Transformaciones económicas y dinámicas políticas después de la crisis
Jorge Sanmartino
Economista
Introducción
Argentina se ha vuelto un quebradero de cabeza para los analistas políticos.
¿Estamos viviendo acaso un “retorno a lo político” entendiendo esto como la vuelta al estado distribuidor, asignador de recursos, con su tonalidad nacional popular que retomaría los motivos y la tradición del peronismo del 73?
Y además, ¿hemos dejado atrás el período neoliberal abierto a comienzos de los años 90 pero ya anticipado, preparado y aplicado desde el golpe militar del 76?
En definitiva, que tipo de bisagra significó la crisis y rebelión popular del 2001?
¿Qué cambios, o mejor, qué combinación de cambios y continuidades dan contorno, aún móvil y abierto, al nuevo patrón de acumulación, a las nuevas formas políticas aún en transición y a la nueva institucionalidad surgida de una de las mayores crisis que registra la historia argentina?
Seamos más directos. Nos preocupa entender qué tipo de gobierno y que tipo de estado emergió de la crisis y que rupturas y continuidades podríamos enlazar con la historia de los últimos 30 años.
Comprender los caracteres de la nueva hegemonía del capital puede contribuir a colocar en un terreno más seguro todos los problemas y desafíos que el campo popular debe encarar en el futuro.
Aquí sólo nos proponemos contribuir con algunos elementos, a modo de apuntes y anotaciones, una tarea ardua que hoy puede brindar algunas certezas y muchos interrogantes.
Tres son los elementos que desarrollaré y que se irán cruzando y ensamblando analíticamente.
1) El tipo de hegemonía que el bloque de clases en el poder ha logrado articular como respuesta a la crisis del 2001 en relación al “consenso negativo” o “hegemonía débil” que representaron los gobiernos de Menem y De
que van desde la estabilización monetaria y el rumbo decididamente neoliberal desde 1991 hasta la crisis y caída del gobierno de
Nos interesa comprender la fuerza combinada de un nuevo patrón de acumulación sustentado en la modificación de los precios relativos al que llamamos neodesarrollista,con las modalidades consensuales del ejercicio político, es decir las particularidades de un tipo especial de “bloque histórico” que resulta novedoso respecto a los períodos anteriores.
2) El contenido estructural que esta nueva modalidad hegemónica encierra en relación a los períodos anteriores, lo que nos permitirá comprender las bases estructurales, económicas, políticas y culturales que moldean su fisonomía y que en nuestra hipótesis la hacen muy distinta al período 45-76.
3) Por último y como consecuencia de los dos puntos anteriores, alumbrar también el papel distintivo de los sindicatos, de la clase obrera, y de las relaciones sociales de fuerza históricas y en consecuencia de las hipótesis estratégicas de rupturas anticapitalistas que deban perfilarse.
Los caracteres del nuevo ciclo
La crisis de autoridad de 2001, que también hemos denominado crisis orgánica, no se resolvió ni con algún tipo de ruptura sistémica de características anticapitalistas, ni con la ascensión de algún cesarismo, incluso uno progresivo bajo formas nacionalistas de izquierda como en el caso de Venezuela con la emergencia desde el 92 del fenómeno
Chávez, ni bajo la forma histórica del golpe militar de derecha.
Por diversos motivos ella lo hizo bajo formas de reciclado institucional gracias, entre otros motivos, a la capacidad de liderazgo del único partido con posibilidades de lograrlo, el Partido
Justicialista ( No el Peronismo), que volvió a mostrar sus credenciales como partido del orden
y que supo reciclar en poco tiempo sus caracteres neoconservadores, neoliberales y pronorteamericanos hacia las banderas históricas de justicia social, independencia económica y soberanía política. Con ellas el nuevo gobierno inauguró una nueva etapa
llena de consecuencias.
La canalización institucional de la eclosión financiera, la cesación de pagos, el impasse
político y la concomitante rebelión popular, incluyó más de dos años de transición y en ella jugó un papel relevante la recomposición económica bajo modalidades totalmente diferentes al período previo.
El sustrato de relaciones económicas nunca ha sido una base suficiente para cualificar el alcance hegemónico de cierta gobernanza. Sin ir más lejos períodos de crecimiento e incluso de desarrollo económico se ven acosados a menudo por crisis de autoridad. El régimen militar inaugurado por Onganía (1966-1973), por ejemplo, tuvo todas las características de ese tipo de disociación entre un
auge económico vigoroso y la crisis creciente que lo corrompió, tanto entre fracciones burguesas como con la clase trabajadora, y su resultado fue la liquidación temprana del proyecto más ambicioso de reconstitución hegemónica del capital concentrado.
Pero en el análisis sobre la capacidad regenerativa de la legitimidad social y política del gobierno de Kirchner, la reconstrucción del sistema productivo y el crecimiento económicos han jugado un papel
relevante, por lo que no es posible minimizar su alcance. Comenzaremos entonces por definir sus elementos fundamentales.
Transformaciones en el patrón de acumulación
A lo largo de lo primeros dos años de recuperación económica, los analistas creían que una expansión semejante era el producto de los típicos rebotes de una economía espástica de bruscos cambios de sentido. El crecimiento del PBI a tasas del 8 y 9 % y la evolución formidable de la manufactura parecía deberse a la capacidad ociosa y la demanda reprimida arrastrada desde la recesión iniciada en 1998. Sin embargo, luego de aquel inicio la economía siguió creciendo, igual que los niveles de inversión y empleo.
Se trataba de un cambio de mayor alcance que modificó en pocos años el patrón de crecimiento de los años 90. Su primera característica fue la de favorecer la recuperación de la industria, revirtiendo la tendencia desindustrializadora que lleva más de 30 años.
Así, el esquema de acumulación amplía su base de apoyo, pues resultó un factor multiplicador del empleo y la inversión.
En un contexto latinoamericano de alto crecimiento empujado por el alto precio de los commodities,
modificar los valores relativos de las mercancías, lo que permitió la reducción de los costos laborales y el inicio de un ciclo de acumulación ampliada basado en un importante aumento de la tasa de ganancia.
Además, la devaluación de la moneda al favorecer las exportaciones y desalentar las importaciones permitió altos niveles de superávit comercial, ingreso de divisas suficientes para acumular reservas y un relanzamiento de ramas de producción antes agonizantes como la textil y la metalmecánica.
Los niveles de inversión, aunque no llegan a alcanzar a algunos países del sudeste asiático que alcanzan o superan el 30 % del PBI, sin embargo son
históricamente altos, alcanzando en 2006 un 21,7%, por arriba de los niveles registrados durante la convertibilidad, aunque menor a los promedios del 23 % del PBI registrados entre 1969 y 1972. Los niveles más bajos de la tasa de interés respecto a los 90
contribuyeron a orientar las inversiones hacia sectores productivos. Dentro de ellos la adquisición de equipos para la producción se encuentra en sus máximos niveles históricos.
Medido a precios corrientes estos niveles son aún más relevantes (CENDA,2007a).
La construcción y el agro viven una expansión formidable. Incluso los servicios, con un retroceso relativo en su participación del PBI en relación a los años 90, siguieron creciendo. Los bancos sufrieron un proceso de reestructuración y gracias al rescate estatal de sus quiebras volvieron a obtener altas ganancias y a relanzar líneas de crédito a la producción y al consumo.
En los años 90 el anclaje cambiario sobrevaluado requirió de un permanente ingreso de divisas. En los primeros años gracias la venta de activos de empresas privatizadas e inversiones extranjeras y luego por la vía del endeudamiento externo. La devaluación del 2002 y la reestructuración de la deuda externa facilitaron, por lo menos a mediano
plazo, un flujo inverso del capital dinero, repatriando capitales, disminuyendo la participación de la deuda respeto al PBI y favoreciendo una política de exportación y producción manufacturera interna.
La sobrevaluación cambiara de los 90 facilitó un ingreso de bienes de capital baratos que permitió un reequipamiento de las grandes empresas y capitales en la industria concentrada y el agro, mientras que los capitales más débiles y menos competitivos,
sobre todo en el sector industrial quebraron, favoreciendo una concentración y extranjerización del capital nunca antes vista. Esto implicó un reemplazo de mano de obra por tecnologías capital intensivas. Además el tipo de cambio favoreció a los
sectores de bienes no transables frente a los transables. Pero a medida que el impulso de la convertibilidad se fue agotando, que las condiciones del crédito internacional se hicieron muy duras a partir de la crisis del 97, y que el ancla cambiaria exigía aumentos de productividad como condición para sostener la competitividad externa, se hacía cada
vez más perentoria una política deflacionaria y una extorsión creciente de plusvalía absoluta a una fuerza de trabajo fragmentada y segmentada pero que conservaba aún fuerza organizada y grandes sindicatos.
Es que las condiciones de un nuevo modo de acumulación se basaron en el funcionamiento más irrestricto de la ley del valor en la producción capitalista internacional y en la capacidad de una movilidad de los flujos del capital financiero hacia aquellas zonas y regiones con mejores posibilidades de valorización.
La clase obrera argentina se vio así sometida a una competencia renovada en la arena internacional, habiendo perdido buena parte de las barreras que en le período previo permitían, si no aislar, sí reducir el impacto mediante leyes y regulaciones
nacionales que protegían el mercado local y ciertas conquistas laborales.
En resumen: el esquema de acumulación de tipo neoliberal basado en la convertibilidad cambiaria sólo podía funcionar sobre la base de una política deflacionaria, crecientes niveles de desempleo y finalmente de reducciones salariales directas, tanto en el sector privado como en el estatal, que debía ajustar el déficit fiscal para alcanzar los
compromisos con el FMI y renegociar los vencimientos de la deuda.
En las contradicciones entre aquellas exigencias de valorización y la pérdida de legitimidad
política que implicaban, algo a lo que nos referiremos más adelante, está la base de la
crisis orgánica y el estallido económico, social y político del 2001.
Pero lo que nos interesa retener por el momento, es la reversión actual de aquel ciclo, no sólo de una
política cambiaria, sino de un esquema de acumulación: no se trata sólo de cambios en el esquema monetario sino lo que ellos traen aparejado desde el punto de vista de los sectores dinámicos de la producción, de los cambios relativos al interior del bloque de poder, de los flujos de dinero, de los niveles y sectores donde fluye la inversión, y de las nuevas condiciones laborales y de las relaciones de fuerza sociales que él trae aparejado.
Como consecuencia de la devaluación y la reducción del costo laboral, los primeros años experimentaron una dramática suba de la tasa de ganancia aún sin incremento de la productividad y fueron el motor del asombroso crecimiento de la economía.
Esa tasa extraordinaria fue normalizándose en la medida que fue aumentando los salarios nominales y reales, aunque la masa de ganancias siguió creciendo y asegurando altos niveles de rentabilidad empresaria.
Entre los más beneficiados están el agro y la industria, mientras que los servicios han perdido
rentabilidad, aunque los subsidios estatales se han orientado a sostenerlas o impedir una caída mayor, sobre todo en servicios públicos y transporte.
Sin embargo, donde puede perfilarse el nuevo esquema de la economía es en la participación del selecto grupo de las 500 empresas líderes, que en los últimos años han aumentado su participación en el valor agregado casi en un 50%, acaparando un 23%
del producto bruto nacional mientras en 1997 se alzaban sólo con el 14 %. En este esquema las pequeñas y medianas empresas deben transferir valor hacia aquellas empresas más concentradas y de alta productividad, resultado por completo diferente de
las políticas económicas mercado internistas que en 1973 promovía el segundo y efímero gobierno peronista.
Este nuevo esquema favorece una política exportadora no sólo de bienes agropecuarios sino de productos industriales.
Tanto las MOA (Manufactura de Origen Agropecuario)
como las MOI (Manufactura de Origen Industrial) han incrementado su participación en el total de las exportaciones, aún si ellas muestran niveles altos de productos primarios o de bajo valor agregado.
En lo que respecta al mercado laboral éste ha visto un marcado descenso de todas sus variables en el período de la devaluación, para retomar el sentido alcista con posterioridad. En oposición al esquema convertible, en el período actual se ha incorporado una masa creciente de mano de obra mientras que el nivel de las remuneraciones y la participación del salario en el PBI están creciendo aunque por
debajo del ciclo de los 90 (Lindemboin, 2007)
En efecto, se han creado más de 3 millones de puestos de trabajo, con el consiguiente descenso del desempleo que se proyecta hacia fines del 2008 en torno al 7 u 8%, un nivel cercado al de los años 80 y que parecía hasta hace poco imposible de imaginar. A su vez los niveles de pobreza e indigencia han descendido marcadamente, si bien aún está por debajo del nivel de los años 90 y ni hablar del 80.
En lo que respecta a la calidad del empleo, aunque los índices han mejorado, la precarización subsiste. El sector de los empleados contratados así como el trabajo en negro siguen siendo una plaga heredada del período anterior y que parece consolidarse culturalmente en las familias obreras, transformándose en un arma poderosa de presión del capital sobre el trabajo, lo que permite fuertes niveles de fragmentación y segmentación del mundo laboral.
El comportamiento del mercado laboral evidenció un fenómeno poco esperado y revela el proceso antes mencionado de inversión productiva, pues al declive de la elasticidad del empleo-producto a medida que se ocupaba la capacidad instalada, le siguió desde el 2005 un nuevo crecimiento del índice mostrando una creación de empleo genuino.
¿Durará varios años más o este tipo de esquema se agotará con la próxima crisis recesiva?
¿Sentará las bases para una extensión en el tiempo de este tipo de patrón de desarrollo?
Mientras que el techo de este tipo de acumulación no podemos saberlo por anticipado, sucede algo similar respecto al mercado laboral.
Existen límites teóricos para una recuperación histórica del tipo de empleo que supo conquistar la clase obrera en el período de la sustitución de importaciones.
Desde el golpe del 76 se ha operado una transformación radical en las relaciones capital-trabajo y entre las diversas fracciones burguesas. La primacía del capital más concentrado con tecnologías intensivas,presupone una tendencia a la producción con vistas al mercado externo más que al
interno y al consumo medio y alto de tipo sofisticado más que al de bienes salarios. Ello
tiende a reproducir el debilitamiento estructural de la clase trabajadora con núcleo del proceso de producción y consumo, tal como viene sucediendo desde el 76.
En este sentido el sesgo de desarrollo impuesto desde mediados del 70, aún con los cambios que se vienen operando, no parecen modificar la estructura de relaciones sociales en cuya cúspide se encuentran los grandes capitales.
Asimismo existen también teóricamente bloqueos para un desarrollo sustentable: una economía dependiente, colonizada en su mayoría por las empresas transnacionales con tecnología de segunda generación y menor productividad en el mercado internacional,
con la exigencia de girar utilidades al exterior, que se abastece de insumos en sus propias filiales o en otras en el extranjero, con un estado incapaz de general un mercado de capitales local y que se vuelve vulnerable a los vaivenes del mercado de capitales internacional, a las tasas de interés y los flujos de inversión extranjera y que por ello
pierde autonomía.
Las pérdida de control sobre los recursos estratégicos en energía, telecomunicaciones y otros, potencian esa carencia.
Las contradicciones de éste modelo son amplias y muchas de ellas han sido referidas en varias oportunidades (Katz, 2007).
Pero todos estos límites también podrían ser franqueados de manera regresiva, profundizando un patrón de desarrollo capital intensivo pero de profundos rasgos regresivos que bloquee una expansión en la distribución de la riqueza como presupuesto a un proceso de acumulación ampliada.
En este sentido este ciclo de crecimiento fenomenal no modifica la cadena de ciclos de pauperización que desde mediados de los años 70 viene azotando a
arrojadas durante más de 15 años porciones enteras de la clase trabajadora y de amplísimos sectores empobrecidos, incluso capas medias en declive, tienen un efecto de importancia sustantiva para entender el nivel de legitimidad y apoyo populares que reúne la administración actual.
El esquema ha conservado la supremacía del impulso privatizador de los 90 y sólo ha revisado las mismas o renacionalizado allí donde las empresas entraron en default o sus dueños decidieron abandonarlas, como en el caso del Correo o el servicio de Agua.
Lo mismo puede decirse del tema energético, y del petróleo y gas en particular, donde el cuello de botella del crecimiento evidenció el despropósito de una política de explotación sin exploración que buscó rentabilidad rápida y fácil a costa del
agotamiento de reservas, mostrando los límites de la empresa privada allí donde se requiere una explotación racional y equilibrada en recursos de tipo estratégicos.
En el esquema actual, en definitiva, con el tipo de cambio alto, retenciones diferenciales a las exportaciones y otras medidas impositivas, se favorece la transferencia de ganancias y renta hacia los sectores productivos de bienes transables y hacia la cúpula económica más poderosa, sin dejar de asegurar altas rentas a la producción agropecuaria
y al sector financiero.
Pero el esquema puede ser caracterizado también con elementos provenientes del período de la sustitución de importaciones (1945-1955), así como del desarrollismo (1958-1962) o con medidas fiscales como en los 80.
Combinación particular, creación original y aún incierta, su fortaleza se evidenció en el sólido bloque de poder sobre el que descansa.
Por lo característico del gobierno que lo lleva a delante es que conserva, luego de cuatro años de administración, un porcentaje muy alto de adhesión entre los sectores asalariados y las capas más empobrecidas. Esta recuperación de autoridad y persistente legitimidad debe comprenderse en sus diversas facetas y no solo en sus resultados
económicos.
Las fuentes de la legitimidad
Inherente al modo de acumulación desarrollado en los 90 – sostiene Piva – entró en contradicción las necesidades del proceso de valorización y sus necesidades de legitimación. Esa contradicción tendió a resolverse por medios coercitivos de consensos negativos (amenaza hiperinflacionaria, alto desempleo, fragmentación social) que dio
lugar a una hegemonía débil (Piva, 2007).
A medida que se requerían medidas cada vez más coercitivas (la reducción del salario de empleados públicos, la disminución creciente de los presupuestos provinciales, creciente desempleo, etc.) y que chocaban con lo que Thompson denomina economía moral de los sectores populares, aquellas fuerzas que estuvieron en mejores condiciones de plantearse una confrontación política, ganaron legitimidad.
En la medida que las políticas propuestas perdieron toda posibilidad de integrar demandas populares y al
revés, debía confrontar con aquella economía moral que expresó los límites que determinados sectores sociales consideran tolerables, el régimen político y el tipo de estado concomitante sufrieron un proceso de acelerada desagregación y deslegitimación.
Una tendencia opuesta es la que signó los cuatros años del gobierno de Kirchner.
En efecto, el nuevo gobierno basó su esquema en la anterior salida devaluatoria. Esto implicó, como vimos un relanzamiento del proceso de valorización, pero sobre la base de un esquema de creciente empleo. Este punto es central pues ha sido el punto límite de la sociedad. Así como el terror a la hiperinflación fue uno de los motores del consenso negativo de apoyo a la convertibilidad monetaria en el 91, la incorporación creciente de más de tres millones de nuevos empleos, aún si el salario real y su participación en el producto bruto nacional eran menores, con todo lo que implicó para las expectativas y el reclamo populares, uno de los motores del consenso positivo que otorgaba legitimidad renovada a un gobierno que apareció, además, bajo un signo ideológico, político y cultural, opuesto a las administraciones anteriores.
Efectivamente durante más de 5 años el principal sector movilizado y que adoptó un peso creciente en
la política nacional fue el movimiento piquetero, que emergió con la legitimidad de un reclamo, “trabajo para todos”, al que se consideró la principal preocupación y un derecho constitucional básico. El desempleo había alcanzado en el peor momento de la crisis al 24 %. Esa fue también la fuente de la legitimidad de la ocupación de empresas
y su puesta a producir por los trabajadores, movimiento que hizo popular la exigencia de que el derecho al trabajo se imponga frente al derecho a la propiedad privada.
Un cambio moderado en la legislación laboral, la doble indemnización para los despidos, los aumentos de salarios por decreto presidencial, el aumento del salario mínimo, la revisión posterior del sistema de jubilaciones privadas y la vuelta al sistema mixto, el aumento de las jubilaciones y la extensión de ellas a franjas de población sin aportes, con todo lo moderado e incluso en ocasiones maquillado de alguna de esas medidas, constituyeron acciones que tendían a la integración social, en oposición a las
políticas de ajuste, despidos y represión que coronaron los últimos años previos a la crisis.
La administración se hizo fuerte buscando el equilibrio de fuerzas y alentando cierta
recuperación sindical para moderar y negociar en mejores condiciones con las cámaras empresarias, a las que nunca recibió oficialmente en
Así lo hizo por lo menos hasta el 2005 cuando cierta recomposición gremial la habilitó para caminar sola hacia las nuevas convenciones colectivas de trabajo.
Frente a la desagregación social y desintegración política, el peronismo nuevamente en el poder con un gobierno de centroizquierda, adoptó medidas para primero paliar el desempleo y luego cabalgar sobre el ciclo expansivo de la economía, gracias a las
cuales logró canalizar la protesta social, reconstruir el sistema institucional y lentamente
desmovilizar a una población exasperada y un movimiento social militante.
El efecto de reintegración social aparece subjetivamente válido pues las medidas adoptadas y las mejoras percibidas son contrastadas no ya con períodos históricos precedentes que parecen inalcanzables, sino con el abismo de pobreza, desempleo y hambre al que cotidianamente iban cayendo mayores contingentes de población.
Reforzamiento de la hegemonía
Revolución pasiva es el concepto que Gramsci utiliza para explicar la construcción del estado nacional moderno italiano mediante el triunfo del partido moderado en lugar del jacobino partido de la acción, inversamente a la revolución francesa. La denomina
también revolución—restauración. Quizá sea abusivo este término, pues allí se trató de una transformación completa, de características históricas, del estado italiano. Si lo utilizo es sólo a falta de otro concepto más preciso, aunque aquí se encuentra un parecido de familia respecto al contenido central que me interesa retener de esta
categoría: la capacidad de capturar, absorber e integrar ya sea desde las cúspides del poder como desde todos los poros sociales, las demandas y aspiraciones de los sectores populares.
Es verdad que ninguna clase dominante puede completar, integra y efectivamente ciertas demandas
democráticas y nacionales, pero sí puede hacerlo de manera inacabada, parcial e incluso sostenerlas de manera gatopardista.
Lo importante aquí no son los resultados históricos,sino los efectos de poder en las relaciones de fuerzas y la dinámica del conflicto. Es desde este punto de vista que podemos constatar el reforzamiento de las capacidades hegemónicas del bloque capitalista. Y se refuerza no por medios esencialmente coercitivos sino integrativos, y en ello radical su relativa fortaleza respecto a la débil hegemonía de los años 90.
Este reforzamiento hegemónico se completa con una operación transformista, es decir la capacidad de las clases dirigentes de cooptar a los intelectuales de las clases subalternas. Basualdo había considerado el período menemista como un transformismo sin hegemonía (Basualdo, 2002).
El concepto resultaba quizá abusivo, pues nunca dejó de referirse a los intelectuales desligados del sistema político, asimilados mediante el mecanismo de sueldos altos y contratos con consultoras, universidades privadas, que le siguió al proceso de transferencia del aparato estatal al sector privado.
Parece menos forzado utilizar dicha categoría hoy, cuando una considerable cantidad de dirigentes
sociales y políticos, referentes y personalidades de los derechos humanos, la cultura, el movimiento sindical y piquetero, algunos partidos de izquierda y el pensamiento crítico, que han formado parte de la amplia coalición que protagonizó la resistencia al neoliberalismo durante muchos años, han pasado a formar parte o constituirse en aliados del nuevo gobierno, considerado una “arena de disputa” por sus alas más críticas.
El peronismo kirchnerista en el poder ha tomado como propia la agenda de las organizaciones de derechos humanos, que durante muchos años han reclamado la eliminación de las leyes de obediencia debida y de punto final y muchos militares
implicados en asesinatos de lesa humanidad han comenzado a ser juzgados y condenados.
Además, el sesgo simbólicamente setentista del gobierno se plasmó en la erradicación de la teoría de los dos demonios, gracias a la cual desde el gobierno de Alfonsín en adelante se igualaba el accionar del terrorismo de estado con la militancia
popular de los años 70.
Una renovación completa de
política exterior, el desendeudamiento con el FMI, entre otras medidas, han coronado la imagen de un gobierno de signo contrario al neoconservadurismo característico de las administraciones anteriores.
La reaparición de un peronismo que se consideraba
extinguido, una transformación de la función del estado y una recuperación cultural de valores que el neoliberalismo había sepultado con su aluvional fuerza de mercado, crearon para un considerable sector de intelectuales progresistas de tradición peronista, la imagen de espejos de un retorno a las pasiones políticas que se agitaron desde el año
1945 con la primera presidencia de Perón (Casullo, 2007).
Este giro expresó, y por eso pudo canalizar, el corrimiento de amplias capas de la población hacia un nuevo sentido común en ruptura con el imaginario y el consenso tejido en los 90. Este nuevo consenso rechaza las imposiciones del FMI y la política
guerrerista norteamericana; repudia el remate fácil de las empresas del estado y considera un papel más activo del estado en la regulación económica; contiene reservas democráticas y antirepresivas; considera prioritario el empleo y la justicia social, la recuperación del patrimonio público malvendido y la distribución progresiva de la
riqueza. Pero juzga que será el gobierno desde arriba y no mediante la acción directa, la lucha desde abajo y la confrontación política el medio para conseguirlas.
En ello radica la “pasivización”: un vaciamiento de las calles a favor de las políticas estatales, una
hipoteca del movimiento social a favor de la acción gubernativa.
Hegemonía y correlación de fuerzas
Esta ubicación del peronismo a izquierda en el espectro político nos remite inmediatamente al problema de la relación de fuerzas sociales. Ellas han operado un cambio respecto al período anterior:
en el plano puramente sociológico el nuevo
esquema de acumulación reabsorbe a una masa obrera sobrante que ejerció un efecto de disolución y debilitamiento de las fuerzas orgánicas de la clase trabajadora.
En el plano político se expresa en la emergencia e institucionalización de ese nuevo sentido común al que hemos hecho referencia. De esta manera se quebraron más de 10 años de
disciplinamiento social que el establishment impuso como condición antiinflacionario para retomar el proceso económico.
En este sentido la estrategia neoliberal cuyo eje fue la convertibilidad cambiaria y las leyes de apertura y privatización, fue derrotada políticamente. Porque aunque en la literatura industrialista podemos encontrar
denuncias sobre la inviabilidad del modelo neoliberal, la superación del mismo no se dio simplemente por las contradicciones de las leyes asépticas del mercado, sino por los límites políticos con los que se encontró el proyecto dolarizador del capital financiero.
Y esta derrota del proyecto neoliberal es un episodio del triunfo parcial de las clases
subalternas a pesar de que le siguió de manera inmediata un proceso devaluatorio que redujo el salario y empobreció a los mismos sectores subalternos.
Si el movimiento popular no pudo imponer una estrategia alternativa, de ruptura anticapitalista y antiimperialista se debió también a que no existió ningún movimiento organizado que expresara dichos intereses y programa. Quizá no podía ser de otra manera luego de las derrotas a las que se debía remontar desde los inicios de la década del 90.
Triunfó el partido “moderado” no por derrota sino por inexistencia de un campo “jacobino” que se planteara seriamente otra vía para el desarrollo del movimiento popular. No obstante lo cual una nueva relación de fuerzas nació de la crisis del 2001-2003 que explica la ascensión de los “moderados” incluso al interior del Partido Justicialista, garante de la reconversión neoliberal de aquel movimiento populista.
En consecuencia, hay que anotar el efecto paradójico de la capacidad hegemónica que asegura la gobernabilidad mediante un reforzamiento del consenso positivo, producto
directo de esa nueva correlación de fuerzas.
Pero si es posible hoy un consenso positivo sobre la base de reformas tan moderadas compatibles con una valorización ampliada del capital, se debe a los límites y debilidades de esta recuperación popular que no logra revertir el ciclo de derrotas que se
sucedieron desde el 76 y que facilita el corte generacional de la memoria de luchas y conquistas previas.
Mientras que en Venezuela la crisis abierta en 1989 con el Caracazo, el ascenso al gobierno de Chávez en el 98 y la derrota del golpe en el 2002 fue modificando radicalmente la relación de fuerzas y dejando a los sectores fundamentales de la burguesía fuera de la colación gubernamental;
si en Bolivia ese proceso abierto con las rebeliones populares, la caída de Sánchez de Losada y el triunfo de Evo Morales parece haber dado origen a un empate catastrófico de fuerzas que es probable se dirima en poco tiempo,
aquí la rebelión popular del 2001 no alcanzó para desalojar el bloque de poder instalado desde el golpe militar y para colocar a las clases subalternas en una posición que alcanzó en el gobierno de 1973 un rango de estado.
En este cambio de relaciones de fuerza de coyuntura que no modifican una transformación histórica, es donde se superponen diversas capas tectónicas de movimientos en sentido contrario que dificultan a los analistas comprender los cambios y continuidades que se entrelazan en un todo indistinguible.
Aquel empate hegemónico que analizara Portantiero para describir el equilibrio de fuerzas entre fracciones burguesas y las clases subalternas durante todo el período que va desde el 55 al 76 (Portantiero, 1977), y que finalmente el golpe triunfante rompió a favor del dominio del capital concentrado, ha cristalizado en una transformación de las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales que el período actual, alumbrado
por la crisis del 2001 y que recupera sentidos y ecos del intervencionismo estatal precedente, no ha sido sustancialmente modificado, incluso si un nuevo patrón de acumulación neo-desarrollista, una simbología popular y un retorno a la política de
intervención estatal han renacido.
Recomposición estatal y crisis de partidos
Mientras que la reestructuración estatal de los años 90 intentaba una reorganización completa del aparato de estado y del sistema político en función de unos objetivos neoliberales, la fisonomía de las instituciones se volvieron más directamente
instrumentalistas. Nunca como en los años 90 el estado podía cumplir la tipología del Manifiesto Comunista, allí donde sentencia que el gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa y, deberíamos aclarar, “y sobre todo de sus fracciones financieras y más concentradas”.
La fisonomía estatal adquirió ciertas aracterísticas que exceden este trabajo, aunque se podría mencionar como rasgos fundamentales la unidad de intereses entre la clase empresaria y política, cuyo personal ejecutivo y miembro de consultorías privadas y
familias ricas solían confundirse, a la manera en que Ralph Miliband asociaba el contenido de clase del estado por los lazos directos de su componente social.
Además, una persistente tendencia a la toma de decisiones en la cúspide del poder en contacto
directo más con consultoras y representantes de organismos financieros internacionales que miembros del parlamento, gobernadores de provincia o dirigentes de partido.
Estado fiscalista, ajustador, recostado en el gran capital, en retirada de la política social, educativa y sanitaria que fue dejada en manos del mercado.
La política como asignadota de recursos y promoción de nuevas elites languideció, y los partidos se volvieron cada vez más maquinarias profesionalizadas, sustrayéndose a las presiones sociales, incapaces e indiferentes a la movilización de sus bases y carentes de algún eco popular
que han tenido en el pasado.
Así tanto el Partido Justicialista (PJ) como
fracciones de un sólo partido representante del establishment.
Como si la administración del aparato de estado y las políticas públicas tuviera las características técnicas y despolitizadas que profesionales neutros vinieran aplicar de acuerdo a méritos académicos y de experiencia, los partidos fueron desmantelando sus contenidos programáticos, vaciándose ideológicamente y colocando a la competencia electoral como un mecanismo de selección de personal y acceso a los puestos del estado.
Mientras compartían los fundamentos de la orientación social y económica que marcaba
un pronunciado desmantelamiento del viejo estado redistribucionista y de cualquier alternativa al curso neoconservador y al modelo y mecanismos del poder económico preponderante, promovieron un vaciamiento de la política que se subordinaba a las
decisiones técnicas de los economistas (Pucciarelli, 2002).
Mejor dicho, un vaciamiento de los espacios públicos para hacerla inaccesible. La política no desaparecía, se la sustraía a las grandes mayorías y se desplazaba hacia los centros de poder más fuertes
bajo el eufemismo de la libertad de mercado y la eficiencia burocrática del estado.
La política como arena de confrontación, como espacio de disputas políticas y creación de proyectos, dejó paso a un saber técnico que de paso hizo retroceder la participación política, los proyectos colectivos y los valores de la solidaridad.
El modelo Schumpeteriano de la política identificada con los procedimientos de mercado, mecanismos electorales, que desprecia a las mayorías populares en beneficio de las élites, se impuso en el seno mismo de los partidos que otrora eran inconcebibles sin ese mismo sustrato popular.
No es sorprendente que la mencionada crisis de la política, tenga allí donde más profundamente se impuso el modelo neoliberal unas consecuencias tan radicales.
Ese instrumentalismo de clase tan abierto no podía sino acrecentar su deslegitimación y resquebrajamiento a medida que crecía el rechazo popular y se reconstruía un movimiento social en confrontación y resistencia al evidente impasse del modelo vigente. Lo que en un principio fue indiferencia y retracción pronunciada de la sociedad
civil de toda participación política, funcional a un cuerpo burocrático ejecutivo que se libraba de cualquier presión y control social, se volvió luego oposición abierta y activa, que tuvo su punto de ebullición en la consigna “que se vayan todos” coreada durante la rebelión popular.
El derrumbe del sistema de representación bipartidista tal como se había inaugurado con el retorno de la democracia en 1983 estaba acabado.
En realidad el mismo estado neoliberal socavó mucho antes las bases de su estabilidad.
El pacto de Olivos por medio del cual
Por primera vez la confrontación bipartidista sería reemplazada por una oposición de coaliciones que
enfrentaría al PJ y
2001 la crisis barrería por eso mismo no sólo con
El estallido de los partidos de gobierno daría paso a su vez a una fragmentación del sistema de partidos como pocas veces se había visto, dando nacimiento a partidos y agrupamientos nuevos como el ARI de Elisa Carrió y Recrear de López Murphy, así como candidaturas diferentes en el seno del PJ, la emergencia de una derecha profesionalista de tipo berlusconiana aunque tal vez sin la retórica de la telepolítica ostentosa del Barón de los medios de comunicación italiano, así como una pleyade de
agrupamientos locales, provinciales, regionales y municipales que han cobrado relevancia a medida que el sistema de partidos se iba fragmentando y las grandes estructuras perdían capacidad centralizadora nacional.
Entramos de esta manera a un sistema de partidos en plena transición, donde no pueden definirse hoy los contornos definitivos de una nueva estructura de partidos, aunque de acuerdo con la tipología
clásica provista por Giovanni Sartori (Sartori, 1994) podríamos caracterizarla hoy como
un multipartidismo con un partido predominante, el PJ en el poder, que por las características presidencialistas del régimen constitucional argentino favorece la subordinación, mediante la política impositiva y fiscal, de las diversas corrientes del peronismo e incluso de otros partidos, como lo verificó la última elección presidencial de octubre de 2007 donde un grupo de gobernadores e intendentes radicales se sumaron
a
populista de derecha encabezada por Rodríguez Saa y remanentes duhaldistas que apostaron por Lavagna.
El presidencialismo permite un mosaico de ragmentos
peronistas regionales (que cuando permanece en la oposición suele definírsela más como una “liga de gobernadores” que un partido) y una centralización nacional detrás de la figura del presidente.
El sismo que ha fracturado el sistema de partidos en nuestro país es de tal magnitud que sólo puede verificarse de manera tan aguda en pocos casos, como en
En todos los casos estos cambios en el sistema
político institucional de partidos contrastan con la estabilidad partidaria de países como Uruguay, Chile o Brasil.
Pero habría que tener cuidado en no confundir la crisis de los partidos con la crisis del
régimen político, e incluso con un vacío de liderazgos, como suele suceder en ciertos
análisis de la prensa de izquierda. Si se lo mide con el viejo rasero de los antiguos partidos de masas que prevalecieron durante toda la posguerra es posible que esa imagen tenga asidero. Pero de acuerdo a una tendencia que se visualiza a nivel mundial, las transformaciones económicas, políticas y culturales operadas en los últimos decenios
modificaron sustancialmente el contenido de los viejos y grandes partidos de masas que han vivido una metamorfosis de tal magnitud que no es posible distinguirlos hoy de lo que fueron en el pasado.
Así, por ejemplo en Europa esto se ha hecho patente con el papel y la estructura “atrapa todo” del Nuevo Laborismo, que abandonó cualquier referencia de clase para ofrecerse como partido de todas las clases. Este mismo camino, con sus naturales diferencias, han transitado el Partido Socialista francés, la socialdemocracia alemana, el ex comunismo italiano reciclado en el PDS y la inmensa
mayoría de las formaciones otrora ancladas en los sindicatos y en bases obreras organizadas.
Mientras que los partidos de masas se caracterizaban a grandes rasgos por programas definidos que ataban de cierta forma la toma de decisiones a las promesas preelectorales, una base cautiva basada en identidades de clase muy definidas y permanentes en el tiempo, una organización y estructura partidarias sostenida por una
militancia activa, comprometida y un régimen de democracia partidaria interna basada en congresos, filiales, ramas y células partidarias, un sostenimiento financiero que emanaba de los aportes de afiliados y simpatizantes.
Las nuevas formaciones, incluidos muchos otros partidos de vieja raigambre popular en América latina hoy reciclados, poseen características muy diferentes:
personalización de las candidaturas, eliminación
de programas definidos y de identidades de clase y culturales permanentes, heterogeneización y búsqueda de clientelas electorales móviles y cambiantes, lo que en muchas corrientes procedimentalistas e institucionalistas consideran una “liberación”
del votante respecto al “voto cautivo” de las “clientelas fijas” de las formaciones políticas de masas.
A su vez una privatización y profesionalización de la política partidista ha tendido a estructurar partidos electorales de mercado, inclinación a la
telepolítica y la abstención de cualquier movilización de sus bases electorales de las que
se consideran independientes por completo. Una profesionalización y un tendencia a desconectas a los grupos sociales de la profesión política los ubica de arriba hacia abajo, basa sus propuestas en encuestas de opinión y apuesta a la gestión corporativa antes que a la participación en la toma de decisiones.
No es casualidad que toda una serie de variantes republicanas han tendido a demandar una corrección del tipo radical de aplicación procedimentalista, así como otras variantes progresistas de democracia
participativa y mecanismos de remoción, control y revocabilidad de los cargos, sin comprender el verdadero alcance de una transformación política antidemocrática y formalista que responde a las características propias del régimen capitalista y que es incompatible con una ciudadanía plena.
Pero estas y otras características fundamentales de la metamorfosis del sistema político son consideradas por una gran mayoría de cientistas políticos como una consumación histórica y estructural sin reparar en que - sin desconocer que algunas de estas mutaciones parece más anclada en transformaciones de largo plazo –
El procedimentalismo,
la profesionalización,
privatización
y espectacularización del sistema de partidos
responde a una correlación de fuerzas políticas desfavorable al movimiento popular que se sirve de su desmovilización y apatía políticas para promocionar las virtudes de una “política de mercado”.
Una reversión de esa relación desfavorable mostraría una recomposición de muchos caracteres propios del período de masas, como lo demuestran los ejemplos de Bolivia y Venezuela, donde tienden a estructurarse nuevamente partidos y movimientos políticos de diversas características pero basadas en la movilización y la dinámica del conflicto social, donde lo político como experiencia popular ha recuperado parte del terreno perdido.
Es en parte por este motivo que la “crisis de los partidos o representación” y del “régimen político” no pueden confundirse. La segunda depende más inmediatamente de las relaciones de fuerza sociales que puedan o no amenazar la estabilidad política.
Dicho de otra manera, la crisis de los partidos abrió un período de transición que puede ser de
larga duración en la constitución de un nuevo mapa partidario La clase dominante, sin la activación de masas, se deshace de los partidos programáticos, más sujetos a las presiones populares, mientras se refuerzan los partidos de tipo profesionales y de
audiencia.
La crisis del régimen, en cambio, en tanto crisis orgánica abierta por aquel quiebre de autoridad del 2001, se ha ido suturando por el proceso descrito de
recomposición hegemónica mediante el tipo de “revolución-restauración”.
Ese cierre no implica, como hemos tratado de demostrar a lo largo de este trabajo, el
retroceso y desaparición de las conquistas, de la relaciones de fuerza menos defensivas y en retroceso estructural como en los 90, y de experiencias novedosas de lucha y organización que han pasado a formar parte de un acervo de acción colectiva más rico y creativo, anudado con las experiencias pasadas del viejo movimiento obrero (piquetes,
cortes de ruta, huelgas y manifestaciones, tomas de empresa) y alumbrado originales formas de lucha que han quedado en la memoria colectiva y que inevitablemente serán retomadas en el futuro (recuperación de fábricas, asambleas populares, organización territorial piquetera y acción directa, formas asociativas y productivas, etc.).
Una activa franja compuesta por muchas de estas organizaciones, por conflictos sindicales y
reivindicativos, así como algunas comisiones internas y centros de estudiantes que permanecen conducidos por fuerzas militantes son también expresión de conquistas que, aunque en situación
defensiva, se han preservado.
El justicialismo y la oposición
El partido justicialista ha sido el vector fundamental de la recomposición capitalista. Se ha
verificado como el mejor partido del orden al demostrar una versatilidad inaudita. Como un Zelig político, se va mimetizando y adaptando a las diversas circunstancias.
Expresión de aquella alianza defensiva obrero-patronal defensora del mercado interno y sostenido en los sindicatos, se renovó como partido socialdemocratizado desde mitad de los 80. En los 90 condujo el proceso de liberalización y transferencia de poder a la cúpula capitalista que ningún otro partido hubiera podido siquiera comenzar; y
finalmente conductor de un giro neodesarrollista en un viraje ideológico hacia la centroizquierda que captura el amplio abanico de oposición a un neoliberalismo del que formó parte hasta hace poco tiempo y del que no deja de aprovechar sus recursos.
En cada una de sus facetas el justicialismo ha modificado también sus métodos, sus contornos y fuerzas internas.
Aunque el kirchnerismo subió al gobierno en el 2003 con sólo el 22 % de los votos supo, en poco tiempo, crecer de una forma meteórica en la opinión pública. Su retórica por una renovación política y el manejo de las cajas del tesoro le permitió algo que parecía impensado: desplazar y marginalizar al ex presidente
Duhalde, jefe del poderoso justicialismo bonaerense lleno de compromisos con lo más reaccionario y patoteril del “peronismo-justicialista”.
Afianzado en el poder, el mismo presidente no rechazó recostarse cada vez más en los
gobernadores y jefes municipales cuyos procedimientos clientelares, punteriles y poco
transparentes, no hacían honor a la exigencia de una “renovación de la política”.
De acuerdo al profundo estudio de Daniel James, el peronismo en su origen tuvo un impacto sobre los trabajadores complejo. La atracción que ejerció sobre ellos estaba asociada no sólo con la corrección de las desigualdades sociales y económicas, sino también a cierta visión de la ciudadanía y el papel de la clase trabajadora en la sociedad, otorgándole un papel “herético”, elevando la autoestima, la dignidad y el orgullo y haciendo de la clase trabajadora una clase vital y a la que no se podía desconocer.
El peronismo hundió sus raíces en un sentido común en el que ser peronista y obrero era asimilable. Sobre esta identidad germinó, luego del golpe militar de 1955, el fuerte sentido de oposición a la dictadura gorila. El peronismo fue también aquel sentido de justicia y reparación social, condensada en la figura de Evita (James, 2006).
El contenido de lo que es hoy el “peronismo-justicialismo” y qué papel juega en la vida cotidiana y las percepciones de sus votantes, ha cambiado tan radicalmente que es materia de
controversia. Está claro, sin embargo, que el “peronismo-justicialismo” sigue siendo la opción
preferencial de los pobres y de la mayoría de la clase trabajadora, como lo demostró una vez más el resultado de las elecciones presidenciales últimas.
Javier Auyero plantea la hipótesis siguiente: desde mediados de los años 80 el peronismo perdió su contenido “herético”, de oposición (incluso de oposición al clientelismo político de comité que denigraba a la clase trabajadora como clase
respetable) y conservó aquel asociado a la reparación histórica, al estado que se acuerda
de los pobres, que consigue cosas, en resumen, a la mediación política para la resolución de problemas.
En sus trabajos de campo Auyero recoge el recuerdo de ser peronista, lo que constituye su identidad actual: un Estado y un Movimiento que les dio
cosas, que consigue y se preocupa por los pobres. Una creencia que direcciona el voto hacia intendentes, gobernadores y presidentes peronistas incluso entre la juventud de las barriadas pobres, sin experiencia de vida directa.
En este relato Menem no sería un “buen” peronista (Auyero, 2001).
Es probable que sea esta misma identidad que abonó el clientelismo político durante años, haya reforzado el alto nivel de legitimidad del pasado gobierno de Kirchner como el entrante de Cristina Fernández, incluso si la simbología partidaria esté hoy diluida en el oficialista Frente para
En este sentido el movimientismo característico del peronismo histórico ha permitido una amplia flexibilidad para el gobierno de municipalidades, la formación de listas internas, pero también para el tipo de movilización electoral mediática, sin ruido, concentraciones populares ni actos multitudinarios.
Clientelismo y audiencia parecen haberse conjugado eficazmente, sobre el telón de fondo de la recuperación laboral y de los índices sociales y económicos de los últimos años.
Las elecciones presidenciales del 2007 han verificado un macizo apoyo de las bases
históricas al peronismo representado por el kirchnerismo. Un cruce entre peronismo y
perfil progresista que le da a este antiguo movimiento una especificidad propia.
En efecto, el tipo de bipolaridad entre una coalición de centroizquierda y centroderecha que muchos pronostican y que se ha consolidado en diversos países, se ha visto siempre dificultado por las características propias del peronismo. En este caso ingentes sectores medios, base social e ideológica clásica del acervo de centroizquierda, le ha dado la espalda al kirchnerismo.
Esto nos remite a la compleja relación de las clases medias con el peronismo.
Ocupado el espacio de izquierda por el gobierno la oposición, representado por el ARI de Elisa Carrió, el PRO de Macri, el UNA de Lavagna apoyado por
Incluso Elisa Carrió, exponente en el pasado de una franja progresista republicana ha girado en su enfoque. Avivando el sesgo antiperonista y el recordado gorilismo (aquel antiperonismo que practicó buena parte de las clases medias en el pasado y que lo consideraba un movimiento de
“cabecitas negras”) la líder de la oposición sostuvo que “las clases medias se juegan en esta elección el futuro republicano” y les dio la misión de transformarse en “la fuerza de rescate de los más pobres” avivando una perspectiva clasista considerando a los pobres como rehenes del peronismo y a las clases medias como paladines de la libertad y la razón.
Cabalgando sobre la manipulación oficial de los índices estadísticos para maquillar la inflación, algunos casos de corrupción, los decretos presidenciales por sobre el parlamento, o las alianzas presidenciales con los dinosaurios justicialistas que conservan en las provincias una jefatura de patronazgo que desmiente el carácter “renovador” y “transversal” de la propuesta oficial, el arco opositor ha dirigido sus críticas a las
relaciones de amistad con Venezuela, la “vuelta al pasado” con el “hostigamiento” a los militares en la apertura de los juicios, o la defensa de la justicia norteamericana.
La vaga apelación a la distribución de la riqueza sirve para consolar el voto progresista, que se ha inclinado a la derecha, mientras que la alternativa que presenta la izquierda radical viene perdiendo votos.
Si en un primer momento el repertorio de medidas en temas como la renovación de
sindicalismo tradicional.
Este vuelco de sectores de clase media es quizá el correlato de una tendencia conservadora en una capa social de las más beneficiadas económicamente que están viviendo un boom de consumo que no se veía desde la primera mitad de los años 90.
Satisfechos en su recuperación, el fuerte peso de las clases medias altas ideológicamente
reaccionarias ha contagiado hacia abajo la exigencia de poner orden y despejar las calles de piqueteros y manifestantes, en un movimiento pendular desde aquellas jornadas calientes del 2001 y 2002 donde las clases medias acompañaron entusiastas el reclamo
de los sin empleo.
Se podría afirmar que es justamente este sustrato conservador de las clases medias el mayor peligro de desestabilización política del gobierno hacia el futuro.
La agenda de oposición al gobierno ha sido colocada por la derecha partidaria y mediática, mientras que la conformación de un bloque político hacia la
izquierda está todavía por hacerse, colocando en la agenda una perspectiva transicional hacia la resolución de demandas y tareas que requieren una recuperación del patrimonio público, un política impositiva y crediticia distinta, un proceso de renacionalización de empresas estratégicas, una política exterior antiimperialista y medidas anticapitalistas que le den solidez a la recuperación de los derechos ciudadanos y la erradicación de la pobreza e indigencia, a las políticas públicas en materia de vivienda, salud, educación y derechos laborales.
La clase trabajadora entre la recuperación y las transformaciones estructurales
A raíz de la recuperación económica y de la inversión del ciclo recesivo, la clase trabajadora recuperó terreno después de mucho tiempo de haber sufrido un estado de depresión y reflujo, o de focalizar su débil resistencia en conflictos puramente defensivos, contra los despidos y las reestrcuturaciones. Se han comenzado a verificar
niveles modestos de recuperación sindical a partir de las negociaciones de convenciones colectivas y del salario mínimo.
En el primer momento las negociaciones fueron
empujadas desde las oficinas del Ministerio de Trabajo, que decretó aumentos salariales
antes aún que se convocara a la negociación de partes. En el año 2004 conflictos como los de telefónicos y subterráneos parecían alumbrar la emergencia de un nuevo sindicalismo de base en sintonía con las nuevas formas de representación que habían nacido con la crisis del 2001.
Aunque cierto activismo anclado en las prácticas de
democracia asamblearia y acción directa permaneció activo, sobre todo en el gremio de los docentes nacionales, esa incipiente experiencia no se expandió.
En su lugar los sindicatos tradicionales agrupados en
han ganado espacio, basados en el monopolio de la representación sindical y en su sociedad, siempre inestable, con el gobierno nacional. A pesar incluso del desprestigio feroz que sus prácticas burocráticas, patoteriles y el grado de enriquecimiento personal de sus directivos, genera en el conjunto de la sociedad.
Incluso
de cuatro años de administración progresista, su reconocimiento jurídico.
Las huelgas políticas que asolaron a las administraciones anteriores brillan por su
ausencia.
El racconto histórico es el siguiente:
Alfonsín sufrió 13 paros generales, uno cada 6 meses;
la primera presidencia de Menen 3 paros generales uno cada 24 meses;
la segunda presidencia de Menem 5 paros generales uno cada 11 meses;
De
Duhalde 2 paros nacionales uno cada 8 meses
Kirchner ha no ha tenido ningún paro general en sus 50 meses de gobierno.
Además, aunque han crecido los conflictos salariales y es posible que lo sigan haciendo incluso con mayor intensidad, en el nivel estrictamente reivindicativo no se ha verificado aún la conflictividad que en otros períodos históricos, como en la década del
70 o incluso en los 80 había generado una creciente polarización política, inestabilidad e inflación.
Si se comparara el nivel de conflictividad medido en cantidad de huelgas, duración y cantidad de huelguistas en proporción a la expansión del ciclo económico se podría verificar con datos precisos una relativa disminución del nivel, la presión y
extensión sindical respecto a los dos ciclos anteriormente mencionados.
A su vez, huelgas o medidas de acción directa parecen alojarse en un nivel local o regional y de
rápida o mediana resolución y las huelgas por rama de actividad no se han verificado.
El acuerdo del gobierno con los dirigentes de
rezagados, una estrategia que contribuye a la segmentación y dualización del mercado laboral.
La clase trabajadora emerge debilitada de la crisis y de los cambios estructurales que se han operado en
En la raíz de este fenómeno se encuentran una serie de cambios en el mundo productivo y laboral que la explican en parte.
Toda una serie de elementos que estuvieron en la constitución de una clase trabajadora autónoma y combativa se pueden encontrar en los orígenes del estado moderno: un tipo especial de acumulación, un sector urbano rico y diversificado en comparación a la mayoría de países latinoamericanos, una industrialización relativamente temprana y una
clase obrera autónoma en las primeras décadas del siglo XX, crecimiento menos dependiente de un estado más liberal, una fuerte centralidad de la burguesía pampeana, carencia de población campesina, producción de exportables y otras características
hicieron de Argentina un país dependiente y subordinado al capital inglés primero y luego al norteamericano pero también una sociedad fuertemente urbana, industrial y proletaria.
A su vez las características productivas generaron con la sustitución de importaciones y la extensión del mercado interno un creciente desarrollo industrial que vino a generar las particulares contradicciones de clase y alianzas políticas que dieron origen a los que O’Donell a definido como un movimiento pendular del sector de la gran burguesía concentrada desde el período desarrollista a mediados del 50, que la inclinaba ora hacia la gran burguesía agraria para generar divisas, ora hacia la clase trabajadora y la burguesa mercado internista para aumentar la producción de bienes durables (O’Donell, 1977).
El movimiento pendular promovido por el vaivén monetario (y su ciclo stop and go generado por al crisis de la balanza de pagos) caracterizó la
inestabilidad política y la fractura burguesa hasta el gobierno de 1973 que por un interregno de poco tiempo desalojó a la gran burguesía del poder y permitió la última experiencia gubernativa de aquella alianza defensiva que con su impasse dio paso al golpe militar y la apertura de un ciclo distinto no concluido aún de un bloque de poder
con eje en el capital concentrado.
En el período de la sustitución de importaciones los salarios fueron el eje a partir del cual se estructuró la economía nacional, centrada en el
consumo interno de las clases populares.
El papel extraordinario jugado por los sindicatos y su peso en la vida política nacional estuvo marcado en gran parte por un tipo de combinación específica entre el tipo de desarrollo descrito y tradiciones políticas de un proletariado combativo que obligó a las clases dominantes a tomarlas en serio.
La liquidación de ese tipo de patrón de desarrollo tuvo consecuencias en la nueva constitución del bloque de poder (ruptura del empate hegemónico) que desalojó a los sindicatos de cualquier tipo de alianza circunstancial, estableció un tipo de acumulación cada vez menos dependiente del mercado interno y por lo tanto del salario obrero,
estableciendo un modelo de consumo dualista incluyente de una porción minoritaria de
los asalariados y a las clases medias altas y altas y la generación de excedentes exportables.
A su vez la concentración del poder industrial, agrario y bancario tornó caducas el tipo de disputas intracapitalistas características de la época.
La tecnificación desde los años 90 y la generación de excedentes cada vez mayores aumentando la
frontera física y productiva del campo parece haber amortiguado o debilitado el tipo de crisis de balanza de pagos que las dividía.
En fin, las condiciones políticas y estructurales que le dio un contorno específico y una fuerza social y política expandida a la clase obrera ya no existen más.
De aquí se derivan el impasse de los métodos de presión sindicales que aseguraron la contención de las alas revolucionarias del movimiento obrero a cambio de su participación en el estado y un desgaste de aquellas tácticas de golpear y negociar que supo hacer popular el sindicalista Augusto Vandor.
Este impasse aún no ha sido reemplazado por nuevos métodos y nuevas figuras ni del sindicalismo ni de la clase trabajadora. Los problemas de la constitución de una nueva identidad de clase, de la aparición de nuevas formas de subjetividad proletarias nacidas desde los movimientos de desocupados, el auge de los gremios del transporte y las telecomunicaciones, la mayor importancia del ámbito territorial en la constitución de
identidades de clase que no se veía desde los orígenes de la clase obrera, la difícil e
incipiente organización de los precarizados, el papel más relevante del trabajo inmaterial y por lo tanto del sector de servicios, son sólo algunas de las manifestaciones de estos cambios y de nuevas figuras de las clases subalternas que emergen de la lucha y la experiencia cotidianas pero que aún no alcanzan a tomar entidad mayor ni a superar
el estancamiento del movimiento obrero oficial.
Sean como fueren los sinuosos caminos de una recomposición, las hipótesis estratégicas tejidas en torno a la espera de un auge proletario a la manera en que se verificaba en los años 60 parecen poco probables.
La clase obrera podrá recuperar parte de su repertorio histórico de luchas y experiencias pero difícilmente pueda “de la nada volverse todo”,
en el sentido de retomar un camino que hoy es un espectro y, como aquellos magos que fascinan a su público, hacer aparecer por arte de magia los contenidos clasistas que se encontrarían ocultos y reprimidos.
Por eso mismo no se trata sólo de consignas y
demandas que contribuyan a que una esencia proletaria, sociológicamente determinada,
haga su aparición luego de unas buenas vacaciones.
La clase trabajadora argentina sigue siendo un actor de peso preponderante, aunque los niveles de desindicalización, fragmentación y segmentación han diluido la clásica identidad y unidad obrera que nacía de la fábrica y se hacía extensiva al sindicato y a la política a través del peronismo.
Ese debilitamiento social, sin embargo, podría ser
suplido por la constitución de una identidad obrero-popular mediante la ampliación y unificación de los diversos sectores y segmentos de los trabajadores empleados y desempleados, precarios o permanentes, de los servicios, industria o comercio, e incluso
excediendo el mundo estrictamente productivo para abarcar formas organizativas fuera del mundo laboral, como el caso de las asambleas populares que contenían una gran mayoría de trabajadores y productores que sin embargo no participaron en calidad de tales.
Pero para ello hay que dar relevancia a los procesos de acumulación de experiencias, recuperación de espacios, y de la acción política e ideológica que contribuya a dar forma y contenido a las nuevas
experiencias e identidades por venir.
La unidad de todos estos sectores populares quizá no
emerja de una espontánea generalización de luchas sindicales, sino de la capacidad constructiva de un sujeto unitario en su diversidad en la arena de la política.
Su emergencia tiene por base un reflejo, si se quiere primario, de resistencia y lucha. Pero
sólo en el terreno de
y ser plataforma de un proyecto transformador.
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