Casación (el mismo tribunal que con otra composición ordenó el jueves la liberación de los veinte represores). La intención de esa Cámara de impedir el avance de las causas vinculadas con delitos de lesa humanidad había provocado un conflicto con el Poder Ejecutivo durante la presidencia de Néstor Kirchner. Quien fuera presidente de la Casación, Alfredo Bisordi, renunció a causa de esa situación y se recicló como defensor de represores, lo que terminó de confirmar las sospechas sobre su parcialidad.
El escrito de Pleé será analizado por Casación y terminaría en la Corte durante la feria de enero. Más allá de las razones esgrimidas por Pleé para oponerse a la excarcelación de los represores, el fallo firmado por
Yacobucci y García generó una polémica sobre la lentitud de la justicia, que fue en definitiva lo que posibilitó que los acusados estuvieran a punto de salir en libertad. “La excarcelación es producto de la demora de distintos funcionarios judiciales que permitieron que se llegara a este punto. Lo central es que se hagan los juicios orales y públicos”, señaló a Página/12 Andrea Pochak, directora adjunta del CELS.
Otras voces
- Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo: “¿Quién repara el hecho de haber dado libertad a veinte genocidas? Nosotros somos gente gastada y esto nos puso muy mal. Es poco serio lo que hizo la Justicia. Jugaron con fuego. Hay que buscar estrategias lícitas y constitucionales para cortar los plazos, porque los acusados no tienen una vida eterna”.
- Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo: “Vamos a ir a la casa de los jueces, les vamos a pintar las casas, a los hijos, a las mujeres y a toda la familia, no los vamos a dejar vivir. No se la van a llevar de arriba”.
- Juan Cabandié, legislador porteño nacido en la ESMA: “Es una trompada al corazón. Esta familia judicial mezquina, corporativa, tiene que romper con estas estructuras. Aunque hay ejemplos honrosos de miembros del Poder Judicial que ven desde otro lugar la administración de justicia”.
- Ragmar Hagelin, padre de Dagmar, la joven sueca secuestrada en enero de 1977: “Son dos cachetazos en las dos mejillas del pueblo argentino. Son las incongruencias que todavía muestra Argentina al mundo. Lo que me llama la atención es por qué estos jueces que recurren a ciertos resquicios jurídicos para liberar a criminales de lesa humanidad, no usaban estos resquicios de la Justicia en los años de la dictadura para proteger a los secuestrados, torturados y desaparecidos. Distintas razones han impedido hasta ahora depurar como corresponde el sistema judicial de jueces de la dictadura y, además, no proveerles a los jueces decentes los medios necesarios para que avancen decididamente”.
Dos niveles diferentes los derechos humanos y el derecho positivo
Angelina Uzín Olleros.
Magister en Filosofía -Universidad de París VIII.-
“Una vergüenza para Argentina” El embajador de Francia, Frédéric Baleine Du Laurensel, expresó el “beneplácito” de su país por “la reacción de las autoridades argentinas” ante la resolución de la Cámara Nacional de Casación Penal que ordenó la excarcelación de represores de la última dictadura militar y dijo que comparte la afirmación de que la medida es “una vergüenza para la Argentina y para la humanidad”. “Recibimos con beneplácito la reacción de las autoridades argentinas luego de la decisión de la Corte de Casación Penal de liberar a varias personas, a pesar de estar acusadas de crímenes y violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura”, dijo. “Las palabras pronunciadas ayer por la presidenta Cristina Fernández –según las cuales ‘esta decisión es una vergüenza para la Argentina y para la humanidad’– expresan bien lo que nosotros sentimos”, consideró Baleine Du Laurensel en una carta que le entregó al canciller Jorge Taiana. “Nadie puede olvidar que (Alfredo) Astiz (uno de los beneficiados) fue condenado por la Justicia francesa en marzo de 1990 por su implicancia directa en el secuestro y la tortura de dos monjas francesas y fue condenado por el tribunal penal de París a reclusión perpetua”, expresó el diplomático.
ABOGADAS QUERELLANTES EN EL JUICIO A REPRESORES DE LA ESCUELITA,
DENUNCIADAS POR “VIOLACION DE SECRETO”
“Un ataque a todos los que luchamos”
Ivana Dal Bianco y Romina Sckmunck están acusadas de “violar secretos de Estado”. “Lo que nosotros hicimos fue denunciar que los servicios de inteligencia del Estado siguieron investigando en gobiernos institucionales”, explicaron.
El primer día del juicio, la Gendarmería le impidió el ingreso al padre del desaparecido Oscar Ragni.
Desde Neuquén
Las abogadas neuquinas Ivana Dal Bianco y Romina Sckmunck están siendo investigadas por la Justicia de su provincia por haber revelado a la prensa información que tenía el rótulo de “secreto de Estado” y que se conoció como prueba en el juicio que, por delitos de lesa humanidad, condenó esta semana a ocho represores militares que actuaron en el campo de concentración La Escuelita de Neuquén. La documentación que hicieron conocer las querellantes, en representación del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), tiene información de los archivos que envió el propio Estado nacional sobre los seguimientos que hizo Inteligencia del Ejército y otros organismos estatales a estudiantes, políticos y militantes sociales de la región de Neuquén y Río Negro vinculados con el proceso que terminó esta semana. La causa contra Dal Bianco y Sckmunck está siendo investigada “de oficio” por el fiscal de primera instancia José María Darquier.
“Nosotras tomamos esto no solamente como un ataque en particular sino a todos los que luchamos contra la impunidad, ya que en realidad lo que nosotros hicimos fue denunciar que los servicios de Inteligencia del Estado siguieron investigando en gobiernos institucionales a las víctimas del genocidio. Además, decimos claramente que lejos de aportar datos y pruebas que permitan seguir investigando la responsabilidad de cientos de represores durante la dictadura militar que comenzó en marzo del ’76, quedó evidenciado que se continuó investigando a las víctimas hasta 1997, a casi 15 años de la vuelta de los gobiernos constitucionales al país”, dijo a Página/12 Ivana Dal Bianco. “En el juicio nos opusimos a que esa información fuera considerada de carácter reservada y secreta. Nos opusimos a ello y se lo dijimos al tribunal, porque en realidad lo que se está ocultando es una actividad ilegal del Estado”, agregó la abogada.
–¿Qué es lo que dice ese informe tan reservado y secreto que ustedes pidieron al Ministerio del Interior?
–El informe en concreto devela datos de persecución a diferentes compañeros y compañeras que fueron víctimas y cuyos casos fueron investigados en el juicio por La Escuelita. Esas informaciones comprenden el período del ‘83 al ‘97, las carreras políticas de cada uno de ellos y reuniones en las que han participado. Y estos datos son tanto con medios de inteligencia propios como por operaciones de prensa, que es lo que se hacía en la dictadura militar. Es decir que actuaron igual que en la época más negra de la historia argentina.
–¿Es verdad que en ese informe hay datos de Oscar Ragni, dirigente histórico por los Derechos Humanos de Neuquén y padre de Oscar Alfredo, quien fue el único de los 17 casos que se juzgaron en el juicio que aún está desaparecido?
–Es así. Allí se puede ver todo el historial de este militante actual de la Corriente por los Derechos Humanos de Neuquén y Río Negro y también un seguimiento de las Madres de Plaza de Mayo en cada una de las manifestaciones. Incluso están las consignas de las Marchas por la Resistencia que se llevaron a cabo en Neuquén. Si bien todo eso ha sido y es de público conocimiento, ellos lo han obtenido por medios que trabajan para la Secretaría de Inteligencia del Estado.
–¿Cómo toman el estar siendo investigadas por la Justicia a la cual pertenecen?
–Esto surge a partir del pedido de una de las defensas (de José O’ Reilly), el cual se hizo eco el fiscal Manuel Reyes Balboa, quien informó que ya el fiscal adjunto Darquier estaba investigando esta situación. Lo preocupante es que el tribunal (Orlando Coscia, Eugenio Krom y Oscar Albrieu), lejos de rechazar como lo hizo con decenas de pedidos que hemos hecho en el juicio por testigos que fueron partícipes de secuestros en tiempos de la dictadura, incluso cuando los propios abogados defensores, en sus alegatos, hicieron apología de la dictadura militar y del accionar del Ejército y otras fuerzas, nos mandan investigar a nosotras a través de un acta donde supuestamente nos notifican que esa información era sumamente reservada.
–¿Tienen algún temor por la investigación?
–El intento fue y es que tanto yo como Romina (Szcmunck) no sigamos denunciando la política de impunidad del gobierno e incluso el carácter de estos juicios, ya que nosotras consideramos que son totalmente desmembrados, donde se juzga solamente a algunos genocidas por algunos casos y no todos. Esto conforma causas que van en tramos, dilatando la cárcel común y la condena a todos los genocidas. Si tomamos un caso emblemático, el del represor (Raúl) Guglielminetti, él va a ser juzgado por tres casos nada más. Entonces, cuando uno ve estas cosas y las denuncia es evidente que alguna respuesta viene. Pero no van a lograr amedrentarnos.
FAYT RESPONSABILIZO AL CONGRESO, LA OPOSICION AL OFICIALISMO Y LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS A LA JUSTICIA
Los tiempos lentos para juzgar genocidas
El fallo que decretó la libertad de los represores levantó una dura polémica, en la que intervinieron desde la Presidenta hasta el magistrado de la Corte Carlos Fayt, así como legisladores y organismos de derechos humanos.
La decisión de la Cámara de Casación de liberar a veinte represores y las duras críticas a la Justicia por parte de la presidenta Cristina Kirchner provocaron una fuerte polémica, en la que intervino el magistrado de la Corte Carlos Fayt, quien responsabilizó al Congreso por no haber legislado formas procesales más rápidas. Asimismo, legisladores, oficialistas y opositores, juristas, funcionarios y organismos de derechos humanos cruzaron responsabilidades y culpas, pero todos pusieron de manifiesto los problemas concretos para juzgar a los represores de la dictadura aún después de treinta años. En el marco de esta polémica, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde, anunció que pedirá el juicio político de los jueces de la Cámara de Casación y que planteará un jury a integrantes del Tribunal Oral 5 por mal desempeño en sus funciones (ver aparte).
En declaraciones radiales, Fayt aseveró que “no es culpa de la Justicia” la excarcelación de los represores, “es culpa del Congreso, que no ha dictado las normas procesales que permitan avanzar con los 800 juicios que hay parados, ese es el problema, vayan y ocúpense de eso”. Molesto por las declaraciones de la Presidenta, Fayt advirtió también que “el país no puede intranquilizarse, porque lo único seguro es que esta gente está detenida y sigue detenida”.
Desde el Congreso, el titular de la bancada oficialista de Diputados, Agustín Rossi, rechazó los reclamos de Fayt y recordó que “este año se dio sanción a cinco proyectos que fueron enviados por el Poder Ejecutivo cuyo objetivo es agilizar la totalidad de los juicios penales y, fundamentalmente, las causas en trámite por violaciones a los derechos humanos y terrorismo de Estado”.
Rossi señaló que el Poder Ejecutivo envió estas iniciativas al comprobarse que de las 922 personas implicadas por los denominados juicios de la verdad, sólo 14 fueron condenadas (9 después de la declaración de nulidad e inconstitucionalidad de las leyes de impunidad), 281 se encuentran procesadas con prisión preventiva, 77 procesadas sin prisión preventiva. Agregó que 44 están prófugos, 51 han obtenido el dictado de falta de mérito, 9 han sido sobreseídos, 140 han fallecido y 5 se encuentran incapacitados.
El legislador hizo una reseña de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo sobre este tema, que incluyen desde puntos concretos para acelerar las causas y disminuir los tiempos de instrucción, evitando demoras por falta de recursos o lentitud en el reemplazo de jueces, así como el ofrecimiento de recompensas.
Desde el radicalismo, el ex camarista Ricardo Gil Lavedra, que condenó a las juntas militares en 1985, defendió la decisión del tribunal de Casación “por estar ajustada a derecho y en sintonía con las convenciones internacionales”. Gil Lavedra acusó al Gobierno de “no tomar en serio” los juicios al no tener una política para concretarlos. También recordó que el oficialismo rechazó los proyectos que había presentado para acelerar los juicios. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, coincidió con Gil Lavedra y acusó al kirchnerismo de “oponerse siempre a cambiar los pasos procesales para agilizar las causas penales”.
Un documento firmado por el CELS, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. y la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, que este diario citó ayer, advirtió que “ni los jueces de instrucción ni los fiscales, salvando contadas excepciones, han mostrado pericia y agilidad en las investigaciones de los casos, por lo que éstas se han prolongado en forma irrazonable”. Los organismos de derechos humanos aseguran que el fallo de Casación “es posible porque las distintas instancias de la Justicia han demorado en forma injustificada los procesos, dilatando la posibilidad de alcanzar la instancia de los juicios orales y públicos”.
En ese sentido fustigaron que el fallo se conociera “el mismo día en el que la Iglesia de la Santa Cruz fue declarada monumento histórico y la ex Plaza de Armas de la ex ESMA cambia su nombre por el de Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
El abogado argentino Carlos Slepoy, que tramita causas de derechos humanos ante los tribunales españoles, coincidió en las críticas al Congreso, pero también incluyó a la Corte, comparando lo realizado por su igual chilena. “Debería haber una reforma ah hoc para este tipo de situación por parte del Congreso –planteó–, pero no obsta para que la Corte Suprema pueda dictar directivas para aligerar los procedimientos.”
Por su parte, el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, coincidió en que la libertad de los represores es “una vergüenza para los argentinos”, pero Rizzo señaló que en torno de las excarcelaciones hay “responsabilidades compartidas tanto de la Justicia como de los legisladores y también de los abogados que utilizamos todas las tácticas para ir demorando los pleitos”.
La diputada kirchnerista Patricia Vaca Narvaja reivindicó lo legislado en el Congreso, pero también apuntó a un ámbito muy cuestionado: “Es evidente –afirmó– que en el sistema judicial perviven estructuras que se resisten a la demanda, avalada por una explícita mayoría social, de escrutar nuestro pasado con verdad y justicia”.
El saldo de este cruce de posiciones muestra a una situación con responsabilidades compartidas, aunque hay responsabilidades mayores que otras y sólo basta comparar los tiempos que demoraron los juicios a represores argentinos en el exterior, ajustados a la ley y a los convenios internacionales, que fueron rápidos y expeditivos.
DUHALDE PEDIRA EL JUICIO POLITICO DE LOS JUECES
La Cámara de Casación en la picota
En conferencia de prensa y acompañado por organismos de derechos humanos, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Duhalde, anunció que solicitará el juicio político para los magistrados que dictaron la libertad de 17 represores que actuaron en la ESMA, que planteará un recurso extraordinario ante la Corte y que pedirá a la Magistratura que realice un jury a los integrantes del Tribunal Oral 5 de esta ciudad.
La decisión involucra a los jueces subrogantes de la Sala II de la Cámara de Casación, Guillermo Yacobucci y Luis María García, quienes dictaron la libertad para 17 ex marinos, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge “El Tigre” Acosta, en una causa en la que el juez Sergio Torres investiga delitos cometidos en la ESMA y en la que la Secretaría es parte querellante.”Los magistrados no fueron conmovidos por el hecho de que esos 17 individuos están imputados de ser autores fundamentales de los homicidios agravados y detención y desapariciones masivas llevadas adelante por el grupo de tareas de la ESMA”, declaró Duhalde.
También, la Secretaría pedirá al Consejo de la Magistratura el jury de enjuiciamiento a los miembros del Tribunal Oral 5, Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías “por mal desempeño de sus funciones”. Duhalde responsabilizó a ese tribunal por el “retardo de justicia” que llevó a que todavía no se hayan realizado los juicios, y, como ejemplo, mencionó que uno de los tramos de la causa ESMA se elevó a proceso oral en noviembre del 2007, pero no se fijó fecha de audiencia.
Si es lenta, no es majestuosa
Si es lenta, no es majestuosa
Por Mario Wainfeld
El fallo que ordena la liberación de una horda de represores, con el Tigre Acosta y Alfredo Astiz a la cabeza, pone en llaga la excesiva prolongación de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. El juez Carlos Fayt hizo una verónica respecto de la responsabilidad del poder judicial, cargando toda la falta en la mochila del Congreso. Suena chocante al sentido común que la dilación de trámites en tribunales no involucre al Poder Judicial... si se analiza el tema con detalle, esa intuición se confirma.
Fayt reitera una costumbre de los cortesanos en los últimos tiempos: justificar sus errores o su desidia reclamando tareas hercúleas a otros poderes del Estado. La jueza Carmen Argibay justificó un fallo del Tribunal que avala la detención de menores inocentes so pretexto de protección (prohibida por la Constitución) haciendo profecías sobre su suerte futura si se acataba la Carta Magna. El propio Fayt supeditó la posibilidad de fallos acordes a la supresión de la pobreza.
Ese pensamiento, antipolítico si se raspa un poco, es un factor de unidad al interior de la Corte. También en sus extramuros, entre jueces de distintas vertientes ideológicas. El Judicial es el único poder del Estado cuyos cargos son, en principio, vitalicios y no están sujetos al voto ni a ningún otro mecanismo de participación popular. Elitista por su modo de unción y nobiliaria por una cultura largamente implantada (hasta se los nombra como “Su Señoría”), la corporación judicial se autorranquea por encima de los otros estamentos estatales. La Corte actual, señera en otros tantos aspectos, poco ha hecho en este carril. Entre lo omitido está bregar para que cese la inmunidad fiscal de los magistrados y que paguen impuestos como los demás mortales.
Tampoco ha actuado como cabeza del Poder Judicial para garantizar el servicio de justicia en los pleitos que venimos mencionando, lo que es mucho más grave.
- - -
Casadores de utopías: La Cámara de Casación, que fue un retén formidable para los juicios, estableció anteayer que vencieron todos los plazos admisibles de prisión preventiva de los genocidas. Fue una decisión dividida, los dos jueces que hicieron mayoría son subrogantes, ocupan sus cargos de modo transitorio.
Mayoría y minoría desarrollaron fundamentos extensos, con buenas citas de derecho, lo que comprueba una vieja verdad: las sentencias no son un silogismo del que la ley sería la premisa mayor y el caso la menor sino que contienen ingredientes de voluntad. Por algo se elige una mitad de la consabida biblioteca. Sin ir más lejos: uno de los subrogantes que pasará a la historia por su interinato, Guillermo Yacobucci, es miembro del Opus Dei y profesor de la correlativa Universidad Austral. Es presumible que la liberación le haya caído simpática en su fuero interno. Pudo prolongar la tradición del fascista casador Bisordi que cajoneó expedientes a lo loco, renunció a su cargo y se sinceró, saltando al otro lado del mostrador, para defender represores. Pudo hacerlo simbólicamente gratis, sin recibir un mínimo reproche de sus ex colegas, tan puntillosos cuando hacen de telebeam de funcionarios o legisladores.
Claro que las responsabilidades son múltiples e interpelan al Ejecutivo y al Legislativo. Eso no dispensa al Judicial de las que le son propias ni lo faculta a postergarlas.
- - -
Rompecabezas: Las peripecias históricas de la lucha por la verdad y justicia transformaron en una madeja los juicios ahora reabiertos. No arrancan desde cero, como sucedió a partir de 1983. Primero se puso en el banquillo a las Juntas Militares, luego se habilitaron procedimientos contra otros represores. Después se obturó el paso con el Punto Final, la Obediencia Debida y los indultos. La coraza de impunidad se fue horadando merced a la tenacidad de las víctimas sobrevivientes, de los organismos de derechos humanos y de abogados tan valientes como creativos. También hubo dirigentes políticos a la altura. La frontera de las excepciones a la regla de impunidad se fue corriendo: a la persecución a los apropiadores de bebés, se sumaron los juicios por la verdad, algunas inconstitucionalidades. Cuando se repuso la justicia a pleno, coexistieron cientos de situaciones particulares, intrincadas, difíciles de regular de un plumazo.
Trajinar ese rompecabezas es una proeza democrática que impone condignos esfuerzos. Muchos jueces no cooperan, por obvias razones ideológicas. El 29 de agosto de 2007 este diario informó acerca de un informe de la Unidad fiscal de coordinación y seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos, dependiente de la Procuración General, que se elevó a la Corte. Era un minucioso (aunque parcial) inventario de las trabas impuestas por los tribunales al progreso de los juicios. Exceso de formalismo, las más livianas. Excusaciones sin basamento legal, alguna de las más graves. Cajoneo liso y llano, en múltiples casos. Impotencia por falta de recursos técnicos o humanos.
La Corte Suprema podía, entonces, no disponer de ese cúmulo de información, porque el Judicial no es un poder verticalizado. Pero lo recibió hace más de un año y no obró en consecuencia.
El Tribunal es la cabeza del Poder Judicial y le cabe garantizar el normal servicio de Justicia. La justicia tardía no es justicia, se reconoce siempre, pero no se cargan las pilas necesarias para evitar esa frustración. Una oficina ad-hoc se ha abierto, la dirige un letrado reconocido por sus calidades personales y técnicas, no tiene dotación de personal ni de recursos para cumplir con su cometido.
La facultad de Superintendencia es bien mirada, un deber. A la Corte le concierne un monitoreo del estado de los trámites, de la dedicación de los jueces. Y también podría aplicarse a pensar una ingeniería judicial que evitara el dispendio de trámites, su superposición y el calvario de testigos-víctimas que deben declarar “n” veces en cada caso y peregrinar por cien tribunales donde no abundan baños decorosos ni sillas para quienes no sean magistrados ni funcionarios.
Algún cortesano, por ejemplo Argibay, opina informalmente que esas acciones serían una injerencia indebida en las incumbencias de los jueces de rango inferior. No hay tal: la Corte incurriría en excesos si quisiera incidir en el contenido de las sentencias. Pero no si cumple con su obligación: garantizar que las causas concluyan en plazos sensatos.
- - -
Bien arriba: La libertad de Astiz y Acosta conmociona a la sociedad. Son criminales poderosos, con redes sociales que los bancan. Es altamente factible que, sueltos, puedan entorpecer el avance de las causas o profugarse. Esas razones, las sospechas fundadas de que cometieron los delitos por lo que están acusados habilitan, según la jurisprudencia internacional más avanzada, a prolongar la prisión preventiva durante el proceso. La gravedad institucional fuerza a que sea la Corte Suprema la que dirima el entuerto.
Dos fiscales interpusieron sendos recursos extraordinarios en los expedientes que, en consonancia con lo que se viene diciendo, son un desperdigado montón. El Tribunal, que ha dictado fallos encomiables ampliando los márgenes de su competencia convencional (jubilaciones, Riachuelo, delegados gremiales) afronta un doble desafío: el primero es sentenciar con serena justicia los casos. El segundo, sólo por orden de enumeración, es encarnar su rol de autoridad del Estado, conducción de uno de sus poderes. Ser tan exigente puertas adentro como lo es con el Ejecutivo y el Parlamento. Poner manos a la obra, en vez de señalar para otro lado cuando de privación de justicia (por vía de dilación negligente o dolosa) se trata.
