Seminario para el esclarecimiento histórico de los orígenes y desarrollo de la Deuda Externa Argentina -Entrega 3era. (Parte 2.-)

Seminario para el esclarecimiento histórico de los orígenes y desarrollo de la Deuda Externa Argentina

Facultad de Ciencias Económicas

Universidad Nacional de La Plata

Prof. Alejandro Olmos Gaona

Tercera Entrega

Parte Nro. 2

LOS EMPRESTITOS DE SIGLO XX

Durante la administración del Dr. Illia, se efectúa una política con cierto orden, y se anulan los contratos. Aunque puede decirse que la libertad política es plena, la marginación de las masas populares sigue siendo una evidencia, mientras el país se debate en una quietud, que no resulta auspiciosa, y provoca la injustificable intervención militar de Ongania en un proceso, donde la economía sigue un derrotero que condiciona las decisiones soberanas del país, que no atina a salir de esos círculos que están manejados invariablemente por los mercados financieros. Durante ese proceso militar, se produce el negociado de Aluar, mediante el cual se entrega la producción de aluminio a un conjunto de aventureros que hicieron un gran negocio a expensas de los recursos del estado, y como sucede siempre en la Argentina, encontraron la posibilidad de tener representantes que siguieron ocupando cargos en los sucesivos gobiernos, y tuvieron en consecuencia una impunidad total para los cargos que desarrollaban. José Gelbard, que intervino abiertamente en este tema fue ministro de economía del primer gobierno peronista en 1973.

En Aluar se produce uno de los primeros casos de cuantioso endeudamiento privado que será asumido por el Estado. Gelbard, durante el gobierno de Cámpora, movilizó las estructuras políticas y realizó cambios económicos, con los que se empezó a gestar el gran proyecto de las transnacionales que estamos soportando. Es una ingenuidad, por no decir un verdadero despropósito, indicar que la Argentina desde 1973 al 76 vivió un régimen democrático, con una economía que funcionaba, porque no es verdad. En esos años se gestaron en realidad las causas que llevarían al sangriento golpe militar de 1976, que utilizando el pretexto de las deficiencias del régimen peronista, vino a instalar no solo una dictadura, sino las bases y los cimientos de la definitiva extranjerizaciòn de nuestra economía.

Cuando se produce el golpe militar, el Dr. José Alfredo Martinez de Hoz, integrante del Consejo Asesor del Chase Manhattan Bank, prominente directivo de Acindar y de la Italo, elabora su proyecto económico, y como una de las primeras medidas de gobierno, se modifica el art. I del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, que establecía la improrrogabilidad de la competencia jurisdiccional de la Argentina a favor de jueces extranjeros, es decir que cualquier convenio o contrato que firmara el país, se declinaba la competencia de nuestro tribunales. Martínez de Hoz, según sus expresiones, y las obras que publicara con posterioridad a su paso por la función pública pretendía hacer un país moderno, con una economía productiva y altamente competitiva, con empresas sanas, proyectos realizables, a través del marco de orden y tranquilidad que iban a asegurar las fuerzas armadas, con lo que se llevaría a la Argentina a ocupar el lugar que tuvo -según él- a principios de siglo.

En todo ese proceso histórico, donde está la génesis de nuestro endeudamiento actual, se cae en el error de ir solamente a los efectos cuantitativos, a los esquemas numéricos, a los déficits del presupuesto, y a las alternativas de la cuenta de regulación monetaria, y no se va al origen de cómo se construyó esa deuda.

Las reservas del Banco Central eran exiguas cuando cayó Isabel Perón, y la deuda ascendía alrededor de los 7.500 millones de dólares, pero después tales reservas empezaron a crecer, como una forma de demostrar la solidez del sistema, y la posibilidad de afrontar cualquier contingencia. Las divisas empezaran a crecer a través de los malabarismos financieros, y a los falaces asientos contables, donde se endeudaban las empresas públicas, pero sólo ficticiamente pues el dinero iba a engrosar las arcas del Banco Central para sostener una política monetaria que giraba en torno a una tabla de actualización del dólar. En muchos casos, nos habían prestado a una tasa del 8% anual, y ese mismo dinero que habíamos recibido de un banco extranjero era represtado a ese banco a una tasa inferior. Contablemente había algunos esquemas que aparentemente funcionaban, pero el endeudamiento crecía cada vez más.

Como un ejemplo de cómo ciertos economistas manejan algunos números que reflejen adecuadamente algunas de sus teorías. Hay un documento que hemos consultado, en el que se establece que en 1983 se envió al exterior en concepto de intereses de la deuda y algunas amortizaciones, la suma de 11.500 millones de dólares. Cuando se analizan las cifras del informe se puede comprobar que no se había pagado esa suma, sino una cantidad mayor. El autor del informe, que es uno de los más reconocidos economistas de la City financiera, indica que si bien la Argentina había pagado más de 17.000 millones de dólares, 6.195 millones le habían sido suministrados por el Club de París, el FMI y un conjunto de bancos, en consecuencia el pago que debió afrontarse era el indicado. Lo que no decía el economista un su análisis es que esos 6.000 era nueva deuda que se iba a sumar al que ulteriormente se debía devolver. Son por supuesto ficciones numéricas que pretenden decir lo que no es real y confundir a los poco avisados, y son los mecanismos intelectuales que se utilizan para ocultar las maniobras financieras que se realizan.

En lo que hace al endeudamiento de las empresas públicas, también se utilizaron procedimientos de ficción para endeudarlas, y así poder liquidarlas en el futuro, justificando su ineficiencia. Para lograr tal propósito el Secretario de Programación Económica, durante la gestión de Martínez de Hoz, Dr. Guillermo Walter Klein, fijaba cada tres meses los cupos de endeudamiento que debían afrontar las empresas públicas, con prescindencia de sus reales necesidades financieras.

Así se endeudaron la Comisión Nacional de Energía Atómica, Agua y Energía, YPF, Aerolíneas Argentinas, y una larga lista de empresas públicas más importantes, con matices verdaderamente escandalosos. Pero debemos consignar que era un endeudamiento nominal, porque los dólares iban a parar al Banco Central en todos los casos. Las empresas eran prestatarias del crédito externo, pero no eran usuarias ni usufructuarias de dicho crédito. Hubo casos como el de Agua y Energía, que fue obligada a cancelar un préstamo que tenia con el Banco de la Nación, con dinero proveniente de un préstamo sindicado que le otorgara el Lloyds Bank, por 120 millones de dólares. Es decir que en vez de estar obligada la empresa con un banco nacional, se la endeudaba con un banco extranjero.

Un caso paradigmático es el de YPF, porque era una empresa simbólica construida sin un centavo de capital extranjero. EI general Mosconi, hizo con la extracción del petróleo una de las empresas más importantes del mundo, que tuvo que pelear en la década del 20 y principios de la del 30 con la standard Oil, lo que llevó a Mosconi a escribir su libro “YPF contra la Standart Oil’, publicación casi inhallable y que pocos conocen. Apelando a esas ficciones tan caras al denominado hoy stablishment, Mosconi tiene un monumento, es homenajeado de vez en cuando, pero se ha desconocido su proyecto de política petrolera, hasta que se logró finalmente su desaparición como empresa argentina.

Durante la dictadura militar, se empezó a endeudarla irresponsablemente, además de fijar precios a los combustibles que no respondían a los costos de explotación. En la causa penal, a la que más adelante me voy a referir, hay registradas respecto a YPF 427 operaciones de endeudamiento, que servirían como base para la futura enajenación de la empresa. Muchos de esos contratos fueron convalidados por el Dr. José Luis Machinea, que era gerente de Finanzas Públicas del Banco Central, cargo técnico, pero con poder de decisión, que tenia el deber elemental en todo funcionario público de observar cualquier acto irregular que fuera sometido a su verificación.

Para todos los contratos que celebraban las empresas públicas era obligatorio el dictamen del Procurador del Tesoro, pero tampoco esta formalidad se cumplía, porque, los prestamistas extranjeros redactaban la opinión que debía sostener el Procurador, enviaban el telex al estudio Klein Mairal, y de allí iba el texto a la Procuración, donde era simplemente pasado en el papel oficial y enviado a la empresa. Es decir que el banco que acordaba el crédito, también dictaba la opinión oficial argentina para conformarlo. En la causa penal están algunas de las explicaciones del Dr. Machinea, que pretendiendo desligarse de toda responsabilidad, remite cualquier explicación al Dr. Enrique Foicini. Por supuesto que Machineà conocía perfectamente la estructura organizativa y la carta orgánica del Banco Central, y no puede suponerse que haya procedido como lo hizo, sin tener conciencia que estaba transgrediendo normas expresas de la institución donde prestaba servicios. Lamentablemente esos funcionarios que estuvieron en el Banco durante la dictadura militar, siguieron manejando las finanzas y operando en puestos claves de la conducción económica hasta el día de hoy.

Algunos economistas hablan de estos temas en un tono genérico, manejando aspectos de la teoría económica, o refiriéndose a ella en sus aspectos cuantitativos, o marcando los graves desequilibrios financieros en su instrumentación. También se habla de algunas causas como la fuga de capitales, los autopréstamos, y un manejo deficiente de la economía, pero en casi ningún caso de hace una mención a los responsables, y no se mencionan cuestiones que son de fondo como la forma de operar que hubo durante la dictadura, y los subsiguientes gobiernos democráticos, con el FMI, y los bancos acreedores. Como una evidencia más de la forma de manejarse de ciertos teóricos de la economía, asociados a los que han tenido responsabilidad en el manejo de la deuda durante el gobierno militar, he podido consultar el Informe del Grupo de Trabajo sobre Deuda Externa, publicado muy precariamente por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, e integrado por los Dres. Jorge Aja Espil, Roberto Alemann, Elvio Baldinelli, Carlos C. Helbling, Adalbert Krieger Vasena, Arnaldo Musich y Pedro Real, donde estos ‘personajes” prominentes figuras de la banca y el stablishment financiero, además de hacer la apología del pago de la deuda, como única alternativa para un mayor crecimiento futuro, achacan las interrupciones de una eficaz refinanciación de la misma, a la denuncia que efectuara mi padre. Textualmente dicen: “Se fue logrando a lo largo de 1983 refinanciar una porción considerable de los vencimientos y mantener un diálogo continuo de información e intercambio con el FMI y los bancos internacionales. EI objetivo fue logrado en buena medida hasta la interrupción de las gestiones de refinanciación de los vencimientos de la deuda pública en razón de su cuestionamiento en sede judicial, momento a partir del cual se volvieron a acumular atrasos. Este curioso y raro trabajo sin foliatura, fue publicado en diciembre de 1983, como una colaboración de los banqueros al nuevo gobierno de Alfonsin. Sugieren: a) atender todos los servicios de la deuda, b) continuar la cooperación y asistencia del FMI, c) pedir más crédito al FMI, d) renegociar la deuda con los bancos. Han pasado 17 años de este informe, y como puede observarse, nada a cambiado, y las propuestas de las actuales autoridades económicas, son exactamente las mismas que las que planteaban estos señores. Una evidencia más de esa continuidad ideológica, política y económica en el manejo del endeudamiento argentino.

Respecto a la relación con el FMI, existe también una circunstancia muy poco mencionada y es el hecho que esta institución monitoree siempre el endeudamiento externo, a través de funcionarios que tenían oficina permanente en el Banco Central, y verificaban todas las operaciones de crédito que se efectuaban. En las operaciones de endeudamiento, el Fondo Monetario se aseguraba que las empresas estuvieran encuadradas dentro de un marco legal, y que ante cualquier problema de orden jurídico, el Estado no tuviera opciones para ningún cuestionamiento, porque evidentemente los jueces extranjeros, pactados en todas las operaciones no iban a resolver ningún conflicto a favor de la Argentina. Hay un aspecto con relación al endeudamiento privado que tiene varias vertientes: una de ellas se refiere a las infracciones a la ley penal cambiaria, por divisas que nunca entraron al país; la otra son los avales otorgados por el Estado a determinadas empresas, y los denominados seguros de cambio, por medio de los cuales se subsidió en más de un cincuenta por cierto a las empresas privadas del país, a través de un mecanismo financiero, antecedente de la definitiva estatización de la deuda privada que hiciera el Dr. José Luis Machinea en 1985, corno Presidente del Banco Central.

Hace unas pocas semanas pudimos observar cómo las presiones de los mercados casi producen una debacle política, que obligue al Presidente a cambiar a dos Ministros de Economía, y efectuar un nuevo plan de recortes presupuestarios, para aliviar el crónico déficit fiscal, que obedece estructuralmente al peso de la deuda que se acentúa cada vez mas.

La concepción que tienen las empresas de lo que debe ser el país está claramente explicitado en un libro publicado por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas un 1992, llamado plan para una Economía de Mercado”, donde un grupo selecto de economistas liderado por los Dres. López Murphy y Artana, y financiados por el Banco de Galicia, Loma Negra, Pérez Companc, Nobleza Piccardo, Repsol, etc. plantean un nuevo diseño de país, con una educación casi totalmente privatizada, con una argentina con salarios del orden de los 70 pesos mensuales, y una estructura industrial menos costosa a través no sólo de la flexibilización laboral, sino la reducción del costo laboral. Ese viejo proyecto instalado en sus bases en 1976, sufrió muchas modificaciones, pero el espíritu de los empresarios siempre lo ha tenido como un objetivo, y han hechos considerables esfuerzos para llegar a concretarlo. El poder de que disponen es considerable, y han conservado no sólo sus privilegios a través de los años, sino que atravesaron toda la etapa de instauración de la democracia sin que nadie se atreviera a enjuiciarlos. Los militares de la dictadura fueron sometidos a proceso y condenados, pero los autores intelectuales, y los responsables del endeudamiento económico, no pasaron sino muy esporádicamente por los tribunales.

Cuando asume el Dr. Raúl Alfonsin, en el discurso pronunciado el 10 de diciembre de 1983, plantea que no se va a pagar la deuda con el hambre del pueblo, y se va a realizar una investigación para establecer cuál es la deuda licita y la ilícita. El 10 de enero del año siguiente el Dr. Martín Anzoátegui, a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal No 2, envía un oficio al Congreso de la Nación, en la causa “Olmos Alejandro s/denuncia por defraudación a la Administración Pública”, manifestando que el tema de la investigación de la deuda, excede las posibilidades del Juzgado, y que siendo el Parlamento, el que por mandato constitucional, tiene la facultad de arreglar la deuda pública, debe intervenir para llegar a un esclarecimiento definitivo del tema. Al poco tiempo de ingresado el oficio, los diputados Adán Pedrini y Miguel de Unamuno presentan un proyecto de creación de una comisión investigadora de la deuda, y a pesar de la resistencia se trató sobre tablas la iniciativa.

En agotadoras y extenuantes sesiones, hablaron los diputados de todos los bloques, muchos de los cuales siguen actuando hoy en el Congreso de la nación. El Dr. Raúl Baglini, presidente de la Comisión de Presupuesto y hacienda, se opuso a la comisión, y por supuesto a la posibilidad del no pago de la deuda, sosteniendo que eso produciría una catástrofe económica de consecuencias imprevisibles. No se podrían contar con el 80% de las drogas para medicamentos, los insumos importados serian cortados de raíz, y las represalias de los acreedores, no podrían superarse. Recuerdo que algunos diputados como Federico Storani, plantaron que la deuda era inmoral, como el diputado Moreau y otros, pudiendo dar una larga lista de los intervinientes. Alvaro Alsogaray sostuvo que la deuda “no era moral ni inmoral, era deuda, y que lo grave es la forma en que fue contraída”. El peronismo que apoyó la iniciativa, al carecer de la fuerza suficiente no pudo imponer el proyecto que fue rechazado por bloque radical. Pero en ese debate hubo una circunstancia muy interesante y fue la presencia del Ministro de Economía Dr. Bernardo Grinspun, una figura lamentablemente olvidada, porque es la única que pretendió enfrentarse al FMI, y que además fue al Congreso a hablar de la realidad de la deuda, dando instrucciones precisas al Dr. Enrique García Vázquez para investigar la deuda privada. Grinspun habló de las presiones de los acreedores, de que la Argentina debía pagar tasas superiores al 7% sobre lo que pagaban otros países. Desnudó las actitudes de los banqueros, y dio algunas explicaciones de lo que había sido el endeudamiento, y las ideas del gobierno sobre esa materia. Su gestión no duró más que poco más de un año y fue reemplazado, por alguien más dócil a las pretensiones del exterior.

Consecuente con el propósito planteado originalmente por el Dr. Alfonsin, el Congreso de la Nación dictó la ley 23.062, donde se establecía que carecían de validez jurídica las normas y los actos administrativos emanados de las autoridades de facto, surgidas de un “acto de rebelión” rechazándose la gestión financiera del gobierno militar mediante la ley 23.854, en cuyo art. 1 se prescribía: “recházanse las cuentas de inversión presentadas por el Poder Ejecutivo nacional correspondiente a los ejercicios de los años 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, y 1983” Esas normas estaban inspiradas ciertamente en la ley 224 del 29 de septiembre de 1859 que establecía que “la Confederación Argentina desde la instalación de un gobierno constitucional no reconoce derecho a indemnizaciones a favor de nacionales o extranjeros sino por perjuicios causados por las autoridades legitimas del país; y en la ley 73 del 6 de noviembre de 1863 que indicaba que la autoridad nacional “liquidará la deuda legítimamente contraída por el gobierno de la Confederación Argentina... No se comprenderán en la liquidación los daños y perjuicios causados por autoridad no constituida legítimamente y aun estándolo si provienen de actos ilícitos” y “aquellos en cuyo contrato hubo dolo, causa torpe, lesión enorme y otro vicio cualquiera”

A pesar de la existencia de las leyes citadas, se llevó a cabo una investigación que omitiendo la consideración de la deuda pública, se limitó exclusivamente a la verificación de la deuda privada. Así, el 5 de julio de 1984, el directorio del Banco Central presidido por el Dr. Enrique García Vázquez, dictó la circular No 340 mediante la cual se disponía la conformación de un cuerpo de investigadores que tendría a su cargo el análisis de las declaraciones de deuda en moneda extranjera al 31 de octubre de 1983. La división de la deuda en legitima e ilegitima, debía basarse en una serie de parámetros que se establecieron con precisión. La deuda a verificar alcanzaba en 1983 a la suma de 17.000 millones de dólares, dividida en varios segmentos. La investigación se limitó al 50% de la deuda financiera, eliminándose del análisis la deuda comercial.

Ese cuerpo de inspectores contratados por el Banco Central, además de trabajar en soledad no tuvo más infraestructura que su propio esfuerzo personal, careciendo totalmente de una apoyatura funcional que se imponía dada la magnitud de la tarea a desarrollar. Esos inconvenientes no resultaron ningún obstáculo para que la investigación arrojara conclusiones sorprendentes que pueden resumirse así:

A- Anomalías en las concertaciones de seguros de cambio.

B- Autopréstamos (ejemplos: Fiat, Suchard, Renault Argentina, Selva Oil, etc.)

C- Endeudamientos producidos por proyectos de inversión que no se efectuaron (Ejemplo: Cementos NOA)

D- Aportes de capital disfrazados de préstamos financieros.

E- Sobrefacturación y abultamiento de la deuda (Ejemplos: Parques Interama, Cogasco S.A.)

Es importante insistir que ese cuerpo de inspectores no contaba nada más que con su buena voluntad para una tarea harto compleja, teniendo serios obstáculos con los directivos de las empresas investigadas, con sus abogados y sus contadores, quienes trataron sistemáticamente de entorpecer el trabajo. Al respecto y como testimonio de ciertas conductas empresariales, resulta relevante el testimonio presentado en el Juzgado Federal No 2, por uno de los inspectores del Banco, en el marco de la nueva investigación de la deuda que actualmente se encuentra en trámite. En su declaración, algunas de cuyas partes extracto, afirma entre otras precisiones que “personalmente investigó la deuda de Cargill S.A., Papel de Tucumán, Cia. De Perforaciones Río Colorado S.A., Textil Castelar... detectó irregularidades en el endeudamiento externo, que daban lugar a darlas de baja de los registros de la deuda externa”, agrega que: “Con respecto a Parques Interama, no se pudo concretar la investigación por no poder localizarse la documentación respaldatoria, que hubo que incluir la deuda en los registros sin haberse localizado la documentación respaldatoria, pues sino peligraba el acuerdo con el Club de París....... que con el supervisor Verdi no pudieron verificar la autenticidad de la deuda y que sin embargo debió ser conformada por otras instancias del banco central, a efectos de ser incluida en la referida negociación”. Luego agrega que de las reuniones e informes de los grupos de trabajo se “detectaron en otras empresas irregularidades atento a las pautas de la resolución No 340, en las empresas Selva Oil (petróleo) Renault S.A. Cogasco S.A. Pérez Companc, Suchard S.A. cementos NOA, etc. Y que con posterioridad a 1989 no fueron dadas de baja de los registros de la deuda. En lo que respecta a la auditoria llevada a cabo en la firma Cargill dice que “las presiones y las intimaciones que le hicieron, pretendiendo obligarlo a firmar ciertos documentos que no aceptó”. Finaliza su testimonio diciendo que respecto a la empresa Cogasco, que era el principal deudor privado en 1983 con obligaciones por 918 millones de dólares “se habrían simulado, a través de falsas facturaciones, gastos del orden de centenares de millones de dólares, y que el procedimiento habría consistido en tomar préstamos del exterior con seguro de cambio que implicaba la responsabilidad ulterior del Estado y que la aplicación de dichos fondos provenientes del exterior se simulaba a través del abultamiento de gastos”.

Dado el cariz que tomaba la investigación, que ponía en claro las maniobras defraudatorias que se habían realizado, los inspectores tuvieron encontronazos y discrepancias con los funcionarios que tenían a su cargo la decisión final sobre los resultados de la tarea, quienes tenían criterios distintos sobre la ilicitud. A estos no les interesaba en modo alguno llegar a la verdad de los hechos, sino encubrir a través de su poder de decisión todas las maniobras que se fueron detectando, llevando a una vía muerta los resultados de las comprobaciones efectuadas.

Para evitar que se pusiera en descubierto la forma en que se utilizó la cobertura del Estado en especulaciones económicas de diversa factura, se produjo el informe 480/161 del 6 de diciembre de 1986, mediante el cual se modifican los alcances de la circular 340, dejando reducida la investigación a averiguar el ingreso o no de los fondos, obviando las disposiciones de la ley penal cambiaría. Hubieron otros trámites para terminar con la investigación. Cómo terminó todo el tramiterío destinado a liquidar las evidencias del fraude? Pues utilizando el eufemismo “complementar” los puntos lb y lc de la resolución 340, se la reinterpreta y se liquida de un plumazo su efectividad a través de una nueva resolución firmada por los Dres. Daniel Marx y Roberto Eilbaum, quedando registrada como resolución No 298 de junio de 1988 del Directorio del Banco Central. A partir de esta última norma, los inspectores ya nada pudieron hacer.

Esta investigación, con auditorias llevadas a cabo con extrema prolijidad y donde se detectaron los ilícitos, fue archivada y destinada a algún deposito de papeles viejos y aquellos esforzados contadores, luego de limitarse a realizar simples verificaciones carentes de importancia en algunas empresas, fueron finalmente incorporados al Banco, y destinados a distintas dependencias, alejándolos de cualquier sector que tuviera que ver con el control de la deuda.

Como el Banco Central carecía de registros adecuados sobre el endeudamiento privado, y tenia serias deficiencias en sus registros sobre el endeudamiento público, la administración del Presidente Menem, años después requirió el concurso de los bancos acreedores, quienes establecieron las cifras de lo que correspondía pagar, los intereses punitorios y moratorios y toda aquella cuestión que pudiera surgir con los acreedores. Es decir que se puso en manos de los llamados “mercados” la administración de la deuda privada, además de que durante mucho tiempo su gobierno también confió a esos “mercados” la administración de la deuda pública.

De tal manera que siendo Ministro de Economía el Dr. Domingo Cavallo, se le quitó al Banco Central el manejo de la deuda privada, y se la otorgó al City Bank, como agente de cierre, designando como bancos agentes para las tareas de reconciliación de la deuda a J.P. Morgan, Banque Nationale de París, The Royal Bank Of Canada, Bank Of New York, Crédit Lyonnais, Midland Bank y Chemical Investment Bank. Como tampoco se confiaba en la eficiencia de la estructura del banco Central, y debido a que éste no contaba con los registros de intereses y tenia deficiencias en la información estadística, se contrató a la consultora internacional Price-Waterhouse, quien fue la que determinó los totales de cada contrato, sobre la base de lo que le informaban los propios acreedores. En resumen, que quedó cerrada toda posibilidad que se llegara a establecer la verosimilitud de las deudas que los acreedores exigían, al otorgarse a éstos la facultad de establecer los montos y los intereses con prescindencia de mostrar los fundamentos de sus reclamos.