sábado, 13 de septiembre de 2008

Seminario para el esclarecimiento histórico de los orígenes y desarrollo de la Deuda Externa Argentina -Entrega 3era. (parte 3.-)

Seminario para el esclarecimiento histórico de los orígenes y desarrollo de la Deuda Externa Argentina

Facultad de Ciencias Económicas

Universidad Nacional de La Plata

Prof. Alejandro Olmos Gaona

Tercera Entrega

Parte Nro. 3.-

LOS EMPRESTITOS DE SIGLO XX

Después de la apresurada renuncia de Alfonsin, fracasados los intentos para que la economía fuera manejada por el grupo Bunge y Born, y fallida la corta experiencia del “contador sin visión política” como algunos llamaron a Antonio Erman González, apareció nuevamente el Dr. Domingo Cavallo, con un currículo universitario bastante frondoso, y su experiencia en la función pública durante la dictadura. Ya era prominente miembro de la Fundación Mediterránea, había disfrutado de suculentas becas que le permitieron perfeccionarse en los Estados Unidos. Sus trabajos los había realizado gracias al dinero suministrado desde el exterior, y a los aportes de algunos destacados empresarios argentinos, muchos de ellos deudores privados. Cavallo, continuando con el proyecto que no había podido implementar en 1982, efectúa la reforma financiera, consigue la aprobación de la ley de convertibilidad, y además obtiene la aprobación de la ley 24.156, mediante la cual se crea la Oficina del Crédito Público Nacional, destinada a la refinanciación de las obligaciones con el exterior, y la constitución de nuevos préstamos que obligaran a la Nación. En 1992 se contrata a J.P. Morgan para que prepare el plan financiero del gobierno, y se perfeccionan todos los instrumentos legales destinados a impedir que en algún momento se pudiera cuestionar la deuda externa. La Argentina se acoge al Plan Brady, donde se vuelven a refinanciar las obligaciones externas, y se crea una deuda llamada “nueva’ que va a ser manejada por los bancos, aún cuando la propaganda interesada había de miles de acreedores, diseminados por todas partes. Según las estimaciones de Cavallo, realizadas en ese año 1992, después de obtenerse el dinero previsto en las privatizaciones, la deuda disminuiría notablemente, y tendría una evolución decreciente, llegando en el año 2000 a los 60.000 millones de dólares.

Se hicieron las privatizaciones que constituyeron un gran negocio para los financistas y empresarios del exterior. Se privatizaron por cifras irrisorias empresas de la magnitud de Aerolíneas, Gas del estado, YPF, los servicios eléctricos. Los pagos se hicieron con papeles depreciados de la deuda, y en algunos casos con fondos provenientes de las mismas empresas. El caso de Aerolíneas es emblemático como también lo es el de la ex Entel. El proceso se concretó en su totalidad. No quedó una sola empresa pública en manos del Estado, y la deuda siguió avanzando. En este momento debemos suponer que existen proyectos para entregar tierras en la Patagonia o en la Pampa húmeda, se piensa también en la privatización de la Lotería nacional, y de los sistemas de cobro de la AHP. El sistema jubilatorio está sobreviviendo penosamente, y los manejos financieros de la AFJP están a la vista, además de haber sustraído a la administración pública una considerable masa de dinero en beneficio de un reducido grupo de particulares. Es decir que el poder de decisión en la economía está en su totalidad en manos de los grandes grupos financieros, que se han apoderado del 80 por ciento del sistema bancario, de la mayor parte de las grandes empresas industriales, quedando un esqueleto deficiente de lo que supo ser la industria argentina.

Cuando Gran Bretaña nos invadió en 1806 y 1807 y no pudo concretar su aventura militar, tuvo conciencia que el manejo de la economía era, como ya señalé, un recurso más efectivo y menos riesgoso, por eso Canning dijo su célebre frase “América libre, pero sujeta a nuestra influencia” Lo dijo en 1822 y se cumplió escrupulosamente hasta 1940. Entonces empezaron los intentos de los Estados Unidos, que se vieron frustrados por la política de Perón, y solo pudieron ponerse en marcha recién a partir de 1955, lográndose su más eficaz consolidación a partir de 1976.

Se debe tener conciencia que a los poderes transnacionales, y a los organismos multilaterales de crédito no les interesa que esté un militar en el poder, Alfonsin, Menem o de la Rúa, sino controlar el poder a través de eficaces personeros que los representan siempre, y que se suceden unos a otros de manera invariable desde hace más de 20 años. Algunos pocos ejemplos resultarán más que suficientes: El Dr. Machinea fue Gerente de Finanzas Públicas del Banco Central durante la dictadura, Presidente del mismo en 1985, y Ministro de Economía desde 1999 hasta hace dos meses. El Dr. Domingo Cavallo, fue funcionario del Ministerio del Interior durante la dictadura y presidente del Banco Central durante algunos meses en 1982, y actualmente a sido convocado para salvar al país. Otro personaje que es un paradigma de la continuidad en el poder, es el Dr. Daniel Marx. Apareció como Director del Banco Central en 1985, fue luego representante financiero del gobierno en el exterior, encargándose invariablemente de las negociaciones externas. Intervino en el Plan Brady, luego fue empleado de Brady, y estuvo ausente algún tiempo en Estados Unidos. Volvió hace unos años a seguir negociando la deuda, y durante el actual gobierno, como Secretario de Finanzas de la Nación sobrevivió a dos abruptos cambios del gabinete económico, y continúa ahora su proficua labor ante los organismos internacionales, preparando un megacanje, que elevará a límites intolerables la deuda.

Al asumir Menem en 1989, la deuda externa, llegaba a los 63.000 millones de dólares, habiéndose aumentado en los últimos años, por la mora en el pago de las obligaciones, cuando dejó el poder la deuda total era de más de 190.000 millones, y la estructura productiva de carácter nacional fue prácticamente aniquilada, en un desguace sin precedentes. Los niveles de pobreza y subalimentación han crecido de manera considerable, la subocupación registra índices elevados y su crecimiento pareciera indetenible, la precarización del empleo es un concepto habitual en el pueblo. El nivel de vida de las clases medias ha llegado a niveles inéditos de deterioro. También cayó la tasa de inversión, la productividad y el producto por habitante. Algunas cifras, que demuestran la perversidad del proceso iniciado en 1976, el salario real base 100 en 1975 descendió vertiginosamente a fines de 1976 a 66% y en el año 1993 al 49%. En 1974 el porcentaje de hogares que no llegaban a comprar los bienes que componen la canasta familiar era del 4%, en 1992 del 20%. Entre 1976 y 1992 la cantidad de hogares que no podían acceder a consumos mínimos se elevó en un 60%.

A partir de 1976 hubo una gran redistribución de la riqueza, que se acentuó decisivamente durante la gestión de Menem. En efecto la participación del sector más rico del país (10%) creció desmesuradamente; la clase media (50%) disminuyó sensiblemente su poder adquisitivo, y el 30% más pobre acentuó sus niveles de pauperización. Las empresas transnacionales participaban en el comercio exterior en 1989 en un 40% y actualmente su participación excede el 70%; en el comercio minorista de comestibles esa diferencia es de 45% en el 89 y 75% ahora. En 1989 el control de los grupos transnacionales en el sistema bancario era del 14%, y actualmente es mayor al 70%. La participación de los asalariados en la renta nacional que llegó a los niveles más altos durante la presidencia de Perón (49%) era en 1989 del 30% y actualmente llega escasamente al 8%. Como puede verse, una verdadera transformación económica, como la llama el Ex Presidente, pero que no ha servido para beneficiar a la Nación y a su pueblo, sino para transferir la más formidable cantidad de recursos disponibles a favor de los capitales internacionales.

Estoy hablando de hechos medibles y puntuales, aunque no confío demasiado en ciertos números oficiales, que no siempre responden a la realidad que se observa todos los días en la calle, debido a lo cual supongo que muchas de las cifras consignadas pueden arrojar resucitados más dramáticos. Pero esta transnacionalización de la economía, no fue algo accidental sino una concepción política que se llevo a cabo, con plena conciencia de lo que hacia. Y es tan cierto lo que digo, que uno de los teóricos del régimen menemista, el Dr. Jorge Castro, planteó en una reunión de la Asociación de Bancos de la República Argentina, realizada en el año 1997, que la transnacionalización de las empresas argentinas era un imperativo que no se podía demorar, porque era la única forma posible para que la Argentina se insertara en el mundo.

También en esta infausta época, se recurrió en diversas oportunidades a renunciar a la inmunidad soberana del Estado en las operaciones de deuda con el exterior, sometiéndose a la Nación a la Jurisdicción de tribunales extranjeros. El 15 de septiembre de 1992, se firmó el decreto No 1712, en cuyo art. 5 se renuncia a oponer la inmunidad soberana y se autoriza a prorrogar la jurisdicción en los tribunales del exterior, en los contratos de crédito externo que se suscriban. El 8 de octubre de 1992 a través de la resolución N° 1169, el Ministro de Economía autoriza a la Secretaria de Hacienda a que establezca la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estaduales y federales con asiento en Nueva York, de los Tribunales de Londres-Inglaterra y otros tribunales, en forma amplia para eventuales procesos de ejecución de sentencia. También con el mismo propósito el Dr. Carlos F. Ruckauf, como Vicepresidente de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo, firmó el Decreto No 363, el 1° de abril de 1998, mediante el cual se autorizó al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, a través de la Secretaria de Hacienda, a incluir en las operaciones de crédito público la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales de Londres, Francfort, Madrid, Ginebra, Lausana y Nueva York. Además se declinó la defensa a oponer la inmunidad soberana de la Nación en toda la documentación que se suscribiera con los acreedores

En la investigación desarrollada en la causa No 14.467, que tramitó por ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo del Dr. Jorge Ballestero, por la Secretaria N° 4, se dictó en el mes de julio del año pasado, una sentencia poniendo fin a la investigación. Como lo había hecho anteriormente Anzoátegui, Ballestero envía un oficio al Congreso Nacional, con copia de la sentencia, y poniendo a disposición del mismo el expediente judicial con sus voluminosos anexos, para que el Parlamento tome la intervención que le corresponde. Se ha presentado un proyecto para la creación de una comisión bicameral y vanos han sido hasta ahora los esfuerzos de los diputados Mario Cafiero y José María Díaz Bancalari, para que tal iniciativa sea tratada. Los legisladores como hace quince años, se niegan a tratar la cuestión para no irritar a los mercados, y así se han convertidos en cómplices de una ignominia, que resulta intolerable para el pueblo, y que la conciencia nacional no puede ya tolerar. Es posible que si existiera la posibilidad de un debate, el inefable diputado Baglini, vuelva a reiterar su célebre teorema, repitiendo frases como “los que habían del no pago de la deuda, lo hacen en relación con sus posibilidades de gobierno, es decir que cuanto más lejos del poder están, observan una posición mas radicalizada, y cuando se acercan se vuelven más prudentes”. Yo diría más complacientes con el poder del dinero.

El Juez envió hace diez meses su fallo, y hasta el día de hoy no se ha tomado ninguna decisión. Se habrá podido advertir que hace unos meses, cuando el Dr. Alfonsin se refirió a la suspensión posible del pago de los intereses de la deuda, la reacción de los mercados fue instantánea, y se predijo una catástrofe económica. En esas advertencias apocalípticas que se hacen, deben evaluarse algunos discursos, donde se sostiene que “no podemos pagar” como si debiéramos hacerlo, y lo que no se dice es que no tenemos que pagar lo que no debemos. Y no debemos pagar, lo que ha sido producto de un fraude pergeñado por los grupos financieros para lograr el nivel de deuda que tenemos, y así poder controlar los recursos de la Nación.

En el ultimo informe del Ministerio de Economía, donde se detallan los componentes de la deuda pública, y se tratan todas las obligaciones del sector externo, se consigna que el país debe pagar en concepto de intereses y amortizaciones, una suma de 18.000 millones de dólares. Según las últimas estimaciones, la transferencia de fondos al exterior para el pago de los servicios será de 22.000 millones para el año en curso. En lo que hace a los próximos años, las estimaciones aproximadas que se manejaban en el Ministerio de Economía eran de 15.079 millones para el año 2002, 11.402 millones para el año 2003, 11.360 para el año 2004, y en el 2005 y siguientes 47.253 millones: Pero esas cifras han quedado totalmente desactualizadas, y que aparecidas el año pasado, ya no guardan ninguna relación con la realidad porque las nuevas refinanciaciones, los canjes de bonos, y el blindaje, han aumentado el endeudamiento ha cantidades sustancialmente distintas. De acuerdo a las últimas estimaciones los vencimientos de éste año son del orden de los 14.872 millones de dólares en concepto de capital, y 9.045 millones por intereses lo que hacen un total de 23.917 millones para el año en curso.

El Dr. Raúl Cuello, en un trabajo aparecido en el mes de marzo en la revista “VALORES” de la Sociedad Industrial, editada por la Universidad Católica Argentina, da como valor de la deuda externa total a esta fecha la suma de 223.500 millones de dólares. Si se tiene en cuenta que las cifras de intereses consignadas más arriba, respondían a un endeudamiento global total de 140.000 según las estimaciones del Ministerio de Economía, los montos actuales que exceden en los 80.000 millones a aquella, definen por si solos que los montos de intereses y amortizaciones han variado.

Resulta impensable suponer que esas cifras se van a pagar, porque no existe la más mínima posibilidad de hacerlo. Pero por otra parte, a los acreedores les interesa que sigamos pagando intereses a perpetuidad, y amortizaciones periódicas. Esto no es una cuestión nueva, y responde quizás a una forma estructural de lo que significa el endeudamiento. Ya lo decía el Dr. Martínez de Hoz, cuando respondía los interrogatorios de la Comisión Investigadora de la privatización de la Italo: "El capital no se paga nunca, lo que se paga son los intereses" Y esas cuantiosas sumas determinan que ante la imposibilidad de hacerlo por la situación deficitaria de la economía se sigan entregando activo, y sometiendo nuestro poder de decisión a los dictados de los organismos multilaterales de crédito.

El que con más realismo ha planteado esta cuestión es el Dr. Carlos Escudé, distinguido politólogo, ex asesor del canciller Di Tella, y asiduo visitante de los claustros de Gran Bretaña y Estados Unidos, además de habitual recipiendario de suculentas becas que financian sus desbordes intelectuales, quien ha establecido que debemos seguir el criterio del “realismo periférico’ planteando que nos guste o no, Estados Unidos es quien dicta nuestra política, establece cómo debe ser nuestra estructura económica, el que determina cuál debe ser nuestra capacidad militar, y el que nos dicta nuestras leyes geopolíticas. Esta franca exposición de la realidad que vivimos, parece no ser advertida por una parte de la clase política, mientras la otra que comparte tales supuestos se hace la distraída, declamando sobre los beneficios de la democracia.

Ese pensamiento obedece a un modelo de país, que ya tiene en su versión actual 25 años de existencia, más allá de algunas variables superficiales que han observado los dos partidos que han ejercido el poder después de la finalización de la dictadura. No es que Machinea, López Murphy o Cavallo estén equivocados o no en sus diagnósticos. Ellos están convencidos que estas políticas son las únicas viables, y trabajan con ahínco para profundizar el modelo. Una educación privatizada, una jubilación en manos de financistas, los bancos en poder de los acreedores extranjeros, la estructura industrial básica en manos de capitales del exterior, y un Estado reducido a algo insignificante que se limite a manejar formalmente el país, son algunas de las líneas que se manejan y que no deben cambiarse, en aras de hacer un país moderno.

Si se consulta la bibliografía económica de los últimos veinticinco años, se leen detenidamente los informes y las recetas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sobre la Argentina, podrá observarse que el esquema económico es el mismo, con simples variaciones de coyuntura. Y las soluciones propuestas siempre son las mismas: más ajustes, más privatizaciones, privilegiando las acreencias de los acreedores que siguen exigiendo cada día más.

Muy a pesar de los juegos de prestidigitación del actual Ministro de Economía, la realidad es que, ha llegado el momento de jugar la teoría completa, y terminar con el poco poder de decisión nacional que aún queda. Hace muy pocos días el Dr. Rudiger Dornbusch, profesor estrella del Massachusetts Institute of Technology y gurú del establishment financiero, en un informe distribuido a los principales centros económicos del mundo decía con toda claridad: “Una cuestión central de la Argentina es la quiebra del gobierno. La respuesta no es solo una reprogramación de la deuda externa y de la deuda pública en general. Con ella tiene que venir una formidable reforma fiscal que incluya la relación entre la Nación y las provincias. Es un error buscar algo de plata en Washington o en Europa para realizar otro escape agónico. Llegó la hora de jugar la crisis completa. Y conseguir todos los ajustes drásticos que tienen que hacerse a esta altura. Quién duda que un 30 por ciento de la caída de salarios es parte de la historia? Pero no es sólo una caída de salarios. Hay mucho más que necesita ser puesto en el campo de batalla, desde la reducción de la deuda hasta la reforma fiscal. Para tener éxito, la Argentina necesita un significativo y duradero aumento en la tasa de ahorro nacional. Una privatización de lo que todavía queda en manos del Estado..

Las mismas recetas, los mismos planteos de siempre, la misma insolencia del poder.

Otro punto que resulta necesario tener en cuenta, y sobre el que tengo una vaga teoría, pero no tengo la respuesta, y sobre el que se debe reflexionar, es sobre ciertos planteos efectuados por distinguidos economistas, como los Dres. Conesa, Basualdo, Calcagno y algunos otros, que cuando se refieren a la deuda externa, manejan conceptos exclusivamente teóricos, y los hechos que narran están siempre referidos a cuestiones técnicas que tienen que ver con el crecimiento de la deuda, el manejo deficiente de la economía, la extranjerización de las empresas, pero en ningún caso hablan en detalle de los responsables, y de cómo se produjo el endeudamiento, ignorando olímpicamente no ya la investigación efectuada en la justicia federal, a la que ni siquiera mencionan de pasada, sino a otras investigaciones que se hicieron, que establecieron con precisión los mecanismos de construcción de la deuda. Generalmente se quedan en los resultados, y manejan algunas cifras, que como bien saben los economistas, pueden ser ubicadas de acuerdo a la conveniencia de cada uno, pudiendo entrarse en bizantinas discusiones sobre teoría económica. Hay una absoluta falta de claridad en la explicación de los negocios que hicieron las empresas privadas para que el Estado asumiera el endeudamiento que fabricaron, y muchos tecnicismos, pero poca claridad histórica, en los antecedentes de cómo se conformó la deuda pública.